31 agosto 2017

Evo viaja a Perú para el III Gabinete Binacional


El presidente Evo Morales partió el jueves por la tarde rumbo a la ciudad peruana de Lima para participar, el viernes, del tercer Gabinete Binacional Bolivia-Perú, que pretende acelerar la integración férrea y marítima de la región.

El jefe de Estado partió del aeropuerto internacional de El Alto, a las 17:15, en el FAB-001, junto al ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Cesar Cocarico.

Según la agenda oficial, Morales tiene previsto asistir en las próximas horas al partido de fútbol entre las selecciones de Perú y Bolivia, que se jugará en Lima por la fecha 15 de las clasificatorias al Mundial de Rusia 2018.

El viernes, antes de instalarse el tercer gabinete, sostendrá una reunión privada con su homólogo peruano Pedro Pablo Kuczynski.

El gabinete binacional analizará avances de acuerdos y compromisos en materia ambiental, de seguridad y defensa, desarrollo productivo, integración física y políticas sociales.


Conflicto de Achacachi rebasa competencia municipal


LAS “MUJERES DE ACHACACHI” PERNOCTARON FRENTE AL PALACIO DE JUSTICIA Y ANUNCIAN QUE PERMANECERÁN EN EL LUGAR.

El conflicto de los pobladores de Achacachi rebasó la competencia municipal, los pobladores movilizados exigen al Gobierno central la dimisión del alcalde Edgar Ramos. Entretanto, el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, afirmó que el Ejecutivo no puede obligar a renunciar al cuestionado Alcalde.

En el tercer día de vigilia de las “Mujeres de Achacachi”, el delegado de huelga, Edgar Maydana, afirmó que pasaron siete meses desde que Ramos dejó ser Alcalde de Achacachi, abandonó la población sin dar su informe de “Rendición Pública de Cuentas” por la gestión pasada. Por tanto, “no hay nada que hablar” con la cuestionada autoridad, reiteró.

“Con el señor Edgar Ramos, no hay nada que dialogar, porque para los achacacheños dejó de ser Alcalde desde febrero, cuando junto a David Tezanos comandaron los saqueos, las quemas y destrozos en la población. Aquí la justicia tiene que sacar su fallo”, dijo que en el punto de vigilia está instalado en las calles Potosí - Genaro Sanjinés.

En ese sentido, el dirigente afirmó que la salida al conflicto está ligada a un diálogo con las más altas autoridades del Gobierno, además de iniciar un juicio de responsabilidades en contra de Ramos, por presuntos delitos de corrupción.

“Con ellos sí podemos dialogar, con la condición de liberar a los tres detenidos, además de enjuiciar a Edgar Ramos y David Tezanos, porque hay pruebas de flagrancia, fotografías que demuestran su participación en los hechos de febrero”, afirmó.

Entretanto, el ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico, rechazó cualquier posibilidad de dialogar con autoridades del Gobierno central, por considerar que el conflicto debe solucionarse en el nivel municipal.

“No van a lograr fácilmente que renuncie el Alcalde (Edgar Ramos), una cosa es tener una relación de compañero, donde puedes hablarle para que actúe de una determinada forma, lo que no puedes hacer es obligarle al compañero. En este caso, nosotros públicamente hemos sugerido al Alcalde que actué de forma apropiada, pero después de esta sugerencia es su voluntad”, dijo Cocarico en conferencia de prensa.

VIGILIA

Entretanto, las mujeres de Achacachi decidieron mantener la vigilia en inmediaciones del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, exigiendo la renuncia de Ramos Laura.

Las mujeres también exigen la libertad del presidente de la Junta Vecinal, Esnor Condori, quien guarda detención preventiva en la cárcel de San Pedro y de los dirigentes Gonzalo Layme y Víctor Salas.

“No vamos a decir dónde vamos a bloquear, pero seguiremos en la sede de Gobierno. No nos vamos a ir de La Paz”, declaró la dirigente Violeta Casas.

Muy temprano, un grupo de mujeres de la población de Achacachi se movilizó hasta inmediaciones del edificio de la televisora Unitel, ubicado en la zona de Miraflores, para tratar de encontrar al alcalde de ese municipio, Édgar Ramos, que minutos antes ofreció una entrevista en ese medio. Empero, Ramos abandonó el inmueble momentos antes de que llegue el grupo de mujeres.

“Estábamos descansando y nos hemos enterado que el Alcalde estaba en Canal 2 (Unitel, La Paz), apenas nos enteramos que estaba hablando nos hemos levantado y hemos venido”, dijo Giovanna Laime, una de las manifestantes.

ALCALDE RAMOS

En declaraciones públicas a medios televisivos locales, el alcalde Ramos aseguró que el proceso revocatorio es la salida al conflicto y pidió que presenten pruebas de los supuestos actos de corrupción que se le atribuyen. “No puedo aceptar la renuncia ni siquiera me están probando indicios, pero algunos expresan que el Alcalde es un corrupto. Incluso dicen que estoy fuera del país, pero yo no tengo que escapar de nada, yo tengo que demostrar, tengo que dar la cara para poder aclarar”, dijo en la entrevista a Unitel.

Asignarán presupuesto a Comisión de la Verdad

El Gobierno prepara un decreto supremo para la asignación de presupuesto para la Comisión de la Verdad, encargada de investigar dictaduras militares entre 1964 y 1982, informó el Ministro de Justicia, Héctor Arce.

“Juntamente con ellos (los miembros de la Comisión) se ha trabajado un presupuesto que importa una cantidad de funcionarios. En función de ello se ha presentado un proyecto de Decreto Supremo que esperemos que la próxima semana sea aprobado, que les va dar a ello un margen de apoyo técnico importante para su funcionamiento”, declaró Arce al término de la reunión de gabinete en Palacio de Gobierno.

La comisión fue posesionada el 21 de agosto pasado por el presidente Evo Morales y está integrada por Eusebio Gironda, quien fue asesor de Morales; la exministra de Salud Nila Heredia, el exdirigente de la Central Obrera Boliviana Édgar “Huracán Ramírez, el exdirigente de la confederación de campesinos Teodoro Barrientos y María Isabel Vizcarra Quezada.

Arce detalló que la semana pasada se llevó a cabo una reunión en el Ministerio de Justicia donde se acordó el tema presupuestario, apoyo técnico, entre otros temas relacionados.

Se tiene previsto que un lapso de dos años, la comisión deberá presentar un informe final sobre los asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias y dar con los responsables.(Erbol)

Nuevos vocales se reunirán con Uriona para tratar tema judicial

Los tres vocales de Pando, elegidos el 24 de agosto por la Cámara de Diputados, sostendrán una reunión en las próximas horas con la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Katia Uriona, para que asuman la administración del proceso de las elecciones judiciales rumbo al 3 de diciembre.

Giovanna Mabel Sangüeza Suárez, Daniela Deysi Vélez Quijhua y René Lucas Zambrana Espinoza fueron posesionados el martes como las y los nuevos vocales titulares del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Pando, y su primer reto es asumir la administración de las Elecciones Judiciales 2017, según Fuente Directa.

La presidenta del TSE dijo que sostendrá una reunión con las y los nuevos vocales, a quienes transferirá la información, en especial lo referido a la administración de las Elecciones Judiciales en la etapa en la que el TSE, a través suyo, estuvo al frente de administración del TED Pando.

Las tres autoridades fueron electas por la Cámara de Diputados el jueves 24 de agosto, de entre la lista de 12 postulantes en las cuatro ternas que fueron enviadas en enero de 2017 por la Asamblea Legislativa Departamental de Pando, como entidad responsable de realizar la preselección. Asimismo, la Cámara de Diputados decidió postergar la elección de la o el cuarto vocal, debido a que se conoció que uno de los postulantes habría fallecido el mes de marzo, situación que deberá ser confirmada.

Costas: Para cesar a una autoridad el mecanismo es el revocatorio

Ante el conflicto suscitado en el municipio de Achacachi, donde los pobladores piden la renuncia de su Alcalde, el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Antonio Costas, recordó ayer que el referendo revocatorio es el único mecanismo al que puede acceder un ciudadano, una comunidad o una sociedad si es que ve que la autoridad electa incumple con su gestión y busca que se aleje de sus funciones, tomando en cuenta el aspecto de la votación.

“Debemos aprender a ajustarnos a lo que corresponde y a las previsiones de la ley y la ley prevé como único mecanismo para que una autoridad cese en funciones desde el punto de vista de votación, es el revocatorio”, explicó en entrevistas con la estatal Patria Nueva.

Costas se refirió en esos términos, ante el conflicto que existe en Achacachi, donde los vecinos piden la renuncia del alcalde Edgar Ramos, a quien acusan de actos de corrupción, aunque hace unos meses rechazaron ir a un revocatorio y ahora exigen su salida por la fuerza.

Similar situación ocurre en la ciudad de La Paz, donde gremiales y vecinos comenzaron a recolectar firmas en libros para presentarlos al TSE y pedir la revocatoria de mandato del alcalde Luis Revilla.

Costas aclaró que los únicos libros con firmas que son aprobados por el Órgano Electoral son los que establece el reglamento de esa instancia no así otros aunque cuenten con el reconocimiento de un notario.

“Hemos visto que hay ya actividad ciudadana que inclusive me imagino tal vez por mostrar que existe un colectivo importante que solicita un revocatorio ha estado recolectando firmas, las únicas que sirven, las únicas que son tomadas en cuenta por el Órgano Electoral vienen en función a la reglamentación y a los libros que les son entregados”, remarcó.

El vocal del TSE recalcó que una solicitud de revocatorio puede emerger únicamente después del cumplimiento de la mitad del mandato de la autoridad.

Gabinete Binacional Comenzaron reuniones técnicas de Bolivia y Perú

Rumbo a la tercera reunión del Gabinete Binacional entre Bolivia y Perú, se desarrolló ayer el encuentro de técnicos de ambos países, para iniciar los preparativos de los temas que serán acordados entre los presidentes Evo Morales y Pedro Pablo Kuczynski, mañana.

Se trata de reuniones preparatorias en las cuales se trabajan temas técnicos antes del encuentro de presidentes, que se realizará el viernes en Perú, en la que suscribirán nuevos acuerdos de trabajo conjunto.

El presidente Morales arribará al vecino país en esta jornada y tiene previsto asistir al partido de fútbol entre Perú - Bolivia (por la eliminatoria sudamericana para el Mundial de fútbol Rusia-2018) y el viernes estará en el Gabinete Binacional que se realizará en Lima.

EJES TEMÁTICOS

El canciller Fernando Huanacuni informó que en la reunión de Gabinete Binacional del viernes, donde participarán los presidentes y ministros de ambos países, se trabajarán bajo cuatro ejes temáticos: medioambiente, defensa, seguridad, temas transnacionales y desarrollo económico.

Explicó, asimismo, que existen importantes avances en el tema del puerto de Ilo y en el Corredor Bioceánico, para beneficio no solamente de Bolivia sino de la región.

“Estamos ya ultimando los detalles, Perú tiene la salida al Pacífico y ha trabajado técnicamente”, dijo consultado por los medios.

Asimismo, el Ministro de Relaciones Exteriores sostuvo que el Gabinete Binacional también trabajará la Declaración de Lima, documento en el cual se plasmarán todos los acuerdos a los que se llegue el 1 de septiembre.

