El manifiesto señala que la "reforma parcial de la CPE y el referendo al que se pretende convocar con el propósito de perpetuar en el poder a quienes lo detentan son incompatibles con la democracia y con el Estado de Derecho". Los firmantes afirman que es necesario "rechazar todo intento de manipulación constitucional que tienda a concentrar el poder en favor de intereses partidarios, personales o de grupo".
El documento recuerda que la democracia y el Estado de derecho "ponen límites al poder para evitar sus patologías y por eso rige el principio del gobierno pro-tempore, que es lo contrario del poder por siempre". Quienes suscriben el pronunciamiento agregan que "es fundamental" para "la moral pública" que las autoridades y los dirigentes políticos "cumplan los compromisos que han contraído ante la población y honren los pactos como los que se asumieron en el Parlamento en octubre del 2008 asegurando que solamente se cumplirían dos mandatos".
Recuerda que ahora el oficialismo pretende gobernar durante cuatro períodos. Junto con asegurar que "el control total del poder y por todo el tiempo (?) lleva a suponer que su fin último es el de evitar la rendición de cuentas y asegurar la impunidad", agregan que "utilizar los recursos públicos y los medios estatales en una campaña electoral de evidente interés partidario es contrario al principio universal de igualdad de condiciones".
Los otros firmantes son Gisela Derpic, abogada; Angel Ernesto Diggelman, psicólogo; William Herrera, constitucionalista; Marcela Inch, historiadora; Jorge Lazarte, politólogo; Eduardo Maldonado, economista y abogado; Henry Oporto, sociólogo; Paula Peña, historiadora; Raúl Peñaranda y Maggy Talavera, periodistas; y Gaby Vallejo, poetisa.
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