El Gobierno y los prefectos opositores dejaron en manos del Congreso la resolución de las modificaciones a la Ley Electoral Transitoria 4021. Después de un maratónico encuentro en La Paz, las autoridades no llegaron a un consenso sobre el reconocimiento de los estatutos aprobados en los departamentos autonomistas y la sucesión prefectural.
La tarde del viernes, ocho de los nueve prefectos (además de un representante por Cochabamba), alcaldes de los 11 municipios que aprobaron la autonomía indígena y representantes municipales de la provincia Gran Chaco de Tarija iniciaron un diálogo político con el Gobierno acerca de los ajustes a la norma electoral.
El encuentro —que se extendió hasta las 4.30 de ayer— concluyó con posturas encontradas entre el Poder Ejecutivo y los prefectos opositores (Santa Cruz, Beni, Tarija y Chuquisaca).
El delegado para la implementación de la autonomía de la Prefectura de Tarija, Diego Ávila, dijo a La Razón que hubo consensos en tres puntos: permitir la elección de gobernadores el 4 de abril del 2010, respetar la Constitución para cualquier cambio a la Ley 4021 y no invadir los contenidos de la Ley Marco de Autonomía.
Empero señaló que “donde no hubo posibilidades de acuerdo” fue en el pedido de que las autoridades regionales que decidan postularse a la reelección no estén obligadas a renunciar.
“El Presidente y el Vicepresidente, que han candidateado, no han renunciado a su cargos y ahora dicen a los prefectos que no pueden hacer lo mismo. (El Gobierno) quiere tomar las prefecturas”, expresó Rodolfo Rivas, jefe de Gabinete de la Prefectura de Chuquisaca, según Erbol.
En rueda de prensa, el ministro de Autonomías, Carlos Romero, manifestó que la situación de los prefectos es “exactamente inversa”, debido a que ellos ampliaron su mandato cuando el mismo “debería haber culminado junto al del Presidente y el Vicepresidente”.
Posteriormente, en entrevista con Patria Nueva, reiteró su apego a la Ley Electoral Transitoria y recordó que esa norma determina que “los prefectos que renuncien para habilitarse como candidatos deberán ser reemplazados por autoridades interinas, (cargos) que recaerán en los secretarios generales”. No hay ningún calculo político para controlar las prefecturas de oposición”, dijo.
El segundo tema en el que el diálogo no prosperó fue en el planteamiento de reconocer los estatutos autonómicos de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, como base para llenar los vacíos legales de la Ley 4021.
Ávila explicó que la propuesta entregada a Romero por las prefecturas decía que “las disposiciones contenidas en los estatutos deben orientar los vacíos que hay en el tema electoral para las cuatro regiones”.
Agregó que el Gobierno, en su contrapropuesta, “sacó el tema de los estatutos (de la redacción) y puso en su lugar que “las disposiciones asumidas por los gobiernos departamentales son las que van a orientar” los cambios.
Romero informó a los medios que ambos documentos, que recogen las posturas del Ejecutivo y de los prefectos, serán remitidos al Congreso Nacional “en las próximas horas” para que esa instancia “decida finalmente si los prefectos se mantienen en sus cargos o deben renunciar”.
“Nosotros entregamos una propuesta al ministro y ellos (el Gobierno) hicieron otra que no fue aceptada; los dos documentos quedaron en la mesa”, dijo Ávila. Añadió que el debate en el Parlamento ya no le compete.
El presidente en ejercicio de la Cámara de Diputados, Hilario Calisaya (MAS), dijo a La Razón que el Congreso sería convocado a sesionar por tiempo y materia entre el martes y jueves.
Romero señaló que una segunda tarea es que “la Corte Nacional Electoral, por la vía interpretativa, pueda establecer las reglas de juego para las elecciones de abril; las que “están garantizadas, así no se modifique ni una sola coma al régimen electoral transitorio”.
Por otro lado, en la mesa de negociación de los municipios, nueve de ellos acordaron que las autoridades indígenas se elegirán en asambleas y cabildos.
“Nosotros entregamos una propuesta y ellos (el Gobierno) hicieron otra que no fue aceptada”.
Diego Ávila, delegado de Autonomía por la Prefectura de Tarija.
El Gobierno
Régimen • Para el Ejecutivo, es necesaria la aprobación de una ley complementaria en el Congreso Nacional para llenar los vacíos legales de la Ley Electoral Transitoria 4021.
Sucesión • El planteamiento gubernamental consiste en respetar la Ley 4021; es decir, que los prefectos renuncien para habilitarse como candidatos en las elecciones de abril del 2010. Para el Ejecutivo, los suplentes deberán ser elegidos por los prefectos y consejeros.
Asambleístas • La norma electoral transitoria dispone su distribución en base a territorio, pero no especifica cuántos representantes serán elegidos por voto directo. El tema amerita una reglamentación que, para el Gobierno, sería a través de una ley complementaria.
Indígenas • Apoya la decisión edil de que esas autoridades se elijan en asambleas y cabildos.
Las prefecturas
Régimen • Las autoridades de los departamentos que el 2006 aprobaron la autonomía exigen que las normas electorales de sus estatutos sean base para las reformas a la Ley 4021.
Sucesión • Los prefectos piden que su mandato se alargue hasta el día de la posesión de las autoridades electas, por lo que no están obligados a renunciar a sus cargos en caso de postularse a la reelección para los comicios previstos para el 4 de abril del próximo año.
Asambleístas • Plantean que en las cuatro regiones autonomistas se respete la distribución fijada por los estatutos y que en el resto sea por territorio, población o representación indígena, tal como disponen los Artículos 278 y 279 de la Constitución Política del Estado.
