31 mayo 2018

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El ministro de Gobierno, Carlos Romero, pidió disculpas por haber dicho en un principio que el disparo salió de parte de los mismos manifestantes. Se presentó al subteniente Cristian Casanova Condori como el autor del disparo que acabó con la vida del joven universitario

Ofrecemos disculpas, fuimos inducidos a un error. Nunca negamos información a los medios pero ustedes saben que en el marco de la investigación se generan hipótesis", dijo Carlos Romero a tiempo de informar que se ha logrado identificar a un Subteniente de la Policía, Cristian Casanova Condori, como el responsable de la muerte del universitario Jonathan Quispe, estudiante de la Universidad Pública de El Alto. En primera instancia se dijo que el proyectil -una canica- salió del lado de los mismos estudiantes que protestaban en demanda de más presupuesto.

El Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) determinó en un nuevo informe, que "el disparo salió de una escopeta" y no de un tubo de cartón (pausa o cohete) como se lo había señalado en un principio. Casanova Condori fue presentado este jueves en conferencia de prensa ofrecida en conjunto por la Policía y el ministerio de Gobierno

El ministro Carlos Romero destacó que dentro del plan de operaciones se había manifestado de manera expresa "que se debe prevalecer los derechos y las garantías de las personas" y que se los comandantes deben "recomendar a su personal que está terminante prohibido usar armas de fuego".

Dentro de las investigaciones que hizo el IDIF ratificó que fue una canica el proyectil que se utilizó y que luego de ser herido, Quispe ingresa con vida y en busca de refugio al domicilio en el que finalmente pierde la vida y que estuvo 13 minutos allí, tiempo suficiente para haber sido socorrido. "Su accionar es personal", destacaron.
Autoridades de Gobierno y de la Policía brindaron un detalle de la investigación. Foto: APG

Johnny Aguilera, director de la Felcc de La Paz, dejó en claro que Casanova Condori actuó de manera personal y que lo sucedido es de su "absoluta responsabilidad" ya que el uso de las canicas, no forman parte del equipamiento oficial que es autorizado por la Policía.

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28 mayo 2018

21 mayo 2018

Persiste maltrato de empresa Railway a obreros bolivianos

Durante la inspección realizada al campamento y carretera Rurrenabaque–Riberalta a cargo de la empresa china Railway Construction Corporation International Limited, se constató las malas condiciones laborales existentes y que al presente, de acuerdo a las denuncias del parlamentario, Yerko Nuñez, esta situación habría recrudecido.

“Se verificó maltrato a los trabajadores en el recorrido que se hizo durante dos días; lo denuncian los trabajadores, las comunidades en el trayecto, los ingenieros bolivianos. Nuestros connacionales viven hacinados, sin aire acondicionado con más de 30 grados centígrados, más parece que están en calidad de esclavos en la época moderna”, señaló.

En septiembre pasado, el ministro de Trabajo, Héctor Hinojosa, confirmó que la empresa china Railway, que realiza el asfaltado de la carretera Riberalta-Rurrenabaque, vulnera los derechos de los trabajadores bolivianos.

Se “está vulnerando pues, están vulnerando (los derechos de los trabajadores), por eso el Ministerio de Trabajo lo que hace es cumplir las normas, pero también existen empresas que sí cumplen con las normas y no solamente hablaremos de las empresa chinas, sino también de otras empresas que están construyendo en nuestro país”, afirmó.

En una oportunidad, el exembajador de China en Bolivia, Wu Yuanshan, prefirió eludir las preguntas de la prensa sobre este delicado tema durante un acto realizado en la sede de la CAF en Bolivia.

MALTRATO

En entrevista con ANF, el legislador de oposición dijo que la comisión mixta que viajó a Beni, también se verificó que la empresa con más de 100 obreros bolivianos no cuenta ni siquiera con una enfermera o médico que atienda a sus dependientes, de los cuales la gran mayoría no cuenta con un seguro médico, y menos aún sus familias.

“Hemos visto que apenas cuentan con un botiquín con cuatro o cinco medicamentos; es decir, viven en una situación de maltrato inhumado y violación a sus derechos que se da porque el Gobierno lo permite, porque la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y el propio Ministerio de Trabajo no cumplen con la supervisión”, expresó.

Núñez dijo que mientras los bolivianos viven hacinados en habitaciones sucias, algunos duermen hasta en el piso sobre colchones de cinco centímetros de altura, comen alimentos en descomposición porque están expuestos a las altas temperaturas, los ciudadanos chinos cuentan con heladeras y aire acondicionado.

Desde el traslado de los trabajadores desde el campamento al punto de trabajo y viceversa en volquetas, sin ningún tipo de seguridad, la carencia de seguro de salud, hasta condiciones de inhabitabilidad habitacional fueron algunos factores que se evidenciaron.

CONTRATO POR EXCEPCIÓN

El senador Yerko Nuñez de UD también mencionó que la contratación de la construcción fue, mediante resolución de la ABC del 15 de agosto de 2014, en la que se autorizó el inicio del proceso de contratación de la obra “llave en mano”, bajo la modalidad por excepción para la ejecución del proyecto denominado: Diseño, readecuación, construcción y control de calidad de la carretera Rurrenabaque-Riberalta.

Además del retraso evidente de la obra que debería estar concluida en 2020, Núñez denunció que los ingenieros chinos que debían estar a cargo de la obra no se encuentran en la carretera, y los que están en campamento ni siquiera muestran sus documentos de identidad que acrediten su situación profesional.

MALA CALIDAD

“Tanto los obreros como los ingenieros bolivianos denunciaron que la carretera se está realizando con material de mala calidad (…). No vaya a ser que nos pase lo mismo que con la carretera de Rurrenabaque-Yucumo- Quiquibey que a los pocos meses de su inauguración sufra hundimientos y deterioro”, aseveró.

Núñez insistió que la ABC a pesar de su compromiso de “ponerse las pilas” en tres años desde el inicio de la obra no hizo supervisiones, lo mismo que el Ministerio de Trabajo. “Estamos endeudando a las futuras generaciones con una carretera que a todas luces está retrasada en su ejecución y no cumple con las garantías que necesitamos”, sostuvo.

En defensa del 21F Colectivos ciudadanos retoman rechazo a reelección de Morales

Los colectivos ciudadanos en diferentes departamentos del país efectuaron movilizaciones y mítines programados para cada 21 de mes a fin de recordar al Gobierno la victoria del referéndum del 21 de febrero del 2016, donde el rechazo a la reelección del presidente Evo Morales ganó con un 51.34 por ciento.

De acuerdo con lo anunciado, ciudadanos organizados en diferentes plataformas retomarán las protestas a fin de hacer escuchar su pedido de respeto al voto del referéndum del 21 de febrero, a la democracia, la Constitución Política del Estado (CPE) y rechazan el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que mediante un fallo aprueba la reelección indefinida de las actuales autoridades de Gobierno.

En Santa Cruz, las distintas plataformas ciudadanas, junto a cerca de otras 50 organizaciones realizan una masiva movilización denominada “Caravana por la democracia” con la que recorrieron las principales calles de la ciudad y municipios del Norte Integrado de en ese departamento, según informó El Día digital.

Los cívicos de esos municipios confirmaron su respaldo a la Caravana por la democracia en coordinación con el Comité Cívico provincial y el Comité pro Santa Cruz.

CADA 21 DE MES

A su vez, en la sede de Gobierno, la plataforma ciudadana Otra Izquierda es Posible (OIP), señaló que estas movilizaciones cada 21 de mes también abordarán distintos los hechos de corrupción que generaron la molestia ciudadana.

“Nos movilizaremos cada 21 de mes para recordar la victoria del NO”, señaló Beto Astorga, representante de esa plataforma. Estas movilizaciones también se realizarán frente al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para recordarles a los vocales del Órgano Electoral que si no cumplen la Constitución Política del Estado (CPE) y el voto del 21F, serán enviados a la cárcel.

Código Penal y corrupción afectaron gestión de Morales

La abrogación del Código de Sistema Penal, las denuncias por tráfico de influencias para favorecer a la empresa china CAMC que vinculó al presidente Evo Morales con Gabriela Zapata y el conflicto entre Chuquisaca y Santa Cruz por el campo gasífero de Incahuasi son los tres factores que pesan sobre el MAS y reducen su aceptación popular, admitieron asambleístas del oficialismo.

“El índice más bajo de aprobación que hemos tenido es en el referéndum del 2016. En todo caso, este dato nos ha generado preocupación a la estructura política del MÁS (…) estos índices bajos muestran un desgaste y en el 2016 de ha mostrado cifras muy bajas de aprobación que hemos tenido en estos últimos 12 años”, dijo la diputada Valeria Silva.

Esos no fueron los únicos factores que identificaron los asambleístas del oficialismo, el diputado del sector de los Yungas de La Paz, Tito Veizaga, indicó que el tema del incremento salarial y los diversos casos de corrupción que vincularon a exautoridades y militantes del partido oficialista ocasionaron una baja en la aceptación del dignatario.

En las elecciones generales del 2005, Morales ganó con el 53.72% que equivale a 1.544.374 votos a nivel nacional, en los comicios de 2009 obtuvo el 64.22% de la votación, el nivel más alto que llegó durante los 12 años de gestión.

En las elecciones generales de 2014, Evo Morales obtuvo un tercer mandato con el 61.36% de la votación a nivel nacional, a partir de esta fecha fue bajando su nivel de aprobación del mandatario.

FACTORES

A pocos días de llevarse a cabo el Referéndum Constitucional para la repostulación de Evo Morales, exactamente el 3 de febrero de 2016 se destapó un escándalo sobre la vida privada del presidente Evo Morales y Gabriela Zapata, exgerente comercial de la empresa china CAMC, quien posteriormente fue procesada y sentenciada a 10 años de presidio por uso indebido de influencias y ambientes del Estado boliviano para beneficio propio.