“Estamos trabajando la declaración de Lima, en la que vamos a avanzar en los dos días de reunión, para el primero estamos yendo con el presidente y el Gabinete en pleno con el propósito de concertar la agenda y la formalización de los acuerdos consensuados con Perú”, añadió Huanacuni.

RELACIONES BILATERALES

Según información de ABI, los dos presidentes se encontrarán en Lima, en el mejor momento de la relación en décadas de los dos países, animados por el más grande emprendimiento bilateral, en 191 años de historia conjunta. La instalación de un tren que atraviese por los dos países, además que Brasil vincule Sudamérica de este a oeste, así como los dos océanos que la circundan.

GABINETES

En 2015, se desarrolló en Puno, Perú, el primer Gabinete Binacional entre el presidente peruano Ollanta Humala y el boliviano Evo Morales.

En la oportunidad, el mandatario del vecino país manifestó su respaldo a la causa marítima boliviana, además acogió el proyecto boliviano que plantea la integración ferroviaria entre el Atlántico y Pacífico.

El segundo gabinete fue el 5 de noviembre de 2016, oportunidad en la cual los presidentes, de diferentes líneas ideológicas, por un lado Pedro Pablo Kuczynski (de derecha) y Evo Morales (de izquierda).

Como resultado de aquel segundo Gabinete, Morales y Kuczynski llegaron a importantes acuerdos, como el referido a la construcción del tren bioceánico, la descontaminación y preservación del lago Titicaca (que es compartido por ambos países), entre otros.

30 agosto 2017

Obispo de El Alto cuestiona “silencio” de Tezanos Pinto

El Obispo de la Diócesis de El Alto, monseñor Eugenio Scarpellini, expresó su preocupación por el prolongado conflicto que se registra en la región de Achacachi y lamentó el "silencio" que mantiene el Defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, sobre este tema.

"De manera particular lamentamos la irresponsabilidad en la actuación del Defensor del Pueblo al comienzo de este conflicto y la actual ausencia suya en la progresiva escalada del mismo. El Defensor del Pueblo es entidad estatal creada precisamente para abogar por las demandas de la población y para apoyar en la solución de sus problemas. El silencio en este momento puede ser interpretado como connivencia con una de las partes", afirmó ayer la autoridad de la iglesia en esta urbe.

EXHORTAN AL DIÁLOGO

Asimismo, el Obispo exhortó al Gobierno para que atienda las demandas de los pobladores de Achacachi, que mantienen protestas desde hace varios meses en demanda de la renuncia de su alcalde Édgar Ramos y recientemente por la liberación de tres detenidos por los hechos de violencia de febrero pasado.

"Este mensaje es una invitación al diálogo, si bien el conflicto de Achacachi comienza por un tema de transparencia en el manejo de su Alcaldía, se ha convertido en un conflicto social y político. Las autoridades no pueden eximirse de sus responsabilidades y por eso llamamos a las autoridades para que atiendan las demandas de este pueblo", remarcó.

Respecto a la vigilia que instalaron las mujeres y madres de familia de Achacachi en inmediaciones del penal de San Pedro de la ciudad de La Paz, el religioso afirmó que se coordinará una ayuda social para las movilizadas.

"Vamos a coordinar con Cáritas y otras instituciones para atender a las mujeres y niños que permanecen en San Pedro. Primero iremos a ver qué necesitan y en función a ello se llevará toda la ayuda", apuntó.

"PARCIALIZACIÓN DE JUSTICIA"

El documento oficial de la Iglesia denominado "Diálogo, Justicia y Bien Común", denuncian la parcialización de la justicia que se muestra muy exigentes con unos y tolerantes o ausente con otros, profundizando su crisis de credibilidad”, indica el documento.

La iglesia observa que el "Defensor del Pueblo es entidad estatal creada precisamente para abogar por las demandas de la población y para apoyar en la solución de sus problemas".

Por lo que "Como Iglesia que sirve a su pueblo, llamamos a autoridades y dirigentes movilizados a retomar el camino del diálogo", establece el documento del Obispo de la Diócesis de El Alto.

DEFENSOR DE PUEBLO

En tanto el adjunto al defensor del Pueblo, Juan Carlos Ballivián, dio a conocer a EL DIARIO que el Defensor del Pueblo fue la instancia que inició el proceso de mediación en los conflictos de Achacachi, "pero sin embargo los de Achacachi han desvirtuado a través de sus actos la posibilidad de continuar y se debe tener una condición básica para mediar una conflictividad, siendo una de las ellas que las partes así lo soliciten", indicó.

El adjunto de la Defensoría recordó que la población de Achacachi fue la instancia que acusó al Defensor del Pueblo en varios aspectos, por lo que no sería una institución que esté siendo reclamada por la población como mediadora, "por lo tanto el planteamiento de la iglesia en qué sentido iría", afrimó.

VÍAS DEMOCRÁTICAS

Ballivián dio a conocer que esta instancia aún solicitará que el sector de Achacachi acuda al diálogo y que se utilicen las vías democráticas para resolver los conflictos, "aspecto que la Defensoría ha pedido de forma permanente, pero ahora somos parte acusada por parte de los pobladores de Achacachi y no será posible", indicó.

Ballivián recuerda que no hay garantías suficientes, porque en anterior oportunidad, en una reunión desarrollada al interior de la radio San Gabriel, "hubo un escenario bastante violento y no existen garantías ni condiciones para mediar el conflicto, ni tampoco para Achacachi la posibilidad para hacerlo", concluyó.

Defensoría del Pueblo cierra sus puertas Tres invidentes lesionados en enfrentamiento con policías

El representante de las personas invidentes, Guillermo Gómez, informó que en la jornada de la víspera resultaron dos varones y una mujer lesionados, luego del enfrentamiento entre policías y su sector, que se movilizó delante del Ministerio de Salud para demandar seguro médico en favor de sus familiares de primer grado.

A decir de Gómez, las tres personas afectadas presentan luxaciones a nivel de la rodilla y los brazos.

El dirigente lamentó que los policías utilicen la fuerza con el sector que sólo buscaba entablar el diálogo, pues por lo general se mantiene al margen de las medidas de presión que ejercen otros sectores.

UNA VIDA PERDIDA

Recordó que el lunes, en la marcha que realizaba el sector en la ciudad de Santa Cruz, un novidente tropezó en vía pública y falleció con un infarto. Su velorio se realizó ayer.

HUELGA

La noche del lunes, los novidentes instalaron el primer piquete de huelga de hambre, compuesto por 11 personas del sector, los mismos se encuentran en instalaciones de su asociación, en cercanía a la Defensoría del Pueblo.

Los novidentes aseguraron que no recibieron la visita de ningún funcionario de la Defensoría del Pueblo, para que puedan actuar como mediadores y constituirse en una vía de acercamiento con alguna autoridad de gobierno y lograr la atención a sus demandas; lamentaron que sus oficinas se mantengan cerradas para el pueblo.

Asimismo, aseguraron continuar con las medidas de presión hasta que la ministra de Salud, Ariana Campero, como cabecera del sector, los atienda y convenga una solución conjunta.

Ayer, al promediar las 17.00 horas, los invidentes se asentaron en puertas de la Caja Nacional de Salud (CNS) aseguraron que la huelga de hambre continuará en ese lugar, hasta ser recibidos por el gerente general de la entidad aseguradora, Juan Carlos Meneses.

DEFENSOR DEL PUEBLO

Las oficinas de la Defensoría del Pueblo permaneció cerrada ayer, con resguardo policial. Cuando EL DIARIO consultó al adjunto de la Defensoría del Pueblo, Juan Carlos Ballivián, el porqué del contingente policial en puertas de la institución, aseveró que era para resguardarlas, debido a que varios sectores se encuentran movilizados por el lugar.

CNS

La semana pasada, la CNS, a través de un comunicado, aclaró que dicha institución en momento alguno dispuso lo contrario al D.S. 23998, del 4 de mayo de 1995, el cual dispone en su Artículo 2: “Autorizar a la Caja Nacional de Salud la prestación de servicios a la comunidad de novidentes, con el aporte del 5% sobre un salario mínimo nacional a efectuarse una sola vez al año, basándose en el principio de solidaridad, sustentado por el seguro social”,

Asimismo, la comunidad invidente de forma simbólica aporta el 5% del salario mínimo nacional, que equivale a Bs 100 por año, lo que constituye Bs 8.33 por mes, para recibir la prestación de servicios de salud en los establecimientos dependientes de la CNS.

RENUNCIA

Diputados de Unidad Demócrata (UD) presentarán hoy una carta al Defensor del Pueblo, pidiéndole su renuncia, ante la indiferencia que demostró ante la problemática social que se vive en el país.

“La bancada en pleno hará llegar hoy una carta solicitando la renuncia del Defensor del Pueblo, porque creo que todos los bolivianos nos hemos dado cuenta que es Defensor del Gobierno, con todo lo que está pasando en el país, ya que ha mostrado de frente la afinidad que tiene con el partido de gobierno. De acuerdo con la Constitución, él no tendría que ser parte ni recibir órdenes de nadie para actuar como Defensor del Pueblo”, dijo el diputado Amilkar Barral, en contacto con EL DIARIO.

ALP elige a candidatos para el Órgano Judicial

El pleno de la Asamblea Legislativa elige hoy a los 96 candidatos para magistrados del Órgano Judicial que pasarán a la papeleta de sufragio, el presidente de la Cámara de Senadores; se preseleccionarán a los candidatos con mejor calificación.

“Luego de leer los informes de ambas comisiones se procederá a la votación, se requieren dos tercios para finalmente elegir a los candidatos que estarán en las listas oficiales. Se debe aclarar que nosotros no elegimos a las autoridades judiciales, lo único que hacemos es preseleccionar a los candidatos que irán a la papeleta y será el pueblo que elegirá a las autoridades el 3 de diciembre que ocuparan esos cargos”, explicó Gonzales.

Según el reglamento se debe seleccionar a 96 candidatos, 36 para el Tribunal Constitucional Plurinacional, 36 al Tribunal Supremo de Justicia, en este caso deben ser 4 representantes por cada departamento en ambas instancias.

En el caso del Tribunal Agroambiental se elegirán a 14 candidatos y para el Consejo de la Magistratura son 10 postulantes, que ingresaran a la paleta de sufragio, en cada una de estas instancias el Legislativo debe garantizar la paridad de género y la plurinacionalidad.

MÉRITOS

Sin embargo, Gonzales también advirtió que cabe la posibilidad que se presente alguna circunstancia que no permitiese la elección del postulante con mayor calificación.

Sobre este punto el diputado de Unidad Demócrata (UD), Wilson Santamaría señaló que no votarán por ninguno de los candidatos, puesto que durante el proceso de preselección se evidenciaron varias irregularidades, informe que se presentará en el pleno.

Las observaciones que hicieron son sobre la emisión del certificado de autoidentificación indígena originario, ya que al menos cuatro postulantes por el departamento del Beni al Tribunal Constitucional Plurinacional no pertenecen a ese sector.

PUNTUACIÓN

Los habilitados para el Tribunal Agroambiental (TA) son 23 de los cuales solo 4 obtuvieron una valoración por encima de los 70 puntos, el que obtuvo la más alta calificación es Rufo Nivardo Vásquez mercado con 75.6 puntos. 14 candidatos cuentan con una ponderación arriba de los 60 puntos y el resto aprobó con una baja valoración.

