30 junio 2017

Bolivia se prepara para recibir a los ministros de Educación de AL y el Caribe

El ministro de Educación, Roberto Aguilar, en el evento de la tercera reunión del Comité de Direcciones ODS 4 -Educación 2030 que se desarrolla en la sede de Naciones Unidas, en Nueva York, informó que el 2018 Bolivia recibirá ministros (as) de educación y representantes de organismos multilaterales que consensuarán una visión común de E2030 para generar estrategias y programas.

30 de Junio de 2017
Bolivia se prepara para recibir a los ministros de Educación de AL y el Caribe

En su condición de vicepresidente del Comité de Dirección ODS Educación 2030, Roberto Aguilar, sostuvo que el 2018 el mes de julio en la ciudad de Sucre, se realiza la Reunión Regional de Ministros de Educación de América Latina y el Caribe E2030. “Durante el primer encuentro de ministros de Educación que se realizó en Argentina, hemos propuesto que el segundo encuentro se realice en Bolivia, porque se han resaltado aspectos importantes y existe un reconocimiento del trabajo que se realizó en el sistema educativo de Bolivia, donde se hizo una educación que vincula a todos los actores y que además forman parte de una ley”, dijo. Es así que el 2018, se determinó que se reunirán los comités educativos de la Unesco, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) junto a los ministros de Educación. “El objetivo central de este evento es la conjunción de agendas en torno a la situación de la educación, además de conocer los avances de nuestro país y de sus regiones para establecer pautas que puedan dar paso a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible que fueron acordados por los miembros de la ONU hasta el 2030”, concluyó Aguilar.

Gobierno: Chile bloqueó el acceso a documentos para obstaculizar la defensa de los nueve



Chile obstaculizó la defensa técnica e impidió la obtención de documentos para la defensa legal de los nueve bolivianos capturados el 19 de marzo cuando luchaban contra el contrabando, denunció este jueves el viceministro de Justicia, Diego Jiménez. Dijo que el objetivo era mantenerlos en la cárcel, pero finalmente hubo un retroceso ante la estrategia y "contundencia de los argumentos bolivianos".

Los dos militares y siete aduaneros retornaron este miércoles a Bolivia luego de que fueran expulsados del vecino país tras el pago de una multa de cerca de $us 50.000 como parte de la sentencia condenatoria en un proceso abreviado por delitos de robo con intimidación, contrabando y portación ilegal de armas.

El presidente Evo Morales los recibió en el Palacio de Gobierno y dijo que su retorno era un triunfo para el país, ya que Chile había actuado contra la normativa internacional al haberlos capturado cuando combatían un delito transnacional y luego someterlos a un proceso y condenarlos por delitos que no cometieron.



Bolivia denunció este hecho ante la Organización de Estados Americanos y Jiménez consideró que el haber llevado la denuncia ante organismos internacionales hizo que Chile reconsidere su inicial determinación de mantener a los bolivianos en prisión.

“(La denuncia internacional) ha hecho que Chile tenga que librarse del tema. Que los tengamos (en Bolivia) es una victoria de la estrategia boliviana, tomando en cuenta que obstaculizaron la defensa técnica impidiendo el ingreso de autoridades nacionales e impidieron que podamos llegar a tener documentos en Chile que puedan materializar una defensa objetiva”, dijo.

“Chile ha retrocedido mucho y eso no es gratis, no es benevolente, es una victoria boliviana”, insistió y destacó que la estrategia desplazada en diferentes foros internacionales “arrinconó” a Santiago frente a los argumentos esgrimidos, por lo ilegal de la detención e inconsistencia de los delitos atribuidos a una misión de lucha contra el contrabando.


Consideró además que la sentencia de tres años y un día de cárcel y el pago de una multa fue “forzada”, ya que la justicia chilena no podía ir en contra de la condena dictada previamente por la presidencia Michelle Bachelet, que poco después de la captura de los bolivianos los acusó de robo.

“Tenerlos a los nueve aquí es una conquista de la estrategia boliviana, no es gratis. Ahorita hubiéramos estado lamentado que tengan una sentencia con cárcel y totalmente mal parados, y Chile ha retrocedido”, reiteró durante una entrevista con la cadena RTP. Anunció que se recurrirá a instancias internacional para resarcir daños de los detenidos.

Los nueve bolivianos permanecieron 101 días en Chile y el miércoles retornaron a Bolivia. Familiares y una comisión de Gobierno fueron a recibirlos a la frontera la mañana de ayer. El presidente Evo Morales los recibió en la tarde en Palacio de Gobierno. “Gracias a ustedes, Bolivia tiene nuevamente una victoria ante Chile y ante el mundo entero (…)”, destacó el mandatario.

Fiscal de Chile dice que se mandó un mensaje con el caso de los 9


El Fiscal Nacional de Chile, Jorge Abbott, afirmó que el caso de los nueve ciudadanos bolivianos, condenados tras 101 días de detención, sirvió para dar un mensaje claro. Garantizó que toda la actuación de los investigadores estuvo enmarcada en el Estado de Derecho.

"Lo que ha ocurrido aquí es que ha operado el Estado de Derecho, han funcionado las instituciones y se ha mandado un mensaje claro: quien cometa delitos en Chile debe responder por sus hechos frente a los Tribunales de Justicia. Nadie en este país está por sobre la ley", explicó la autoridad.



El jefe de los investigadores de la vecina nación explicó que "la legación del Ministerio Público que imputaba a los ciudadanos bolivianos era por un robo con violencia, por el delito de contrabando y porte ilegal de armas, y fueron condenados a una pena de tres años, que fue sustituida por la expulsión".

Abbott se mostró tranquilo luego del proceso de juicio abreviado que terminó con los ciudadanos bolivianos expulsados tras la sustitución de la pena inicial. El caso aún ocasiona roces entre autoridades de los gobierno de Bolivia y Chile.

Los dos militares y siete funcionarios de la Aduana, condenados tras su captura el pasado 19 de marzo, retornaron al país esta semana después de que su gobierno pagara una multa de unos 48 mil dólares y fueran expulsados. El presidente Evo Morales calificó como una "gran victoria" el hecho.

Juan del Granado anuncia creación de nuevo partido

El exlíder del desaparecido Movimiento Sin Miedo (MSM) Juan del Granado anunció que el segundo semestre de este 2017 lanzará una nueva fuerza política, que aglutinará a la oposición democrática, con una mirada puesta en las próximas elecciones nacionales de 2019.

Del Granado manifestó que nunca se retiró de la vida política, pero aclaró que no tiene ya intención alguna de liderar el nuevo proyecto político, que dijo está previsto será lanzado en los próximos meses.

“Lo que estoy haciendo y lo que voy a hacer hacia adelante es ser parte del lanzamiento de una nueva fuerza política en el país, (pero) no para encabezarla, no para dirigirla ni representarla”, precisó el exalcalde de La Paz, a la agencia de noticias ANF.

En ese marco, aseguró que una de las agrupaciones ciudadanas que será parte de esta nueva propuesta política es Soberanía y Libertad (Sol.bo), del alcalde Luis Revilla.

Del Granado aseguró que esta agrupación paceña “va a impulsar el relanzamiento de un renovado proyecto político, que tendrá dentro de sus premisas la mayor unidad posible de la oposición democrática de Bolivia”.

El objetivo de la nueva iniciativa partidaria es perfilarse para las próximas elecciones nacionales de 2019, cuando la población en edad de votar decidirá quiénes serán los nuevos administradores del Estado y los nuevos asambleístas.

Del Granado apunta a que las organizaciones políticas contrarias al Movimiento al Socialismo converjan de forma democrática, para presentar una nueva opción a la ciudadanía.

“Tiene que tener en mente el 2019 y la urgencia de tener una convergencia democrática y una perspectiva de aliento hacia adelante”, afirmó.

Del Granado lideró desde 1999 el MSM, sin embargo, en las elecciones generales de 2014, para la Presidencia de Bolivia, su tienda política no alcanzó a tener la votación suficiente, por lo que el partido de los “sin miedo” desapareció del espectro político boliviano, al perder su personalidad jurídica en el Tribunal Supremo Electoral.

Muchos de los militantes de este partido político, a consecuencia de este proceso, decidieron fundar la agrupación ciudadana Sol.bo, liderada por Luis Revilla Herrera, actual alcalde de La Paz, mediante votación ciudadana.

Del Granado es abogado de profesión. Su carrera trascendió, porque procesó penalmente al exdictador Luis García Meza Tejada y a sus principales colaboradores, por delitos económicos, genocidio y violación a los derechos humanos, cometidos durante el gobierno de facto de 13 meses, entre 1980 y 1981. Por este proceso histórico, se ganó el sobrenombre de “Juan sin miedo”

El político cochabambino también fue diputado del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) y del Movimiento Bolivia Libre (MBL), en la década de los 80.

OEA da inicio a auditoría al Padrón Biométrico Electoral

La auditoria al Padrón Electoral Biométrico (PEB) por parte de expertos de la comisión de la Organización de Estados Americanos (OEA) se iniciará el lunes, de acuerdo con el informe oficial. Ocho técnicos de esa instancia internacional llegarán hoy a La Paz, para comenzar con el trabajo, informó la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Katia Uriona.

“Hoy está llegando una misión de ocho delegados del Organismo de Estados Americanos. Se trata de especialistas en el área, instalarán su oficina en la ciudad de La Paz y trabajarán en las seis fases establecidas”, indicó Uriona.

El pasado 8 de mayo, una misión técnica de la OEA y representantes diplomáticos de España y Estados Unidos se reunieron con los vocales del Tribunal Supremo Electoral para ultimar detalles destinados a llevar a cabo la auditoria al padrón electoral.

En esa oportunidad, indicaron que la auditoría es una verificación que se realiza cada cierto tiempo para verificar la eficiencia de los mecanismos de actualización y de cobertura del registro de ciudadanos habilitados para emitir su voto en elecciones.

RESULTADOS

El proceso de esta auditoria consta de seis fases, que se realizarán hasta el mes de octubre de este año. Posteriormente, se emitirá un informe final con los resultados antes de las elecciones judiciales.