Con la intensión de quedarse una gestión más en el poder, el gobierno planteó una reforma constitucional al artículo 168 de la Constitución Política del Estado (CPE) que limita la repostulación. El 21 de febrero de 2016 se llevó a cabo la consulta popular y ganó el rechazo a la repostulación de Morales con el 51.34%.

La última encuesta presentada el 23 de abril por la empresa Ipsos mostró que Evo Morales tiene una aprobación del 48%, mientras que la intensión de votar a favor del instrumento político llegó al 22%.

A pesar de estos antecedentes, el diputado Édgar Montaño aseguró que la aprobación del Presidente tiende a subir y prevé que para inicios de la siguiente gestión la aceptación aumentará a más del 60%.

REPOSTULACIÓN

El senador de Unidad Demócrata (UD), Óscar Ortiz, manifestó que durante los últimos tres años de gestión el partido oficialista se dedicó a forzar la repostulación del binomio Morales - Linera sin respetar los resultados del referéndum y la Constitución, dejando de lado la atención de los servicios de salud, educación y la seguridad del país.

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió un fallo el 28 de noviembre del 2017, mediante el cual habilitó al presidente Evo Morales para su reelección consecutiva priorizando la aplicación preferente del artículo 23 del Pacto de San José. Esto derivó en varias protestas por parte de la población.

ADMITEN INSUFICIENCIA

A finales de la pasada gestión y hasta el 25 de enero de este año se originó un conflicto con el sector médico y otros profesionales por la promulgación del Código de Sistema Penal, norma que fue observada por las varias incoherencias que se encontraban en los artículos, esto derivó en una masificación de las medidas y una posible convulsión en el país, hasta que el Presidente decidió la abrogación total del Código.

El diputado Édgar Montaño admitió que no socializaron la norma con los diferentes sectores afectados, el Colegio Nacional de Abogados lamentó que esta ley fue elaborado por juristas internacionales que no conocen la realidad de la justicia en el país.

CONFLICTO REGIONAL

El departamento de Chuquisaca y Santa Cruz tuvieron roces con el Gobierno debido a la falta de solución del pago de las regalías del campo gasífero de Incahuasi, la capital del Estado se declaró en un paro cívico indefinido que alcanzó los 12 días de inactividad. La Asamblea de Instituciones pidió la renuncia del gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizu, y el alcalde de Sucre, Iván Arciénega.

Las organizaciones sociales de esa región advirtieron con un voto castigo para el MAS en las próximas elecciones. La visita del Presidente para el aniversario de la capital aún está en duda.

Votaron sólo residentes legales De 3.000 venezolanos en Bolivia, 170 fueron habilitados

De 3.000 ciudadanos venezolanos que residen en territorio boliviano sólo 175 fueron habilitados para sufragar en los comicios nacionales que ese país cumplió la jornada de ayer. El ejercicio del voto está reservado para quienes tienen residencia permanente, declaró la secretaria del Partido Socialista Unidad de Venezuela (PSUV), en Bolivia, Marianela Gonzales.

“Hay 175 personas acreditadas para votar en Bolivia, hay más venezolanos en Bolivia pero para votar en el exterior tiene que tener residencia permanente y sólo ellos pueden votar”, dijo la secretaria del PSUV, cuyo su candidato es Nicolás maduro.

En la Embajada de Venezuela, ubicada en la zona de Obrajes de la ciudad de La Paz se instaló una mesa para que los ciudadanos de ese país puedan emitir su voto. La mesa estuvo abierta desde las 08.00 de mañana y cerró a las 18.00 horas.

Más de un ciudadano venezolano que llegó para sufragar manifestó su esperanza en un pronto cambio de la actual situación que frena ese país. “Tenemos las esperanzas que la situación en Venezuela cambie y termine el amedrentamiento”, dijeron al señalar que en los últimos cinco años su país se sumió en una profunda crisis económica.

A esta elección presidencial en Venezuela se presentaron cuatro candidatos, entre ellos el mandatario en ejercicio Nicolás Maduro. La Mesa de Unidad Democrática (MUD) rechazó participar de este proceso por considerarlo “un fraude” gestado para perpetuar a Maduro en el poder. Emergente de los cuestionamientos a la gestión de Maduro, el exchavista Henri Falcón se separó de las filas del PSUV constituyéndose el mayor rival del actual mandatario.

VOTO EN EL EXTERIOR

El artículo 124 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales de Venezuela establece que podrán votar los electores que estén registrados en los consulados y embajadas y demuestren que tiene residencia permanente en un determinado estado.

“Solo podrán sufragar en el exterior los electores que posean residencia o cualquier otro régimen que denote legalidad de permanencia fuera de Venezuela (…) podrán sufragar en el exterior, los funcionarios adscritos a las embajadas, consulados y oficinas comerciales”, establece el enunciado de la ley electoral. No obstante, la embajada de Venezuela no aclaró si los residentes legales con carácter transitorio, como turistas, podrían ejercer el derecho al voto democrático.

La Ley Electoral fue aprobada en el año 2009 con los votos de los diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela y del Partido Comunista y desde su puesta en vigencia ha limitado el ejercicio del voto en el exterior.

El Gobierno de Venezuela tiene representaciones diplomáticas en 85 países (125 delegaciones en total). De estos, solo cinco consulados que equivalen al 4% realizan trámites que permiten la inscripción en el Registro Electoral de nuevos electores.

Según informe del Consejo Nacional Electoral de Venezuela del 2015, 101.687 ciudadanos de ese país residen en el exterior, hasta la fecha esa instancia electoral no actualizó los datos acerca de los ciudadanos que optaron por residir en otros países.

SEGURIDAD

Alrededor de la Embajada de Venezuela se dispuso dos cordones de seguridad, al menos una veintena de policías se encontraban apostados en los ambientes de predio diplomático, Gonzales manifestó que las medidas de seguridad fueron solicitadas al Ministerio de Gobierno para evitar que se generen desmanes con los opositores.

“Se hizo esa coordinación con la Policía porque había amenazas de algunos sectores de la derecha de venir a la embajada y atacar, lo que quisimos era resguardar a los electores y tener un proceso totalmente tranquilo y con seguridad”, sostuvo Gonzales.

Video Organizaciones Sociales de Bolivia comparten la alegria de Nicolas Maduro

11 mayo 2018

Costas: Nuevo estudio técnico ratifica que "el 100% de Incahuasi está en Santa Cruz"



El gobernador de Santa Cruz informó que fueron notificados con el informe de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) sobre el caso Incahuasi, el cual certifica que el campo gasífero Incahuasi está en territorio cruceño.

"Nos acaban de notificar con el estudio que ratifica que el 100% de los Campos Incahuasi y Aquío están en Santa Cruz. Un conflicto que pudo evitarse con la verdad", escribió en su cuenta de Twiter.

El mensaje fue acompañado por fotografías del que sería el informe final del nuevo estudio técnico que YPFB mandó a realizar para determinar si el campo gacífero era o no compartido entre los departamentos de Santa Cruz.

Por su parte, Vladimir Peña, secretario de Gobierno de la Gobernación, confirmó la información durante una conferencia de prensa.

“Se ratifica que el 100 por ciento de los reservorios de los campos de Incahuasi y Aquio están en su totalidad en el departamento de Santa Cruz. (El conflicto) se pudo haber evitado si se hablaba con la verdad, si es que se imponía los criterios y la verdadera justicia”, manifestó.

Por su parte, la Gobernación de Chuquisaca lamentó la parcialización de YPFB debido a que solo notificó a Santa Cruz el resultado del nuevo estudio.

Nuevo estudio

Notificación de YPFB sobre el caso Incahuasi by Los Tiempos Digital on Scribd



El estudio fue encargado a la empresa canadiense GLJ Petroleum, misma que hizo el primer estudio que falló a favor de Santa Cruz, e inició el pasado 24 de abril en cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitido en diciembre del 2017.

Esa misma sentencia determinó el congelamiento de las regalías del campo Incahuasi a Santa Cruz hasta no realizarse un nuevo estudio técnico, algo que finalmente fue hecho y emitió un resultado a favor del departamento cruceño.

El estudio pasó por varias etapas como la revisión de datos sísmicos y generación de mapas estructurales, análisis petrofísicos, revisión de los modelos estáticos y fluidos.

El presidente de YPFB, Óscar Barriga, había anunciado que el informe sería presentado el próximo lunes 14 de mayo.

Notificación de YPFB sobre el caso Incahuasi by Los Tiempos Digital on Scribd

CRONOLOGÍA

Agosto de 2016. El informe de GLJ determinó que el 100% del reservorio de Incahuasi está en Santa Cruz.

Diciembre de 2017. El Tribunal Constitucional Plurinacional suspendió el pago de regalías de Incahuasi a Santa Cruz hasta que se desarrolle un nuevo estudio y se definan límites.

Abril de 2018. El juez de garantías Alberto Guzmán ordenó descongelar las regalías.

12 de abril de 2018. YPFB definió realizar un nuevo estudio del reservorio Incahuasi para acabar con el conflicto entre Santa Cruz y Chuquisaca.

Por bloqueo en Sucre Niño falleció por paro cardiorespiratorio

El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Chuquisaca, Limber Soruco, informó mediante un comunicado que a consecuencia de los bloqueos en la ciudad de Sucre, que obstaculizaron una pronta atención, se tuvo que lamentar el fallecimiento de un niño de 12 años de edad, la causa fue un paro cardiorespiratorio.

Al promediar las 11 de la mañana de ayer, el Hospital Santa Bárbara recibió una llamada de auxilio de la zona de Alegría hasta donde la ambulancia tardó en llegar una hora y media por los bloqueos que los choferes realizaban, pues no se encontraban en sus vehículos para poder dar paso.