En el caso del Consejo de la Magistratura (CM) quedaron habilitados 24 postulantes, de estos solo 7 alcanzaron una calificación por encima de los 70 puntos, Jesús Álvaro Cuellar calderón tiene 80.9 puntos.

La Comisión Mixta de Constitución del Legislativo habilitó a 6 postulantes para el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), el aspirante con la mayor puntuación es Boris Wilson Arias López con 82.7, seguido por Iván Manolo Lima Magne que tiene 80.1 puntos, ambos del departamento de La Paz.

Beni OEA acompaña empadronamiento

La Organización de Estados Americanos (OEA) acompañó el Patrullaje Rural (Umopar) y al Órgano Electoral al empadronamiento biométrico móvil del departamento de Beni.

“#Beni: #Empadronamiento biométrico en la unidad móvil de Patrullaje Rural “UMOPAR”, con el acompañamiento de la OEA”, informó el TSE a través de la redes sociales.

Según datos del TSE, hasta el 25 de agosto el período de empadronamiento registró a 48.610 personas, entre nuevos inscritos y cambios de domicilio, en todo el país.

La fase del reforzamiento del empadronamiento inició el 17 de agosto y concluirá el 6 de septiembre.

Para este trabajo, el OEP dispuso de 1.388 equipos de trabajo (971 unidades fijas y 417 móviles) para realizar el empadronamiento en más de tres mil lugares del país.

Según el Servicio de Registro Cívico (Serecí) hasta el jueves 24 de agosto 21.284 empadronados correspondían a nuevos registros; mientras que los otros 27.326 eran por cambio de domicilio.

En el corte que se realizó hasta este jueves, los datos mostraban que el mayor número de empadronamientos se realizó en los departamentos del eje troncal: en Santa Cruz 4.657 nuevos registros y 5.795 por cambio de domicilio; en el departamento de Cochabamba 4.041 nuevos empadronados y 5.997 por cambio de domicilio; y en La Paz, 3.823 personas se inscribieron por primera vez y 5.718 se registraron por cambio de domicilio.

Se debe recordar que el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) habilitó al menos dos líneas telefónicas 2-422338 y 2-424221 (Int. 9404), además de la aplicación Yo Participo para que las y los ciudadanos puedan consultar si se encuentran o no registrados en el Padrón Electoral para el 3 de diciembre.

29 agosto 2017

Comisión de la Verdad identifica 130 casos de desapariciones, ejecuciones y torturas durante las dictaduras



Al menos unas 130 víctimas de los gobiernos de facto entre 1964 y 1982, entre ellos el líder socialista Marcelo Quiroga, están en la mira de la Comisión de la Verdad recientemente activada con el fin de esclarecer sus asesinatos, desapariciones forzadas, torturas y otros crímenes.

“Marcelo Quiroga es importante pero son muchos más y todos importantes. Son aproximadamente 120 a 130 personas entre desaparecidos pero hay otros casos de ejecuciones sumarias, torturas, etc”, dijo Nila Heredia, quien preside la misión, a la estatal Patria Nueva.

La Comisión aún labora el plan de trabajo, no obstante ya instaló este lunes junto al Alto Mando militar la primera reunión informativa y protocolar para fijar las primeras tareas de investigación en los archivos militares que guarda el Estado Mayor y que data, inclusive, de unos 50 años.


Tras la cita, el comandante de las Fuerzas Armadas, general Luis Ariñez, expresó, a nombre de la entidad castrense, la predisposición a cooperar en la labor encomendada a los cinco miembros de la comisión, que en un plazo de dos años tendrán la misión de esclarecer asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias y violencia sexual cometidos en ese periodo.

Tras ese plazo, la misión conformada por Heredia, Édgar Ramírez, Isabel Viscarra, Teodoro Barrientos y Eusebio Gironda redactará dos documentos: Uno para el informe final sobre la indagación y el otro para las conclusiones y recomendaciones.


“Se tiene que hacer un informe detallado y un segundo documento sobre lo que son ya la/s conclusiones, las recomendaciones, etc, son dos documentos muy importantes. Obviamente va a depender de la investigación que se haga”, desveló Heredia. (28/08/2017)

Exministra imputada por la crisis del agua en La Paz retorna a la labor diplomática



La exministra de Aguas y Medioambiente Alexandra Moreira, quien fue imputada por la Fiscalía en el caso de la crisis del agua que afectó a más der un centenar de barrios de La Paz y El Alto en noviembre pasado, retornó a la labor diplomática.

Así lo consigna el portal de la Contraloría General del Estado (CGE) que en sus archivos tiene una reciente Declaración Jurada de Bienes y Rentas del Servidor Público de la exautoridad fechada el 25 de agosto de este año.

El 8 de noviembre de 2016, y de manera sorpresiva, la estatal Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS) que dota del líquido a La Paz, El Alto y otros municipios aledaños, impuso un plan de racionamiento del servicio debido a la reducción del embalse de Hampaturi.

Al principio fueron afectados 94 barrios de la ladera este y el Macrodistrito Sur, pero en los días posteriores la medida se extendió a otras zonas de la sede de gobierno y El Alto.

Vecinos tomaron las calles y las protestas se masificaron. El gobierno dispuso un plan de contingencia para dotar de agua a los afectados a través de cisternas y tanques fijos.



Su despacho fue uno de los más cuestionados por los sectores afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) y la oposición política, además de la población, por la falta de previsión que derivó en los cortes del servicio.

Así, Moreira dejó el cargo a horas de la interpelación que la oposición había activado en la Asamblea Legislativa por la crisis. En su misiva de renuncia, le informó al Jefe del Estado que “se ha cumplido con las acciones de emergencia”.

Empero, en junio, la Fiscalía la imputó formalmente por ese suceso por el delito de atentados a los servicios públicos.



Trabajó durante la gestión 2007- 2008 en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, posteriormente se desempeñó como Jefa de la Unidad de la Madre Tierra y Agua en la misma entidad y después ejerció como Jefa de Gabinete del Ministro de Relaciones Exteriores, David Choquehuanca.


Quispe exige que prueben su nexo con EEUU


Felipe Quispe exigió al Gobierno demostrar con “papeles” una supuesta vinculación que tendría la protesta de la población paceña de Achacachi con los intereses desestabilizadores de Estados Unidos (EEUU).

“Al Gobierno le gusta hablar de Estados Unidos, le gusta hablar del presidente Donald Trump. Que compruebe, que ponga papel a ver quiénes son los imperialistas acá. ¡Carajo, yo soy antiimperialista a morir, yo soy guerrillero!”, manifestó Quispe ayer en contacto con los medios.

El domingo, el ministro de la Presidencia, René Martínez, denunció públicamente que en las protestas que encabeza ‘El Mallku’ existe una intención “conspirativa” bajo el interés de la embajada de EEUU y políticos opositores.

“Hay otros actores también. Peter Brennan; el alcalde Luis Revilla; actores políticos como Samuel Doria Medina; la alcaldesa Soledad Chapetón en su vinculación política”, dijo en entrevista con el canal estatal.

Felipe Quispe aclaró también que “a EEUU no entra ni muerto” y pidió al presidente Evo Morales “que no hable como un niño, que no mienta” respecto al conflicto que actualmente protagonizan los pobladores de Achacachi, que exigen la liberación del dirigente Esnor Condori y la renuncia del alcalde Édgar Ramos.

Ejecutivo de la COB “Gobierno juega con la suerte económica del país”

El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Guido Mitma, en contacto con EL DIARIO, a tiempo de aclarar que “el Gobierno juega con la suerte económica del país”, manifestó su preocupación por el incremento de las tarifas tanto de electricidad como de gas al sector industrial.

“Tarifazo, tras tarifazo para los bolivianos”, el Ejecutivo señaló que el costo de vida en el país está subiendo y el sueldo de los trabajadores cada vez está en devaluación, por lo que causa gran preocupación a la entidad matriz de los trabajadores.

Afirmó que una de las consecuencias del “tarifazo” será el efecto multiplicador que replicará en los productos de la canasta familiar y en los servicios de primera necesidad.

Mitma declaró que en el país no se están generando fuentes de empleo, “no hay nuevas áreas de trabajo y sin embargo los tarifazos están continuando al igual que la subida de precio de los productos”.

Afirmó que en el tema de la Agencia Nacional de Hidrocarburos de incrementar en un 48% a las empresas industriales tendrá sus repercusiones que van en desmedro del país, criticó el accionar del Gobierno que como consecuencia se están sumando más conflictos y más errores del Gobierno.

Aseveró que no hay la predisposición del Gobierno para tratar temas económicos del país, afirmó que las mesas de trabajo iniciadas hace meses atrás no lograron ningún resultado y que más bien están siendo utilizadas para distraer a los trabajadores.

En el pedido de la reactivación del aparato productivo de la generación de empleos no tuvo avances.

“El Gobierno está actuando de manera totalmente soberbia en desmedro de la economía de los bolivianos”, expresó Mitma.

MEDIDAS DE PRESIÓN

El máximo representante de la COB no descartó la realización de una “gran marcha de los trabajadores”, debido a que se envió en reiteradas oportunidades solicitud de audiencia con el Presidente del Estado y hasta la fecha no se obtuvo respuesta.

Aseguró que la entidad representante de los trabajadores en los próximos días mantendrá una reunión en comité ejecutivo para definir las acciones de protesta que se asumirá en contra del “tarifazo” del Gobierno, en su criterio es un “atentado contra la economía del país, de las fábricas y del bolsillo del ciudadano”, finalizó.

INCREMENTOS

Recordemos que el 17 de agosto, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) aprobó el incremento del 48% en la tarifa del gas natural para el sector industrial, medida que se aplica desde el 15 de agosto. El rechazo de la Cámara Nacional de Industrias (CNI) fue inmediato y el sector advirtió con efectos negativos, incluso para la canasta familiar.

Asimismo, en junio pasado las tarifas de electricidad a nivel nacional se incrementaron en un 3%.

Interpelaciones en Legislativo no logran resultados concretos

Las sesiones de interpelación a las autoridades de Estado en la Asamblea Legislativa no demuestran calidad de contenido, porque reflejan desesperación y hasta la falta de respeto, lo cual no genera resultados concretos para el país, según el presidente del Colegio de Politólogos, Ludwing Valverde.

“Las interpelaciones solo desembocan en gritos y empujones al interior de la Asamblea, pero no en resultados concretos, que le den al país respuestas en distintos ámbitos”, dijo Valverde al ser entrevistado por EL DIARIO.

Estas declaraciones fueron realizadas después que en los últimos dos años (2016-2017) las interpelaciones que se realizaron a las autoridades, como a la anterior ministra de Comunicación, Marianela Paco, a quien en octubre de la pasada gestión la convocaron para que brinde una explicación en relación a los gastos en publicidad y no lo hizo o como al ministro de Gobierno, Carlos Romero, para que exponga lo sucedido en el conflicto minero, que derivó en la muerte de del viceministro Rodolfo Illanes, entre otros, tampoco lograron aclarar muchas dudas.

De acuerdo con Valverde, las interpelaciones solamente generaron un debate con discrepancias, que hicieron perder el rumbo de lo que realmente significa el trabajo parlamentario.