“Al concluir estas fases, se emitirá un informe de auditoría y esperemos que sea emitido en el mes de octubre, esto quiere decir que antes de las elecciones (judiciales) vamos a tener resultados de la auditoria y sobre todo estamos con la expectativa que nos permita consolidar la confiabilidad, los grados de transparencia, de soporte y seguridad jurídica del padrón”, precisó Uriona.

FASES

En una primera fase se trabajará en las fuentes primarias, es decir los certificados de nacimiento y el registro de las personas serán contrastados con la configuración del padrón para analizar su confiabilidad y procedimientos que se hace para el registro de cada uno de los documentos.

En un segundo paso se realizará un diagnóstico a los procesos de actualización y depuración de los elementos que hacen la seguridad del padrón.

También se trabajará con un equipo externo que hará un seguimiento a todo el proceso de la depuración de las defunciones y las inhabilitaciones de los inscritos.

Por otro parte, se realizará un fase de trabajo de campo y la OEA contratará una empresa encuestadora para pueda hacer una verificación de campo en todo el país, por último se implementará una encuesta de percepción de la población sobre el padrón y el trabajo del Órgano Electoral.

Boliviano con enfermedad terminal también fue expulsado de Chile

Un boliviano con enfermedad terminal también fue expulsado el 28 de junio de Chile junto a los nueve connacionales.

La información la dio a conocer el periódico La Tercera de Chile, pero no brinda mayores detalles al respecto. Sin embargo, aclara que el connacional no tenía ninguna vinculación con el incidente suscitado en la frontera entre Bolivia y Chile el 19 de marzo cuando nueve bolivianos fueron detenidos por carabineros chilenos.

“Dentro de la comitiva, viajaba un décimo condenado, también boliviano, que fue expulsado del país debido a que se encontraba afectado de una enfermedad terminal, pero que no tenía ninguna vinculación con el incidente fronterizo”, señala la agencia informativa.

Tribunal: El Serecí solo acata la Ley de Género



El instructivo dirigido al Serecí para que dé curso a matrimonios transexuales y transgénero solo aplica lo que fija la Ley 807 de Identidad de Género, y no la interpreta, aclaró ayer el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

“Asumimos la responsabilidad de los registros de partida de nacimiento de aquellas personas que voluntariamente hayan decidido modificar su nombre, el dato de sexo y su imagen, esto lo establece con claridad la Ley de Identidad de Género”, expresó Katia Uriona, presidenta del TSE.

La autoridad descalificó la interpretación de algunos políticos y reiteró que “ni el instructivo ni la normativa vigente modifican la institución del matrimonio, que está establecida en nuestra Constitución Política del Estado”.

Afirmó que el TSE, mediante el Servicio de Registro Cívico (Serecí), garantiza los derechos establecidos en la Constitución y la Ley 807. El matrimonio se realiza en el reconocimiento de las personas heterosexuales que lo solicitan, recordó.

El representante del colectivo de los gays, lesbianas, bisexuales y transexuales (GLBT) David Aruquipa mencionó el miércoles que la disposición emitida por el TSE es un avance que permite el matrimonio transexual y transgénero, pero indicó que falta que otros sectores del mismo sexo puedan casarse por lo civil.

Aruquipa anunció la presentación de un proyecto de ley ante el Órgano Legislativo denominado ‘Acuerdo de vida en familia’, para que las personas del mismo sexo puedan unirse en matrimonio.

Uriona dijo que no existe una ley especifica que plantee la adopción de niños para transexuales y transgénero, y que analizarán esa situación cuando así lo amerite.

Bolivia cierra labor en el Consejo de Seguridad

El Gobierno de Bolivia concluye hoy su gestión al frente de la presidencia del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La gestión boliviana, que tuvo al frente al embajador permanente en la ONU, Sacha Llorenti, incluyó en su agenda una reunión sobre la diplomacia preventiva y las aguas transfronterizas, sesión que la dirigió el presidente Evo Morales.

Además, el pleno del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con los embajadores de sus 15 países miembros, dirigidos por Bolivia, visitó Haití.

El objetivo de la visita fue revisar la implementación de la Resolución 2350 de 2017, que establece el cierre de la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización en Haití (Minustah) y la transición a una nueva misión para el Apoyo a la Justicia (Minusjusth).

El 28 de junio, el embajador Sacha Llorenti intervino en el plenario del Consejo de Seguridad para brindar un informe de la labor realizada en el Comité 1540 sobre la acción mundial para impedir la proliferación de armas de destrucción masiva. El diplomático llamó a un trabajo conjunto para alcanzar este objetivo.

El Consejo de Seguridad está conformado por cinco miembros permanentes: China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos de América. Además, actualmente hay 10 miembros no permanentes: Bolivia, Egipto, Etiopía, Japón, Italia, Kazajstán, Senegal, Ucrania, Uruguay y Suecia.

TSE anuncia padrón auditado para las elecciones judiciales

La presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Katia Uriona, anunció que hoy iniciará el proceso de auditoría al padrón, que comprende seis componentes y que finalizará con un informe en octubre, antes de las elecciones judiciales, previstas para el 3 de diciembre.

“Especialistas internacionales de la Organización de Estados Americanos (OEA) iniciarán desde mañana (hoy) la auditoría, con la instalación de su oficina en la ciudad de La Paz”, informó Uriona.

Precisó que al concluir estas seis fases se emitirá un informe de auditoría. “Y esperemos que sea en octubre, esto quiere decir que antes de las elecciones (judiciales) vamos a tener resultados”.

Los expertos trabajarán en al menos seis componentes que se han previsto por tratarse de una auditoría integral. Se enfatizará en los procedimientos de elaboración del padrón, la organización de los datos, la parte informática, la legal, la depuración y actualización del padrón, la contratación de una empresa que hará encuestas, entre otros.

Esta auditoría es de doble vía porque se tomarán los datos del padrón y se verificarán en el campo, se tomarán los datos del terreno y se verificarán en el padrón.

El proceso cuenta con el apoyo económico de la Unión Europea, la Agencia Española de Cooperación, las embajadas de Suecia y Suiza e IDEA Internacional.

“Esta auditoría externa permitiría consolidar lo que es la confiabilidad, los grados de transparencia, soporte y seguridad tecnológica que tiene el padrón”, detalló la presidenta del TSE.

Este trabajo es parte de un proceso de depuración permanente y continua del registro del padrón biométrico electoral.

La labor estará encabezada por un experto mexicano que contará con la colaboración de otros profesionales de varios países y costará $us 350 mil.

La auditoría es un componente más para obtener el Iso Electoral que otorga la OEA. El vocal del TSE José Luis Exeni indicó que la certificación podría demorar dos años, aunque las tareas avanzarán de forma paralela.

Presidente recuerda el inicio de la Revolución Democrática en 2002, pese a intimidación de EEUU

El presidente Evo Morales recordó hoy el inicio "imparable" de la revolución Democrática y Cultural, cuando en 2002 pese a las amenazas de Estados Unidos, el Movimiento Al Socialismo (MAS) obtuvo más del 20% de la votación en las urnas.

"Como hoy, 2002, pese a amenazas de EEUU,obtuvimos más del 20% de votación.Revolución democrática y cultural se fortaleció e inició imparable", escribió en su cuenta de Twitter.

El 30 de junio de ese año se realizaron las elecciones generales en las que el fugado Gonzalo Sánchez de Lozada del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) obtuvo 22,46% de la votación y Evo Morales del MAS, 20,94% porcentaje que lo colocó como segundo.

Las amenazas de EEUU se materializaron mediante las advertencias del entonces embajador Manuel Rocha, quien dijo, según cita Morales: "que si Evo ganaba las elecciones no habría inversión ni cooperación internacional".

Agregó que "esa difamación difundida por medios, alimentó la lucha unitaria por dignidad y soberanía de nuestra Bolivia: Manuel Rocha, jefe de campaña".

Un transportista acusa de “chutero” a uno de los nueve

"El culpable es Arsenio Choque para llevarles a los militares; él es el autor. Él está acostumbrado. Es ‘chutero’. Él es el que lleva por los caminos clandestinos”.

La acusación corresponde a Luis Condori, quien se identificó como transportista. Éste acusó a Choque, uno de los nueve, de tener antecedentes ligados a actividades ilícitas.

Condori fue quien junto a un pequeño grupo de personas se apostaron el miércoles en la carretera, en Pisiga, para cuestionar a los nueve que recién habían llegado. Cuando éstos se dirigían a abordar la flota que los trasladó a la sede de Gobierno, el grupo fustigó a los recién expulsados de Chile.

Condori sostuvo que Choque "no es ningún funcionario” del Estado y que más bien "es un guía”, al que "lo conocen aquí, por el camino clandestino”.

Un aviso de abril

En abril, la Aduana Nacional publicó un aviso en el que detalló lo que sigue: "De los siete, seis son servidores públicos aduaneros y uno es conductor legalmente contratado por la Gerencia Regional de Oruro” (ver imagen adjunta).

En el aviso se indicó que Brian Quenallata Mendo, David Cimar Quenallata Laurel, Diego Guzmán Vásquez, Ediberto Raúl Mamani, Juan José Tórrez y Karl Luis Guachalla tienen un puesto en esa instancia aduanera, en el cargo de "Técnico en Control Aduanero”. En ese documento se hizo alusión a Choque como un "conductor legalmente contratado por la Gerencia Regional de Oruro”.

Desde la Aduana Nacional se indicó que Choque estaba bajo una contrato que se suele hacer para operativos específicos y que, por tanto, no sería funcionario.

"Los malos bolivianos”

El pasado miércoles, el militar Johnny Carvajal, uno de los nueve, hizo referencia a "los malos bolivianos”, quienes el día en que fueron detenidos -el 19 de marzo- habrían colaborado a los contrabandistas y permitieron que funcionarios de Chile los agredieran.

"Hay que decirlo también: quiero referirme a los malos bolivianos, a los bolivianos que interactuaron ese día con contrabandistas chilenos, malos bolivianos porque en esa muchedumbre de gente delincuente había, lastimosamente, gente boliviana, gente que al peor estilo de Judas, como cuando entregaron a nuestro Salvador Jesucristo, permitieron que funcionarios de ese país vecino nos agredan, sólo por salvaguardar unos cuantos centavos mal ganados”, expresó Carvajal.

El miércoles, los nueve -dos militares, seis aduaneros y Choque- fueron expulsados de Chile. Pisaron suelo nacional a las 7:56. Llegaron y se encontraron con sus allegados, quienes los fueron a recibir hasta Pisiga, frontera con el vecino país.