Soruco mencionó que al momento del traslado el niño sufrió un paro cardiorespiratorio, pese a los esfuerzos del personal de salud no se pudo salvar la vida y llegó a fallecer en el traslado al hospital UNI, cuyo camino también se encontraba bloqueado por los motorizados y sin la presencia de sus conductores. (Fides)

Chaco anuncia cumbre en defensa del 45% de regalías

El Gran Chaco considera que el 45% de las Regalías es un tema cerrado y que su vulneración sería anticonstitucional e ilegal; tomando en cuenta que el Estatuto Autonómico pasó la prueba de constitucionalidad.

El ejecutivo regional, José Quecaña, anunció la realización de una reunión cumbre de autoridades, instituciones y organizaciones del Gran Chaco, con el objetivo de fijar una posición respecto del 45% de las regalías departamentales que percibe la región de la renta petrolera. La decisión fue asumida considerando que otras provincias intentan vulnerar esta conquista histórica del pueblo chaqueño.

“Vamos a sostener una reunión a nivel de autoridades electas de la región; también participarán entidades cívicas, entes matrices como Federaciones de Campesinos y otros sectores, legisladores departamentales y nacionales, para informar sobre los avances de la autonomía regional y principalmente el 45%, puesto que está siendo sujeto de amenazas por otras provincias”, afirmó.

Quecaña explicó que la decisión de las instituciones es clara en cuanto al 45% de las regalías, estableciendo que es un tema cerrado; considera que su vulneración sería anticonstitucional e ilegal, porque existen leyes que lo amparan; además de estar incorporado en el Estatuto Autonómico Regional, que pasó la prueba de constitucionalidad ante el Tribunal Plurinacional Constitucional (TCP).

Sin embargo, afirmó que invitaron a la reunión a la presidenta de la Brigada Parlamentaria Tarijeña, Jaqueline Mendieta, para explicarle los argumentos técnicos, jurídicos e históricos que tiene el Gran Chaco para salir en defensa de esta conquista. “Es por una historia que nos une a todos los chaqueños, es por territorio, por la cantidad de población y por la legalidad de esta conquista”, acotó. (elchacoinforma.com)

Comité Cívico levanta bloqueos en Macharetí

El Comité cívico, organizaciones sociales y la Mancomunidad de Municipios del Chaco Chuquisaqueño tomaron la determinación de levantar las medidas de presión y bloqueos instalados en Macharetí en defensa de la copropiedad del campo gasífero Incahuasi.

La determinación fue tomada tras una reunión realizada un día después del violento desbloqueo de la ruta Santa Cruz-Yacuiba, protagonizada por efectivos policiales que se trasladaron desde Camiri y Villamontes, según relatos de los afectados.

La represión terminó con 47 personas detenidas en Camiri y varios heridos. Un operativo de desbloqueo similar, pero en menores proporciones, se efectuó el pasado lunes en la misma zona.

“La Mancomunidad de Municipios del Chaco chuquisaqueño junto a las organizaciones sociales, bloque Cívico y Comité de Movilizaciones decide hacer un cuarto intermedio en el bloqueo y garantizar la libre transitabilidad en la mencionada carretera internacional”, cita una carta remitida al ministro Carlos Romero y en la que también se le pide que interceda para la liberación inmediata y sin antecedentes de los detenidos y la devolución de tres ambulancias retenidas.

La institucionalidad chaqueña también decidió remitir otra carta al ministro de la Presidencia, Alfredo Rada; al ministro de Justicia, Héctor Arce; al ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, y al presidente de YPFB, Óscar Barriga

“Solicitamos a ustedes poder concertar una reunión en fecha 11 de mayo de 2018 a horas 10 a.m. para entablar el diálogo que permita encontrar soluciones en nuestras demandas. Esta reunión debe realizarse en la población de Macharetí, para lo cual ofrecemos todas las garantías a sus autoridades para que puedan hacerse presentes en esta población.

La agenda plantea:

1. Límites departamentales entre Chuquisaca y Santa Cruz.

2. Informe de procedimiento del estudio de ubicación del campo Incahuasi.

3. Inversiones petroleras en Chuquisaca.

El resultado de esa reunión garantizará la suspensión total de las movilizaciones, argumenta la petición del bloque chaqueño.

Gonzalo Barrientos Oficialismo busca controlar elecciones con voto electrónico

El oficialismo en la Cámara de Diputados aprobó ayer modificaciones a cuatro artículos de la Ley 018 del Órgano Electoral y a la Ley 026 de Régimen Electoral. En uno de esos cambios introduce el voto electrónico para los bolivianos que residen en el exterior, lo que según el diputado Gonzalo Barrientos de Unidad Demócrata (UD) tiene el objetivo de “manipular el voto” y controlar los resultados de las elecciones generales de 2019.

“Se pretende aprobar dos leyes. Obviamente el trabajo de empadronamiento corresponde y debemos respaldarlo, pero introducen de contrabando el voto electrónico en el extranjero, la eliminación de los notarios y disponen la presencia de brigadas móviles para el empadronamiento”, manifestó Gonzalo Barrientos, jefe de la bancada de UD.

Se trata del artículo 43 de la Ley 026 de Régimen Electoral referida al sufragio y al voto citando todas sus características. A este punto el oficialismo en el Legislativo adiciona un parágrafo que dice:

“A efecto de garantizar el ejercicio del derecho al voto de los bolivianos y las bolivianas residentes en el extranjero, el voto podrá ser electrónico, aplicando lo establecido en el parágrafo 1 del presente artículo”.

En ese contexto, Barrientos identificó otro indicio de la intencionalidad del oficialismo porque es el MAS quien impulsa las modificaciones a la Ley 018 y a la 026 y no así el TSE por ser la entidad directamente involucrada.

“Y este proyecto de ley no viene del TSE sino del MAS, entonces vean cómo no se respeta la independencia de órganos, aparecen estos proyectos de ley a la velocidad de una rayo presentados por los presidentes de ambas Cámaras del Legislativo, lo cual demuestra que es una posición política esta modificación”, aseveró.

APROBARON EMPADRONAMIENTO

Mediante una nota institucional de la Cámara de Diputados, anoche se informó que los bolivianos que radican en el exterior podrán empadronarse de forma permanente en todas las representaciones diplomáticas con las que cuenta Bolivia en el extranjero, mediante la ampliación de la cobertura del registro biométrico.

“La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que modifica los artículos 71 y 74 de la Ley del Órgano Electoral y los Artículos 43 y 203 de la Ley del Régimen Electoral, que amplía y efectiviza la cobertura del registro biométrico de las bolivianas y bolivianos con residencia en el exterior”, dice la nota.

“La mayor parte de los compatriotas en el exterior acuden a las embajadas y consulados cuando necesitan hacer algún trámite específico, como la renovación de documentación y esa es una oportunidad valiosísima para que al mismo tiempo puedan inscribirse en el padrón electoral, como lo puede hacer cualquier boliviano hoy aquí en Bolivia, porque hay un padrón abierto permanentemente”, explicó ante el pleno, la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño.

La diputada no citó que se adicionó el voto electrónico como parte de las modificaciones a las normas electorales.

“Lo único que estamos viabilizando en este proyecto es ampliar la participación en procesos electorales del ciudadano boliviano en el exterior, facilitando el empadronamiento”, aclaró la autoridad.

El Artículo 3 del proyecto señala que “para el efectivo cumplimiento de la norma en las oficinas consulares se podrá realizar el registro biométrico y la actualización en el sistema del Órgano Electoral Plurinacional a momento en que una ciudadana o ciudadano boliviano gestione cualquier trámite en el Consulado, centro de emisores de documentación, Consulado móvil y brigada móvil”.

Ante esto, el diputado Gonzalo Barrientos observó que no se respetó ni el reglamento de la Cámara de Diputados porque el mismo indica un procedimiento y los tiempos que se deben cumplir, cuando se va tratar y aprobar algunas normas.

“Son quince días que se debe tener, por lo menos, para el tratamiento de un proyecto de ley y aquí está ingresa como hace dos días atrás, ayer se lo hace conocer en la plenaria, acá está la prueba y hoy (ayer) se aprobó en la Comisión y hoy (ayer) nos meten de contrabando y seguramente para sorprendernos igual como lo hicieron con el Código Penal”, concluyó.

Si estudio no los favorece en 100% Santa Cruz anuncia medidas por Incahuasi

El presidente del Comité cívico pro Santa Cruz, Fernando Cuéllar, anunció ayer las medidas de presión que ese departamento asumirá si no se ratifica el primer estudio realizado que señala que el campo petrolero Incahuasi le pertenece a en un 100%, señaló que un resultado diferente provocará marchas, que derivarán en bloqueos, paro cívico nacional hasta llegar a la huelga de hambre.

La resolución emitida luego de que hicieran uso de la palabra los representantes de los 24 sectores que conforman el Comité establece que también exigirán el descongelamiento de los recursos que le pertenecen por ley a la región y declarar persona no grata a Hugo Siles y a los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que “obstaculizaron” el cumplimiento del fallo emitido por el juez Alberto Guzmán, que instruyó que se paguen las regalías, pero al mismo tiempo, provocó que explotara el conflicto con Chuquisaca que reclama por el pozo.

Recordemos que Hugo Siles decidió renunciar al cargo de viceministro de Autonomías el martes 1 de mayo, bajo el argumento de querer evitar un conflicto mayor ante los anuncios de Chuquisaca de afianzar el paro cívico y los bloqueos. Su lugar lo ocupó el chuquisaqueño Gonzalo Vargas Rivas que anticipó que este conflicto se zanjará partiendo de la base de que se debe respetar la ley. Tras las movilizaciones de la capital con un paro cívico indefinido y rechazo a la propuesta del Gobierno tras reunión con Cadeinca en Cochabamba, se esperaba por Santa Cruz.

TCP

Horas antes, se conoció que el TCP determinó mantener congelado el pago de regalías a Santa Cruz, dejando en suspenso la resolución del juez de garantías de Santa Cruz que hace diez días ordenó la liberación de esos recursos en una “Acción de Cumplimiento”.

“El Tribunal Constitucional en atención al pedido de YPFB de una medida cautelar, determinó que el pago de las regalías del campo Incahuasi queda suspendida tal como se había determinado en una sentencia constitucional”, señaló el presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional, Petronilo Flores.