“Así, lamentablemente, no tenemos mucho futuro en el Parlamento, entidad que anteriormente tuvo grandes debates con parlamentarios de valía”, dijo.

OFICIALISTAS Y OPOSITORES

Para el experto en temas políticos, las interpelaciones no colman las expectativas de los bolivianos, porque la mayoría oficialista de la Asamblea Legislativa, en lugar de ser crítica con las autoridades interpeladas, les brinda su voto de confianza, lo que genera un desequilibrio respecto al funcionamiento de este Órgano en un Estado de derecho.

En su opinión, cuando no existe un debate serio y fructífero por parte de los parlamentarios oficialistas y más bien se utiliza la mayoría oficialista para socavar las interpelaciones, el ambiente se torna insoportable, por lo cual no se dilucidan los asuntos demandados –comúnmente– por la oposición.

Señaló que frente a este panorama, la oposición se muestra desesperada y como no encuentra la línea del debate parlamentario se generan polémicas que acaparan la atención, lo que deja de lado el fondo del problema.

El politólogo sostuvo que las funciones de la mayoría parlamentaria está devaluada por la injerencia del Órgano Ejecutivo, lo cual resta credibilidad al desempeño legislativo, organismo que tiene como funciones interpelar y fiscalizar.

“El ejercicio de los parlamentarios está devaluado por la injerencia del Ejecutivo sobre el Órgano Legislativo, al no tener independencia (…) En este momento, como está la Asamblea Legislativa, se está devaluando”, puntualizó.

VOTO DE CONFIANZA

Según el numeral 18, del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado (CPE), una de las atribuciones de la Asamblea Legislativa es “Interpelar, a iniciativa de cualquier asambleísta, a las Ministras o los Ministros de Estado, individual o colectivamente, y acordar la censura por dos tercios de los miembros de la Asamblea. La interpelación podrá ser promovida por cualquiera de las Cámaras. La censura implicará la destitución de la Ministra o del Ministro”.

En las interpelaciones realizadas entre el 2016 y 2017 ninguna de las autoridades fue censurada, más bien la mayoría oficialista les brindó voto de confianza, además salieron aplaudidos y hasta ovacionados.

En una de las últimas interpelaciones realizadas el 21 de agosto, al ministro de Defensa, Reymi Ferreira, por envío de militares a Venezuela; por bases militares, entre otros, la autoridad obtuvo también el voto de confianza.

“Una interpelación, a la hora de fiscalizar al Órgano Ejecutivo, forma parte de las herramientas de gestión (…) Sin embargo, hay una censura mayoritaria”, añadió Valverde.

En las interpelaciones realizadas entre el 2016 y 2017 ninguna de las autoridades fue censurada, sino más bien la mayoría oficialista les brindó un voto de confianza, además salieron aplaudidos y hasta ovacionados.

DEBEN TRANSMITIRSE EN DIRECTO

El presidente del Colegio de Politólogos, Ludwing Valverde, señaló que para recuperar la confianza de la ciudadanía en las interpelaciones, estas deben ser transmitidas en directo, a través del canal Estatal.

“Lo que se debería hacer es transmitir las interpelaciones ininterrumpidamente, de manera que la población en su conjunto vea el nivel de las preguntas y argumentos que se interpelan como de la respuestas que dan los interpelados”, declaró.

La solicitud de transmisión de las interpelaciones fue realizada en varias oportunidades por los asambleístas opositores, quienes justificaron que “Bolivia TV” es un canal Estatal y no del presidente Evo Morales.

El diputado de Unidad Demócrata (UD), Wilson Santamaría, solicitó en 2016 que la interpelación a los entonces ministros de Economía, Luis Arce, y de Comunicación, Marianela Paco, sea transmitido por el canal estatal, el pedido no fue aceptado por la Asamblea Legislativa.

En la última interpelación (21 de agosto) que realizó la Asamblea al ministro de Defensa Reymi Ferreira, sobre el caso de los militares, se transmitió algunas escenas; sin embargo, igual fue interrumpida.

TSE aprueba reglamento de difusión

La Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) aprobó ayer el Reglamento de Difusión, para las elecciones judiciales del 3 de diciembre próximo. El documento recoge las propuestas que se desarrollaron en los talleres y conversatorios en los nueve departamentos.

La presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Katia Uriona, manifestó su satisfacción por la aprobación de esta norma electoral que establece tres fases, "la primera en la que se darán a conocer las funciones y el rol que cumplen las cuatro instancias del Órgano Judicial el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Consejo de la Magistratura (CM) y el Tribunal Agroambiental (TA). La segunda en la que realizará la difusión de méritos de 96 postulantes, no solo difundiendo lo relacionado a sus hojas curriculares, sino también en relación a las propuestas técnicas referidas a los cargos a los cuales se postularán y una tercera en la que se difundirá información procedimental sobre la emisión del voto durante la jornada del 3 de diciembre", aclaró la autoridad electoral.

Para la autoridad electoral, uno de los aspectos relevantes de este reglamento es que "en concordancia con la Ley lo que está haciendo es quitar aquellas restricciones que evitaban que los medios de comunicación generen espacios de convocatoria, de participación y de debate en términos de las y los postulantes. Se necesita la mayor información y amplios espacios para que la población conozca a quienes se están postulando como candidatos y candidatas y sobre esta base puedan emitir un voto informado".

Se incluyen 4.136 personas al Padrón Electoral de Potosí

El Tribunal Electoral Departamental de Potosí (TED) registró 4.136 ciudadanos en el Padrón Electoral, desde el 17 de agosto, fecha en la que inició el proceso.

El director del Servicio de Registro Cívico (Sereci), Óscar Huayta, informó ayer que de esa cantidad, 2.103 son nuevos electores, personas que nunca antes habían participado en una consulta democrático y gente que cumplirá los 18 años hasta el día de la elección judicial, prevista para el domingo 3 de diciembre de la presente gestión.

En la oportunidad, se destacó que el plazo para inscribirse es hasta el 6 de septiembre en el Padrón Electoral, ya sea como nuevo elector o como una persona que ha cambiado de domicilio y debe participar en el reempadronamiento.

Las proyecciones que manejaban los vocales del Tribunal Electoral Departamental establecían un crecimiento del dos por ciento, respecto a la cantidad de electores habilitados en la última consulta democrática, lo cual quiere decir que alrededor de 8 mil personas serían incorporadas en el padrón electoral en el proceso democrático que inició el 17 de agosto.

Según la proyección actual, se ve que la cantidad prevista puede ser superada porque como se dijo, hasta el 6 de septiembre será el registro.

28 agosto 2017

Comisión de la Verdad entró al Estado Mayor


Integrantes de la Comisión de la Verdad ingresaron este lunes al Estado Mayor del Ejército en la zona de Miraflores (La Paz). Tras una reunión con jefes del Alto Mando militar, los delegados recorrieron el Departamento II - Inteligencia del Comando en Jefe y otra dependencia donde se tiene documentación archivada.

"Expresarles a nombre del alto mando militar de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional toda la predisposición para coadyuvar al cumplimiento de los fines por los que fue creado según normativa correspondiente", manifiesta parte de un comunicado oficial de la institución castrense.


Según se conoce, en la reunión se definió elaborar un cronograma de actividades y metodología conjunta de trabajo. Son dos años en los que se deberá emitir un informe sobre los asesinatos, desapariciones forzadas, torturas y detenciones arbitrarias durante los gobiernos de facto, además de establecer responsabilidades.
Los delegados recorrieron las instalaciones del 'Gran Cuartel' de Miraflores. (Imagen de APG Noticias)
Los delegados recorrieron las instalaciones del 'Gran Cuartel' de Miraflores. (Imagen de APG Noticias)

Hace una semana el presidente Evo Morales posesionó a la Comisión, conformada por Nila Heredia, Édgar 'Huracán' Ramírez, Eusebio Gironda, Isabel Viscarra y Teodoro Barrientos. Los delegados inician así su investigación.

La exministra de Salud, el exdirigente sindical, el abogado, la activista y el exdirigente campesino no recibirán remuneración económica y fueron elegidos por su trayectoria en materia de defensa de derechos humanos. El primer mandatario les encomendó encontrar los restos de Marcelo Quiroga Santa Cruz.

Gobierno no precisa fecha para viaje conjunto con expresidentes

Luego de que los expresidentes Carlos Mesa y Jorge Quiroga aceptaran el desafío lanzado por el presidente Evo Morales de visitar el Tipnis, el sábado pasado, el ministro de la Presidencia, René Martínez, indicó ayer que se debe “esperar todavía varias señales” para su concreción y dijo será oportunidad para que expliquen qué hicieron por esas comunidades cuando fueron gobierno.

“Habrá que esperar todavía varias señales, propósitos y sobre todo motivos o agendas de tarea que podrían cumplirse, algunos deben pensar que tal vez hay un error de aceptación de esta invitación pensando que es un turismo de aventura”, dijo.

Recordemos que el sábado, el primer mandatario visitó San Pablo del Isiboro, en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) y comprometió obras para mejorar las condiciones de vida de quienes habitan en zonas rodeadas de ríos.

Cuestionó a quienes se oponen al desarrollo en esta parte de Bolivia y los desafío a vivir una semana para conocer cómo viven.

“Si quieren venir los expresidentes, los neoliberales, bienvenido. Conmigo van a entrar por río, por camino para que conozcan, y vamos a hacerles hacer ‘caquita’ (defecar) en el monte, a ver cómo aguantan. Ahí vamos a vernos, así se vive, que sepan, cómo se come, cómo se duerme sin energía, sin aire acondicionado”, aseveró.

Posteriormente, a través de las redes sociales, Mesa y Quiroga aceptaron el desafío para viajar. “Acepto su invitación Presidente. Usted dirá”, escribió Mesa, mientras que Quiroga: “Acepto como exPres @evoespueblo, dime cuándo. Ven al Illimani después, si puedes. PD: Tú eres jefe d neoliberalismo cocalero anti-Tipnis”.

Ayer, el ministro Martínez explicó que la invitación tiene la intención de que los expresidentes conozcan la realidad en la que viven los indígenas y expliquen qué hicieron, durante su gestión, por estas regiones y zonas bolivianas.

“Exgobernantes debieran hacernos una suerte de informe, de justificación, de rendición de cuentas así sea extemporáneo, pero rendición de cuánto hicieron para mejorar las condiciones de vida de nuestros compatriotas que viven en Tipnis”, afirmó.

Ponen fin a impase con Peter Brennan

El canciller Fernando Huanacuni señaló que el Gobierno puso fin al impase con el encargado de Negocios de Estados Unidos (EEUU), Peter Brennan, quien en una entrevista con ANF cuestionó el apoyo de los gobiernos de izquierda a la administración del venezolano, Nicolás Maduro.

“(Respecto) a este impase nosotros hemos recibido una nota en la que ellos (EEUU) aclaran la perspectiva (…). Estoy hablando de los mecanismo diplomáticos, está cerrado el mecanismo diplomático, porque nosotros hemos mandado una nota de queja (y) hemos recibido la respuesta y ahí queda”, señaló Huanacuni.

Explicó que la Embajada de EEUU aclaró lo que el Gobierno boliviano solicitó mediante nota de queja y si Estados Unidos quiere relacionarse con nosotros tiene que ser en el marco del respeto.