Estos fueron detenidos el 19 de marzo pasado. Estuvieron presos por más de 100 días y arribaron al país luego de someterse a un juicio abreviado.

Datos del cas

Sindicación Luis Condori, quien se presentó como transportista, denunció lo siguiente: "El culpable es Arsenio Choque para llevarles a los militares, él es el autor. Él está acostumbrado... Es ‘chutero’. Él es el que lleva por los caminos clandestinos”.
La Aduana La Aduana Nacional informó que Arsenio Choque estaba bajo una contratación que se suele hacer para los operativos específicos y que no sería funcionario como el resto de los ocho.
La llegada El miércoles, los nueve fueron expulsados de Chile. Pisaron suelo nacional a las 7:56. Llegaron y se encontraron con sus allegados, quienes los fueron a recibir hasta Pisiga, frontera con el vecino país.




29 junio 2017

TSE aclara que el matrimonio debe ser entre hombre y mujer

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) referente al instructivo que dio al Servicio de Registro Cívico (Sereci) aclaró mediante un comunicado que este instructivo tiene un carácter administrativo interno y que no altera la institución del matrimonio conformado entre un hombre y una mujer como manda la Constitución Política del Estado.

“Dicho instructivo tiene carácter administrativo interno, toda vez que está dirigido al Servicio de Registro Cívico (Sereci), instancia dependiente del Tribunal Supremo Electoral. El mismo fue emitido en estricto apego a la Constitución Política del Estado y las leyes vigentes, dando cumplimiento a una decisión de Sala Plena, máxima instancia del Órgano Electoral Plurinacional”, indica el comunicado.

Asimismo, señala que “en ningún momento dicho instructivo modifica o altera el instituto del matrimonio que, como estable la Constitución Política del Estado, se produce entre una mujer y un hombre y se constituye por vínculos jurídicos”.

Finalmente, señala que el instructivo va en cumplimiento de la Ley Nº 807 de Identidad de Género y que está orientado a garantizar el ejercicio de “todos los derechos fundamentales, políticos, laborales, civiles, económicos y sociales, así como las obligaciones inherentes a la identidad de género asumida”, de las personas que hubiesen optado por el cambio de su identidad de género.

El Tribunal Supremo Electoral instruyó a la dirección nacional y a las departamentales del Servicio de Registro Cívico (Sereci) dar curso al registro de matrimonios de personas transexuales y transgénero en el territorio boliviano a sola presentación del documento que acredite su cambio de sexo.

“Las personas transexuales y transgénero que efectuaron el cambio regulado por la Ley 807 de Identidad de Género podrán contraer matrimonio civil, sin necesidad de ningún otro requisito y/o procedimiento, solo bastará con la presentación del documento que acredite su cambio de sexo, previo cumplimiento de los requisitos y procedimientos para el mismo” señala el instructivo firmado por Katia Uriona, presidenta del TSE.

Abrazos y lágrimas en llegada de expulsados

Abrazos apretados y lágrimas de alegría, entre familiares y los nueve bolivianos expulsados en Chile, se confundieron la mañana de ayer en Pisiga, en la frontera, cuando la puerta de rejas se abrió y cruzaron las dos vagonetas que transportaron a los expulsados. El reencuentro fue muy emotivo.

Los familiares de los nueve bolivianos viajaron la noche del martes hasta el puesto fronterizo de Pisiga (Bolivia) y Colchane (Chile), para recibir la mañana de ayer, miércoles, a sus seres queridos, quienes estuvieron 101 días en territorio chileno, cumpliendo una detención preventiva y después de ser juzgados en un tribunal.

Ni la temperatura, de cuatro grados bajo cero grados, impidió que los familiares se apostaran en plena frontera con Chile, acompañados por una comitiva oficial y periodistas.

El reloj marcó las 07.54 horas cuando la primera vagoneta pasó la línea fronteriza entre ambos estados transportando al primer grupo de bolivianos. Apenas bajaron del vehículo, sus familiares los recibieron con abrazos, lágrimas y alegría. Las autoridades también les dieron cálida bienvenida.

Pocos minutos después se repetía la misma escena con el otro grupo transportado hasta el lugar.

Antes de ingresar a suelo boliviano, los connacionales debieron cumplir con todos los trámites correspondientes, para salir expulsados de Chile.

Una vez cumplido los trámites, un bus los esperaba para transportarlos hasta la ciudad de La Paz, previo a un desayuno que compartieron en las oficinas de la Aduana en Pisiga.

ABUSO DE GENDARMES

Bryan David Quenallata, uno de los funcionarios de la Aduana, cuando estaba ya en compañía de sus padres, afirmó que se sintió impotente cuando se enteró que sus padres fueron discriminados por la Gendarmería chilena, cuando estos fueron a visitarlos.

Abrazado de su padre, Constancio Quenallata, y su madre, Basilia Nendo, Bryan indicó que se sintió “indignado” por el trato que recibieron sus progenitores.

“Era de esperarse de Chile, me sentí indignado. No pude hacer nada, estaba encerrado”, sostuvo el boliviano que recuperó la libertad cuando pisó suelo boliviano, la mañana de ayer.

El 6 de mayo, el presidente Evo Morales denunció que Basilia fue discriminada por los gendarmes chilenos por usar pollera.

Días antes a la fecha, Constancio, su padre, aseguró que cuando fue a ver a su hijo, la Gendarmería prácticamente le hizo ingresar a la cárcel en “calzoncillos”.

El 13 de junio, ante la Organización de Estados Americanos (ONU), el ministro de Justicia, Héctor Arce, denunció que carabineros cometieron actos de tortura con los nueve bolivianos, cuando fueron detenidos el 19 de marzo.

OEA: ¿Organismo estéril?



La Organización de Estados Americanos (OEA) ha exhibido ante la situación en Venezuela la misma esterilidad en defensa de la democracia que le ha llevado a tolerar en su seno desde las dictaduras militares en Chile y Argentina al actual régimen en Nicaragua, gemelo del enquistado en Caracas.

La propia tenacidad de Luis Almagro frente a Venezuela, tan inédita en un secretario general de la OEA como infructuosa, contrasta con su indiferencia ante la situación, cuestionable por las mismas razones, que se vive desde hace años en Nicaragua bajo el absolutismo de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo.

En su 47 Asamblea General, celebrada esta semana en Cancún, la OEA no ha conseguido siquiera consensuar una mera declaración sobre Venezuela.

Desde la entrada en vigor de la carta de la OEA en 1951, este organismo, de pomposo y vasto aparataje con sede en Washington y unos 90 millones de dólares de presupuesto anual, solo ha tomado dos decisiones realmente ejecutivas que hayan afectado a alguno de sus miembros, al suspender a Cuba en 1962 y a Honduras en 2009.

La suspensión de Cuba, que dejó de ser efectiva en 2009, fue justificada por los lazos del entonces régimen presidido por Fidel Castro con la extinta Unión Soviética y con China, que se consideraron desleales con los intereses americanos que representa la OEA.

La de Honduras, tras el golpe de Estado que desalojó del poder al entonces presidente de esa república, Manuel Zelaya, y también sin efecto desde 2011, fue resultado de la consecuente aplicación de la Carta Democrática que la OEA había aprobado como instrumento interno en 2001.

Es la aplicación de ese instrumento lo que Almagro ha invocado sin éxito frente a la situación que vive actualmente Venezuela.

Las transgresiones al Estado de Derecho, su propia Constitución y a derechos fundamentales como el de la libertad de expresión del régimen instaurado por Hugo Chavéz y perpetuado por Nicolás Maduro son cuando menos las mismas que las perpetradas por Ortega y Murillo en Nicaragua.

Durante su historia, la OEA ha acogido sin inmutarse a regímenes tan brutalmente dictatoriales como, entre otros ejemplos, los de las juntas militares en Argentina o el de Augusto Pinochet en Chile, o los devenidos por el aún imbatido récord de sucesión de golpes de Estado en Bolivia en la década de 1970.

Tampoco se conmovió la OEA en sus orígenes ante las dictaduras de la familia Somoza en Nicaragua, del general Alfredo Stroessner en Paraguay ni del general Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana.

Durante los sangrientos conflictos sufridos en Centroamérica hasta casi finales del siglo pasado, el desempeño de la OEA brilló por su inoperancia, salvo cuando ya estaban resueltos.

Las hemerotecas no recuerdan que la OEA realizara esfuerzo significativo alguno para evitar que uno de sus miembros, EE.UU, invadiera por decisión unilateral a otro de sus miembros, Panamá, en 1989, con el resultado de miles de muertos; ni mucho menos que ejecutara decisión alguna al respecto, más allá de lamentar los sucesos.

En la antesala de aquella invasión, la OEA sucumbió a las maniobras del entonces canciller del régimen militar panameño, Jorge Ritter, quien consiguió evitar, para fatalidad de su país, que las naciones americanas unidas forzaran al dictador Manuel Antonio Noriega a dimitir y a propiciar elecciones democráticas.

En la historia más reciente, siendo su secretario general el ex presidente colombiano César Gaviria, la OEA desautorizó y retiró a su jefe de la misión de observación electoral en Perú, el guatemalteco Eduardo Stein, cuando éste denunció la falta de reglas democráticas en las elecciones que se celebraban en ese país en 2000, bajo la presidencia de Alberto Fujimori, actualmente en la cárcel.

LA OEA, siendo su secretario general el brasileño Jao Baena Soraes, ya le había perdonado a Fujimori el llamado "autogolpe de Estado" que perpetró en 1992, cuando sacó los tanques a las calles y disolvió el Congreso.

La sucesión de irregulares derrocamientos e investiduras acontecida en Ecuador desde 1997, cuando su entonces presidente, Abdalá Bucaram, fue destituido por "incapacidad mental", hasta 2006, cuando fue elegido Rafael Correa, tuvo a la OEA como simple testigo respetuoso con la situación interna de uno de sus países miembros.

Asentada al menos formalmente la democracia en el continente, la gestión del antecesor de Almagro, el chileno José Miguel Insulza, se caracterizó por la grandilocuencia de unas misiones de observación electoral lideradas siempre por ilustres personajes que bendecían todo comicio allí donde fueran.