Mientras Chuquisaca mantiene el paro cívico indefinido con bloqueos, una Asamblea de Instituciones que analiza la situación del conflicto en los puntos de bloqueo de carreteras en las provincias.

ANTECEDENTES

Chuquisaca reclama en su territorio el pozo gasífero de Incahuasi que, según dos leyes limítrofes, pertenece al departamento de Santa Cruz. En ese sentido, y mientras se realice un estudio, el TCP congeló el pago de las regalías del campo. (El Deber digital)

Denuncias e irregularidades pesan en gestión de Urquizu

Los tres años de la segunda gestión del gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizu (MAS), fue varias veces observada por políticos de la oposición, organizaciones sociales y la misma población chuquisaqueña que cumple hoy su décimo segundo día de paro cívico por Incahuasi.

Entre los puntos observados están la deficiente construcción del aeropuerto de Alcantarí, la administración de Fancesa y tráfico de influencias, entre otras denuncias que son el corolario de las polémicas elecciones subnacionales de 2015, cuando el Tribunal Electoral Departamental (TED) anuló más de nueve mil fotos del FRI para consolidar a Urquizu en la Gobernación, acción que fue observada por el propio Tribunal Supremo Electoral (TSE).

ELECCIONES OBSERVADAS

Los resultados de las elecciones del 29 de marzo de 2015 dieron lugar a una segunda vuelta porque ninguno de los dos candidatos más votados logró el 50% más uno de los sufragios.

En una reñida elección, el candidato del MAS, Urquizu, consiguió 116.342 votos (48.88%); cerca se ubicó la votación de Damián Condori de Chuquisaca Somos Todos (CST),, con 101.169 votos (42.51%). Sin embargo, tras 13 días de indecisión el TED dio por ganador al postulante oficialista y cerró las puertas a la segunda vuelta, ya que resolvió anular los votos del Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), cuyo candidato se había retirado una semana antes de la contienda. Esto bajó el universo de votos y aumentó el porcentaje de Urquizu, quien apenas logró superar la barrera del 50%.

Con ese antecedente y calificado por sus detractores como el “gobernador trucho”, Urquizo comenzó su segunda gestión pero sin el respaldo de un importante sector de campesinos de Chuquisaca.

ALCANTARÍ

Una de las obras observadas fue la construcción del nuevo aeropuerto de Alcantarí obra que fue inaugurada en mayo de 2016 por el presidente Evo Morales pero cuatro meses después apareció con goteras en su techo que inundaron gran parte de la terminal aérea.

La obra costó más de $us 50 millones y estuvo a cargo de la empresa Convisa. La Gobernación deslindó responsabilidades y el Comité Cívico de Intereses de Chuquisaca (Codeinca) exigió las inmediatas refacciones.

FANCESA

En septiembre de 2010, el gobierno de Evo Morales mediante Decreto Supremo 0616 decidió revertir las acciones de la Fábrica Nacional de Cemento (Fancesa) a favor de la Gobernación de Chuquisaca que se convirtió en la accionista mayoritaria de la fábrica con un 33,34%, la Alcaldía de Sucre tiene otro 33,33% y la Universidad San Francisco Xavier otro 33,33%.

Sin embargo, en los ocho años de administración de la factoría los propios asambleístas chuquisaqueños calificaron en febrero pasado como “ineficiente e incapaz” al equipo comercial de Fancesa.

Según el asambleísta Eusebio Cordero, el gobernador Esteban Urquizu y al rector Eduardo Rivero, se “autonombraron jefes de venta” pero lamentó que la empresa chuquisaqueña haya perdido clientes en Villa Abecia, Muyupampa y ahora en Sucre, según reporta Correo del Sur.

“Es una pena que los empresarios no puedan comprar cemento Fancesa por burocracia y tengan que acudir a la competencia”, cuestionó y anunció que solicitará un informe de la labor de comercialización a la factoría.

TRÁFICO DE INFLUENCIAS

En octubre del año pasado, el caso de la nueva vocal del TED, Rosalía Quispe, cuñada del brazo derecho del gobernador Esteban Urquizu, según una denuncia de la oposición, reavivó la polémica sobre la existencia de supuestos casos de tráfico de puestos y clanes familiares en lo que va de la gestión del MAS en Chuquisaca.

En 2016, el excandidato a la Alcaldía Luis Ayllón acusó a Urquizu de tener varios familiares en la administración pública, algo que el Gobernador rechazó y calificó como “totalmente falso”.

Revocatorios en La Paz Presentan libros en La Asunta

El promotor de la iniciativa de revocatorio contra Reynaldo Calcina Luna, alcalde de La Asunta del Movimiento al Socialismo (MAS), presentó los libros de adhesión con firmas y huellas de ciudadanos que los mismos serán sometidos a una revisión de la entrega que debe cumplir las formalidades, según el reglamento de “Condiciones de Administración para procesos de revocatoria de mandato de autoridades electa”, emitida por la máxima instancia del Órgano Electoral el TSE.

“Le compete a Secretaría de Cámara del Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz emitir el informe para Sala Plena, instancia que decidirá de acuerdo al informe remitir los libros al área de tecnologías para que proceda a la revisión y constatación de la fidelidad de las huellas dactilares y rubricas de los ciudadanos”, explicó Antonio Condori, presidente del TED La Paz.

Hizo la entrega los libros de adhesión Valerio Plata Quispe, promotor de la iniciativa de revocatorio del municipio de La Asunta el 9 de mayo, al igual que debía haber cumplido el municipio de Viacha, pero no hicieron la entrega, según el informe del presidente del TED La Paz.

Según el informe de la autoridad electoral del departamento de La Paz de las 16 solicitudes de revocatorio, habilitadas, que los mismos constituyen 9 municipios solo cumplieron el plazo de los 90 días, en la entrega de libros; dos municipios, uno sería el de La Asunta que está sujeto a revisión mientras que San Buenaventura se archivó, porque en la revisión de los libros se detectaron irregularidades.

Por lo tanto, los municipios de Ayata, Coripata, Santiago de Huata y Viacha no presentaron libros, dentro del plazo y el TED La Paz, procedió al archivo de obrados.

En elecciones 2019 Conflicto por Incahuasi tendrá consecuencias para el MAS

Asambleístas de la oposición y el oficialismo advierten que el conflicto generado en Chuquisaca por la defensa del campo gasífero de Incahuasi traerá serias consecuencias para el Movimiento al Socialismo (MAS) en las elecciones presidenciales de 2019.

“Políticamente estamos mal en Chuquisaca por estas situaciones porque no está solamente la gente de la oposición, (también) participa en las marchas y bloqueos, el 80 o 90 por ciento de la población que es del MAS también se encuentra en los puntos de conflicto, están siendo gasificados y pateados por la Policía, al mejor estilo de antes”, aseguró el diputado del oficialismo, Basilio Velásquez.

En tanto, la diputada de Unidad Demócrata (UD), Lourdes Millares, manifestó que el oficialismo decidió sacrificar al departamento de Chuquisaca con la finalidad de obtener réditos electorales.

Desde el pasado 30 de abril, en la Capital del Estado, se desarrolla un paro cívico con bloqueo de carreteras por las regalías del campo gasífero de Incahuasi y en rechazo a la Ley 051 de delimitación entre Santa Cruz y Chuquisaca.

NO CEDERÁN

Por su parte, el vicepresidente Álvaro García cuestionó a quienes alientan las protestas en esa región y advirtió que el Ejecutivo no cederá a las presiones en el tema de límites y el reservorio de Incahuasi.

“Al chuquisaqueño que se le está diciendo nos quieren quitar la serranía de Incahuasi, mentira. Nosotros estamos garantizando que cada milímetro del territorio chuquisaqueño definido hace más de 100 años nadie lo toque, nadie lo mueva, nadie lo modifique…Rechazamos cualquier presión política que nos quiera impulsar a modificar los límites, no lo vamos a hacer”, afirmó.

DESGASTE

En las elecciones presidenciales de 2014, el Movimiento al Socialismo obtuvo el 63.38 por ciento de votación en el departamento de Chuquisaca, equivalente a 165.485 votos contabilizados.

A la vez, Millares indicó que estos son los resultados de forzar las elecciones subnacionales de 2015, donde Esteban Urquizu ganó de “forma extraña” debido a que el tribunal electoral departamental (TED) anuló los votos del que obtuvo el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI) porque su candidato renunció una semana antes del acto electoral.

“Con las decisiones que ha tomado el MAS en Chuquisaca ha cavado su tumba, el resentimiento y la bronca que se generó en la es generalizada. El Gobierno actuó en contra del departamento, eso significa un desgaste enorme del oficialismo en Chuquisaca”, dijo la diputada.

En tanto, la dirigencia campesina de esa región se desencantó de la candidatura de Esteban Urquizu y apuntaron por respaldar la postulación del, entonces, secretario Ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), Damián Condori con la sigla Chuquisaca Somos Todos (CST),

Tras los resultados de las elecciones, ambos candidatos debieron ir a una segunda vuelta Urquizu, consiguió 116.342 votos (48.88%); Condori, con 101.169 votos (42.51%), después de 13 días el TED dio por ganador al postulante oficialista y cerró las puertas a la segunda vuelta, ya que resolvió anular más de 9000 votos del Frente Revolucionario de Izquierda (FRI). Acto que fue calificado como “irregular” por el propio Tribunal Supremo Electoral.

MEDIDAS

En las últimas horas la Asamblea de Instituciones del Comité Cívico de Defensa de los Intereses de Chuquisaca (Codeinca) resolvió continuar con el paro cívico y convocar a un cabildo abierto para el martes 15 de mayo.

Durante este fin de semana habrá cuarto intermedio en los bloqueos dentro de la ciudad y no así en las provincias y las trancas de ingreso a la Capital, salvo flexibilización para los motorizados que trasladen productos para el abastecimiento de la ciudad.