Huanacuni mencionó que los diplomáticos deben dialogar en base al respeto y a la soberanía de los pueblos, a la institucionalidad democrática y a la no injerencia en el país donde se los acoge.

Destacó que la perspectiva internacional de Bolivia es profundizar las relaciones con todos los países en términos de un diálogo de igual a igual.

“Tenemos los diálogos (con Estados Unidos), con todos los países. Con Chile, que no tenemos relaciones diplomáticas, (pero) tenemos relaciones consulares. Tenemos que seguir dialogando, pero depende de la voluntad política, Bolivia tiene voluntad, pero en el marco del respeto”, manifestó.

El jefe de la diplomacia boliviana no precisó si el encargado de Negocios se retractó de sus declaraciones, como había pedido el Gobierno a través del ministro de la Presidencia, René Martínez, quien incluso no descartó una eventual expulsión. (ANF).

26 agosto 2017

Fox compara a Evo con Trump y lo llama 'engañabobos'

El expresidente de México, Vicente Fox, respondió a las acusaciones del presidente Evo Morales, en defensa de Nicolás Maduro, y lo comparó con Donald Trump.

A través de su cuenta de Twitter, Fox calificó a los tres mandatarios (Morales, Maduro y Trump) de ser "la misma ganta pero revolcada" y los tildó de "engañabobos".




Las declaraciones de Vicente Fox se dan luego de que el presidente Evo Morales lo atacara por su posición respecto al Gobierno de Nicolás Maduro: Fox había manifestado que el presidente de Venezuela, si no renuncia, saldrá "en un cajón".


Ante ello, Morales dijo en su cuenta de Twitter que si algo le pasa a su par venezolano será responsabilidad de Fox y lo acusó de insinuar hacer matar a Maduro.

Evo desafía a expresidentes y estos le responden

Morales entregó una unidad educativa en San Pablo del Isiboro y prometió obras mientras. En su mensaje, invitó a expresidentes del Estado a que vivan una semana en esas tierras




El presidente Evo Morales entregó una unidad educativa, en la que los estudiantes pueden cursar hasta el bachillerato, a San Pablo del Isiboro, en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis). Durante el acto, lanzó un mensaje a expresidentes del Estado y los invitó a vivir una semana en esas tierras.

La primera autoridad de Bolivia prometió a los indígenas un tinglado, un centro de cómputo y viviendas, además de que la carretera por el Tipnis.

Morales señaló que el movimiento de jóvenes, ONGs y activistas, así como la derecha, que se oponen a la carretera por el Tipnis, lo hacen porque no conocen y porque sacan rédito económico. Añadió que estos grupos son financiados y que no quieren a la madre tierra ni a los indígenas porque se oponen al desarrollo.

El desafío

"Como presidente invito a los expresidentes, a los jefes de partidos de la derecha a visitar el Tipnis, ya sea por Villa Tunari, que conozcan, que vivan una semana para sentir como se vive en el campo", dijo en el acto de entrega de una unidad educativa.

Morales dijo que hay quienes no conocen como viven los indígenas y que no entiende como se pueden oponer a la construcción de una carretera en esta zona.

Sus palabras encontraron eco en los exmandatarios Carlos Mesa y Jorge Tuto Quiroga que respondieron a través de sus cuentas de twitter
Encuentro de quienes se oponen a la carretera

A su vez, a cuatro horas de navegación desde San Miguel, en el Centro de Gestión Santa María se encuentra reunido otro grupo de indígenas del Tipnis que se oponen a la construcción de una carretera por medio de este parque. Hasta allí han llegado activistas como el ex Defensor del Pueblo para apoyarlos.

Se adhieren otros sectores Pobladores de Achacachi inician caminata a La Paz

No han querido venir, entonces nosotros iremos a La Paz y qué nos dicen”, afirmó el encargado del Comité de Marcha, Felipe Quispe, ‘El Mallku’.

Los pobladores de Achacachi iniciaron ayer una masiva caminata hacia la sede de Gobierno, como parte de las medidas de protesta por la falta de respuesta de parte del Gobierno a su pedido de libertad de sus dirigentes y el alejamiento del alcalde de esa población, Edgar Ramos Laura. El fin de semana pernoctarán en “la tranca” de Corapata y el lunes arribarán al centro paceño.

Quispe informó que se avanzará de manera lenta hacia la sede de Gobierno, hasta lograr que se atiendan sus demandas. “No han querido venir, entonces nosotros iremos a La Paz y (veremos) qué nos dicen”, afirmó a un medio local.

A su vez, el presidente del Comité Cívico de Achacachi, Elsner Larrazábal, informó que la movilización logró la adhesión de otros sectores, para reforzar los bloqueos de caminos hacia Copacabana, Peñas, Pucarani, Huarina y Desaguadero.

“Ya se está movilizando gente para la gran marcha a la ciudad de La Paz, se va a engrosar esta marcha con los puntos de bloqueo, para constituirnos finalmente en La Paz en el transcurso de esta semana o la siguiente semana”, señaló.

Según el informe de los dirigentes, al momento se mantienen 30 puntos de bloqueo en Achacachi, a los que se han sumado diferentes comunidades con sus bases para fortalecer la protesta.

El pasado lunes, los vocales de la Sala Penal Tercera del Distrito de La Paz ordenaron la detención preventiva del Presidente de la Fejuve de Achacachi, Esnor Condori, y de los profesores Gonzalo L. y Víctor S., por los actos de violencia registrados el 14 y 15 de febrero en Achacachi, cuando se realizó una protesta que cuestionaba la gestión del alcalde Édgar Ramos.

Ante la determinación de la justicia, el lunes se llevó a cabo una Asamblea de emergencia en Achacachi, donde se determinaron las medidas de presión. “Las medidas de presión van a ser radicales”, advirtió Larrazábal.

POLICÍA REPLEGADA

El comandante de la Policía de La Paz, coronel Agustín Moreno, informó que ante el avance de la marcha de los pobladores de Achacachi replegaron a servidores públicos y efectivos policiales que realizan controles en la tranca de Corapata. Asimismo, el Director Nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Hernán Meyer, advirtió con intervenir las movilizaciones si los marchistas usan dinamita, armas o destruyen bienes del Estado.

“Por razones de seguridad de los propios servidores públicos y policías, se ha dispuesto el repliegue del personal que realizaba control en la tranca de Corapata”, señaló Moreno.

Acotó que continúan los puntos de bloqueo en el cruce de Peñas y en la localidad de Santa Ana, y los marchistas ahora estarían rumbo a la tranca de Corapata y posiblemente puedan llegar a la ciudad de El Alto en el curso de la siguiente jornada.

Por Bs 1.269 millones Cámara de Diputados aprueba en detalle cambios al PGE 2017 para transferencias

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó ayer, en su etapa en detalle, el Proyecto de Ley de Modificaciones al Presupuesto General del Estado (PGE) Gestión 2017, que consigna la transferencia de Bs 1.269 millones a las entidades territoriales autónomas y a las universidades públicas del país, de un presupuesto adicional agregado de Bs 2.145.109.380.

“En el presupuesto tenemos que la administración central está incrementando 458 millones de bolivianos, las entidades descentralizadas 260 millones de bolivianos y las administraciones departamentales 1.269 millones; en estas administraciones departamentales están municipios, gobernaciones y las universidades públicas”, detalló el ministro de Economía, Mario Guillén, cuando el pleno aprobó en grande el proyecto, según cita la unidad de comunicación de la Cámara Baja.

El documento, en su Artículo 12, señala que “a efecto de garantizar la ejecución de la inversión pública en los Gobiernos Autónomos Departamentales, se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través del Tesoro General de la Nación (TGN), transferir recursos de acuerdo a disponibilidad financiera, previa evaluación”.

En ese sentido, condiciona esta transferencia de recursos a dos casos específicos: “En los Gobiernos Autónomos Departamentales que en el primer semestre del 2016 presenten una ejecución en inversión por encima del 50% y/o hayan obtenido certificación en la cual los indicadores de Servicio de la Deuda y/o Valor Presente de la Deuda superen el 15% y/o 150%, respectivamente”.

El segundo caso es para los Gobiernos Autónomos Departamentales que no hayan recibido recursos del Fondo de Compensación Departamental provenientes del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD) en los últimos tres años y que no sean productores de hidrocarburos.

Asimismo, el proyecto de ley, en su Artículo 6, señala que el Ministerio de Economía, a través del TGN, y de acuerdo con disponibilidad financiera y previa evaluación, podrá otorgar una subvención extraordinaria a las universidades públicas, con el fin de garantizar su sostenibilidad financiera.

“Hay universidades que son bastante grandes, que tienen dinero en caja y bancos, que no necesitan de la ayuda, pero hay universidades más pequeñas que sí necesitan algún presupuesto adicional; nos hemos estado reuniendo con ellas y viendo cuáles son sus necesidades, y en función de ello vamos a poder atender, de acuerdo a las posibilidades del Tesoro para atender en alguna medida sus necesidades”, añadió Guillén. (ANF)

Periodistas recuerdan que áreas protegidas están en la Constitución

Los periodistas Mario Espinoza y Andrés Gómez le recordaron al vicepresidente Álvaro García Linera que las Áreas Protegidas (AP) están incorporadas en la Constitución Política del Estado (CPE) y le cuestionaron por haber asegurado que fueron un invento de los gringos, las dictaduras y Gonzalo “Goni” Sánchez de Lozada.

Espinoza, quien compartió el set televisivo del programa El Pentágono con el exanalista Álvaro García Linera, actual Vicepresidente, le recordó al segundo mandatario del país, que las Áreas Protegidas están incorporadas en el artículo 385 de la Constitución Política del Estado (CPE).

Mediante su cuenta oficial de Twitter le dijo “Estimado Álvaro, el artículo 385 de tu CPE habla de áreas protegidas. ¿En serio cree que es un invento de gringos y del Goni?”.

INVENTO DE LOS GRINGOS

Por su parte, Gómez comentó a través de su cuenta de Facebook: “García dijo que las áreas protegidas son un invento de los gringos, de Goni y las dictaduras. Entonces, podemos colegir que el artículo 385 de la Constitución fue escrito por orden de los gringos y de Goni, y García y Evo acataron la orden. Después no quieren que nos riamos de García y los suyos. ¡Ay tatay tatito, qayqunama qanqoqja!, diría mi tía Carmela”.

Durante el Congreso de Gas & Energía realizado en Santa Cruz, García Linera aseguró que las Áreas Protegidas fueron un invento de los “gringos”, “dictadores” y Sánchez de Lozada para apropiarse de los recursos nacionales el día que se hicieran cargo del país.

De ese modo respondió el Vicepresidente a la consulta de ANF, sobre si consideró el Gobierno las actividades de exploración sísmica en el Tipnis, luego de un proceso de flexibilización de la norma que permitió a las petroleras ingresar a las Áreas Protegidas.

ARTÍCULO 385 DE CPE

El artículo 385 de la CPE expresa que “las áreas protegidas constituyen un bien común y forman parte del patrimonio natural y cultural del país; cumplen funciones ambientales, culturales, sociales y económicas para el desarrollo sustentable”.

