22 julio 2017

Corte regional cerró caso de bolivianos juzgados en Chile

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de Estados Americanos (OEA), determinó cerrar el expediente sobre la solicitud de medidas cautelares que los familiares de los nueve bolivianos sentenciados en Chile presentaron para denunciar la vulneración de sus derechos, cuando fueron detenidos.

El organismo internacional envió una carta al canciller de Chile, Heraldo Muñoz, donde explica que, “teniendo en cuenta la información remitida a la CIDH por ambas partes, el expediente correspondiente a la presente solicitud de medidas cautelares fue oportunamente cerrado”. La nota lleva la fecha de 14 de julio.

Esta medida fue asumida por la familia de uno de los familiares de los 9 compatriotas que fueron sentenciados por la justicia chilena, por supuestos delitos de robo con violencia, porte ilegal de armas y contrabando.

Las familias y el Gobierno boliviano identificaron varios casos de vulneración a los derechos humanos de los detenidos y de sus seres queridos que fueron a visitarlos, cuando aquellos estaban en la cárcel.

REGLAMENTO

Según el artículo 25 del reglamento de la CIDH, la medida cautelar se presenta en situaciones de gravedad y urgencia. La “gravedad de la situación”, significa el serio impacto que una acción u omisión puede tener sobre un derecho protegido o sobre el efecto eventual de una decisión pendiente, en un caso o petición ante los órganos del Sistema Interamericano.

En tanto que la “urgencia de la situación” se determina por la información que indica que el riesgo o la amenaza sean inminentes y puedan materializarse, requiriendo de esa manera acción preventiva o tutelar.

DECISIÓN POLÍTICA

La diputada del Movimiento al Socialismo (MAS) Adriana Salvatierra discrepó con la determinación de la instancia internacional. Dijo que espera que no sea una decisión política, puesto que el organismo está enmarcado bajo los “gobiernos liberales”.

“Para nosotros, es bastante curioso que la CIDH no permita que prospere esta denuncia, depende de una institución que está enmarcada con gobiernos de corte liberal a diferencia de gobiernos progresistas. Esperemos que no sea una decisión política, para todo el mundo fue clara cómo se torturó a los 9 bolivianos, se los detuvo sin fundamento alguno y se discriminó a los familiares”, explicó.

En tanto, el diputado de Unidad Demócrata Wilson Santamaría indicó que es posible que la denuncia no haya sido fundamentada de manera correcta. Indicó que el Gobierno pretende acudir ante el Pacto de Bogotá, para presentar una demanda por la vulneración de derechos y espera que sea fundamentada adecuadamente.

“Quizá no sean tomadas las medidas adecuadas, pero existen otras instancias de forma especializada, entiendo que el Gobierno está impulsando acudir al Pacto de Bogotá, que trabaja específicamente en tema de derechos humanos. Yo confío en una buena argumentación, ahí podemos prosperar”, señaló el legislador.

CERRADO

Otra de las autoridades que dio por finalizado este caso es la presidenta de la Aduana Nacional, Marlene Ardaya, quien indicó que a su criterio los 9 funcionarios son inocentes. Informó que los aduaneros fueron restituidos en sus funciones, pero que por su seguridad ya no participarán en operativos.

“Creo que quedó clara la posición de la administración aduanera; de hecho se ha demostrado la inocencia (de los funcionarios) y, por tanto, para nosotros es un caso cerrado, porque la Administración Aduanera ha aportado con todos los elementos para la defensa, por tanto no queda duda razonable”, resaltó.

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