Los legisladores del Movimiento al Socialismo (MAS) conminaron a que el Tribunal Supremo Electoral tiene la obligación de remitir los antecedentes en el Ministerio Público, si es que evidencian la falsificación de sellos y firmas de los militantes. Sin embargo la instancia electoral dijo que los afectados son los que deben iniciar acciones legales.
“Por supuesto, el Órgano Electoral cuando encuentre esas situaciones tiene que derivarlas ante el Ministerio Público, cuando encuentre posibles casos de falsificación en las huellas (y) firmas”, dijo la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño.
La autoridad también sostuvo que los directos afectados por esos ilícitos son los que deben accionar medidas legales en contra de los posibles autores, además del TSE, que pueden verificar si están registrados en algún partido político.
Por su parte, el alcalde de La Paz Luis Revilla opinó que el Ministerio Público debiera ampliar las investigaciones contra los vocales del Órgano Electoral, porque esa instancia está encargada de administrar y revisar los libros de inscripciones.
En tanto, los vocales del Órgano Electoral se contradijeron en este punto, ya que la presidenta del TSE María Eugenia Choque dijo que son los ciudadanos quienes deben demandar a los responsables. Mientras que el vicepresidente de esa instancia, Antonio Costas, no descartó que sean querellantes sobre esas irregularidades.
ARGUMENTOS
Al respecto, el jefe de bancada de diputados del MAS, David Ramos, respaldo las declaraciones de Montaño, además argumentó que las organizaciones políticas son las encargadas de registrar a sus militantes en los cuadernos que son otorgados por el ente electoral.
Advirtió que algunos interesados pueden acudir a su inscripción irregular y presentarse como candidato, en referencia a las declaraciones de Rafael Quispe que se declaró candidato del MAS.
Para su colega Franklin Flores, cualquier servidos público que conozca de un ilícito debe denunciar a las autoridades correspondientes, además que el artículo 14 de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz obliga a las autoridades a constituirse en parte querellante en casos de corrupción.
“La autoridad máxima autoridad ejecutiva de la entidad afectada o las autoridades llamadas por ley deberán constituirse obligatoriamente en parte querellante de los delitos de corrupción y vinculados, una vez conocidos estos debiendo promover las acciones legales”.
DENUNCIAS
La titular de diputados, también indicó que el diputado Edgar Montaño y el asambleísta departamental Gustavo Torrico presentarán demandas penales contra las organizaciones políticas de PanBol y del FRI, respectivamente porque fueron inscritos sin su consentimiento.
Tras el registro irregular como militantes en partidos políticos, se conoció que la hermana del vicepresidente María del Carmen García Linera está inscrita en el PDC, la ministra de Culturas, Wilma Alanoca, es militante de Movimiento Por la Soberanía. El ministro de Trabajo, Héctor Hinojosa, es militante de Movimiento Demócrata Social (MDS)
RESPONSABILIDAD
Al respecto, Luis Revilla que forma parte de la alianza de Comunidad Ciudadana planteó que las investigaciones deben ser ampliadas contra los vocales del Órgano Electoral porque esa instancia es que revisa los registros y deben explicar estas irregularidades.
“También contra el Tribunal, porque es el que administra el padrón porque la ley dice que el tribunal debe revisar el registro de las organizaciones políticas, la pregunta es si hizo ese trabajo, por qué hay esas inconsistencias. Entonces todo acción legal debe incluir a los vocales del Órgano Electoral”, puntualizó el burgomaestre.
La presidenta del TSE, María Eugenia Choque, deberá presentarse a la Comisión de Constitución de Diputados para brindar un informe oral sobre estas irregularidades, se tiene previsto que se programe para la próxima semana.
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