Asimismo, en dicho artículo se cita que donde exista “sobreposición de áreas protegidas y territorios indígena originario campesinos, la gestión compartida se realizará con sujeción a las normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originaria campesinos, respetando el objeto de creación de estas áreas”.

García Linera dijo que el Tipnis no se encuentra entre las áreas que se han priorizado para la exploración hidrocarburífera. “Se está priorizando zonas del sur del país actualizando, son las que vamos actualizar del 2017 al 2021, porque son las áreas de mayor probabilidad de encontrar hidrocarburos, son áreas tradicionales y esperamos llegar a 17 TCF (trillones de pies cúbicos), es la mejor respuesta”, dijo.

PROTECCIÓN DEL TIPNIS

El debate por la importancia de la protección del Tipnis cobró mayor fuerza con la promulgación de la Ley 969 que abrogó la Ley 180 que le otorgaba al TIPNIS la intangibilidad desde el 2011, carácter que ahora quedó anulada con la nueva norma que da luz verde a la construcción de la carretera San Ignacio de Moxos-Villa Tunari, a pesar de la oposición de algunos indígenas y activistas.

La problemática hidrocarburífera en parques nacionales y AP ha puesto bajo presión a varios territorios, como el caso de la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía (Tarija) que, según la denuncia de los comunarios del sector, ya se ve amenazada por los trabajos de exploración de hidrocarburos a pesar que no se concluyó el proceso de consulta.

En el país hay 22 Áreas Protegidas de diferentes categorías, desde reservas naturales, parques nacionales, y áreas de manejo integrado. (ANF)

25 agosto 2017

Amenazan con acciones “por mano propia” Se agrava conflicto en Achacachi

Los pobladores de Achacachi amenazan con liberar ellos mismos a sus dirigentes detenidos en el Penal de San Pedro, si el Gobierno no cumple con ese pedido hasta el lunes entrante.

En tanto, el bloqueo en el cruce de Pucarani se agudizó, junto a esta exigencia recuerdan al Gobierno que el alcalde Edgar Ramos Laura, de Achacachi, debe ser alejado del cargo y procesado por actos de corrupción.

A casi una semana de reanudarse el conflicto en esta población, la tensión crece en el altiplano paceño, cuyos habitantes exigen la libertad de Esnor Condori, presidente de las juntas vecinales de Achacachi; Pastor Salas y Gonzalo Layme, del Comité de Movilización de la población enviados con detención preventiva a la cárcel de San Pedro. También exigen la renuncia del alcalde, Edgar Ramos Poma, del Movimiento al Socialismo (MAS).

Gabriel Mendoza, miembro del Comité Cívico de Achacahi, informó que permanecerán en las carreteras hasta que el Gobierno atienda sus demandas, caso contrario radicalizarán las medidas de presión con un “cerco a La Paz”, hasta que el conflicto de esa población se resuelva con el alejamiento del alcalde Ramos Laura.

“No nos moveremos de los caminos, han dicho que este movimiento es político, pero no es así, en febrero Ramos ha saqueado casas y ha quemado la del dirigente de Fejuve, ahora queremos que renuncie porque es corrupto”, dijo Mendoza.

Indicó que las acusaciones contra los tres dirigentes cívicos son falsas e injustificadas. “Nosotros hemos visto que ese día de la movilización personas encapuchadas han robado y saqueado la casa del Alcalde, para nosotros es un auto atentado”, declaró.

Más de 3.000 pobladores de Achacachi mantienen asiladas las poblaciones de Copacabana, Peñas, Huarina, Desaguadero, Sorata y Achacachi, de las provincias Omasuyos, Manco Kapac, Ingavi, Muñecas, Loayza y Pacajes.

El dirigente Felipe Quispe, ‘El Mallku’, a cargo del Comité de Movilización, advirtió que las bases están muy enfurecidas y que incluso hubo voces que pidieron la renuncia del presidente Evo Morales. “La gente de Achacachi se arrepiente ya de haber dado voto a su verdugo”, dijo Quispe en declaraciones a los medios de comunicación.

OTRAS ACCIONES

A su vez, el dirigente del Comité Cívico de Achacachi, Gabriel Mendoza, informó también sobre el convenio suscrito entre los representantes del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (Tipnis) y el altiplano paceño, para asumir acciones en rechazo de la pretensión del Gobierno de construir la carretera por medio del parque.

“Haremos respetar el parque y el postulado de la Constitución Política del Estado del respeto a la pachamama”, afirmó.

Los dirigentes del Tipnis, opositores a la construcción de una carretera que cruce el parque, y los líderes sociales de Achacachi sellaron una alianza indígena para combatir en unidad al “enemigo común del gobierno de Evo Morarles Ayma”, a quien acusan de atacar, humillar y someter a los indígenas del oriente a un falso de desarrollo “colonizador, mentiroso e imponiendo su voluntad con actos de violencia, prebendas y corrupción”.

“El Gobierno ha confundido nuestra paciencia con conformismo y cobardía, hecho que no vamos a permitir ni un día más. El Gobierno podrá comprar dirigentes, pero jamás a los pueblos, Achacachi y el Tipnis somos los defensores de la democracia y el respeto a los derechos constitucionales ante un gobierno que solo busca dividirnos y doblegarnos”, dice una parte del acuerdo.

El documento fue suscrito por Fabián Gil Rocha, presidente de la Subcentral Tipnis; Marqueza Teco Moyoviri, presidenta Subcentral Mujeres Tipnis; Adelaida Rocha Noza, Marcial Fabricano Noé y Marcial Fabricano, exdirigentes del Tipnis y la Cidob.

Finalmente, Mendoza señaló que de no ser escuchadas sus demandas, los pobladores de Achacachi y de la provincia Omasuyos iniciarán una marcha rumbo a La Paz, donde radicalizarán sus protestas e incluso se aliarían con el grupo de gremiales movilizados y pedirán al alcalde Luis Revilla derogue la ordenanza municipal 442 /17 de carnetización voluntaria de los comerciantes en vía pública, cuya protesta actual bloquea las calle del centro citadino.

A un año de su muerte Familia de Rodolfo Illanes denuncia irregularidades y reservan pruebas

A un año del asesinato del exviceministro Rodolfo Illanes, la familia aún acongojada por la repentina pérdida de su ser querido, en declaraciones a EL DIARIO, denunció que desde mayo se presentaron en el juicio irregularidades, como el hecho de que la Fiscalía no se ha pronunciado sobre la situación jurídica del excomandante nacional de la Policía, general en retiro Rino Salazar.

Por otro lado, los familiares de Illanes también reservan pruebas y prefieren no revelar aún con quién y el contenido de la última conversación telefónica que mantuvo Illanes aquel trágico 25 de agosto de 2016, cuando fue asesinado a golpes en el cerro Pucara, de la localidad de Panduro de Oruro, a manos de una turba enardecida de cooperativistas mineros.

La defensa de la familia Illanes presentó ayer un recurso para que el juez séptimo de materia en lo penal cautelar, Héctor Quilla, conmine a la Fiscalía a presentar la resolución conclusiva del caso, debido a que en la audiencia de hace dos días, donde se concedió la cesación a la detención preventiva de los mineros René Cochi Trujillo y Clemente Colque Arancibia, el fiscal Javier Flores afirmó que ya habían terminado los actos investigativos.

Según la declaración de los testigos y los propios imputados con los que tuvo contacto nuestro medio, el asesinato de Illanes solo fue una reacción lógica por la muerte de dos de sus compañeros, que aquella tarde cayeron abatidos en la carretera con heridas provocadas por arma de fuego. El reporte extraoficial señalaba 27 heridos.

MINISTERIO PÚBLICO

EL DIARIO pidió también información al Ministerio Público sobre cuál era el estado de la investigación por el asesinato de los cuatro mineros cooperativistas que perdieron la vida, producto de disparos en enfrentamientos con la Policía registrados en La Paz y Cochabamba, entre el 24 y 25 de agosto, pero no recibió respuesta alguna.

Las causas de muerte de los cooperativistas fue motivo de polémica entre la Policía y el defensor del Pueblo, David Tezanos, quien entregó un informe señalando que pese a órdenes superiores, los efectivos de la Policía portaban armas de reglamento y estas fueron disparadas contra los cooperativistas, prueba de ello eran las dos cajas con los cartuchos (de gases y proyectiles) que se entregó a la Fiscalía, recolectadas por el personal de la Defensoría.

ANTECEDENTES

En esas fechas, los cooperativistas mineros mantenían protestas a nivel nacional, en contra de las reformas debatidas en la Asamblea Legislativa para modificar la Ley de Minería, que los obligaba a dar prestaciones sociales a sus dependientes, norma que de todas formas fue aprobada una vez descabezada la dirigencia de la Federación de Cooperativas Mineros (Decomin), cuyos miembros fueron detenidos y enviados a las cárceles de Chonchocoro y Patacamaya.

Pidiendo no ser individualizados, los familiares de Illanes manifiestan que, pese a la demora de un año, mantienen su confianza en el trabajo de la Fiscalía, pero no pueden dejar de sospechar de irregualridades, al percatarse que desde el 16 de mayo, cuando declaró el excomandante de la Policía, no se ha realizado otro acto investigativo ni se define si el investigado, general Salazar, será imputado por los delitos de incumplimiento de deberes y negación de auxilio a Illanes, cargos por los que fue cautelado el coronel José Luis Aranibar, excomandante departamental y responsable directo de los operativos de desbloqueo de las carretera a Oruro, donde fallecieron dos mineros.

Otro aspecto que levanta susceptibilidad a la familia es la negativa de la Fiscalía a dar copia de las declaraciones de Salazar, señalando que el caso se encuentra en reserva, hecho que nunca fue ordenado por el juez.

Por la muerte de Illanes, al momento existen 19 imputados, incluido Aranibar con detención domiciliaria; todos los otros, cooperativitas, están detenidos en la cárcel y solo dos han recobraron la libertad hace dos días.

Pero, por el asesinato de los cooperativistas Fermín Mamani Aspeti, Severino Ichota, Pedro Mamani Masi y Ruben Arapaya, la Fiscalía no ha hecho conocer el nombre de ningún investigado o sospechoso y, en el caso de Cochabamba, la última información daba cuenta que el caso había sido cerrado, dejando impunes los crímenes.

Hoy, la familia del exviceministro de Régimen Interior y Policía, Rodolfo Illanes, estará presente en la misa de cabo de año, en la Iglesia de La Merced, situada en la calle Colón.

Vence hoy plazo para registro de medios

Esta jornada es la última para que los medios de comunicación se registren para difusión de mensajes relacionados con las elecciones judiciales del 3 de diciembre informó el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), José Luis Exeni.

El representante del Órgano Electoral, citado por Fuente Directa, señaló que se trata de una ampliación en los plazos, que se realiza de manera extraordinaria y por única vez, debido a las solicitudes que hicieron llegar los medios de comunicación al TSE y los Tribunales Electorales Departamentales (TED), para habilitarse, registrarse y en algunos casos completar los documentos para su habilitación.

“Como Sala Plena, hemos evaluado la situación y con el fin de incluir a todos los medios, se ha decidido ampliar el plazo hasta este viernes y, si así lo considerara el Órgano Electoral Plurinacional, se los pueda incluir en los planes de medios en la estrategia de comunicación de las Elecciones Judiciales”, dijo.

