La norma, que fue aprobada en sus estaciones en grande y en detalle, fue remitida al Órgano Ejecutivo para su correspondiente promulgación, sostiene un informe oficial de la Cámara Baja.
“Es una situación compleja, pero justamente tenemos que dar respuesta a todos estos problemas que se van presentando y que se han acumulado durante años”, señaló el presidente de esa instancia legislativa, Héctor Arce.
Añadió que es casi imposible para el Estado la legalización de vehículos por la fuerza o su confiscación, motivo por el cual se planteó la norma para que se den soluciones objetivas, claras y concretas.
“Es una ley necesaria para dar legalidad a la gente que tiene estos vehículos, para darle al Estado el control, el dominio”, apuntó.
La norma, entre sus disposiciones más relevantes, establece por única vez un programa de saneamiento legal de los vehículos a gasolina, gas natural y diésel, que deberán registrarlos ante la Aduana.
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