Según ANF, parlamentarios de la oposición denunciaron que esta futura ley vulnera los artículos 297 y 299 de la Constitución al quitar atribuciones legales a gobernaciones y alcaldías, pues se creará la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Juegos, que se encargará de dar licencias, autorizaciones, fiscalizar, controlar, sancionar y supervisar el pago de tributos a casas de juegos sin la competencia de esas instancias locales.
La oposición denunció que el MAS impuso el tratamiento del proyecto declarándolo “de prioridad nacional” y criticó que se antepusiera a leyes de urgencia. El presidente de la comisión, Marcelo Elio (MAS), justificó ello porque desmantela el Decreto Supremo 21060, pero no explicó de qué manera.
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