Intervinieron dos veces. Pocas palabras, pero contundentes. Los nueve detenidos en Chile hablaron en dos oportunidades en la audiencia de ayer en el juzgado de Pozo Almonte, al norte de Chile. En conclusión, se sienten “humillados” y están “indignados” por estar encarcelados durante 94 días.
Bryan Quenallata, funcionario de la Aduana Nacional, habló dos veces. Una frase que pronunció dejó incomodidad.
“Fuimos humillados y estamos indignados por esta detención. El contrabando daña a mi país, y más aún por no tener salida al mar”, dijo el imputado cuando la jueza Isabel Peña les pidió intervenir. Esto fue al final de la audiencia, que duró cinco horas.
Diego Guzmán, también parte de la Aduana, no ocultó su indignación y pidió que este caso pueda ser asumido como ejemplo para reencauzar la relación diplomática entre Bolivia y Chile.
“Me sorprende mucho, señoría, que de ser fiscalizadores del contrabando hemos pasado a ser acusados del delito de contrabando. El contrabando en Bolivia perjudica a todas las familias y a las empresas”, remarcó Guzmán, también al finalizar la audiencia en Pozo Almonte.
David Quenallata se limitó a decir que estaban cumpliendo una labor pública, mientras que el capitán del Ejército, Álex Carvajal, prefirió no dirigirse a la jueza Isabel Peña.
Un punto central del debate será la diferencia de la normativa sobre contrabando en ambos países. La jueza Peña dio una tarea a la parte boliviana. “¿Existe normativa legal en Bolivia que señale que cuando hay persecución al delito de contrabando no sea necesario detener a los supuestos contrabandistas y solo comisar la mercadería?”, señaló Peña.
Luego dictó un receso de 15 minutos en la audiencia.
Se reanudó la cita judicial y la defensa respondió luego de reunirse con la presidenta de Aduanas, Marlene Ardaya, que llegó hasta Iquique. El abogado Claudio Vila explicó que en Bolivia se decomisa la mercadería cuando el valor de los tributos de esta incautación es menor a los 200.000 UFV (Bs 441.234 a la cotización actual).
En este caso, el valor de la mercadería llegaba a Bs 320.000, y por eso se decidió liberar a los contrabandistas y quedarse con la mercadería.
Esa versión en Chile no es tan aceptada, ya que su normativa establece que se incauta y detiene a los contrabandistas.
Esta diferencia jurídica será resuelta hoy en la lectura de la sentencia. La defensa boliviana envió ayer esta información a la jueza de Pozo Almonte.
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