Según el calendario electoral, entre el 31 de julio y el 18 de agosto se realizó el registro de los medios de comunicación para la difusión de mensajes contratados por el TSE, para las Elecciones Judiciales. Este registro, según anunciaron en un comunicado anterior, no compromete la contratación por parte del Tribunal Supremo Electoral.

El vicepresidente del TSE señaló que esta medida no modifica las fechas del calendario electoral y solo responde al criterio de apertura, que se asumió desde la Sala Plena de la entidad para flexibilizar el plazo a fin de garantizar un bien mayor, que es la inclusión de todos los medios que estén interesados en ser parte de este proceso.

“Hasta el momento tenemos estos 368 medios que se han habilitado a nivel nacional como en los nueve departamentos. A partir de ahora, cada Tribunal Electoral va a empezar a evaluar los planes de medios según la estrategia de información y comunicación”, añadió.

Los medios de comunicación deberán presentar ante el TSE o ante los TED una serie de requisitos, entre los que se encuentra una carta de solicitud para el registro, firmada por el o la representante legal o propietario del medio, una copia simple del NIT, además de la declaración jurada del tarifario, entre otros.

El formulario de declaración jurada puede ser descargado desde el sitio http://www.oep.org.bo.

Tipnis y Achacachi en alianza contra “totalitarismo” vigente

Dirigentes del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) y del pueblo de Achacachi firmaron una declaración conjunta contra el “totalitarismo” del actual Gobierno y en “defensa de la vida”, informó a EL DIARIO Marcial Fabricano, exdirigente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob).

“Firmamos el documento porque no estamos de acuerdo con algunas acciones que el Gobierno realiza (…). Es un trabajo conjunto, tenemos necesidades comunes que sufren los hermanos de Achacachi, nosotros también sufrimos”, dijo Fabricano.

Fabricano es una de las personas que firma al pie de la declaración. Sin embargo, también figuran los nombres de Fabián Gil Rocha, presidente de la subcentral del Tipnis; Marqueza Teco, presidenta subcentral de mujeres del Tipnis; y Adelaida Rocha Noza, vicepresidenta de la Subcentral de Mujeres.

Por parte de Achacachi figuran los nombres de Felipe Quispe, presidente del comité de bloqueo de Achacachi; Elsner Larrazabal, presidente del comité cívico de Achacachi; Pedro Villa, secretario general de la junta de vecinos, y Javier Quito, presidente de la zona Nueva Esperanza.

Fabricano explicó que la alianza se formalizó en el marco de un conflicto que atraviesan los pobladores del municipio de Achacachi, quienes exigen la renuncia del alcalde Édgar Ramos, quien fue denunciado por irregularidades; asimismo, exige la liberación de tres personas detenidas en el penal de San Pedro, en la ciudad de La Paz.

Recordó que los indígenas del Tipnis no están de acuerdo con la construcción de una carretera que atraviese el corazón de aquel territorio, por considerar que es un ecosistema natural que debe ser preservado.

El documento suscrito, donde figuran representantes de ambos sectores, señala que: “Los pueblos del Tipnis y Achacachi, conscientes del difícil momento político, social, cultural y económico que vive el pueblo boliviano y en particular los pueblos indígenas y originarios de tierras bajas y altas del país, acuerdan realizar la presente declaración conjunta por la vida y contra el totalitarismo, para combatir en unidad a nuestro enemigo común, el gobierno de Evo Morarles Ayma”.

Añade que “el Gobierno ha confundido nuestra paciencia con conformismo y cobardía, hecho que no vamos a permitir ni un día más. ¡El Gobierno podrá comprar dirigentes, pero jamás a los pueblos! Achacachi y el Tipnis, somos los defensores de la democracia y el respeto a los derechos constitucionales, ante un Gobierno que solo busca dividirnos y doblegarnos”.

En esa línea, Fabricano señaló que se proyectan futuras reuniones para tomar acciones conjuntas en defensa de sus convicciones.

REUNIÓN EN TIPNIS

El acuerdo firmado incluye también el encuentro de las tres subcentrales, que se realizará en esta jornada y concluirá el 28, donde los indígenas del Tipnis abordarán diferente temáticas relacionadas con su hábitat.

Anteriormente, la presidenta de la subcentral de mujeres del Tipnis, Marqueza Teco, informó a EL DIARIO que el encuentro del 25 al 28 de agosto se realizará en instalaciones del “Centro de Gestión”, ubicado en su mismo territorio, para determinar futuras acciones en defensa del Tipnis.

Paralelamente, se desarrollará otro encuentro en el Tipnis entre personas que están a favor de la norma que anula la intangibilidad de su territorio, Ley 266.

La información fue dada a conocer por el secretario de comunicación de la subcentral Tipnis, Lorgio Yuvano, quien sostuvo que el 25 de agosto los indígenas se reunirán para ratificar la Ley 266, que anula la intangibilidad.

EL MALLKU

Con el conflicto suscitado en Achacachi, Felipe Quispe, más conocido como el ‘Mallku’, reapareció en la palestra pública y criticó al Gobierno actual. Asimismo, señaló que desde las bases con las cuales él se encuentra exigirá un nuevo Gobierno indígena.

En esa línea, consultado por una emisora radial sobre si el ‘Mallku’ será candidato presidencial en las elecciones del 2019, este aplazó la posibilidad.

“Ya no, ya estoy muy viejo, no estoy pensando eso, nosotros tenemos jóvenes más preparados, más lúcidos. Entonces nosotros vamos a pedir un Gobierno propio, será un Mamani, Condori (…)”, declaró Quispe.

Bolivia perdió unos $us 10.000 millones por la privatización



Durante el período de la capitalización o privatización (1985-2005) Bolivia perdió un patrimonio de al menos $us 10.000 millones, informó el presidente de la Comisión Mixta de Investigación de la Capitalización, Javier Zavaleta.

“La cifra en cuanto al perjuicio económico se estima en 10 mil millones de dólares, pero la cifra exacta la tendremos en dos semanas”, declaró el legislador.

Para cumplir con esa estimación, Zavaleta indicó que recurrieron a los archivos del Ministerio de Planificación del Desarrollo, de las empresas estatales como YPFB, Entel, ENFE, ENDE, de Fundempresa, de las alcaldías y gobernaciones, así como de la Comibol y la Vicepresidencia, que en conjunto hacen un total de 80.000 documentos acumulados de esas dos décadas en las que se enajenó el patrimonio del Estado.

En declaraciones a Cambio, Zavaleta dijo que se logró acumular una gran cantidad de información, sin embargo no la totalidad porque varios registros de la etapa de capitalización-privatización desaparecieron.

¿Hay responsables?
En referencia a los artífices o responsables de la capitalización y privatización, el legislador dijo que se logró identificar a 51 personas.

“Nosotros hemos catalogado como una red de poder que actuó por encima de partidos políticos, por encima de familias y empresas privadas.

Se han articulado en forma malintencionada para hacerse de algunas empresas mineras, cementeras y otras de infraestructura”, afirmó Zavaleta, quien se reservó la divulgación de los nombres hasta la entrega del informe final de la Comisión.

Mencionó, sin embargo, que las personas identificadas tienen vínculos con partidos políticos, empresarios y grupos familiares.

“Esas redes son las que estamos clasificando para, de la forma más didáctica, mostrar al pueblo boliviano cómo esas 51 personas actuaron de forma deshonesta en este proceso”, indicó.

Zavaleta aclaró que estas personas fueron rotando en los diferentes gobiernos, que fueron los artífices de la capitalización y privatización.

“Éstos actuaban de forma coordinada para hacerse de algunas empresas, obviamente de la esfera pública, otros desde cargos ministeriales, de la empresa privada y medios de comunicación”, sostuvo.

El rol de EEUU
En cuanto al papel que le tocó jugar al Gobierno de los Estados Unidos durante esa etapa, Zavaleta mencionó que entre 1985 y 2005 había un “tutelaje en todo el proceso de desarrollo boliviano, en términos económicos, sociales y políticos”.

Ferrier: Carretera abrirá puerta de la industrialización para Beni



El gobernador de Beni, Álex Ferrier, ve en la ruta Villa Tunari-San Ignacio de Moxos la oportunidad para pasar de la producción de materias primas a la industrialización de granos y un impulso a la actividad ganadera.

Ferrier señaló que la ruta, que fue pensada desde la década de los 80 con un trazo similar al actual (San Ignacio de Moxos-Monte Grande-Santísima Trinidad-Villa Tunari), no sólo significará la conexión de Beni con Cochabamba, sino con todo el occidente del territorio nacional.

La carretera “es la puerta de la industrialización de nuestros productos, permitirá mejores condiciones de comercialización con La Paz, Oruro y Potosí”, afirmó Ferrier en una declaración a la prensa en la capital beniana.

En la actualidad, de acuerdo con el Gobernador, Beni es el proveedor principal de materias primas a Santa Cruz. Le vende ganado en pie que es engordado y comercializado en el mercado interno como si fuera cruceño.

También le provee arroz sin pelar. En Santa Cruz se lo procesa y luego es vendido en todo el país.

La autoridad está convencida de que una ruta permitirá una mayor inversión en la actividad agrícola y ganadera, y quizás, a largo plazo, consolidar al departamento en el granero del país por las condiciones de tierra que posee.

“Al vender productos industrializados aumentamos el PIB (Producto Interno Bruto, que son todos los bienes y servicios que genera el departamento) para generar divisas no sólo para Beni sino para el Estado”, afirmó Ferrier.

De acuerdo con la información proporcionada por el Gobernador, para unir Beni con Cochabamba sólo resta habilitar una ruta de 60 kilómetros, que es por el centro del Tipnis.

“Ahora para unir Santo Domingo y Santa Antonio, en Cochabamba, sólo falta 60 kilómetros. Quienes se oponen dicen ‘vayan por otro lado y hagan 500 kilómetros’, eso sí es un daño ambiental. Que propongan, pero lo que se pueda hacer”, exigió la autoridad.

Sostuvo que para concretar esa conexión se necesitarían desmontar 600 hectáreas.

Ferreira atribuyó la oposición de ciertos políticos a una intención electoral porque creen que al asumir un falso ecologismo ganarán respaldo electoral en La Paz y Santa Cruz.

“Como políticamente pesamos poco, quizás no les importa castigarnos porque piensan que están ganando votos en La Paz, en Cochabamba y Santa Cruz, donde hay más negocio electoralmente hablando”, afirmó la autoridad departamental.

24 agosto 2017

Caso Rodolfo Illanes Dos mineros logran salir de cárcel

El juez séptimo de materia en lo penal cautelar, Héctor Quilla, autorizó ayer la salida de la cárcel de dos mineros imputados por la muerte del exviceministro Rodolfo Illanes y negó el pedido de modificación a la detención domiciliaria del excomandante departamental de la Policía, coronel José Luis Aranibar. Al contrario, conminó al Régimen Penitenciario a que se le imponga un custodio para prevenir una posible fuga.

En la jornada de ayer se efectuaron dos audiencias. En la primera, realizada a las 11.00 horas, el juez Quilla trató el pedido para una salida laboral, presentada por el coronel Aranibar.

El excomandante departamental arguyó que tiene la necesidad de salir a trabajar para pagar las pensiones de su hijo, porque su pensión de jubilado es reducida.

