La Gobernación del departamento de Tarija decidió poner un alto a las transferencias de recursos económicos a 12 entidades dependientes del gobierno nacional. Esto, hasta conciliar cuentas económicas, revisar informes de inversión de recursos y modificar convenio entre las autoridades locales y los ministerios de Estado.
Según el secretario de Gobernación, Luis Alfaro, la administración central transfirió en los últimos cinco años cantidades millonarias de recursos económicos mediante convenios de trabajo a las entidades del Gobierno, sin recibir hasta la fecha ningún informe económico de las inversiones de esos recursos en los diferentes proyectos ejecutados de manera concurrente.
Entre las entidades que dejarán de percibir recursos económicos de parte de la Gobernación este año y las próximas gestiones, hasta no conciliar cuentas están: Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag).
A esta lista, también se suman: Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Aeronavegación (AASANA), Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), Aduana Nacional, Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), Centro Nacional de Viticultura (Cenavit), Servicio Departamental de Riego (Sederi), Vías Bolivia y la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).
Pero además de la suspensión de trasferencias económicas a instituciones gubernamentales, Alfaro dijo que la Gobernación también quitará las contrapartes económicas a diferentes programas sociales en salud, educación infraestructura vial y productiva, hasta conciliar las inversiones económicas entre el Gobierno y las autoridades departamentales.
La autoridad reiteró que la institución departamental no dispondrá más recursos económicos a las entidades del Gobierno y programas sociales, hasta que no remitan los informes financieros de las inversiones de los recursos económicos, de por lo menos las últimas 5 gestiones. Dijo también que deben modificarse los convenios y contratos de trabajo.
Con esta determinación, por ejemplo, el Senasag en Tarija dejará de percibir cerca de 2 millones de bolivianos, por lo que la jefa distrital de esta repartición nacional, Fátima Pacheco, dijo que el más perjudicado con esta decisión es el sector productivo y no el Gobierno. Además, aseguró que todos esos informes financieros que reclama la Gobernación se enviaron desde hace cuatro años atrás.
“Hicimos llegar los informes económicos y técnicos a la Gobernación, pero más allá de eso, la intención es trabajar de manera conjunta en los diferentes programas que encara la institución de acuerdo a leyes vigentes, con la finalidad de beneficiar a los productores”, dijo Pacheco. Confirmó que cada año reciben de la Gobernación 2 millones de bolivianos.
El asambleísta departamental del Movimiento Al Socialismo, Abel Guzmán, dijo que ya conocían de esta posibilidad y que por ello, como bancada, determinaron realizar gestiones ante el Gobierno y la Gobernación para resolver el tema y evitar el cierre temporal de varias instituciones gubernamentales en Tarija, por falta de presupuesto.
“Esta situación preocupa a nosotros como autoridades, porque al recortar el presupuesto directamente afecta a los beneficiarios, que son la población en sí. Por eso creemos que debemos trabajar, negociar y dialogar en base a leyes y decretos que obligan a la trasferencia de recursos y la ejecución de programas compartidos”, dijo el legislador.
Campesinos en emergencia ante anuncio de Gobernación
La decisión de las autoridades departamentales de condicionar la trasferencia de recursos económicos a las instituciones estatales que trabajan y benefician a los campesinos, no cayó bien al sector del agro. Y es que entre algunos de los beneficios que logran de las instituciones se encuentran el apoyo a la producción, capacitación, asesoramiento agropecuario, control fitosanitario y tema tierra. Por este motivo, el sector se declaró en emergencia. El dirigente campesino, Eider Quiroga, sugirió a la Gobernación agilizar los convenios con las diferentes instituciones.
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