El propio Insulza, por ejemplo, lideró la observación electoral sobre el terreno y avaló los resultados en los comicios presidenciales de un convulso Haití en 2006, en los que, entre otros despropósitos, poco después de cerrados los centros de votación los corresponsales de prensa podían observar urnas derramadas por doquier y quemadas en las calles de Puerto Príncipe.

Subvención del petróleo libra a Venezuela de una condena en el foro subregional de Cancún

El Gobierno de Venezuela se libró de una condena en la OEA en su Asamblea General de Cancún (México) gracias a la influencia que aún mantiene sobre un grupo de naciones caribeñas a las que ha subvencionado petróleo durante años.

Un grupo de 14 países que suman más del 90% de población de América, liderados por potencias como EE.UU. y México, no pudieron aprobar una resolución sobre la crisis venezolana porque cuatro pequeñas naciones caribeñas les retiraron su apoyo a última hora.

Los cuatro Estados que faltaron a su compromiso están entre Granada, Haití, Surinam, Trinidad y Tobago, y Antigua y Barbuda, según informaron a Efe fuentes diplomáticas.

Su marcha atrás sorprendió al grupo de los 14 países cuando ya habían anunciado que tenían los 23 apoyos necesarios al comienzo de la reunión de cancilleres del lunes.

Las presiones de Venezuela a estos países por la deuda que tienen con la nación petrolera fueron más poderosas que las de EE.UU., el único Estado de la OEA con capacidad para contrarrestar la influencia de Caracas sobre el Caribe.

"El fracaso a la hora de asegurar los dos tercios necesarios para aprobar un texto condenatorio sobre Venezuela es un lamentable remanente de la considerable influencia que ese país llegó a tener en Latinoamérica y el Caribe", indicó Peter Hakim, presidente honorífico del centro de estudios Diálogo Interamericano.

"Pero también muestra el declive de la influencia de Estados Unidos en la región", agregó el experto, uno de los grandes conocedores de la OEA.

Algunas fuentes diplomáticas presentes en las negociaciones lamentaron que EE.UU. no haya ejercido más presión para convencer a las naciones caribeñas indecisas de apoyar la resolución crítica con Maduro.

El texto, que se quedó a tres votos de la aprobación, pedía al Gobierno chavista reconsiderar la convocatoria de la Asamblea Constituyente tal como está concebida y proponía formar un grupo de países para acompañar una nueva iniciativa de diálogo en la nación.

En ese documento, para alcanzar los votos necesarios, el grupo de los 14 había renunciado a demandas clave como pedir la liberación de los presos políticos o el cese del enjuiciamiento de civiles en tribunales militares.

"Se enfrascaron en tratar de aprobar un texto que contuviera ciertas críticas, olvidando que para ayudar no se trata de aprobar un texto, sino de generar acuerdo con los Gobiernos cercanos al régimen y presionar todos para que se concrete un esfuerzo de diálogo renovado y serio, con garantías muy concretas", señaló Mariano de Alba, abogado venezolano experto en la OEA.

En su opinión, el chavismo "fue muy hábil" en vender su mensaje porque "es verdad que la región no puede imponer una solución y para poder hacer algo necesita primero el consentimiento del Gobierno venezolano".

El chavismo ha rechazado siempre cualquier mediación de la OEA, un organismo que considera al servicio de EE.UU., y el pasado 28 de abril pidió su salida tras convocarse la primera reunión de cancilleres sobre la crisis del país en contra de su voluntad.

Como dijo el secretario general del organismo, el uruguayo Luis Almagro: "La OEA está en sesión permanente sobre Venezuela".

"Lamentablemente un puñado de Estados, bolivarianos y caribeños, mantienen secuestrada a la OEA y la dejan impotente frente a una tiranía cívico-militar que viola derechos humanos y se aferra a cualquier precio al poder", resumió el director para América de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco.


28 junio 2017

Video Recorrido del Bus de los 9 Inocentes desde El Alto hasta Plaza Murillo

Video Cronica de los 9 detenidos en Chile

Municipio chiquitano mostró su éxito en Estados Unidos


El alcalde de San José de Chiquitos, Germaín Caballero, mostró las buenas prácticas de desarrollo económico social que lo catalogan como Municipio Escuela en Bolivia, durante el XXIII Encuentro de Alcaldes y Autoridades Locales de ciudades intermedias del mundo, que se realizó recientemente en Estados Unidos, organizado por el Banco Mundial y la Universidad de la Florida en Miami.


Caballero dijo a EL DEBER, que es un orgullo para Bolivia que un municipio chiquitano con poco presupuesto económico, pero con un abanico de alianzas estratégicas, enseñe su gestión y su éxito para que sea replicado por otros municipios. En el encuentro también participó el expresidente de Bolivia, Carlos D.Mesa.


San José de Chiquitos apostó por los proyectos productivos, impulsando la ganadería en comunidades indígenas y campesinas con un fondo rotatorio para que el campesino deje de ser peón y se convierta en un ganadero o productor de carne, leche y sus derivados, para generar ingresos, mejorar su calidad de vida y contribuir a la seguridad alimentaria.


Asimismo, contó que expuso sobre el impulso que se dio para potenciar el turismo, recuperar las costumbres, tradiciones y otras manifestaciones de la rica cultura chiquitana.


Pozo Almonte recibió pago

La juez Isabela Peña de Pozo Almonte confirmó ayer el pago de los 32.176.275 de pesos chilenos por los 9 bolivianos detenidos en Chile.

Un documento al que accedió el portal Urgentebo.com del juzgado de Pozo Almonte señala que se da “por recibido, el comprobante del pago Total de la multa, por la cantidad total de $us 32.176.275, realizada a nombre de todos y cada uno de los nueve condenados extranjeros, mediante depósito en la cuenta corriente del Servicio Nacional de Aduana, en cumplimiento a la sentencia dictada en procedimiento abreviado”.

La nota añade que “atendido el mérito de lo resuelto procedentemente, CUMPLASE CON LA PENA SUSTITUTITA DE LA EXPULSION decretada por sentencia ejecutoriada, respecto a cada uno de los nueve sentenciados extranjeros…”.

Senado reconoce a 9 bolivianos

La Cámara de Senadores aprobó ayer una Declaración Camaral de reconocimiento a los nueve bolivianos que fueron detenidos, juzgados, sentenciados y expulsados de Chile.

Para la entidad legislativa, el reconocimiento es merecido porque los connacionales fueron sometidos en el cumplimiento de su deber al luchar contra el contrabando.

“Rendir un justo y merecido reconocimiento a los nueve hermanos bolivianos detenidos en Chile que en cumplimiento de sus deberes fueron injustamente detenidos y procesados por la justicia y el Gobierno chileno, demostrando patriotismo y valor al sostener con convicción su verdad y logrando poner en alto el nombre del Estado Plurinacional de Bolivia”, señala la Declaración.

El presidente del Senado, José Alberto Gonzales, informó que aún no se definió otra distinción a los nueve.

El lunes, el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, informó que en el Gabinete de Ministros de esta jornada se definirá si los connacionales son condecorados o no. Atribuyó la decisión final al presidente Evo Morales.

GOBERNADOR DE ORURO

En tanto, el gobernador de Oruro, Víctor Hugo Vásquez, informó que se coordina con las autoridades nacionales y los familiares un recibimiento a los nueve bolivianos que fueron detenidos preventivamente en Chile.

Aseguró que cuando los connacionales crucen la frontera y pisen suelo boliviano, la Gobernación bajará la bandera blanca, donde tiene inscrita el rótulo de liberen a los nueve, que se encuentra izada en el cerro “Pie de Gallo”, cerca de la frontera con Chile.

“En el momento que ingresen a Bolivia vamos a bajar la bandera blanca que tenemos izada en el cerro de pie de gallo, de tamaño 7x5, que dice liberen a los 9 bolivianos”, declaró Vásquez al ser consultado por los periodistas.

Llegan hoy bolivianos sentenciados

Después de 101 días de detención en la cárcel de Alto Hospicio y luego de ser sentenciados y expulsados acusados de tres delitos por la justicia chilena, hoy, entre las 10 y 13 horas, los nueve bolivianos cruzarán la frontera del vecino país por la región de Colchane, donde les esperarán sus seres queridos y una comitiva de autoridades del Gobierno central y de la Gobernación de Oruro.

El ministro de la Presidencia, René Martínez, informó ayer que el Gobierno boliviano cumplió con todos los requisitos exigidos por la justicia chilena para la expulsión de los sentenciados en el vecino país.

“En términos de tiempos, las autoridades chilenas han señalado que este procedimiento se va a cumplir mañana en horas de la madrugada, vale decir que nuestros compatriotas estarían siendo puestos en frontera cerca de media mañana, hasta el mediodía”, precisó la autoridad en conferencia de prensa.

Martínez afirmó también que el Gobierno cumplió ya con todas las formalidades y requisitos para que los nueve bolivianos sean devueltos al país. El último de esos requisitos era el pago de más de 48 mil dólares, por la multa que impuso la justicia chilena a los compatriotas. Se realizó la verificación del desembolso y la acreditación del depósito.

COMITIVA

El Ministro de la Presidencia informó que una comitiva gubernamental, encabezada por la vicecanciller, Carmen Almendras, llegará hasta la frontera con Chile, en la región de Colchane, para recibir a los bolivianos.

El compromiso del Gobierno, a pedido de los familiares de los nueve, es que las autoridades acompañen a recibirlos en la frontera, donde se prevé que compartirán con sus seres queridos algunos alimentos que les llevarán.

Posterior a ello, se prevé que lleguen a la ciudad de La Paz junto a sus seres queridos, descansen y al final de la tarde se reúnan con el presidente Evo Morales, quien les esperará en Palacio de Gobierno, según Martínez.

“El encuentro con los familiares se va a dar en horas de la mañana, en frontera con Chile, este miércoles y luego del encuentro se procederá al traslado de los compatriotas a un encuentro con el presidente Evo Morales en horas de la noche”, indicó Martínez.

SUCESOS

El 19 de marzo, dos militares y siete trabajadores de la Aduana Nacional de Bolivia fueron detenidos por carabineros chilenos, según las autoridades bolivianas, los compatriotas realizaban un operativo de lucha contra el contrabando.

