“El ejemplo debería venir desde casa. En vez de quitar recursos que van a frenar obras en los municipios y gobernaciones, el Gobierno Nacional debería revisar el gasto que hace en empresas públicas deficitarias, satélites o armamento”.
Vargas dijo que los munícipes buscarán establecer un mensaje común y gestionar medidas para evitar el cercenamiento de recursos. “Para Santa Cruz de la Sierra, estos 55 millones de bolivianos, significan por ejemplo, dejar al vecino sin siete módulos educativos, dos hospitales de segundo nivel o dejar de pavimentar 300 cuadras, entre otras obras”, añadió.
El edil argumentó que la defensa de estos recursos se hará en el plano legal y no descartó que se puedan tomar medidas de presión. “Necesitamos a nuestras juntas vecinales, a nuestros comités de vigilancia movilizados para evitar recortes que vayan a perjudicar la construcción de las obras”, aseveró.
Finalmente, cuestionó la metodología utilizada por el Gobierno Central en determinar la cifra a confiscar por cada comuna o gobernación y pidió se transparente la explicación al respecto.
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