La Asamblea, luego de más de dos horas de debate, emitió un voto resolutivo en el que exigen al Gobierno la anulación de la Resolución Ministerial 090 y la abrogación de la Ley de Límites, las mismas que establecieron los límites de 30 vértices interdepartamentales entre Chuquisaca y Santa Cruz y que consideran atentatoria contra los intereses de su departamento.
Asimismo, se solidarizan con los pobladores del municipio de Macharetí y rechazaron la ‘represión policial’ en esa zona, que derivo en el arresto de, al menos, 10 pobladores del lugar.
Asimismo, la Asamblea decidió exigir la renuncia de los legisladores que apoyaron la aprobación de la Ley de Límites tanto en el Senado como en Diputados. Una de las propuestas es ampliar el bloqueo a las rutas troncales e interdepartamentales.
Cabe recordar, tras una reunión de más de 20 horas, el Gobierno presentó una propuesta de cuatro puntos sobre Incahuasi para que Chuquisaca lo analice.
AGRESIÓN A AUTORIDADES
El gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizu, tuvo que huir apresuradamente de los exaltados manifestantes que le arrojaban piedras y otros objetos en el centro de la ciudad, según mostraron distintos canales de televisión de Bolivia.
El gobernador fue increpado cuando se dirigía a una reunión por la plaza principal de la ciudad, que lleva más de una semana prácticamente paralizada por un paro cívico debido al conflicto con la vecina región de Santa Cruz.
Una situación similar sufrió el alcalde de Sucre, Iván Arciénega, que al igual que Urquizu militante del Movimiento al Socialismo (MAS), que sustenta al Gobierno de Evo Morales, al que colectivos de Chuquisaca culpan del enfrentamiento con sus vecinos cruceños.
Sucre, con unos 300.000 habitantes y sede del poder judicial en Bolivia, vive desde hace ocho días bloqueos en sus calles y en carreteras que comunican con otras partes del país, incluida la que da acceso al aeropuerto.
Las protestas ciudadanas dejan notablemente paralizada la actividad habitual en la ciudad, uno de cuyos principales recursos es el turismo, al estar declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Las movilizaciones comenzaron tras una sentencia judicial que sitúa el campo de gas de Incahuasi en Santa Cruz, que tendría derecho a la totalidad de una serie de beneficios económicos de millones de dólares que reciben las regiones donde se encuentran los recursos naturales.
El Gobierno central acusa a los promotores de las protestas, canalizadas a través del Comité Cívico de Intereses de Chuquisaca, de actuar por intereses políticos contra el Ejecutivo en su intento de mediar en la disputa.
Un informe de 2016 fijó que la reserva de gas en su totalidad está en suelo cruceño, pero fue objetado por autoridades de Chuquisaca, que pidieron un estudio de límites al considerar que la demarcación entre ambas regiones es difusa.
En diciembre del año pasado el Tribunal Constitucional de Bolivia ordenó la paralización del pago de beneficios, en tanto no finalice ese estudio, pero otro fallo judicial a finales del pasado abril decretó que se descongelen los pagos a favor de Santa Cruz, lo que levantó a sectores sociales de Chuquisaca.
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