Sin embargo, el 21 de junio, en el juicio abreviado al que se sometieron voluntariamente los connacionales, la juez del Tribunal de Garantía de Pozo Almonte, Isabel Peña, los declaró culpables y ordenó su expulsión de Chile, en el plazo de 30 días, como medida sustitutiva a la pena de prisión.

Los dos militares fueron sentenciados a tres años y un día de presidio por el delito de uso ilegal de armas, mientras que los funcionarios aduaneros fueron condenados por robo y contrabando. Además de ser sentenciados a tres años y un día de cárcel.

Los imputados, según la juez de Pozo Almonte, tendrán que pagar una de multa de 32 millones de pesos chilenos (equivalentes a $us 49.834) por delito de contrabando. La exigencia fue cubierta por el Gobierno nacional.

27 junio 2017

A que hora llegaran los 9 detenidos a Bolivia?



El equipo jurídico y consular que defiende a los nueve bolivianos que fueron condenados en Chile ya realizó el pago de la multa de 48.834 dólares que fijó el Juzgado de Garantía de Pozo Almonte, al norte chileno, para la salida de los connacionales del penal de Alto Hospicio. El trámite fue notificado al tribunal y ahora Gendarmería de Chile espera la autorización de la Justicia para liberar a los compatriotas, que lo más probable lleguen mañana a las 10:00 al punto fronterizo de Pisiga-Colchane.

Una fuente del Gobierno informó a EL DEBER que el pago se realizó a la cabeza del cónsul de Bolivia en Arica, Elmer Catarina, y el abogado chileno Claudio Vila, quien luego notificaron al tribunal de Pozo Almonte sobre el depósito de los 48.834 dólares. Ahora, Carabineros y Gendarmería de Chile esperan la orden del juzgado para liberar a los nueve bolivianos.

"Si la orden se da hasta la 13.00 de hoy, ellos (los nueve bolivianos) estarían saliendo del penal mañana a las 06.00", señaló la fuente.

El juzgado de Pozo Almonte condenó a los nueve connacionales a una pena de tres años de presidio, pero a la vez aplicó una medida sustitutiva que implica la expulsión de Chile en un plazo de 30 días. Para este fin se debía pagar los 32 millones de pesos chilenos (48.834 dólares) para ejecutar la disposición. La Fiscalía de Pozo Almonte culpó a los funcionarios de robo, portación ilegal de armas y contrabando, delitos que fueron aceptados por el tribunal.

Si los nueve funcionarios salen mañana a las 06.00 del penal de Alto Hospicio, ellos estarían llegando a la frontera a las 09.00 y una hora después serían entregados a autoridades bolivianas. Algunos familiares de los condenados están en Oruro a la espera de la hora exacta de la llegada de los funcionarios.

Imprimen más de 124.000 papeletas para el referendo



Siete Tribunales Electorales Departamentales (TED) concretaron la impresión de 124. 601 papeletas que serán distribuidas en los kit electorales que serán entregadas a cada una de las mesas de sufragio.

El 9 de julio, las 14 entidades territoriales acudirán a las urnas a decidir sobre sus procesos autonómicos.

En Cochabamba hay mayor número de habilitados, se imprimieron 1.592 papeletas para el municipio de Sicaya, 13.610 para Shinahota y 30.549 para Puerto Villarroel; en La Paz son 15.107 papeletas para el municipio de Achocalla, 9.065 para Laja, 10.127 para Coroico, y 5.182 para Alto Beni.

Mientras que en Santa Cruz son 1.147 para el municipio de Postrervalle y 11.148 Vallegrande; en Chuquisaca, 1.471para la consulta en Huacaya y 4.080 para Machareti; en Potosí, 10.128 para el municipio de Puna; en Oruro, 1.538 para el municipio de Antequera; y en Tarija, 9.830 para el municipio de Uriondo.

En los casos de las papeletas de Machareti y Huacaya, en el departamento de Chuquisaca, las papeletas fueron impresas con las preguntas traducidas al idioma guaraní lengua originaria de estas entidades territoriales.

Las papeletas, que integrarán los kits electorales, pasaron por un proceso de verificación de calidad a través de las comisiones integradas por profesionales de las diversas áreas que se encargaron de verificar la calidad de las impresiones, es decir verificar que los colores sean los adecuados, que la diagramación sea precisa y que las impresiones no presenten fallas, entre otros elementos.

En el caso de Huacaya la consulta será sobre la aprobación y puesta en vigencia de su proyecto de Estatuto Autonómico Indígena; mientras que en Machareti se consultará sobre el acceso o no a la autonomía indígena.

Caso de nueve bolivianos Gobierno afina denuncia ante el Pacto de Bogotá

El fin de semana, el Gobierno sostuvo reuniones de trabajo para preparar la denuncia ante el Pacto de Bogotá por la “injusta sentencia” que la justicia chilena impuso a nueve bolivianos detenidos, informó el ministro de Justicia, Héctor Arce.

“Se está trabajando en reuniones”, aseguró la autoridad y agregó que el fin de semana, el canciller Fernando Huanacuni, antes de viajar a Cuba, participó también de este trabajo.

El Pacto de Bogotá, conocido también como Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, es un tratado internacional suscrito el 30 de abril de 1948 por países de América, reunidos en la IX Conferencia Panamericana en la ciudad de Bogotá (Colombia).

El acuerdo instaura la obligación general para que los firmantes resuelvan sus conflictos a través de medios pacíficos, también, los conmina a agotar todos los mecanismos regionales, antes de acudir al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

De veintiún países signatarios del convenio, ocho, entre ellos Brasil, Costa Rica, Haití, Honduras, México, Panamá, República Dominicana y Uruguay lo ratificaron sin reservas; mientras que Bolivia, Chile, Ecuador, Nicaragua, Paraguay y Perú lo ratificaron con reservas; los otros cinco, Argentina, Cuba, Estados Unidos, Guatemala y Venezuela no lo ratificaron, El Salvador lo denunció.

Sin embargo, en abril de 2013, Bolivia retiró su reserva al Tratado para el tratamiento de sus asuntos bilaterales, como es el caso de la demanda marítima en la que planteó a Chile, ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, el diálogo para lograr una salida soberana al mar. Chile aceptó pero posteriormente inició a Bolivia otro juicio, con referencia al uso de los manantiales del Silala.

Ahora, Bolivia nuevamente busca un nuevo litigio, en el marco del Pacto de Bogotá, contra el Gobierno de Chile, por la sentencia que la justicia del vecino país dictó contra nueve bolivianos. Las autoridades bolivianas exigirán una investigación a fin de determinar lo sucedido el 19 de marzo en la frontera.

El Ministro de Justicia declaró la semana pasada que la sentencia de la justicia chilena es injusta y que los connacionales fueron acusados por delitos imposibles, descartando las acusaciones por los tres delitos que les imputaron en Chile.

Defensa prevé que llegarán hasta el miércoles Familiares recibirán a 9 expulsados en Colchane

Los familiares de los nueve bolivianos sentenciados en Chile informaron a EL DIARIO que, según lo prometido por el ministro de la Presidencia, René Martínez, serán los primeros en reencontrarse con sus parientes en Colchane, frontera con el vecino país.

“El Ministro de la Presidencia nos dijo que tenemos que estar los familiares, porque seremos los primeros en recibirlos; entonces, nosotros le estamos tomando la palabra (…). Por eso vamos a ir todos juntos y estamos buscando contacto con los de Potosí y Sucre, con los de Oruro no hay problema”, informó Sara Rada, familiar de uno de los bolivianos detenidos.

De acuerdo con su informe, se prevé que en esta jornada se realice una reunión de todos los familiares para organizarse e ir juntos a Colchane – Pisiga, lugar desde donde los nueve bolivianos sentenciados serán expulsados por la justicia chilena.

Por el momento, los familiares no conocen la fecha exacta de la expulsión, pero cuentan las horas para abrazar a sus seres queridos, cuando pisen suelo boliviano.

“No sabemos si retornarán el miércoles, viernes o cuándo”, dijo a EL DIARIO Constanso Quenallata.

REYMI FERREIRA

Ayer por la tarde, el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, informó que hoy se hará efectivo el pago de la multa, tras el día feriado en Chile. Aseguró que los otros requisitos que impuso la sentencia, ya se realizaron como las pruebas de sangre, el registro biométrico con sus huellas dactilares en el libro de sentenciados de la justicia chilena.

“Esperemos que o en horas de la tarde de mañana (hoy) o el día miércoles ya podamos tener la presencia de nuestros compatriotas que van a ser dejados en el punto fronterizo de Colchane como se acordó y luego pasarán a territorio boliviano”, afirmó Ferreira.

La autoridad confirmó que una comisión liderada por el ministro de Justicia, Héctor Arce, viajará hasta la frontera con Chile para recibir a los nueve bolivianos. Posiblemente Ferreira viaje también para recibir a los dos militares que estuvieron detenidos. Todos ellos serán transportados via terrestre hasta Colchane.

Sobre los actos de homenaje y condecoraciones a los nueve sentenciados, la autoridad informó que aún no se definió en el Órgano Ejecutivo y que el tema será tocado en el gabinete de ministros del miércoles.

Sobre la colecta para los bolivianos sentenciados, el Ministro de Defensa aclaró que la acción fue iniciativa de los camaradas de los dos militares detenidos en Chile, sin embargo, con el Decreto Supremo de pago de la multa, todo se suspendió.

“Fue una solicitud que hicieron varios camaradas de los militares detenidos y el Comando en Jefe atendiendo a eso sacó una instructiva que es voluntaria. Iba a ser un descuento de planilla pero como salió el Decreto Supremo (de pago de la multa) no se va hace ningún tipo de cobro”, explicó Ferreira.

Mientras tanto, los familiares están a la espera de poder reencontrarse con los suyos. Alistan su presupuesto para viajar, porque los familiares irán hasta la frontera con sus propios recursos.

Los familiares realizarán un viaje de ocho a nueve horas hasta la frontera con Chile, específicamente, como queda dicho, al sector de Pisiga – Colchane.

