Por vulneración de derechos Gobierno continuará denuncia contra el país chileno

El canciller Fernando Huanacuni indicó que el Gobierno continuará denunciando en instancias internacionales los atropellos del que fue objeto por parte de Chile, tras la detención y sentencia injusta de los 9 connacionales y la discriminación que sufrieron sus familiares, además de negar la otorgación de visas a cuatro autoridades bolivianas.

“La discriminación que sufrió la madre de uno de los detenidos, porque la vestimenta que llevaba no era la adecuada, es discriminar la vestimenta del indígena aymara; además de la negación de visas a nuestros dignatarios de Estado”, explicó la autoridad.

Durante el juicio contra los 9 ciudadanos, Chile negó la visa de ingreso al ministro de Justicia, Héctor Arce; ministro de Defensa, Reymi Ferreira; a los presidentes de las Cámaras de Senadores y Diputados. No se conocieron las causas específicas.

En el caso del Ministro de Justicia habría sido porque la autoridad hizo alusiones contra la presidente del vecino país, Michelle Bachelet.

DENUNCIAS

Huanacuni señaló que en la estrategia que se plantea es acudir a tres instancias internacionales para hacer conocer estas irregularidades: la Organización de Estados Americanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Pacto de Bogotá, donde ambos países suscriben el convenios.

“Esta es la segunda etapa, estamos estudiando acudir a la Organización de Estados Americanos (OEA), el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Oacdh), también tenemos opciones como el Pacto de Bogotá”, resaltó.

INVESTIGACIÓN

Ratificó una vez más la inocencia de los 9 ciudadanos, que fueron expulsados de Chile el pasado miércoles y señaló que los opositores que están pidiendo su investigación están alineados con la política de Chile.

Sobre este punto el canciller indicó que deben acceder a los documentos que fueron presentados ante la justicia de Chile para determinar la inocencia de los sindicados.

“Esas voces disidentes al parecer están alineando a las políticas de Chile, que revisen la parte documental que hemos presentado, teníamos en la estrategia jurídica probar que esos tres delitos no tiene asidero ni fundamento jurídico y lo hemos demostrado”, expresó.

Tras el retorno de los dos militares y siete funcionarios de la Aduana, que fueron privados de libertad durante 101 días en Chile, algunos políticos de la oposición pidieron la apertura de una investigación en Bolivia para determinar lo que realmente ocurrió el pasado 19 de marzo, día en el que los nueve fueron capturados por carabineros.

Esa petición cobró mayor fuerza después de que surgieron denuncias públicas en contra de uno de los nueve expulsados, que fue acusado de ser un “chutero”.