Debido a la forma en la que se desactivaron los 36 misiles chinos de las Fuerzas Armadas, Bolivia perdió “oportunidades” para acceder a capacitaciones sobre los avances en materia de defensa, indicó este domingo el procurador del Estado, Pablo Menacho.
La autoridad explicó que el protocolo legal que se suscribió con China para la compra de esos misiles establecía un mecanismo de mantenimiento y capacitación en favor de personal militar boliviano, no obstante, con la entrega de este armamento a EEUU para su desactivación, se dejaron sin efecto los beneficios que tenía Bolivia.
“Desde ese punto de vista, podría tener algún tipo de impacto en la adquisición de armamento bélico a futuro. Pero lo más grave es que (Bolivia) pierde la oportunidad de seguir capacitando a nuestro Ejército en el uso de este tipo de armamento disuasivo, que son los sistemas portátiles antiaéreos de defensa”, fustigó Menacho.
En contacto con La Razón, el Procurador lamentó que se haya dejado a Bolivia en una “indefensión material” y en una “desprotección jurídica”, porque la sentencia emitida el 31 de agosto, por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) “no consiguió la reparación necesaria” en favor del país, por lo que se activó el juicio de responsabilidades contra los magistrados.
Hace 12 años, una misión militar de EEUU acreditada en Bolivia desactivó 36 misiles HN-5A fabricados en China para las Fuerzas Armadas. Es así que se abrió una investigación por el delito de “traición a la patria”, cuya pena es de 30 años de cárcel sin derecho a indulto.
En consecuencia, se procesó a nueve personas, de las cuales el TSJ sentenció a siete con penas de dos y tres años de cárcel, entre ellos, Marco Antonio Justiniano, excomandante de las Fuerzas Armadas, y Marcelo Antezana, excomandante del Ejército; asimismo, los jueces absolvieron a dos de los acusados.
Poco después, el propio presidente Evo Morales calificó la determinación como una “sentencia benévola” para quienes regalaron misiles y se “sometieron a Estados Unidos”.
La pasada semana, Morales pidió activar un juicio contra el TSJ. El jueves, la Procuraduría y el Ministerio de Defensa se constituyeron en parte querellante y presentaron una proposición acusatoria ante el Legislativo.
“Estamos denunciando la actuación del Tribunal del Juicio de Responsabilidades bajo tres principales delitos: el de prevaricato, resoluciones contrarias a las leyes e incumplimiento de deberes”, informó Menacho este domingo a los medios. (12/09/2017)
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