Melgar recomienda que una vez se presente el informe a la Asamblea Legislativa, las gobernaciones debieran continuar con la investigación para recuperar algunas empresas que todavía se encuentran con empresas privadas internacionales y se mantienen como residuales. “Eso lo tiene que definir el pleno de la Asamblea para derivar a las instancias correspondientes”.
Un informe preliminar de la Comisión señala que los procesos de privatización y capitalización de las empresas públicas le costaron al Estado boliviano 444.458.131 dólares.
La comisión realizó su investigación en tres fases, la primera desde 1991 a 1993 en la que se tiene el registro de 60 empresas públicas privatizadas.
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