Video Alvaro Garcia Linera entrega Viviendas Sociales en Chuquisaca y dice no es para Loteadores

Video Alvaro Garcia Linera Comenta la Conferencia de Rafael Correa en la Compre SinMuros

26 junio 2017

Retorno de 9 bolivianos de Chile será 'inmediato' después del pago


El fiscal que estuvo asignado al caso de los nueve bolivianos detenidos en Chile, Hardy Torres, informó a radio Erbol que el retorno de los dos militares y siete funcionarios de la Aduana será "inmediato" una vez se cumpla con el pago de los casi 50 mil dólares de multa al ser declarados culpables.

"Probablemente sea en el mismo día del pago o al día siguiente. Si esto se paga, probablemente sea mañana en la tarde o el miércoles ellos podrían estar trasladándose a Bolivia. Todas las demás actividades y trámites ya fueron realizados", explicó el investigador.



El fiscal de Tarapacá explicó los detalles del proceso, que depararon la sentencia que estipula la expulsión de los ciudadanos, detenidos hace más de 100 días, tras un operativo contra el contrabando en frontera. Serán puestos en la frontera Colchane - Pisiga por carabineros.

"La Aduana boliviana tiene una legislación mucho más drástica que la chilena, que da más facilidades a detener personas que cometen el delito de contrabando, entonces es mucho más inexplicable que no se hubiera detenido a quienes están cometiendo delito. Fue una actividad anormal", detalló Torres.

Lea también I Bolivianos denuncian torturas en la cárcel de Alto Hospicio

El personero detalló que la base de sus argumentos se centraron en dos aspectos: que la intervención de los nueve fue realizada en territorio chileno y que no cumplieron con lo que dice la normativa boliviana sobre lucha contra el contrabando.

"La única posibilidad que había acá para entender que lo que hicieron no fue un robo, una sustracción, era que hubieran detenido a quienes transportaban la mercadería. Ellos decían de que esto estaba autorizado porque ellos eran funcionarios aduaneros y que estaban en territorio boliviano, como se comprobó que esa justificación no existe y al no existir, la actividad de tornó ilícita", agregó.



Esta jornada el ministro de Justicia, Héctor Arce, informó que "se han hecho los desembolsos y los trámites en tiempo récord, los recursos se encuentran en Chile y lamentablemente hoy es feriado en Chile. Entendemos que mañana se va a hacer el desembolso y esperemos que mañana martes o a más tardar el miércoles, nuestros nueve compatriotas estén finalmente en territorio boliviano".

Piñera manda a callar a Morales y este responde

El expresidente de Chile y actual candidato presidencial, Sebastián Piñera, mandó a callar al presidente Evo Morales por el tema de los nueve bolivianos, señaló que los connacionales fueron detenidos por vulnerar la normativa chilena.

“Pte. Morales: los 9 funcionarios bolivianos fueron detenidos por violar la ley chilena. Mejor que se calle, deje de mentir y cumpla Tratado de 1904”, publicó Piñera a través de su cuenta de Twitter.

El Jefe de Estado boliviano respondió a Piñeira, a través de su cuenta, y lo tildó de oligarca.

“Rey de España mandó callar a Hugo Chávez y Piñera me pide que calle. Ambos coinciden porque responden a monarquías, jerarquías y oligarquías”, respondió Morales.

Más tarde continuó: “Un presidente indígena jamás callará ante el jefe de la oligarquía pinochetista que usa el poder público para negocio privado”.

Por su parte, el exembajador de Bolivia en Francia, Carlos Carrasco, le recordó que es el Gobierno de Chile quien incumple con el Tratado de Paz y Amistad de 1904 en donde se señala el libre tránsito.

“Piñera Justamente porque Chile no cumple libre tránsito estipulado Tratado 1904 ocurren estos incidentes y flujo camiones no es fluido”, respondió a través de las redes sociales.

Es constante el intercambio de mensajes con ataques y reclamos entre Morales y autoridades o exautoridades chilenas sobre distintos temas como la demanda marítima, el Tratado de 1904, el uso de los manantiales del Silala, y el último capítulo: la detención y sentencia de nueve bolivianos.

Varios expertos en diplomacia y exautoridades pidieron bajar el nivel de ataques y manejar los hechos en torno a la política internacional.

Gobierno transfiere $us 49.834 para liberación de 9 bolivianos

El Gobierno boliviano transfirió en las últimas horas los 32 millones de pesos chilenos, equivalentes en $us 49.834, al Estado chileno para lograr el retorno de los nueve bolivianos sentenciados y expulsados, informó ayer el ministro de la Presidencia, René Martínez.

“Lo importante es que tenemos no solamente el monto, sino la transferencia para que pueda viabilizar, en el menor tiempo posible (la liberación de los nueve bolivianos); La transferencia de este monto cumplido ya administrativamente, seguramente va a correr trámites en Chile para tener la liberación de nuestros nueve compatriotas en el menor tiempo posible”, dijo en conferencia de prensa.

Por su parte, el presidente Evo Morales, a través de su cuenta de Twitter, reiteró ayer que será el Gobierno el que cubrirá la multa de $us 49.834.

“El Estado boliviano velará por nuestros 9 compatriotas sentenciados injustamente. Firmamos Decreto Supremo para cubrir multa de $us 49.834”, publicó.

En tanto, el Ministro de la Presidencia reiteró que la sentencia condenatoria contra los connacionales es “injusta” y señaló que con ese comportamiento Chile está poniendo en “entredicho” su justicia y que eso generará repercusiones a nivel internacional.

“Se ha visto a todas luces que hubo abusos y va abrir un debate porque ya hay una crítica de académicos en el propio Chile, una crítica directa de entidades internacionales y expertos que quieren evaluar ese fallo insólito, porque hubo un exceso de vulneración de derechos”, afirmó.

Asimismo, criticó que la justicia chilena no haya tomado acciones legales en contra de los choferes contrabandistas. Hace semanas, el Servicio Nacional de Aduana de Chile presentó una querella contra tres ciudadanos (transportistas) chilenos.

Martínez insistió que la sentencia chilena contra los bolivianos fue más política que imparcial.

“(La justicia chilena) condena a los nueve bolivianos compatriotas nuestros, que estaban cumpliendo tareas de lucha contra el contrabando y por el otro lado libera a contrabandistas, que aunque hay una demanda en Chile, de la propia Aduana Nacional contra los supuestamente víctimas en este primer caso”, sostuvo el Ministro de la Presidencia.

En ese marco, la autoridad espera que los siguientes días, los nueve bolivianos ya puedan pisar suelo boliviano y reencontrarse con sus seres queridos.

Anteriormente, el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, informó que el retorno de los connacionales será por vía terrestre y que el recibimiento será en el puesto fronterizo de Colchane.

Por su parte, la ministra de Comunicación, Gisela López, sostuvo que el Gobierno continúa realizando el acompañamiento jurídico a los dos militares y siete trabajadores de la Aduana Nacional hasta que estén de retorno en territorio boliviano.

SENTENCIA

El 21 de junio, la jueza del Tribunal de Garantía de Pozo Almonte, Isabel Peña, declaró culpables a dos militares y siete funcionarios aduaneros detenidos en ese país desde el 19 de marzo y ordenó su expulsión de Chile en un plazo de 30 días como medida sustitutiva a la pena de prisión.

Dos militares fueron sentenciados a tres años y un día de presidio por el delito de uso ilegal de armas, mientras que los funcionarios aduaneros fueron condenados por robo y también a tres años y un día de cárcel.

La jueza determinó también que los imputados tendrán que pagar una de multa de 32 millones de pesos chilenos por delito de contrabando.

El 19 de marzo, los militares Carlos Calle Soliz y Alex Johnny Carvajal Uchani, además de los trabajadores de la Aduana Nacional David Quenallata Laurel, Carl Luis Guachalla Rada, Ediberto Raúl Flores Mamani, Juan José Tórrez Gonzales, Arsenio Choque Gonzales, Brian Leandro Quenallata Méndez y Diego Guzmán fueron detenidos por carabineros chilenos en un incidente en la frontera.

25 junio 2017

TSE y técnicos se reúnen en julio para auditar el padrón

La misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) y los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) sostendrán una reunión en julio rumbo al trabajo de la auditoría integral al Padrón Electoral Biométrico (PEB), informó a EL DIARIO la vocal María Eugenia Choque.

“Tenemos una reunión pendiente con la OEA, en julio están llegando (los integrantes de la misión) a pesar que tuvimos varias reuniones”, dijo.

El monto económico para desarrollar la auditoría al padrón es de 350.000 dólares, presupuesto que será brindado por la misión internacional, según la vocal del TSE.

Asimismo, Choque se refirió a la importancia de este proceso y señaló que permitirá incrementar la confiabilidad del ciudadano hacia el padrón.

De ese modo, sostuvo que la auditoría integral se realizará en el marco del proceso de transparencia institucional y el fortalecimiento democrático.

En mayo de la presente gestión, la presidenta del TSE, Katia Uriona, junto a coordinadores de la OEA presentaron oficialmente el inicio del proceso de la auditoría integral al Padrón Electoral Biométrico, en la oportunidad informaron que aquel trabajo iba a demorar por lo menos cinco meses y que los resultados se conocerían en el 2017.

La auditoría debió desarrollarse en 2016, pero debido a la falta de presupuesto la misma no pudo iniciar lo que ocasionó la crítica de los opositores que denunciaron irregularidades.

Choque indicó que sí existió necesidad para hacer el padrón biométrico y ahora que ya se cuenta con los recursos económicos ello podrá concretarse.

“Desde hace dos años estamos con la necesidad de hacer el padrón biométrico. No se hacía porque no se tenía recursos”, afirmó y agregó que como TSE los vocales realizarán un acompañamiento en todo el proceso.

DOS FASES DE LA AUDITORÍA

Desde el TSE se informó que la auditoría se realizará en dos fases: la primera concluirá con la emisión del informe técnico por parte de la OEA que será dado a conocer después de las elecciones judiciales del 22 de octubre; mientras que la segunda fase se constituirá en la etapa de aplicación de las recomendaciones que se emitan a partir de los hallazgos que obtengan a partir del trabajo técnico.

OBJETIVO

Según el TSE, con la auditoría se buscará contar con un proceso de depuración permanente y continua del Registro Biométrico Electoral, además con una base de datos que sean confiables, pero sobre todo preciso.

Todo el trabajo se lo deberá realizar en base a los estándares internacionales, además tendrá una metodología implementada por la OEA lo cual permitirá el fortalecimiento de la institucionalidad electoral y de la democracia en Bolivia.

