Según el balance que realizó esa oficina dependiente del Órgano Electoral, el despliegue económico e ideológico de los opositores superó a la campaña que realizó dicha institución para promover a los candidatos al Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional.
Se trató de una “inversión en un sentido más amplio, no sólo económico, sino (también) ideológico (...) Sin duda no se trata solamente de cantidad”, según Pinto.
La propaganda hecha por los partidos opositores al Gobierno se vio fortalecida por varios medios de comunicación, que generaron “muchos espacios no pagados (...) que propagandizaron indirectamente por el voto al No”, añadió.
Recordó que varios sectores de la prensa asumieron de forma rápida “una posición contraria al proceso por razones de contexto político, que ya se venían arrastrando”.
Citó, por ejemplo, el alza de la gasolina que se intentó aplicar en diciembre del año pasado y los sucesos relativos a la marcha de los indígenas de tierras bajas, entre otros.
En esa línea, “varios medios de comunicación, periodistas y espacios de comunicación han asumido una postura en ese sentido y lo han hecho todos los días”.
Sin embargo, “pese todo el bombardeo ideológico por quebrar el proceso”, las elecciones judiciales contaron con la participación del 80% de los electores.
Esto se logró pese a las limitantes que tenía el TSE, como ser la difusión del perfil profesional de las y los candidatos al Órgano Judicial y al Tribunal Constitucional Plurinacional, “labor que en una contienda electoral tradicional la realizan los partidos políticos”.
Agregó que otra limitación que se superó fue la de ser “un nuevo órgano del Estado, con una institucionalidad en proceso de construcción. Más del 95% de la gente es nueva y abordó su primera contienda electoral”.
Destacó que “lo más importante es que hemos sido capaces de iniciar un nuevo proceso de democracia intercultural, propuesto y subrayado en la Constitución”.
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