Indígenas • Dicen que esas autoridades deben elegirse según los usos y costumbres.
La tarde del viernes, ocho de los nueve prefectos (además de un representante por Cochabamba), alcaldes de los 11 municipios que aprobaron la autonomía indígena y representantes municipales de la provincia Gran Chaco de Tarija iniciaron un diálogo político con el Gobierno acerca de los ajustes a la norma electoral.
El encuentro —que se extendió hasta las 4.30 de ayer— concluyó con posturas encontradas entre el Poder Ejecutivo y los prefectos opositores (Santa Cruz, Beni, Tarija y Chuquisaca).
El delegado para la implementación de la autonomía de la Prefectura de Tarija, Diego Ávila, dijo a La Razón que hubo consensos en tres puntos: permitir la elección de gobernadores el 4 de abril del 2010, respetar la Constitución para cualquier cambio a la Ley 4021 y no invadir los contenidos de la Ley Marco de Autonomía.
Empero señaló que “donde no hubo posibilidades de acuerdo” fue en el pedido de que las autoridades regionales que decidan postularse a la reelección no estén obligadas a renunciar.
“El Presidente y el Vicepresidente, que han candidateado, no han renunciado a su cargos y ahora dicen a los prefectos que no pueden hacer lo mismo. (El Gobierno) quiere tomar las prefecturas”, expresó Rodolfo Rivas, jefe de Gabinete de la Prefectura de Chuquisaca, según Erbol.
En rueda de prensa, el ministro de Autonomías, Carlos Romero, manifestó que la situación de los prefectos es “exactamente inversa”, debido a que ellos ampliaron su mandato cuando el mismo “debería haber culminado junto al del Presidente y el Vicepresidente”.
Posteriormente, en entrevista con Patria Nueva, reiteró su apego a la Ley Electoral Transitoria y recordó que esa norma determina que “los prefectos que renuncien para habilitarse como candidatos deberán ser reemplazados por autoridades interinas, (cargos) que recaerán en los secretarios generales”. No hay ningún calculo político para controlar las prefecturas de oposición”, dijo.
El segundo tema en el que el diálogo no prosperó fue en el planteamiento de reconocer los estatutos autonómicos de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, como base para llenar los vacíos legales de la Ley 4021.
Ávila explicó que la propuesta entregada a Romero por las prefecturas decía que “las disposiciones contenidas en los estatutos deben orientar los vacíos que hay en el tema electoral para las cuatro regiones”.
Agregó que el Gobierno, en su contrapropuesta, “sacó el tema de los estatutos (de la redacción) y puso en su lugar que “las disposiciones asumidas por los gobiernos departamentales son las que van a orientar” los cambios.
Romero informó a los medios que ambos documentos, que recogen las posturas del Ejecutivo y de los prefectos, serán remitidos al Congreso Nacional “en las próximas horas” para que esa instancia “decida finalmente si los prefectos se mantienen en sus cargos o deben renunciar”.
“Nosotros entregamos una propuesta al ministro y ellos (el Gobierno) hicieron otra que no fue aceptada; los dos documentos quedaron en la mesa”, dijo Ávila. Añadió que el debate en el Parlamento ya no le compete.
El presidente en ejercicio de la Cámara de Diputados, Hilario Calisaya (MAS), dijo a La Razón que el Congreso sería convocado a sesionar por tiempo y materia entre el martes y jueves.
Romero señaló que una segunda tarea es que “la Corte Nacional Electoral, por la vía interpretativa, pueda establecer las reglas de juego para las elecciones de abril; las que “están garantizadas, así no se modifique ni una sola coma al régimen electoral transitorio”.
Por otro lado, en la mesa de negociación de los municipios, nueve de ellos acordaron que las autoridades indígenas se elegirán en asambleas y cabildos.
“Nosotros entregamos una propuesta y ellos (el Gobierno) hicieron otra que no fue aceptada”.
Diego Ávila, delegado de Autonomía por la Prefectura de Tarija.
El Gobierno
Régimen • Para el Ejecutivo, es necesaria la aprobación de una ley complementaria en el Congreso Nacional para llenar los vacíos legales de la Ley Electoral Transitoria 4021.
Sucesión • El planteamiento gubernamental consiste en respetar la Ley 4021; es decir, que los prefectos renuncien para habilitarse como candidatos en las elecciones de abril del 2010. Para el Ejecutivo, los suplentes deberán ser elegidos por los prefectos y consejeros.
Asambleístas • La norma electoral transitoria dispone su distribución en base a territorio, pero no especifica cuántos representantes serán elegidos por voto directo. El tema amerita una reglamentación que, para el Gobierno, sería a través de una ley complementaria.
Indígenas • Apoya la decisión edil de que esas autoridades se elijan en asambleas y cabildos.
Las prefecturas
Régimen • Las autoridades de los departamentos que el 2006 aprobaron la autonomía exigen que las normas electorales de sus estatutos sean base para las reformas a la Ley 4021.
Sucesión • Los prefectos piden que su mandato se alargue hasta el día de la posesión de las autoridades electas, por lo que no están obligados a renunciar a sus cargos en caso de postularse a la reelección para los comicios previstos para el 4 de abril del próximo año.
Asambleístas • Plantean que en las cuatro regiones autonomistas se respete la distribución fijada por los estatutos y que en el resto sea por territorio, población o representación indígena, tal como disponen los Artículos 278 y 279 de la Constitución Política del Estado.
Indígenas • Dicen que esas autoridades deben elegirse según los usos y costumbres.
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