Video Reacciones del Gobierno, de SAnta Cruz, de Chuquisaca sobre el Conflicto de Incahuasi

García Meza recibía el 100% de su jubilación desde 1982

Luis García Meza recibía el 100% de su jubilación y otros beneficios como el seguro de salud y capital de cesantía, entre otros, debido a que el exdictador pasó a servicio pasivo antes de que las Fuerzas Armadas le dieran de baja.

Así lo explicó el gerente general de la Corporación del Seguro Social Militar (COSSMIL), Gherson Peñaloza. “García Meza, el momento que se acogió a los beneficios de la institución, aparentemente no fue dado de baja en ese entonces porque el beneficio que recibe él es anterior a este aspecto, (es decir a la baja)”.

Señaló que se cumplió con los beneficios como con cualquier otro miembro del servicio pasivo, porque el exdictador cumplió su ciclo en las FFAA. Por lo tanto, la baja no tendría validez. “Es como retirar a un jubilado de una empresa, no tiene sentido”.

Según la documentación que tiene COSSMIL, García Meza pasó a la reserva activa en enero de 1982 y se presume que poco después pasó al servicio pasivo; por lo tanto, la baja del exdictador salió en diciembre de ese año.

“El Tribunal del Personal del Ejército, dentro de las atribuciones que le confiere la Resolución N° 1/82 de 10 de diciembre de 1982, ha determinado sancionar con la Baja del Ejército al Gral. Div. Luis García Meza Tejada”, dice parte de la resolución que hizo conocer el Ministerio de Defensa el fin de semana.

En esa época, el trámite del servicio pasivo entregaba al militar jubilado al margen del 100% de la renta, la atención del seguro social, el capital de cesantía y un seguro mixto que por entonces estaba vigente, dijo Peñaloza.

Esta explicación contradice lo que el Comando en Jefe de la institución castrense sostuvo el martes 8 de mayo. “Él fue dado de baja en 1982. Tenemos la certificación de que no gozaba de beneficios, pero COSSMIL puede hacer la venta de servicios. Seguramente en esa línea es que ha sido atendido el exgeneral”, afirmó el comandante Yamil Borda.

En la misma posición, el ministro de Defensa, Javier Zavaleta, dijo que el exdictador fallecido el pasado 29 de abril no recibiría los honores militares debido a que fue dado de baja por el golpe de Estado que dio en 1980 con financiamiento del narcotráfico.

Sobre su seguro de salud, el gerente de COSSMIL explicó que como rentista García Meza recibía atención. “Estaba en calidad de rentista, es decir jubilado. Este ente gestor (daba) la cobertura que se le brinda a todos los miembros de las Fuerzas Armadas y al ser un rentista García Meza, como todo el personal de servicio pasivo, tiene derecho a la atención médica”, sostuvo.

El caso de Luis Arce Gómez, ministro del Interior del gobierno defacto es completamente distinto. Peñaloza señaló que al haber sido dado de baja de la institución castrense ya no obtuvo ningún beneficio. “Probablemente el momento de la baja haya recibido su liquidación”, dijo, lo que no pasó con García Meza.


Vice pide verificar posibles privilegios

El vicepresidente Álvaro García Linera dijo que se debe verificar en el Órgano Judicial sobre los privilegios que supuestamente gozaba Luis García Meza.

“Si es que hubo algún tipo de privilegio como se está denunciando hay que verificar, no en las decisiones del Ejecutivo, sino del Poder Judicial porque para nosotros todos son iguales, todos tienen el mismo derecho, las mismas obligaciones y condiciones de vida”, manifestó la autoridad.

García recordó que cuando él estuvo preso en el penal de Chonchocoro, entre 1992 y 1995, por alzamiento armado, llegó el exdictador. “Uno decía ‘va a entrar a vivir con el resto de la población’, pero le habían construido al lado de la población en Chonchocoro su casita aparte y reclamé, ¿cómo es eso de que el señor García Meza va a tener su casita aparte? Y me decían que había sido una orden judicial”, declaró.

Reiteró que si tuvo o no privilegios dependió de la justicia y no del Ejecutivo, por lo que “uno tiene que acatar”.

Justicia denunció a autoridades de COSSMIL por privilegios de exdictador

El viceministro de Transparencia, Diego Jiménez, informó que el Ministerio de Justicia presentó hace tiempo una denuncia contra funcionarios y autoridades de COSSMIL por los privilegios que gozaba el exdictador Luis García Meza.

“Hay una denuncia contra funcionarios y autoridades de COSSMIL que ha presentado esta cartera de Estado respecto a que, tomando en cuenta que el señor García Meza ya en 1982 fue dado de baja de las Fuerzas Armadas y que por su propio reglamento interno cualquier beneficio respecto de servicio social y otro sólo puede ser hasta seis meses después de ese momento, sabemos que por muchas ocasiones y por mucho tiempo García Meza ha sido beneficiado en esa instancia hospitalaria”, aseguró.

Manifestó que esa conducta de beneficiar a alguien sin que esté asegurado, cubriéndole un gasto médico, medicamentos, sala de hospital “ya genera un daño económico, es una conducta antieconómica y es ilegal”.

El viceministro no precisó cuándo se presentó la denuncia, pero explicó que en primera instancia un fiscal la rechazó por lo que se presentó una apelación

“Ahora el fiscal departamental tiene que resolver esta apelación”, informó Jiménez.

Al respecto, el gerente general de COSSMIL , Gherson Peñaloza, indicó que no conoce ninguna denuncia y no recibió ningún tipo de solicitud de información. “Si la instancia que corresponde pide que elevemos informes, no tenemos nada que ocultar”, manifestó ayer.

Durante los últimos 12 años el exdictador García Meza estuvo internado en el hospital de COSSMIL por diferentes dolencias que presentaba. Su abogado, Frank Campero, logró obtener un recurso hace cinco años y desde ese momento el exdictador no se movió del nosocomio militar.

Su celda de Chonchocoro fue intervenida por el entonces ministro de Gobierno Sacha Llorenti. Se descubrió que el exgeneral del Ejército tenía privilegios en un espacio con parrillero, gimnasio y baño privado.


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09 mayo 2018

Chuquisaca rechaza oferta del Gobierno

La asamblea convocada por el Comité Cívico de Defensa de los Intereses de Chuquisaca (Codeinca) decidió ayer rechazar la oferta del Gobierno, por lo que se determinó continuar y masificar sus medidas de presión por el campo gasífero Incahuasi. Entretanto, el gobernador Esteban Urquizu y al alcalde Iván Arciénega sufrieron agresiones de parte de los manifestantes en Sucre.

La Asamblea, luego de más de dos horas de debate, emitió un voto resolutivo en el que exigen al Gobierno la anulación de la Resolución Ministerial 090 y la abrogación de la Ley de Límites, las mismas que establecieron los límites de 30 vértices interdepartamentales entre Chuquisaca y Santa Cruz y que consideran atentatoria contra los intereses de su departamento.

Asimismo, se solidarizan con los pobladores del municipio de Macharetí y rechazaron la ‘represión policial’ en esa zona, que derivo en el arresto de, al menos, 10 pobladores del lugar.

Asimismo, la Asamblea decidió exigir la renuncia de los legisladores que apoyaron la aprobación de la Ley de Límites tanto en el Senado como en Diputados. Una de las propuestas es ampliar el bloqueo a las rutas troncales e interdepartamentales.

Cabe recordar, tras una reunión de más de 20 horas, el Gobierno presentó una propuesta de cuatro puntos sobre Incahuasi para que Chuquisaca lo analice.

AGRESIÓN A AUTORIDADES

El gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizu, tuvo que huir apresuradamente de los exaltados manifestantes que le arrojaban piedras y otros objetos en el centro de la ciudad, según mostraron distintos canales de televisión de Bolivia.

El gobernador fue increpado cuando se dirigía a una reunión por la plaza principal de la ciudad, que lleva más de una semana prácticamente paralizada por un paro cívico debido al conflicto con la vecina región de Santa Cruz.

Una situación similar sufrió el alcalde de Sucre, Iván Arciénega, que al igual que Urquizu militante del Movimiento al Socialismo (MAS), que sustenta al Gobierno de Evo Morales, al que colectivos de Chuquisaca culpan del enfrentamiento con sus vecinos cruceños.

Sucre, con unos 300.000 habitantes y sede del poder judicial en Bolivia, vive desde hace ocho días bloqueos en sus calles y en carreteras que comunican con otras partes del país, incluida la que da acceso al aeropuerto.

Las protestas ciudadanas dejan notablemente paralizada la actividad habitual en la ciudad, uno de cuyos principales recursos es el turismo, al estar declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Las movilizaciones comenzaron tras una sentencia judicial que sitúa el campo de gas de Incahuasi en Santa Cruz, que tendría derecho a la totalidad de una serie de beneficios económicos de millones de dólares que reciben las regiones donde se encuentran los recursos naturales.

El Gobierno central acusa a los promotores de las protestas, canalizadas a través del Comité Cívico de Intereses de Chuquisaca, de actuar por intereses políticos contra el Ejecutivo en su intento de mediar en la disputa.

Un informe de 2016 fijó que la reserva de gas en su totalidad está en suelo cruceño, pero fue objetado por autoridades de Chuquisaca, que pidieron un estudio de límites al considerar que la demarcación entre ambas regiones es difusa.

En diciembre del año pasado el Tribunal Constitucional de Bolivia ordenó la paralización del pago de beneficios, en tanto no finalice ese estudio, pero otro fallo judicial a finales del pasado abril decretó que se descongelen los pagos a favor de Santa Cruz, lo que levantó a sectores sociales de Chuquisaca.

Entregan libros de revocatorio contra alcaldesa de Poopó

Dirigentes del Control Social del municipio de Poopo informaron que presentaron los libros de adhesión de ciudadanos para el proceso de revocatorio contra su alcaldesa Gumercinda Huanca.

