La imputación implica a Cuéllar, quien enfrenta otro proceso por el caso "24 de mayo", relativo a supuestos abusos y vejámenes contra campesinos afines al MAS, en los delitos de incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado. Esas irregularidades habrían sido cometidas el año 2008 durante la adjudicación de obras en la tercera fase de construcción del estadio Patria, antes de la realización de los Juegos Bolivarianos del año 2009.
El informe del Fiscal señala que la gestión de Cuéllar contrató los servicios de la empresa C&F que habría incurrido en incumplimiento de contrato sin que la entonces prefecta hubiese gestionado la ejecución de una boleta de garantía.
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