Los abogados del alcalde de Cochabamba, José María Leyes, presentaron este martes un memorial para apelar la resolución del juez Luis Fernando Pérez, quien determinó la detención domiciliaria y prohibición para acercarse a la Alcaldía para su cliente por el caso mochilas chinas.
Los dos juristas de la autoridad llegaron hasta la selección plataforma de Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, afín de cumplir con el plazo estipulado para presentar la apelación con el que se busca que reasuma sus labores como alcalde.
“Estamos presentando un memorial fundamentado para que se dejen sin efecto las medidas a la detención preventiva del alcalde Leyes”, informó el jurista Alberto Trigo en contacto con los medios.
El pasado fin de semana, el juez Pérez determinó la detención domiciliaria, arraigo y una fianza para leyes por el caso del supuesto sobreprecio de Bs 10 millones de mochilas escolares chinas. Además, el burgomaestre está prohibido de asistir a dependencias de la alcaldía y de tomar contacto con los funcionarios municipales, hecho que le impide asumir sus labores y abre la posibilidad de que se nombre a un alcalde interino.
El abogado Trigo señaló que su cliente “ha demostrado tener todos los elementos para que se proceda con su libertad irrestricta”.
Además, Andrea Trigo, otra jurista de Leyes, aseguró que el objetivo es que autoridades judiciales superiores tomen este caso y sean estos los que determinen que su cliente se defienda en libertad.
“En este caso pedimos que los vocales de alguna de las salas penales del tribunal departamental sean quienes restituyan los derechos de nuestro alcalde. Definitivamente es un exceso y pedimos que no se coarten los derechos políticos del alcalde porque es nuestra autoridad legítima”, aseguró Trigo.
Según los juristas, el recurso que presentaron debe ser considerado por el juzgado y remitido a la sala penal de turno, por lo que en un plazo máximo de cuatro días se debe emitir la respuesta correspondiente.
El pasado fin de semana, el juez Pérez determinó la detención domiciliaria, arraigo y una fianza para leyes por el caso del supuesto sobreprecio de Bs 10 millones de mochilas escolares chinas. Además, el burgomaestre está prohibido de asistir a dependencias de la alcaldía y de tomar contacto con los funcionarios municipales, hecho que le impide asumir sus labores y abre la posibilidad de que se nombre a un alcalde interino. (ANF)
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