Por otro lado, se archivaron obrados de los municipios de Monteagudo, Chuquisaca, Llallagua, Potosí y concejales y asambleísta de Bolpebra, Pando.

“Hemos logrado 1.150 firmas y huellas dactilares para entregar al Tribunal Electoral, el que nos va servir para revocar a la alcaldesa del municipio de Poopó, son libros notariados, tanto para iniciar como ahora, que ya hemos terminado”, informó Florencio Uscamaita, presidente del Control Social.

Por su parte, Rudy Huayllas, presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Oruro, confirmó que los promotores del trámite de revocatorio contra la alcaldesa del municipio de Poopó “han presentado los libros dentro del plazo establecido y en Sala Plena serán revisados si cumplen los requisitos”.

CHUQUISACA

En tanto, Gunar Vargas, vocal del TED de Chuquisaca, informó que a pesar de los problemas sociales, que en estos días está predominando en el departamento, el TED dispuso los ambientes del Serecí del municipio de Monteagudo para facilitar la entrega de libros, y los promotores también fueron notificados al respecto.

“Por los conflicto que se han presentado en el departamento y por la imposibilidad de transitar desde Monteagudo hasta la ciudad de Sucre, se ha instalado los ambiente del Servicio de Registro Cívico (Serecí) para que el 6 de mayo, presenten los respectivos libros los promotores”, informó Vargas.

Sin embargo, a pesar de haber dado facilidades a los promotores del revocatorio contra Tito Ronald Aramayo Carballo, alcalde de Monteagudo, no presentaron, según la autoridad del ente electoral.

“También se comunicó a la Directora Regional del Servicio de Registro Cívico de Monteagudo, que reciba los libros que presenten los promotores del trámite de revocatorio, pero según informe no presentaron”, afirmó Vargas.

PANDO

De igual forma debían haber presentado los libros de adhesión de ciudadanos que apoyan la iniciativa de revocatorio contra concejales y una asambleísta territorial de Bolpebra, Pando, pero según informe no presentaron por lo que corresponde archivar obrados, según la autoridad electoral del departamento pandino.

“Al no haber presentado los libros de adhesión contra Esther Aguilar Roca (asambleísta) y su suplente asimismo contra los cinco concejales, queda archivado el trámite, porque no cumplieron este domingo 6 de mayo”, informo René Zambrana, presidente del Tribunal Electoral Departamental de Pando.

POTOSÍ

En el departamento de Potosí debían presentar los libros de adhesión contra el alcalde Artemio Mamani Characayo del municipio de Llallagua, la promotora era Maribel Inca Coyo.

“No se entregaron los libros contra el alcalde Artemio Mamani, por lo que se archiva el trámite, sin ninguna opción de ampliar o dar un tiempo adicional, porque debemos cumplir la normativa y los promotores tienen su plazo también para cumplir”, informó Carlos Colque, presidente del Tribunal Electoral Departamental de Potosí.

Pese a la inconstitucional MAS insiste en repostular a Evo Morales

A pesar del voto del soberano, que en el referéndum del 21 de febrero de 2016 rechazó la intención del MAS de repostular a Evo Morales por tercera vez consecutiva, el oficialismo baraja ya los nombres de posibles acompañantes del líder cocalero, dado que Álvaro García anunció varias veces que no volverá a acompañar a Morales en las elecciones de 2019.

Ayer, después de una reunión entre el vicepresidente Álvaro García y dirigentes de las organizaciones sociales de la Coordinadora Nacional para el Cambio (Conalcam), que es afín al MAS, los representantes de dichos grupos afirmaron que analizarán posibles nombres para postular a la Vicepresidencia. La candidatura del MAS a la Presidencia es tema que no tiene discusión.

La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, la Confederación de Mujeres Bartolina Sisa y el vicepresidente del Movimiento al Socialismo coincidieron que en el congreso del oficialismo, en diciembre, podrá plantearse algunos nombres de nuevos candidatos.

Las organizaciones no están seguras si García Linera cambiará su postura, es decir, de no ir como candidato a la Vicepresidencia en las elecciones nacionales de 2019, por lo que los movimientos sociales pueden analizar otros nombres de posibles aspirantes, como ya anunció la COB.

“En diciembre se realizará el congreso nacional del MAS. Seguramente habrá propuestas de diferentes sectores, puede ser que se tome una decisión o se siga analizando y recibiendo propuestas para definir quién será el acompañante del presidente”, declaró el vicepresidente del MAS, Gerardo García, según la agencia ANF.

Acotó que el debate sobre otros candidatos a la Vicepresidencia “no está cerrado”, que “respetan” la decisión de García, de bajar a las bases para fortalecer políticamente a las organizaciones sociales y que en su momento se decidirá quién acompañará a Morales.

El segundo hombre del MAS añadió que ve con bueno ojos el perfil del agente ante la Corte Internacional de Justicia, Dr. Eduardo Rodríguez. “Yo creo que sería una buena salida, no tengo inconveniente siempre y cuando todos los sectores sociales acepten y también el presidente”, sostuvo.

En tanto que el ejecutivo de los campesinos, Jacinto Herrera, dijo que máximo entre diciembre y enero de 2019 se deben tomar decisiones sobre el candidato vicepresidencial. “Sí, será un congreso en el que se tomen decisiones rumbo a las elecciones de 2019”, expresó.

Los campesinos no se cierran a analizar otros nombres, Herrera dice que existen dos situaciones en este contexto; primero, que las organizaciones presenten sus propios candidatos y, por otro lado, que cualquier candidato tiene que ser de “consenso”.

Para el representante campesino todos pueden ser aspirantes, pero que se debe garantizar que el candidato “sume votos y no reste votos”, es por eso que el tema es de análisis y de reflexión.

La secretaria ejecutiva de las “Bartolinas”, Segundina Flores, declaró que no hay duda que Evo Morales será su candidato a la presidencia, por lo que el tema no está en debate, como pretende posicionar la oposición.

“Vamos conversando cómo se ha pronunciado la COB, tenemos un pacto de la unidad y vamos a analizar para decidir cómo iremos a las elecciones de 2019. Vamos a estar analizando internamente”, señaló la dirigente.

Las “Bartolinas” también analizarán la posibilidad de que sea una candidata mujer. “Y eso también está en la tarea (de analizar), vamos a pensar, puede ser una mujer”, comentó.

Las candidaturas de Morales y García son cuestionadas legalmente, porque sería su cuarta postulación, cuando la Constitución Política del Estado habla de la reelección por una sola vez de manera continua, además porque el 21 de febrero de 2016 la población ratificó que No pueden repostular.

DATOS

- En el referendo del 21 de febrero de 2016 (21F), el No se impuso con 51.3% y el Sí obtuvo 49%. Según la Ley 026, el resultado de la consulta popular es vinculante y de cumplimiento obligatorio.

- CPE Artículo 168: “El periodo de mandato de la Presidenta o del Presidente y de la Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado es de cinco años, y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua”.

Conflicto por Incahuasi causa fricción en el MAS

El conflicto por las regalías del campo gasífero de Incahuasi y la delimitación de límites entre Chuquisaca y Santa Cruz ocasionó fricciones en el interior del Movimiento al Socialismo (MAS). La diputada supraestatal Flora Aguilar aseguró que la presidenta de esa Cámara, Gabriela Montaño, quien también es representante de Santa Cruz, presionó para que se apruebe la Ley 051.

“La norma ingresó a tratarse en la Cámara de Senadores, y los que estaban al frente de la Comisión de Constitución eran representantes de Santa Cruz. Lo mismo ocurrió en la Cámara de Diputados porque la presidenta (Gabriela Montaño) es cruceña”, indicó Aguilar, quien es diputada representante por el departamento de Chuquisaca.

En respuesta, Montaño aclaró que en ningún momento hizo declaraciones con respecto al conflicto que se generó entre ambas regiones por las regalías del campo gasífero. Aseguró que el proyecto de Ley 051 de Límites entre Santa Cruz y Chuquisaca fue tratado conforme a la norma interna del Legislativo.

“He tenido una actitud muy cautelosa y muy respetuosa con ambos departamentos. No hubo una sola declaración mía que intente afectar los intereses de ninguno de los dos departamentos. He sido sumamente cautelosa”, aseguró Montaño y agregó que la solución del conflicto entre ambos departamentos pasa por el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional y el cumplimiento de los resultados técnicos del nuevo estudio que plantea el TCP.

OBSERVACIONES

El 25 de abril, el proyecto de ley fue tratado por la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, instancia que estaba presidida por la senadora Adriana Salvatierra, también representante del departamento de Santa Cruz. En esa oportunidad, los legisladores de la Capital del Estado criticaron el accionar de Salvatierra, quien no quiso aceptar una carta enviada por el gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizu, en la que solicitaba evitar el tratamiento de la norma.

Tras su aprobación, horas más tarde se convocó al pleno del Senado para tratar el tema donde fue sancionado y remitido a la Cámara de Diputados, instancia donde también fue debatido con rapidez.

Tomando en cuenta ese contexto, Aguilar afirmó que no existía la urgencia para que la norma sea aprobada, a la vez denunció que la documentación de la ley en cuestión y los informes respectivos no fueron distribuidos a los legisladores con 24 horas de anticipación, tal como lo establece el reglamento de la Asamblea Legislativa.

VICEPRESIDENTE GARCÍA

El presidente en ejercicio, Álvaro García, fue contundente con sus declaraciones al señalar que ninguna movilización de algún departamento llevará al Gobierno a modificar los límites.

“Como Gobierno nosotros no vamos a incluir ni modificar ni negociar ningún límite. Los límites no se negocian políticamente, los límites no son elásticos para jalarlos por la amistad, compañerismo, los límites son cosas que han sido escritas en muchos casos por nuestros abuelos”, dijo.

En esa línea, instó a los chuquisaqueños a esperar el estudio técnico para determinar la ubicación geográfica del campo gasífero de Incahuasi, encargado a YPFB, que se conocerá hasta el próximo lunes.