Legislativo aprueba nuevo reglamento para postulantes

La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó el sábado el nuevo reglamento de preselección y convocatoria para postulantes a máximas autoridades al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), tras declararse desierta la primera convocatoria para esas dos instituciones judiciales.

“Nos quedaba pendiente, una vez conocido el informe de la Comisión Mixta de Constitución, esta nueva convocatoria y el reglamento con el cual se va a trabajar esta etapa de preselección, que han sido aprobados hoy”, dijo en conferencia de prensa el presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales.

El legislador señaló que la aprobación se realizó en atención a la parte del Reglamento que establecía cupos mínimos de mujeres y de personas identificadas como indígenas, lo que obligó a declarar desierta la primera convocatoria y una vez que se tomó esa determinación lo que prosiguió fue la aprobación de una ley que determinó una nueva fecha de elección, fijada para el 3 de diciembre próximo.

Asimismo, recordó que, paralelamente, la Comisión Mixta de Justicia Plural, continuará con el avance del proceso de preselección de candidatos a máximas autoridades del Consejo de la Magistratura y Tribunal Agroambiental, por lo que el lunes 26 iniciará la etapa de evaluación de méritos junto a los delegados del Sistema Universitario.

En la misma línea, la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, convocó a los profesionales abogados, principalmente mujeres y personas autoidentificadas como indígenas, a que se presenten a la nueva convocatoria para completar el proceso para las elecciones judiciales.

“Es tiempo de las mujeres, de los indígenas en Bolivia, por lo tanto sin ambas poblaciones este Estado Plurinacional no podría consolidarse y el Órgano Judicial estaría desprovisto de calidad a la hora de los preseleccionados”, sostuvo.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Mixta de Constitución, Adriana Salvatierra, explicó que el reglamento mantiene la estructura del anterior documento en los mecanismos, procedimientos, etapas y en los criterios de participación del Sistema Universitario, en cumplimiento del artículo 158 de la Constitución Política del Estado (CPE).

“Estructuralmente, el reglamento consta de los mismos artículos, con los mismos procedimientos, con las formalidades, etapas, los mismos requisitos, la misma evaluación meritocrática, la misma metodología de examen escrito, de entrevista, manteniendo además el principio de transparencia”, aseveró.

Agregó que las postulaciones que quedaron habilitadas en la anterior convocatoria son válidas y pueden complementar su documentación, al igual que los que quedaron inhabilitados que podrán enmendar sus postulaciones.

“No podemos cambiarles las reglas de juego a los postulantes que ya fueron habilitados, tenemos que continuar con un reglamento que siga ponderando la meritocracia que comprende la participación del Sistema Universitario para dar certeza a la población de que los mejores candidatos sean los que pasen el proceso de preselección”, sostuvo.

La legisladora explicó que la convocatoria será publicada este domingo 25 de junio y a partir del lunes 26 se procederá a la inscripción de los postulantes y presentación de documentos hasta el 24 de julio, 29 días calendario en los que estará abierta esa etapa.

24 junio 2017

Mediante Decreto Supremo Gobierno pagará multa de nueve bolivianos sentenciados en Chile

El Presidente Evo Morales informó ayer que el Gabinete Ministerial aprobó un Decreto Supremo para el desembolso de alrededor de $us 50.000 para pagar la multa de los nueve bolivianos sentenciados en Chile. A la vez instruyó que de manera inmediata se realice el trámite para cumplir con el fallo judicial y que los connacionales retornen al país en los próximos días.

“Para cubrir esta multa de cerca de $us 50 mil ya firmamos el decreto supremo para que nuestros hermanos bolivianos vuelvan pronto al país”, anunció el Mandatario.

Una hora antes el ministro de Justicia, Héctor Arce, indicó que el Estado asumirá con el pago de la multa que impuso la justicia del vecino país. A la vez cuestionó el “aporte voluntario” que estarían realizando los funcionarios de la Aduana Nacional para cubrir los gastos de traslado y el pago de los honorarios de la defensa.

APORTES

Por otra parte, Arce cuestionó las declaraciones de la presidenta de la Aduana Nacional, Marlene Ardaya quien señaló que los funcionarios de esa instancia están realizando “aportes voluntarios” de Bs 300 para correr con los gastos del traslado de las familias hacia chile, el pago de los honorarios de los abogados, entre otros gastos.

“Hemos escuchado unas declaraciones un tanto desafortunadas de la presidenta de la Aduana Nacional, Marlene Ardaya, que ha sido replicada por la prensa en sentido de que esta injusta multa de la justicia chilena, que deben pagar los nueve bolivianos detenidos, sería cancelada con aportes de funcionarios de la Aduana de forma voluntaria”, afirmó la autoridad.

MÁS APORTES

El Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas habilitaron una cuenta para que los funcionarios de esa instancia y los militares realicen sus aportes voluntarios y de esa manera recaudar fondos para pagar la multa impuesta por la justicia chilena, informó el ministro de esa cartera de Estado, Reymi Ferreira, según el portal digital Urgentebo.com.

Para tal efecto, siempre según Urgentebo.com, en las Fuerzas Armadas se publicó una circular para los aportes voluntarios. Ferreira recalcó que los militares pueden pedir que se haga el descuento mediante planilla.

“Lo mismo vamos hacer el Ministerio de Defensa, para apoyar a nuestros compatriotas bolivianos, en especial a los dos militares que estuvieran recluidos en Chile”, sostuvo la autoridad gubernamental.

CRÍTICAS

Parlamentarios de la oposición lanzaron varias críticas a la autoridades del Gobierno por la intención de realizar colectas entre los funcionarios públicos para pagar la multa de los funcionarios aduaneros y los dos militares.

La comparación más recurrente fue que el Gobierno utilizó el avión presidencial para trasladar al expresidente de Ecuador, Rafael Correa, para que asista a la cumbre de Tiquipaya gastando 50 mil dólares y en contraste el mismo Gobierno instruye una colecta para los bolivianos sentenciados.

La multa de más de 32 millones de pesos chilenos (equivalentes a 49.834 dólares) fue impuesta por la jueza chilena Isabel Peña, por el delito de contrabando en que habrían incurrido los bolivianos al ingresar a territorio chileno con dos vehículos oficiales.

El monto de la multa se calculó en función al valor de los dos vehículos con los que ingresaron los funcionarios bolivianos a Chile, el pasado 19 de marzo cuando fueron detenidos por Carabineros de ese país.

Tras la sentencia, se tiene un plazo de 30 días para efectivizar la expulsión de los bolivianos de territorio chileno. No obstante, para ello se tiene que cumplir con la multa.

23 junio 2017

Bolivia sube tres puestos en el Índice de Progreso Social Mundial y Evo destaca el avance



Esta semana se publicó el Índice de Progreso Social Mundial (IPSM) 2017 y en esa medición Bolivia ocupa el puesto 69 con una calificación de 63.93 puntos, de un total de 128 países.

En cambio en su versión 2016, el IPSM ubicó a Bolivia en la posición 72 y eso significa que en un año avanzó tres puestos.

Por ello el presidente Evo Morales se mostró satisfecho y a través de su cuenta oficial de Twitter dijo que "mientras algunos países están en retroceso, nosotros progresamos en materia de inclusión, (que) es un reflejo de nuestras políticas sociales".

"Nos sentimos orgullosos de que todos los esfuerzos realizados por Bolivia en cuanto a inclusión se reflejen de manera visible en el mundo", agregó Morales.

Este estudio mundial mide 50 indicadores sociales y ambientales que reflejan tres dimensiones del progreso social, que son las necesidades humanas básicas, fundamentos del bienestar y oportunidades.

La medición no contiene variables económicas porque se centra en el interés de explicar las mejoras en la calidad de vida de la población en esos 128 países donde vive el mayor porcentaje de la población mundial.

En ese marco, el IPSM clasifica además sus mediciones en seis categorías, que corresponden al "Progreso Social Muy Alto"; "Progreso Social Alto"; "Progreso Social Medio Alto"; "Progreso Social Medio Bajo"; "Progreso Social Bajo"; y "Progreso Social Muy Bajo".

Bolivia, con su ubicación 69 del IPSM 2017, logró ingresar a la categoría de Progreso Social Medio Alto, después de haber permanecido hasta la gestión pasada en la tabla de Progreso Social Medio Bajo.

Sin embargo, el estudio observa que en los países de la categoría Progreso Social Medio Alto su población aún se enfrente a varios problemas de acceso a derechos básicos.

Es así que en "muchos países con progreso social medio alto todavía se enfrentan a retos. En Tailandia, por ejemplo, apenas un poco más de la mitad de la población tiene agua potable. En Bolivia, Filipinas, y la República Dominicana, más del 10% de la población sufre de desnutrición. Para Sudáfrica, Brasil Jamaica, México y Colombia, la Seguridad Personal representa un problema", cita el documento del estudio.

Los cinco países que lideran la clasificación general del Índice de Progreso Social 2017 son Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suiza, respectivamente

Gobierno autoriza pago de multa para liberación de nueve detenidos en Chile


1

El presidente Evo Morales informó hoy que ya se firmó el Decreto Supremo, mediante el cual el Gobierno se hará cargo de pagar la multa que impuso la Justicia chilena a los nueve bolivianos detenidos en ese país.

"He pedido al Ministro de Economía rápidamente después de la firma del Decreto Supremo la transferencia de los casi 50 mil dólares a la Aduana, y a la Aduana depositar para que nuestros nueve hermanos bolivianos vuelvan rápidamente a territorio nacional", agregó.

Las autoridades del Órgano Ejecutivo se reunieron en la Cancillería General del Estado donde acordaron que se dispongan los recursos económicos para cubrir con esa responsabilidad.

Esta mañana, el ministro de Justicia, Héctor Arce, lamentó las declaraciones "erróneas" de la presidenta de la Aduana Nacional, Marlene Ardaya.

"Queremos desmentir que se haya pedido alguna colecta o algunos aportes a funcionarios para pagar una obligación injusta pero necesaria para su cumplimento, para tenerlos de manera inmediata en el país", declaró Arce al referirse a las declaraciones de la titular de la Aduana nacional.

