El Gobierno considera que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) debe autorizarle al menos una hora para la difusión de entrega de obras por radio y televisión; no así 15 minutos, como lo estipula la nueva normativa electoral, puesto que asegura que este lapso “restringe la gestión”.
“Pienso que una hora siempre utilizamos. Primero para hacer la información, la gente viene, tiene necesidades de manifestar su preocupación, nosotros tenemos que escuchar pero también tenemos que informarles cuáles son las metodologías de trabajo que podemos emprender a partir de sus preocupaciones, generalmente una hora es el tiempo promedio para poder trabajar”, señaló el ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico. El Gobierno impugnó primero esta limitación a través de un recurso planteado ante el TSE, que optó por ratificar la norma. Ante ello, el Ejecutivo acudió al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para anular la restricción.
El TCP ahora debe efectuar el control de constitucionalidad del parágrafo II del artículo 24 del Reglamento para Campaña y Propaganda Electoral en Referéndum que establece solo 15 minutos para este tipo de transmisiones en los “30 días antes de la votación, hasta las 20.00 horas de la jornada electoral”.
Situación. “Los 15 minutos son absolutamente insuficientes para compartir información entre productores y entre autoridades, por eso decíamos que en cierta forma es una restricción a la gestión, por un lado; por otro, es una restricción a la información que necesita nuestra gente”, sostuvo Cocarico, quien coordina la campaña por el Sí en el departamento de La Paz.
En el TSE consideran que la limitación se enmarca en los preceptos de la Carta Magna y tiene además el respaldo de un análisis de legislación comparada de 18 países de la región. El analista William Bascopé señaló que la restricción, que estará vigente desde el 21 de enero de 2016 hasta el día del sufragio, el 21 de febrero, podría afectar el derecho a la información, el principal argumento planteado por el Ejecutivo para anular el límite a las transmisiones de las obras.
El TCP sorteará la causa hoy y corre el plazo de 45 días para que falle sobre el recurso. No obstante, y ante el ejercicio pleno del calendario electoral para el referéndum constitucional que impulsa el oficialismo, la entidad judicial se comprometió a apurar el análisis y posterior fallo de la causa. En criterio del diputado Wilson Santamaría, de la opositora Unidad Demócrata (UD), la disposición genera ecuanimidad y uso razonable de los medios estatales. “Esperamos que el TCP no falle con celeridad y respete los equilibrios de la norma”, dijo ayer.
El MAS y la campaña contra el No
Segunda
El MAS abrirá la segunda fase de la campaña para el referéndum constitucional a inicios de enero.
Explicación
El oficialismo explicará en una segunda fase de campaña “qué viene después del No”, según explicó a ABI el asambleísta del MAS en La Paz Gustavo Torrico.
Efectos
El oficialismo también explicará los efectos de la era de la democracia pactada.
Oposición pide informe a ministra Paco
Las bancadas opositoras Unidad Demócrata (UD) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC) solicitaron a la ministra de Comunicación, Marianela Paco, un informe escrito por el tiempo y los costos que representan el uso de espacios televisivos para transmisiones de gestión y actos proselitistas encargados por el Ejecutivo y el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS).
“Hay tres peticiones de informe escrito y la información no llega hasta hoy. Queremos saber cuánto gastan los ministerios y cuánto el MAS en transmisiones (...) vamos a agotar esa vía”, señaló ayer el diputado de la opositora UD Wilson Santamaría.
El presupuesto, el pauteo y los criterios de selección en medios televisivos y radiales como “espacio solicitado” son las principales temáticas consideradas en el petitorio. La ministra Paco aseguró el fin de semana que el Estado debe garantizar el derecho a la comunicación e información sobre la gestión del Gobierno.
Oficialistas viajarán al exterior
Legisladores supraestatales del gobiernista Movimiento Al Socialismo (MAS) coordinan la campaña, “con financiamiento propio”, para promover el Sí a la reforma constitucional del 21 de febrero en unos cinco países de la región. “Hay un compromiso moral de los parlamentarios supraestatales de hacer campaña y socializar los logros del Gobierno (...) en las sedes de los parlamentos internacionales”, informó ayer la legisladora supranacional Flora Aguilar.
El oficialismo cuenta con 16 supraestatales entre titulares y suplentes y se encargan de promover el Sí en Colombia, Uruguay, Venezuela, Perú y Argentina. Según los datos preliminares del TSE, Argentina concentra el mayor número de empadronados para sufragar el 21 de febrero, junto con España, Chile y Brasil.
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