CONFLICTO

Al momento, Chuquisaca se encuentra paralizada, las organizaciones cívicas de ese departamento decidieron ingresar en un paro indefinido desde el pasado 30 de abril, exigiendo que se respete la sentencia constitucional que emitió el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que determinaba el congelamiento del pago de las regalías a Santa Cruz del campo gasífero y la realización de un nuevo estudio.

En las últimas horas, la Asamblea de Instituciones de la capital del Estado determinó rechazar la propuesta del Gobierno que se enmarcó en cuatro puntos específicos: la ratificación del cumplimiento de la sentencia que congela las regalías de ese yacimiento para Santa Cruz y la realización de un nuevo estudio de ubicación.

SANTA CRUZ

Por otra parte, mañana jueves se realizará la Asamblea de la Cruceñidad donde se asumirán medidas de presión para defender su territorio y las regalías del campo gasífero.

Además que la Gobernación de Santa Cruz presentó un recurso legal exigiendo a las autoridades habiliten las cuentas de Incahuasi y que se cumpla el fallo del juez Alberto Guzmán que descongeló el pago de las regalías.

Chuquisaca cumple el décimo día de paro indefinido y movilizaciones en defensa de las regalías de Incahuasi.

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05 mayo 2018

02 mayo 2018

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Jaime Solares “Bolivia vive una crisis sindical”

El exdirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Jaime Solares, aseguró que en el país existe una “crisis sindical” con dirigentes que cuidan más los intereses del actual Gobierno que de los trabajadores, lo que refleja su falta de formación.

“Vivimos esa crisis de ignorancia, esa crisis de mediocridad que viven los dirigentes, quienes creen que solo se debe velar el salario o tenemos, por otro lado, un sector de los mineros que solo quieren obtener casas y autos, o sea están en una actitud conservadora”, aseguró Solares en contacto con EL DIARIO.

Solares hizo un análisis a los anuncios del Gobierno central que aprobó ayer el incremento salarial, doble aguinaldo y la Ley de Empresa Sociales, medidas que calificó como un “arreglo entre partes”: COB y Gobierno.

“El incremento salarial es un arreglo entre partes: la COB y el Gobierno, y este ha domesticado a los sindicatos, es como se hace con los animales domésticos, hay que criarlos para que sean a nuestra manera simplemente, con el pan y se van a conformar y esto es muy grave”, protestó Jaime Solares.

En ese sentido, considera que el Gobierno cada vez pierde más credibilidad porque cada vez les miente a los trabajadores bolivianos y solo ellos nombran a los dirigentes de la COB, según el exdirigente que calificó al oficialismo como “discriminador”.

“El Gobierno habla de igualdad cuando él mismo discrimina a una gran parte de la sociedad, como son los jubilados, está acostumbrado, siempre, a mentir porque es un gobierno hipócrita, seguramente su militante que es Juan Carlos Huarachi, a quien nombró el propio Gobierno, no tiene una conciencia clara para decirle al Gobierno lo que piensan los trabajadores”, señaló.

Entonces, en esa línea, comentó Solares, que el actual ente sindical no es confiable porque su rol se ha reducido al tema salarial y se olvidó del horizonte obrero, definido en la COB histórica.

Masifican medidas en Sucre

Las organizaciones sociales de Chuquisaca, que se declararon en paro cívico indefinido desde el mediodía de ayer, masificaron en las últimas horas sus protestas en defensa del campo gasífero Incahuasi y exigen que no se promulgue la Ley de Límites con Santa Cruz.

Los chuquisaqueños, en el Día del Trabajo, protagonizaron marchas de protesta en la ciudad de Sucre, donde la movilización fue encabezada por la Central Obrera Departamental y la Universidad San Francisco Xavier.

El dirigente cívico Roberto Balderas dijo que las manifestaciones también se registran en otros sectores del departamento.

“(Los) pobladores de Macharetí instalaron desde esta mañana el bloqueo en la carretera (a Santa Cruz) a través de su comité cívico y juntas vecinales. Y los pobladores de Villa Serrano igualmente están iniciando con las movilizaciones”, afirmó.

Agregó que Padilla y Camargo resolvieron sumarse desde el miércoles a las medidas de presión con la instalación de nuevos piquetes de huelga de hambre y bloqueo de vías.

Asimismo, de acuerdo con el reporte de medios locales de comunicación, el transporte pesado definió cerrar todos los accesos a Sucre.

En tanto, Vladimir Peña, secretario de Gobierno de la Gobernación de Santa Cruz, reaccionó indignado por esa decisión y ratificó que detrás de todo el conflicto de Incahuasi está la administración de Evo Morales.

“No puede ser que el Gobierno ordene a la justicia para no cumplir un fallo, entonces esto es terriblemente preocupante para Santa Cruz, estamos ante una situación inédita, ante una acción extorsiva por parte del Gobierno contra Santa Cruz que se encuentra privado de sus recursos (regalías)”, aseveró.

Conflicto por Incahuasi Huelguistas exigen veto a ley de límites

Las medidas de presión contra el Gobierno central, en especial la huelga de hambre de los parlamentarios del departamento de Chuquisaca continuará hasta que el Ejecutivo suspenda la Ley 051 de límites con Santa Cruz, aseguró la legisladora de oposición, Lourdes Millares (UD). La medida extrema cumple su séptimo día en el Legislativo.

“El presidente Morales en uso de sus atribuciones debe vetar la Ley 051/2018 y el pedido es que el Viceministro de Autonomías, recién posesionado, abra la conciliación sobre los 120 vértices que hacen al límite entre los departamentos de Santa Cruz y Chuquisaca”, afirmó Millares.

Consideró en su análisis, que el mismo Gobierno cometió errores a partir de sus propias autoridades.

“Hay una serie de torpezas y errores, en el manejo de este conflicto interdepartamental, porque en enero, el exministro René Martínez saca una resolución en la que dice que los límites están resueltos, luego llega Rada y anula la resolución de Martínez pero empiezan las presiones del poder político y Rada dice que los límites son precisos”, manifestó Millares.

En ese marco, Millares espera que la demanda, anunciada por el Ministro de Justicia, sea en los mismos términos que ella presentó el lunes (30), ante el Consejo de la Magistratura.

“En uso de mis atribuciones, he presentado al presidente de la Magistratura, Gonzalo Alarcón Aliaga, la denuncia contra el juez del Tribunal de Garantías de Santa Cruz, el doctor Juan Alberto Guzmán, lo he denunciado por prevaricato y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes y esperemos que el Ministro de Justicia comparta este criterio”, aseguró.

Por lo que será establecer un precedente con relación a una flagrante vulneración de una sentencia del Tribunal Constitucional, según la diputada Millares.

ARMINDA DURÁN

Por su parte, al igual que su colega Lourdes Millares, la diputada suplente por Chuquisaca, Arminda Durán (MAS), aseguró que la huelga no será levantada hasta que el presidente Evo Morales, vete la Ley 051/2018.

“No queremos que tarde muchos el Presidente sobre el veto a la ley, porque no está bien, tiene que verificar bien los colegas (Diputados y Senadores) y sepan reconsiderar el trabajo que ellos han hecho”, manifestó Duran.

Sobre los cambios en el Viceministerio de Autonomías y la decisión del Ministro de Justicia cree que es un avance a favor de los chuquisaqueños.

“Se está tomando en cuenta nuestras preocupaciones y eso nos conforma, aunque hizo mucho daño el viceministro Siles pero queremos ponderar el trabajo del Ministro de Justicia porque no podemos seguir sufriendo los chuquisaqueños porque para eso son autoridades, para solucionar los problemas”, dijo Durán.

Conflicto por campo Incahuasi logra cambios en Autonomías

El ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, posesionó ayer a Gonzalo Vargas Rivas como nuevo viceministro de Autonomías, en reemplazo de Hugo Siles que, por la presión de los chuquisaqueños, renunció a su cargo.

Este cambio de autoridad se registra en medio de un conflicto latente entre Santa Cruz y Chuquisaca por el campo gasífero Incahuasi. En más de una ocasión, sectores en conflicto cuestionaron a Siles a quien acusaron de parcializarse a favor de intereses cruceños.

A principios de este mes, el propio gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizu, a tiempo de ratificar que nunca participó de un proceso de conciliación del tema limítrofe, pidió la salida de Siles por supuestamente parcializarse con Santa Cruz.

Rada aseguró que Hugo Siles presentó su renuncia y se está designando a una nueva persona en el cargo para mantener una característica del Gobierno, que es coordinar de manera “fluida, abierta y muy sincera con los sectores sociales y todas las regiones”.

“Es una característica que hay que mantener y preservar, puesto que no es suficiente con tomar decisiones o tener buenas intenciones, porque si esas decisiones e intenciones no son comunicadas, coordinadas, informadas y no son socializadas como corresponde, a la larga pueden generar conflictos”, sostuvo.

Vargas tiene una larga trayectoria en gestión pública en materia de autonomías porque trabaja desde hace varios años en este campo laboral.

Es chuquisaqueño de nacimiento, pero según Rada refleja la interrelación entre departamentos.

“Porque habiendo nacido en un departamento, muchos se forman académicamente en otro departamento y luego desarrollan su tarea profesional en otro departamento, es el caso del compañero Vargas, él nació en Chuquisaca, vivió bastante tiempo en Potosí, más tiempo en Cochabamba y desde hace varios años está en La Paz”, remarcó.

Por su parte, la nueva autoridad señaló que hará lo “posible porque se genere mayor cohesión territorial, mayor cohesión social entre las entidades territoriales y la población que la habita para consolidar el modelo de Estado Plurinacional”.

SILES

En tanto, el exviceministro Hugo Siles afirmó que su renuncia es para evitar que crezcan los conflictos en Chuquisaca. Aseguró que su trabajo siempre se enmarcó en la legalidad.

