Entre los firmantes están el novelista Adolfo Cáceres, el filósofo Fernando Casas, la escritora Amalia Decker, el economista Roberto Laserna y la periodista Amalia Pando.
El manifiesto señala que la “reforma parcial de la CPE y el referendo al que se pretende convocar con el propósito de perpetuar en el poder a quienes lo detentan son incompatibles con la democracia y con el Estado de Derecho (…) rechazar todo intento de manipulación constitucional que tienda a concentrar el poder en favor de intereses partidarios, personales o de grupo”.
El documento recuerda que la democracia y el Estado de derecho “ponen límites al poder para evitar sus patologías y por eso rige el principio del gobierno ‘pro-tempore’, que es lo contrario del ‘poder por siempre’”.
Quienes suscriben el pronunciamiento agregan que “es fundamental” para “la moral pública” que las autoridades y los dirigentes políticos “cumplan los compromisos” que han contraído ante la población y honren los pactos como los que se asumieron en el Parlamento en octubre del 2008.
Junto con asegurar que “el control total del poder y por todo el tiempo (…) lleva a suponer que su fin último es el de evitar la rendición de cuentas y asegurar la impunidad”, agregan que “utilizar los recursos públicos y los medios estatales en una campaña electoral de evidente interés partidario es contrario al principio universal de igualdad de condiciones”.
Los otros firmantes son Gisela Derpic, abogada; Angel Ernesto Diggelman, psicólogo; William Herrera, constitucionalista; Marcela Inch, historiadora; Jorge Lazarte, politólogo; Eduardo Maldonado, economista y abogado; Henry Oporto, sociólogo; Paula Peña, historiadora; Raúl Peñaranda y Maggy Talavera, periodistas; y Gaby Vallejo, poetisa.
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