Canciller: No se protegerá a procesados por corrupción

El Gobierno de Bolivia informó ayer que el ciudadano peruano Martín Belaúnde Lossio “tiene la condición de solicitante de refugio”, pero advirtió que no protegerá a “personas que huyen de procesos por delitos comunes y más aún de corrupción”.
El canciller David Choquehuanca indicó en una declaración de prensa que la solicitud de Belaúnde es una de 14 que ha recibido la Comisión Nacional del Refugiado (Conare) y que para dar una respuesta “se tomará en cuenta la información y documentación que nos llegue, puede ser de la Interpol o del propio Gobierno peruano”.
“En este momento él (Belaúnde) tiene la condición de solicitante de refugio, y el Gobierno de Bolivia, como establece nuestra ley, tiene un plazo máximo de 120 días para resolver esta solicitud”, refirió.
Contexto
Belaúnde Lossio participó en 2006 en la campaña electoral del actual presidente de Perú, Ollanta Humala.
Fue acusado de gestionar intereses de empresas particulares para adjudicarles contratos con el Estado peruano en gobiernos regionales y obtener beneficios económicos para él.
Un tribunal peruano ordenó en mayo de 2014 la detención preventiva del empresario durante 18 meses, mientras es investigado por la presunta comisión de los delitos de asociación ilícita, lavado de activos y peculado (mal uso de fondos públicos).
Choquehuanca indicó que en apego a la Ley 251 de Protección a Personas Refugiadas y la Convención Sobre el Estatuto de los Refugiados (1951), Bolivia debe cumplir un conjunto de procedimientos, como el de escuchar a Belaúnde acerca de las razones de su solicitud, aunque no dio la fecha de la entrevista.
No obstante, el diario digital http://www.larepublica.pe/ informó que Belaúnde está citado para declarar el lunes 5 de enero en la Conare, integrada por los ministerios de Gobierno, Justicia y Relaciones Exteriores, y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), a través de la Pastoral de Movilidad Humana.
Choquehuanca aclaró que “Bolivia no protegerá a personas que huyen de procesos por delitos comunes y más aún de corrupción”.
Recordó que el Gobierno nacional presentó a países vecinos solicitudes del Ministerio Público para que no se conceda refugio ni asilo a bolivianos que tienen procesos por delitos comunes y de corrupción.
En esa dirección, afirmó que en este tema se actuará bajo las leyes de protección a los refugiados y compromisos asumidos a escala internacional, como la Declaración de la I Reunión de Ministros y Autoridades de prevención y lucha contra la corrupción de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).
El documento señala que los países de la Celac deben “promover el desarrollo de principios comunes que impidan el ingreso de funcionarios públicos y de los particulares procesados y sancionados por delitos de corrupción a territorio de otro Estado miembro, respetando las legislaciones internas y los compromisos internacionales vigentes” y “abstenerse de considerar los delitos de corrupción, como delitos políticos, respetándose los acuerdos internacionales y legislaciones nacionales”.
“Bolivia actuará en el marco de la norma internacional y de compromisos que ha asumido el Gobierno en relación con los refugiados”, insistió.

Fiscalía peruana pedirá la detención
La Fiscalía Anticorrupción planteará la detención preventiva del prófugo Martín Belaúnde Lossio, de acuerdo con el tratado de extradición firmado entre Perú y Bolivia. La Procuraduría Anticorrupción también está evaluando la situación.
El pedido de detención preventiva es el primer paso para solicitar a Bolivia la extradición de Belaúnde Lossio por el caso La Centralita, entre otros.
“El fiscal supraprovincial Marco Huamán está revisando la legislación vigente y el tratado de extradición que permitan que Belaúnde comparezca ante la justicia”, indicaron en la Fiscalía, reportó el diario peruano La República.
La acción de la Fiscalía caminará en forma paralela a las tratativas de los ministerios de Relaciones Exteriores y de Justicia para evitar que el exasesor de campaña del presidente Ollanta Humala reciba refugio político en La Paz, Bolivia.
“Si el pedido de Belaúnde para conseguir refugio en La Paz tiene éxito, la prisión preventiva y la extradición no prosperarán, pero confiamos en que no lo logre y queremos estar preparados para traerlo ante la justicia”, explican en la Fiscalía.
La orden de detención de Martín Belaúnde distribuida por Interpol en septiembre no tiene vigencia en Bolivia hasta que sea ratificada por un juez de ese país. Para que esa orden se cumpla, el tratado de extradición Perú-Bolivia prevé la detención preventiva antes del trámite de extradición.