“Mi decisión es personal alusiva a los conflictos que se están dando en Chuquisaca. Espero que sirva, porque eso es lo que se estaba pidiendo, pedían mi renuncia de forma reiterada las autoridades de la capital, y bueno, he asumido dar un paso al costado precisamente para evitar que existan mayores conflictos”, afirmó Siles a El Deber digital.

“Nosotros como cartera de autonomía, hemos aplicado la Ley 3339, y en ese marco hemos conducido de forma conciliatoria la delimitación interdepartamental entre Chuquisaca y Santa Cruz. El trabajo técnico es absolutamente legal y de ninguna manera tendría uno que arrepentirse del trabajo realizado”, agregó la exautoridad.

Siles nació en La Paz, pero tiene más cercanía por Santa Cruz donde fue concejal electo por el municipio de Santa Cruz de la Sierra (2010 - 2014), y se desempeñó como oficial mayor de Coordinación de dicho municipio (2001- 2005).

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01 mayo 2018

Beneficio a personas con discapacidad Sólo 18 alcaldías pagan el bono

De los 87 municipios del departamento de La Paz, hasta la fecha, sólo 18 iniciaron el pago del bono de 250 bolivianos a personas con discapacidad grave y muy grave, informó la secretaria departamental de Desarrollo Social y Comunitario de la Gobernación de La Paz, Beatriz Zegarrundo.

“El Comité Departamental de la Persona con Discapacidad (Codepedis) realiza un seguimiento constante a los municipios para evidenciar si el pago del bono de discapacidad, pero es un porcentaje muy bajo”, manifestó.

Zegarrundo señaló que muchos municipios presentaron dificultades en lo que refiere a los reajustes presupuestarios que requiere el pago del bono, debido a que esta gestión sería la primera vez que entró en vigencia la Ley 977.

La Ley 977 de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad fue promulgada en septiembre de 2017 y establece que las instituciones públicas y privadas deben cumplir con la inserción laboral y los gobiernos autónomos municipales con el pago del beneficio económico.

La autoridad afirmó que en algunos municipios se tiene previsto iniciar con el pago a partir de mayo, debido a que se estaría consolidando convenios con ciertos bancos financieros para que el sector de discapacidad pueda realizar los cobros del beneficio.

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Chuquisaca en paro cívico indefinido

El Comité Cívico de Chuquisaca determinó desde el mediodía de ayer, ingresar en un paro cívico indefinido con bloqueo de caminos interdepartamental y provincial. A la vez, reforzarán la huelga de hambre de los diferentes sectores en protesta por la supuesta parcialización del Gobierno con Santa Cruz en el conflicto limítrofe por el campo gasífero Incahuasi.

“Se ha determinado llevar el paro cívico indefinido a partir del mediodía de este lunes (ayer), con bloqueo de caminos que nos conectan con otros departamentos y provincias, se van a masificar los piquetes de huelga de hambre. (Hoy) se ha determinado realizar una movilización con todos los trabajadores rechazando las acciones del Gobierno en contra del pueblo chuquisaqueño”, indicó el secretario ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD), Carlos Salazar.

A la vez se instalaron al menos cuatro piquetes de ayuno voluntario, tres en Chuquisaca que están lideradas por los asambleísta departamentales Manuel Alfaro y Eusebio Cordero, además de la concejala Juana Maldonado.

En la Asamblea Legislativa está otro grupo de parlamentarios que decidió asumir esta medida. Son cinco legisladores, tres diputados suplentes del Movimiento al Socialismo (MAS); Arminda Duran, Epifania Centeno y Francisco Gutiérrez; y dos titulares de oposición; Yesenia Yarhui y Lourdes Millares.

Estas medidas surgen a raíz de que el jueves 26 de abril, el juez de garantías Alberto Guzmán determinó, en la audiencia de acción de cumplimiento, descongelar el pago de regalías del campo gasífero Incahuasi a favor de Santa Cruz en un plazo de cinco días, por un fallo constitucional a raíz de una demanda de las autoridades de Chuquisaca.

MEDIDAS

Varias instituciones públicas se sumaron a la convocatoria de la COD, la Federación de Trabajadores de Educación Urbana, el Sindicato de Trabajadores de la Universidad de San Francisco Xavier, el Comité de Defensa de los Intereses de Chuquisaca ( Codeinca), la Federación Universitaria Local y los transportistas sindicalizados.

Estas mismas instituciones decidieron apoyar la marcha convocada para hoy a partir de las 09.00, que partirá desde la calle Calvo y Bolívar. En las resoluciones de las instituciones también se les pide estar prestos para acatar otras medidas de presión que se definirán a futuro.

La diputada de Unidad Demócrata (UD), Lourdes Millares, indicó que presentó una denuncia en el Consejo de la Magistratura (CM) contra el juez de garantías, Alberto Guzmán, para que pueda iniciar las investigaciones necesarias por la vía administrativa y penal esperan que se determinen sanciones contra la autoridad.

ESTUDIO

Por último, la diputada indicó que también se vulneró la resolución 1160/2017 del 15 de septiembre de 2017 del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que determinó la realización de un nuevo estudio para certificar la ubicación del campo gasífero de Incahuasi, anteriormente anunciado por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

Carta post mortem de Luis García Meza Banzer y Arce son responsables de la muerte de Marcelo Quiroga

El general Luis García Meza dejó una carta póstuma en la que responsabiliza de la muerte del dirigente del Partido Socialista (PS-1), Marcelo Quiroga Santa Cruz, al exmandatario Hugo Bánzer Suárez, Víctor Paz Estenssoro y a su exministro de Gobierno, Luis Arce Gómez.

“Cuando escogen la fecha para el golpe de 1980, lo hacen el doctor Víctor Paz Estenssoro y Hugo Banzer Suárez, ellos dirigen la acción contra la COB, en el cual muere un amigo de infancia Marcelo Quiroga Santa Cruz. Por orden de Hugo Banzer Suárez y Luis Arce Gómez lo mandan a matar y por orden de Banzer Arce Gómez debía matarme…”, señala parte de la carta de seis páginas que dejó el general Luis García Meza.

El expresidente de facto (1980-1981) falleció la madrugada del domingo por un “choque séptico de tipo pulmonar” y “neumonía intrahospitalaria” que se agudizó con tres paros cardiorrespiratorios y una “falla orgánica múltiple” que devino en un cuarto golpe a su corazón.

LA CARTA

La última voluntad del exmandatario fue dar a conocer el contenido de dos cartas, una para la opinión pública y la segunda dirigida a sus hijos; las misivas estaban a cargo del abogado Frank Campero, quien lo asesoró en los últimos cinco años. El jurista dio lectura a la carta donde devela estos detalles.

Según el manuscrito de García Meza puntualiza que el expresidente Banzer lo visitaba con insistencia en su domicilio para pedirle que lidere el golpe militar porque “le tenía horror y miedo atroz al Juicio de Responsabilidades que le inició y continuaba Marcelo Quiroga Santa Cruz, cuando me encontraba como Comandante del Colegio Militar, lo tenía que soportar en mi casa mañana, tarde y noche”.

DESAPARECIDOS

En la carta no señala la ubicación de los restos de Marcelo Quiroga Santa Cruz y de los tres desaparecidos durante el régimen dictatorial. Sin embargo, en marzo de 2015 indicó que estaría en la hacienda de San Javier en Santa Cruz, propiedad de Hugo Banzer Suárez.

“Lucho Arce (en referencia a su exministro Luis Arce Gómez) me dice hemos tenido una baja. ¿Y quién es la baja? Marcelo Quiroga Santa Cruz. Me dejó seco, yo estaba en el comando de Ejército. Quien lo conocía bien a Marcelo Quiroga el suboficial El Killer (Froilán Molina), ese Killer es quien lo sacó hasta el descanso y ahí le metió dos balazos (a Marcelo) y Lucho Arce le metió un balazo en la rodilla. Él se ha hecho cargo de Quiroga sin que nosotros sepamos, se ha hecho cargo de los restos de Marcelo”, contó en esa oportunidad.

En 2010, Arce Gómez reveló a través de sus abogados que el piloto de la nave que llevó a Santa Cruz en julio de 1980 los restos de Quiroga Santa Cruz fue edecán de Banzer Suárez.

La investigación realizada por Alberto Costa Obregón, juez del Juzgado Tercero de Instrucción en lo Penal, señaló que los restos del líder socialista nunca salieron de las instalaciones del Estado Mayor, esa teoría fue obtenida tras los resultados de las pericias realizadas a una de las fotografías tomadas al cuerpo de Quiroga Santa Cruz y otras valoraciones que se hicieron.

COMISIÓN DE LA VERDAD

En agosto del 2017, el presidente Evo Morales posesionó a Nila Heredia, Édgar Ramírez, Eusebio Gironda, Isabel Viscarra y Teodoro Barrientos como miembros de la Comisión de la Verdad para esclarecer los delitos de lesa humanidad durante los regímenes de la dictadura militar 1964 y 1982.

Campero señaló que tras la posesión de las personalidades se envió una nota para que se pueda convocar al general García Meza y aclara las versiones sobre la desaparición de Quiroga Santa Cruz y otras personas más, pero nunca fueron convocados por esta comisión.

“Me contó algo más pero que el pueblo boliviano no merece saber porque han sido muy duros con él. En un momento les hemos pedido sentarnos a dialogar y sepamos bien las cosas, lastimosamente son aquellas cosas que me contó, pero no me autorizó para hacerlo público, se lo llevó a la tumba y también me lo llevaré a la tumba”, dijo el abogado.

Hasta el cierre de edición de esta nota no se conoció ninguna comunicación oficial de la Comisión de la Verdad, el director jurídico de esa instancia señaló que en horas de la tarde de ayer se conocería un pronunciamiento oficial, el cual no se efectivizó.

Día antes, Teodoro Barrientos, miembro de la Comisión, dijo a un medio cruceño que debía entrevistar a García Meza para intentar recabar información sobre los desaparecidos durante su período dictatorial. Pese a su deceso, las indagaciones sobre los 13 meses de Gobierno del militar seguirán.