Pasaron 31 días desde que la marcha comenzó en Trinidad, Beni. Los marchistas exigen la aprobación de la Ley del Trato Preferencial a las Personas con Discapacidad y la descentralización de los recursos entregados, como el bono de 3.000 bolivianos, para su sector.
Los representantes de los discapacitados mantuvieron una negociación con la Comisión de Política Social de la Cámara de Diputados, pero ésta fracasó ante la propuesta de los legisladores de no incluir el bono en la norma.
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