Fue suboficial de la Policía y en 2012 lideró protestas por mejoras salariales y condiciones de trabajo de sus camaradas. Tres años después candidateó a la alcaldía de Achacachi por el MAS y salió vencedor, pero a un año y un poco más en el cargo su gestión fue cuestionada y se desató un conflicto que hasta el momento persiste entre los habitantes del área urbana y rural.
Ramos debió dar un informe de gestión y no lo hizo, lo que desató en febrero de este año una movilización alentada por el Comité Cívico de la provincia Omasuyos. Un bloqueo de caminos prolongado derivó en la quema de la vivienda y el vehículo de Ramos, además de otros destrozos en jornadas de violencia en la ciudad capital.
Los denominados Ponchos Rojos y aliados del alcalde reaccionaron y poco después ingresaron a la ciudad. Apedrearon viviendas y saquearon negocios en un hecho que terminó dividiendo a quienes viven en el centro y en las áreas rurales, aunque en las últimos días una fracción del área rural se sumó a las protestas en contra de la detención de los protagonistas del conflicto.
Desde febrero, Ramos no gobierna desde la sede de sus funciones, Achacachi. Los capitalinos no saben nada de Ramos aunque en la página de Facebook de la municipalidad hay fotografías de fines de julio en las que se ve al alcalde entregando obras en comunidades rurales, la más reciente un centro de salud.
El presidente del Comité Cívico, Elsner Larrazabal, demandó el martes al presidente Evo Morales la intermediación para allanar la destitución del edil que llegó a la silla municipal tras ganar con el 38,22% de los votos en las elecciones subnacionales de 2015.
“No sabemos nada, extraoficialmente nos han informado que estaría trabajando en El Alto, fuera de la jurisdicción, pero ha abandonado hace más de seis meses las instalaciones del Gobierno Municipal, hace más de seis meses que no tenemos alcalde, no hay ningún funcionario y prácticamente nos han abandonado como municipio”, dijo el cívico.
Sin gobierno edil, por lo menos en la sede oficial de sus funciones, la población volvió a una relativa tranquilidad que se rompió tras la detención del dirigente de la Federación de Juntas Vecinales Esnor Condori. Asistió a una entrevista en un medio de comunicación en La Paz y poco después fue capturado por su participación en los hechos de febrero.
El abogado del edil Américo Araníbar afirmó el lunes que Ramos cumple sus funciones con normalidad, aunque reconoció que desde el conflicto con las juntas vecinales no ha podido regresar a su despacho en el edificio de la Alcaldía.
“El alcalde municipal está trabajando, no ha suspendido su labor ni un día, ha seguido entregando obras y ha seguido canalizando proyectos a través del nivel central. Trabajó además en coordinar la parada militar”, señaló en alusión al acto que alista el Gobierno en la región para celebrar el 7 de agosto el Día de las Fuerzas Armadas.
Un paro y bloqueo exigió la liberación de Condori. La Justicia le otorgó detención domiciliaria y la protesta fue declarada en cuarto intermedio. En Achacachi fueron capturados el 28 de julio Pastor S. N. y Gonzalo L. Q., también por los hechos de febrero, lo que rompió el cuarto intermedio y reactivó las protestas y marcha que se trasladaron hasta la ciudad de La Paz.
Ambos también fueron beneficiados con detención domiciliaria y los dirigentes decidieron mantener el estado de emergencia y exigir la renuncia de Ramos.
Ramos, según el dirigente cívico, afronta cuatro juicios: uno por malversación de fondos e incumplimiento de deberes que auspicia la Fefuve; bajo el mismo tenor hay otros dos juicios que instalaron los concejales y otro que interpusieron los damnificados del conflicto.
“Ahí, claramente se adjunta pruebas sobre la malversación de fondos que estaría haciendo este alcalde y ¿cómo es posible que a la fecha ni siquiera se lo haya citado a declarar?. La justicia está actuando con parcialidad”, reclamó Larrazabal comparando la situación que viven los tres de tenidos en las últimas semanas.
El suboficial Ramos fue presidente de Asociación Nacional de Suboficiales, Sargentos, Clases y Policías (Anssclapol) y lideró las protestas de policías de base en contra del Gobierno por mejores sueldos y condiciones labores, además de la eliminación de una norma de régimen disciplinario y la jubilación con el 100% de su salario.
Las protestas se extendieron por diez días y en todo el país se sumaban más efectivos, que ni la propia cúpula policial podía detener. Cuando la tensión crecía, el dirigente anunció la firma de un acuerdo con el Gobierno que no reconocía la mayoría de las demandas.
En ese ínterin, la otrora representante de las esposas de policías, Guadalupe Cárdenas, había advertido que tras la firma del acuerdo frustrado le habían “ofrecido” ser candidato a la Alcaldía de Achacachi en las próximas elecciones subnacionales. Así lo reflejaron los medios.
“El suboficial Ramos estaba muy ligado al Gobierno, tengo entendido que le ofrecieron la alcaldía de Achacachi si firmaba el acuerdo, que diga la verdad y cuanto le dieron”, señaló la dirigente, quien el año pasado fue procesada y encarcelada por protestas similares.
No obstante, Ramos siguió fungiendo como dirigente de los uniformados hasta mediados de 2013, cuando se reactivó el conflicto con el llamado a una huelga “de brazos caídos”. En septiembre de ese año, una nueva dirigencia firmó un acuerdo con el Gobierno y Ramos dejó el escenario público.
Su reaparición se dio en la campaña para las elecciones del 29 de marzo de 2015 y , según cuentan los comunarios del lugar, estuvo reforzada por el oficialismo, que comprometió obras a cambio del respaldo electoral.
En su declaración jurada a la Contraloría, consignada el 25 de mayo de 2017, Ramos declaró un patrimonio neto de Bs 2.231.000, unos $us 320.000.
“El gobierno central tiene que entender que si este señor se aparta como alcalde municipal terminan los conflictos en Achacachi”, sentenció Larrazabal. (02/08/2017)
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