Sin embargo, el Ministerio Público y la defensa de la familia del Rodolfo Illanes se opusieron al pedido y observaron que carecía de respaldos documentales.

Si bien el exuniformado presentó un contrato, para trabajar como administrador en la empresa de un familiar, el fiscal Eraln Almanza señaló que Aranibar no había acreditado el trámite de jubilación y que, según el reglamento interno de la Policía, este no se despacha de forma inmediata, anotando, además, que en la reserva pasiva se continúa percibiendo salario, pero sin realizar trabajo alguno. En esa línea, el juez rechazó el pedido.

Aranibar está procesado por incumplimiento de deberes y la supuesta negación de auxilio al exviceministro, cuando este fue secuestrado y luego victimado el 25 de agosto en la localidad de Panduro, Oruro, por cooperativistas mineros que mantenían los bloqueos en esa zona, en protesta a una reforma de la ley minera, que les obligaba a pagar beneficios a sus dependientes.

Por la tarde, se instaló la segunda audiencia para tratar un pedido de la cesación de la detención preventiva de los mineros cooperativistas René Cochi Trujillo y Clemente Colque Arancibia, ambos se encontraban internos en el penal de Patacamaya.

Pese a la oposición y apelación de la Fiscalía y la defensa de la víctima, en esta audiencia, el juez Quilla sí otorgó medidas sustitutivas de carácter real.

Para que esta medida se cumpla, Quilla les impuso, a cada uno, una fianza de 20 mil bolivianos, arraigo y garantías hacia la familia de Rodolfo Illanes, además de que el personal del juzgado debe verificar el domicilio de ambos mineros, en la localidad de Llallagua, en el departamento de Potosí.

Para esta audiencia se presentó el fiscal Javier Flores que anunció la apelación del fallo emitido por el juez Quilla.

Ambos mineros presentaron contratos de trabajo firmados con la Cooperativa Siglo XX Srl.

Los mineros fueron identificados como posibles autores de la muerte de Illanes, victimado a golpes en fecha 25 de agosto de 2016.

Como parte de auditoría al padrón electoral OEA acompaña fase de empadronamiento

La Organización de Estados Americanos (OEA) acompaña el proceso de empadronamiento masivo que el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) inició el 17 de agosto y concluirá el 6 de septiembre informó la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Katia Uriona.

“En este momento, el equipo de la OEA también está acompañando toda la fase del empadronamiento masivo, porque ahí se está verificando los procedimientos de registro, se está constatando las condiciones del sistema”, declaró.

El empadronamiento masivo que el OEP inició la semana pasada es realizada rumbo a las elecciones judiciales que se desarrollarán en el país el 3 de diciembre próximo, fecha cuando las y los bolivianos elegirán a las altas autoridades que estarán en a cargo de la justicia en el país.

Por otra parte, actualmente un equipo técnico de la OEA trabaja en Bolivia, desde junio de la presente gestión, en un proceso de auditoría integral al padrón electoral biométrico, tema que fue demandado anteriormente por líderes políticos de oposición, quienes observaron al padrón.

De ese modo, la presidenta del TSE señaló que el organismo internacional viene realizando un trabajo de campo en donde se aplican diferentes técnicas, como las encuestas, para verificar los datos.

“El equipo de la OEA, en esta fase, está implementando todo lo que es el trabajo de campo, esto que hemos denominado encuestas en las cuales, la OEA, ha contratado una empresa. La OEA está verificando (…). Se hace un recorrido por las viviendas”, añadió Uriona.

Según información de la OEA, el grupo de expertos, que permanecerá en campo durante algunos meses, cuenta con especialistas internacionales en estadística, informática, verificación documental, legislación electoral y capacitación. Estará radicado en La Paz, pero se trasladará a distintos puntos del territorio para el trabajo de verificación en terreno.

Al concluir la auditoría, cuya implementación fue recomendada en los informes de las Misiones de Observación Electoral de la OEA a Bolivia, se entregará al OEP un reporte detallado con los hallazgos surgidos de este trabajo y posibles acciones para el fortalecimiento del registro electoral.

El proyecto será implementado gracias al apoyo financiero de España, Estados Unidos, Suecia, Suiza e IDEA Internacional.

Juan del Granado: FFAA tienen que precisar quiénes eliminaron archivos

Las Fuerzas Armadas (FFAA) anunciaron que coadyuvarán con el trabajo del Comité de la Verdad para informar sobre las investigaciones avanzadas, a partir de la desclasificación de archivos de la época de la dictadura (1971 – 1982) y las acciones realizadas hasta la fecha, sostuvo el exalcalde de La Paz, Juan del Granado.

En su opinión, empero, “tienen que decir, con precisión, quiénes son los responsables de la destrucción de esos archivos. La destrucción de archivos públicos, mucho más si son archivos castrenses, es un delito penal y castrense. Que nos diga entonces quiénes son los responsables de la destrucción de esos archivos y que han hecho las FFAA para sancionar a esos delincuentes”, dijo ayer en conferencia de prensa.

“NO FUERON DESTRUIDOS”

La exautoridad edil tiene la esperanza de que los archivos de la dictadura no fueron destruidos y que se encuentran en sitios que precisamente no son las oficinas públicas del Estado, por lo cual considera que las FFAA son las que deben decir, de cara a los bolivianos, dónde se encuentran aquellos documentos.

En caso que realmente hubiesen sido destruidos, Del Granado señaló que los uniformados deben informar acerca de los responsables y autores de aquel hecho delictuoso y de las sanciones que se aplicó a los culpables.

“Veamos la posibilidad que se haya destruido, el comandante en jefe de las FFAA tiene que decir al país ¿cuándo se destruyeron? ¿Qué archivos se destruyeron? ¿Todos? (…)”, añadió.

ENCUBRIMIENTO

Recordó que, en la época de las dictaduras, las FFAA, en sus mandos superiores, tuvieron una permanente actitud de encubrimiento de lo sucedido en esos años, contrarios a la democracia.

La Comisión de la Verdad, que fue posesionado el lunes por el presidente Evo Morales, Del Granado señaló que es un error descalificar de inicio a quienes conforman aquel equipo; sin embargo, el hecho que el Gobierno haya decido nombrar a gente vinculada con el partido de Gobierno genera desconfianza en la ciudadanía.

Por lo cual, señaló la exautoridad de la ciudad de La Paz, una de las primeras tareas que tiene la Comisión es ganar la confianza, por ende la credibilidad, de la opinión pública, cumpliendo el mandato establecido en la Ley 879 del 23 de diciembre de 2016.

TRES COMPONENTES

“Este mandato tiene tres componentes: El primero es, sin duda, el de la investigación de la verdad, tiene que realizar una rigurosa investigación de todos los gobiernos dictatoriales, desde el 1964 hasta el año 1982”.

El segundo componente es la justicia y su informe final, es decir, la Comisión debe remitir los antecedentes de esa investigación con los indicios que han encontrado sobre delitos al Ministerio Público, instancia que debe llevar adelante los procesos penales respecto a los responsables con vida.

El tercer mandato es la reparación de las víctimas, “un mandato que está insuficientemente cumplido hasta ahora, lo que es peor, es un mandato que no es suficientemente legislado en la propia ley”.

COMPROMISO

El presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, sostuvo que los miembros de la Comisión de la Verdad son gente comprometida con la democracia y que luchan por la vigencia de los derechos humanos en Bolivia.

“Se trata de gente que tiene toda su vida, prácticamente, comprometida con la democracia, con la lucha por la vigencia de los derechos humanos. Son personas de una trayectoria impecable, incuestionable”, aseguró del Gonzales a los periodistas.

El Presidente del Senado hizo la declaración acerca de lo señalado por el ex líder político de oposición Juan Del Granado, quien afirmó que dicha Comisión, si bien es legítima, carece de credibilidad porque, en su criterio, algunos de los miembros son afines al partido de Gobierno.

PARA RECORDAR

Los integrantes de la Comisión de la Verdad son: Nila Heredia (exministra de Salud), Isabel Viscarra (activista en derechos humanos y temas culturales), Teodoro Barrientos (fundador de la Csutcb en Chuquisaca y presidente del Tribunal de Ética del MAS), Edgar Ramírez (exdirigente minero) y Eusebio Gironda (exasesor del presidente Evo Morales).

La Comisión tiene la misión de esclarecer los asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias y violencia sexual, entendidas como violaciones graves a los derechos humanos, fundados en motivos políticos e ideológicos, acontecidos en Bolivia del 4 de noviembre de 1964 al 10 de octubre 1982.

22 agosto 2017

Video Norma Pierola explica sus denuncias el Gobierno justifica el actuar de Alvaro Garcia Linera

Video Gobierno Crea comision de la verdad para investigar las Dictaduras y prohibe ingreso de victimas

Video Vicepresidente y diputada Piérola protagonizan altercado en la sesión de la ALP



El vicepresidente Álvaro García Linera y la diputada del Partido Demócrata Cristiano (PDC) Norma Piérola protagonizaron un altercado, con cruce de palabras y empujones, en la novena sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) debido a una denuncia sobre la supuesta presencia de una base militar extranjera en Bolivia.

Durante la sesión parlamentaria, en la que se realizaba una interpelación al ministro de Defensa, Reymi Ferreira, hizo uso de la palabra la diputada Piérola. En su alocución hizo referencia a una denuncia de hace cinco años sobre la presencia de una base militar en Bolivia.

Estas palabras motivaron la respuesta del vicepresidente, quien la conminó a demostrar esa versión, para ello le ofreció transporte terrestre y aéreo para en ese momento ir a verificar su denuncia. Piérola se acercó con una serie de documentos hasta donde estaba García donde tuvieron un intercambio de palabras.

De acuerdo con la versión de la diputada, cuando ella se acercó al vicepresidente para mostrarle los documentos que mostraban las coordenadas del lugar referido, la autoridad legislativa la insultó y la empujo.

“Inclusive dicen que yo lo he intentado agredir, él me ha insultado a mí. Le entregue toda la documentación y él me empujó con la mano y casi me hace caer”, afirmó en conferencia de prensa.

Piérola recordó que el 2012 denunció el establecimiento de la Escuela del Alba (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América). “Qué es la escuela del ALBA, hoy escuela antiimperialista. Quieren tapar el sol con un dedo”, recalcó

Espere…

Los asambleístas oficialistas llamaron “mentirosa” a Piérola mientras que los opositores calificaron de “machista” y “abusivo” al vicepresidente durante un momento de mucha tensión durante la sesión.

Gabriela Montaño, presidenta de la Cámara de Diputados y Jose Alberto Gonzales, presidente del Senado ofrecieron una conferencia de prensa en la cuestionaron el comportamiento de la asambleísta y reiteraron su preocupación por las “denuncias sin pruebas”.

“Lamentamos mucho que haya miembros de esta asamblea que consideren que con toda facilidad se pueda lanzar cualquier tipo de falacia, cualquier tipo versión reñida con la verdad”, afirmó Gonzales.

En tanto, Montaño agregó que la interpelación no tenía ninguna relación con las denuncias que hizo Piérola. “Intenta buscar el lugar de víctima, la única víctima es el país. Yo estaba a lado del vicepresidente y soy mujer, ninguna mujer tiene derecho a empujonear por debajo y después hacerse la víctima”, afirmó Montaño. (21/08/2017)