La visa es por un año, les permitirá decidir si se quedan en Chile o vuelven a Bolivia.
Una investigación de la Fiscalía de la región del Maule reveló que los bolivianos trabajaban en el montaje de torres de alta tensión para una empresa privada sin el permiso migratorio correspondiente.
“Queremos que ellos puedan tomar su decisión (...) Como Gobierno les daremos las facilidades para que puedan salir”, dijo la gobernadora de Curicó, Isabel Garcés.
Según la investigación judicial, la empresa subcontratista Paola Espinoza Ltda. llevó a Chile a los bolivianos ofreciéndoles buenas perspectivas laborales, pero una vez en ese país, fueron obligados a trabajar bajo pésimas condiciones.
Seis personas vinculadas a la empresa fueron detenidas y están acusadas de “tráfico de inmigrantes y trata de personas para ejercer trabajos forzados”, dijo la fiscal Mónica Barrientos, a cargo del caso.
Otros 38 bolivianos son investigados por la Dirección de Extranjería para determinar en qué condiciones se hallan.
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