Este jueves, la presidenta de la Aduana Nacional informó a ANF que en un acto "solidario" los 1,800 funcionarios de esta entidad iban a realizar "aportes". "En mérito a la transferencia, evidentemente estamos haciendo una cuota institucional de 300 bolivianos, las personas que superan los 10.000 bolivianos (de sueldo) y 170 bolivianos los que ganan 10.000 bolivianos, para reunir el monto de la multa".

Pero Arce lamentó "estas declaraciones erróneas que no corresponden a la verdad. No es correcto pedir aportes a los funcionarios y no corresponde en derecho y no debería ser anunciado por la presidenta de la Aduana Nacional", sostuvo.

Un funcionario que pidió no revelar su nombre denunció a este medio que por órdenes superiores se pidió a los funcionarios hacer aportes de dinero, en un principio de 150 bolivianos para pagar el proceso judicial que enfrentaron los nueve detenidos, y en las últimas horas les pidieron 550 bolivianos más, con lo cual se sumarían 700 bolivianos.

Gobierno niega que haya pedido colecta en la Aduana y anuncia que el Estado pagará la multa de los 9 bolivianos



El Gobierno negó que haya promovido el cobro de una colecta en la Aduana Nacional para aportar en las gestiones para la liberación y repatriación de los nueve bolivianos detenidos y condenados en Chile y aseguró que el Estado se hará cargo de pagar la multa de $us 48.000 que les fue fijada en ese país.

El ministro de Justicia y Transparencia, Héctor Arce, hizo la afirmación poco después de hacerse público un comunicado de la Aduana para agradecer públicamente por los "aportes voluntarios" de sus funcionarios para solventar gastos de defensa y apoyo a los nueve sentenciados como a sus familias.

“Queremos desmentir de manera oficial que se haya pedido alguna colecta, aportes a funcionarios o alguna situación de esa naturaleza para pagar una obligación, por ciento injusta, pero necesaria en su cumplimiento para tenerlos rápidamente, ojalá en los próximos días u horas, a nuestros nueve connacionales ya en territorio boliviano”, dijo Arce en contacto con la emisora estatal Patria Nueva.

En un comunicado público, la Aduana Nacional de Bolivia informó que los funcionarios realizaron aportes voluntarios para pagar el bufete de abogados que se contrató para la defensa de los nueve bolivianos capturados y sentenciados el miércoles en Chile, además de otros gastos para lograr su retorno.

"La planta ejecutiva de la Aduana Nacional agradece la solidaridad de los servidores públicos de la Aduana Nacional por su aporte voluntario destinado a cubrir costos de bufetes de abogados de Santiago e Iquique, traslado de familiares de los funcionarios detenidos, así como la compra de vituallas, enseres y otros gastos conexos que implican el regreso de los nueve bolivianos”, se lee en el comunicado.



Arce calificó de “erróneas” las declaraciones que hizo Ardaya al respecto y afirmó que “no corresponden a la verdad”. “No es tampoco correcto pedir aportes para este tipo de fines, es una situación que no corresponde en derecho y que no debería ser ni puesta en marcha ni anunciada por la presidenta de la Aduana Nacional”, agregó.

Los dos militares y siete aduaneros fueron capturados el 19 de marzo poco después de que interceptaran un convoy de vehículos con mercancías de contrabando en la frontera. Se los acusó por tres delitos y se los envió a la cárcel de Alto Hospicio. Ahora están a la espera de ser trasladados a la frontera para su expulsión en cumplimiento del fallo judicial emitido por la juez Isabel Peña.

En un proceso abreviado se los condenó a tres años de cárcel y un día por los delitos de robo e intimidación y portación ilegal de armas, mientras que se les aplicó una multa por el delito de contrabando de $us 48.000, monto que debe ser cancelado para la posterior expulsión de los sentenciados.

“Es una responsabilidad (pago) que va a asumir el Gobierno boliviano a través de un decreto supremo que va a ser aprobado en las próximas horas”, indicó. (23/06/2017)

Chile rehúsa contestar declaraciones de Morales sobre expulsión de bolivianos



El Gobierno chileno se rehusó hoy a responder a las declaraciones del presidente de Bolivia, Evo Morales, quien afirmó que "Chile es el Israel de Sudamérica" tras el fallo contra nueve funcionarios bolivianos detenidos en marzo por un incidente fronterizo y condenados a la expulsión del país.

"No comento los dichos del presidente Morales excepto, quizás, una vez al mes, así que ya tengo mi dosis copada para las próximas semanas", dijo hoy el canciller chileno, Heraldo Muñoz, al ser preguntado por este asunto.

El pasado miércoles, un tribunal de la localidad chilena de Pozo Almonte condenó a siete funcionarios de la Aduana Nacional de Bolivia por los delitos de robo con violencia y contrabando, y a dos militares bolivianos, por porte ilegal de armas.

La jueza chilena Isabel Peña dispuso la expulsión del país de los nueve ciudadanos bolivianos, que se debe cumplir en los próximos 30 días, como pena sustitutiva.

"Chile es el Israel de Sudamérica: impone muros políticos, invisibles y mentales; da muerte civil a nuestros 9 compatriotas #Los9SonInocentes", escribió Evo Morales este jueves en su cuenta de Twitter.

El ministro Muñoz no precisó hoy cuándo se llevará a cabo la expulsión de los bolivianos, para la que antes deben pagar una multa por valor de 32 millones de pesos (unos 50.000 dólares).

"Una vez que está esto ejecutoriado, le competería al Ministerio de Interior adoptar las acciones", explicó el canciller, quien añadió que espera que la medida "se cumpla de la manera más fluida y sin contratiempos".

"Entiendo que (la expulsión) está pendiente de una multa, que es parte de la condena. No tengo mas antecedentes. La Cancillería tiene un papel limitado. Esto ha estado en manos de la Justicia", agregó.

Las declaraciones del canciller tuvieron lugar en un encuentro con la prensa, tras recibir en audiencia a Benito Baranda, presidente ejecutivo de América Solidaria Internacional y exdirector social del Hogar de Cristo, quien fue designado por el Gobierno como coordinador del Estado para la visita del papa Francisco a Chile.

Respecto al viaje del Pontífice, que se desplazará a las ciudades de Santiago, Temuco e Iquique entre el 15 y 18 de enero del próximo año, el ministro de Relaciones Exteriores comentó que "será una gran visita" no solo para la comunidad católica, sino para los chilenos en general, "que van a recibirle como un líder espiritual y un líder internacional". (23/06/2017)

Gobierno pagará la multa de 9 detenidos en Chile


El ministro de Justicia y Transparencia, Héctor Arce, salió a desmentir a la presidenta de la Aduana, Marlene Ardaya, sobre la realización de una colecta para cubrir los gastos de defensa y multa fijada contra los nueve bolivianos detenidos en Chile.

La autoridad afirmó que esas declaraciones son "erróneas" y "no corresponden a la verdad". Sostuvo que se ve en la obligación de "desmentir ese efecto" porque no le corresponde a esa funcionaria dar esa información.

"El Gobierno va a asumir esta responsabilidad, hay un proyecto de Decreto Supremo que será aprobado en las próximas horas para que el Estado boliviano, digno y soberano, pagará esa injusta multa" explicó Arce en entrevista con radio Patria Nueva.



Adelanto que "tenemos la certeza que en los próximos días van a estar los nueve con sus familiares en sus fuentes de trabajo, restablecidos en la sociedad boliviana, como nunca debieron ser alejados, porque ellos estaban cumpliendo con su trabajo".

Ratificó además que el Gobierno del presidente Evo Morales denunciará ante instancias internacionales el veredicto del juzgado de Pozo Almonte que declaró culpables a los nueve bolivianos, les impuso una multa de cerca a $us 50.000 y definió su expulsión.


Referéndum autonómico 14 regiones conforman directivas de mesas

Las 14 entidades territoriales autónomas (ETA), que irán al referéndum autonómico del 9 de julio, se encuentran en el proceso de conformación de directivas de mesas de sufragio y capacitación de jurados electorales, la misma culminará en tres semanas más, informó a EL DIARIO la vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), María Eugenia Choque.

“Estamos cumpliendo con el Calendario Electoral (…) se está trabajando de una manera muy activa en la capacitación a notarios y jurados, formación en los notarios electorales”, dijo.

El 9 de julio 14 etas irán a referéndum autonómico, entre ellas están Alto Beni, Coroico, Laja, Achocalla en el departamento de La Paz.

Sicaya, Puerto Villarroel, Shinahota en Cochabamba; Valle Grande, Postrervalle en Santa Cruz; Uriondo en Tarija; Antequera en Oruro; y Puna en el departamento Potosí.

Huacaya de Chuquisaca consultará sobre su proyecto de estatuto autonómico indígena, mientras que Macharetí también del mismo departamento irá por conversión a la autonomía indígena originario campesina.

Según el Calendario Electoral, la conformación de las directivas de las mesas de sufragio y capacitación a jurados electorales inició el 19 de junio y concluirá el 8 de julio. Este proceso está siendo llevado por los tribunales electorales departamentales.

Senado sanciona ley que posterga comicios judiciales

La Cámara de Senadores sancionó la Ley Transitoria que fija para el 3 de diciembre la elección de las máximas autoridades del Órgano Judicial, informó el presidente de esta instancia legislativa, José Alberto Gonzales. Este sábado se realizará la sesión de la Asamblea para aprobar la nueva convocatoria al Tribunal Supremo de Justicia y Tribunal Constitucional.

“Se sancionó la Ley tal cual, no se hizo ninguna modificación, básicamente se fija la fecha para el domingo tres de diciembre las Elecciones Judiciales que garantiza de manera absoluta la paridad de género y la participación indígena originario campesino”, declaró.

El Movimiento al Socialismo, en una sesión de la Asamblea Legislativa declaró desierta la convocatoria a la preselección al Tribunal Supremo de Justicia y al Tribunal Constitucional Plurinacional, porque no se cumplió los criterios de género y pluralidad.

CONVOCATORIA

El sábado se llevará a cabo la 6ª sesión de la Asamblea Legislativa donde se debatirá la nueva convocatoria para ambas instancias, el domingo 25 del mes en curso se publicará la misma en medios a nivel nacional, a partir del próximo lunes y por un lapso de 29 días los abogados podrán dejar sus postulaciones en la Comisión de Constitución del Legislativo.

“El sábado en sesión de asamblea estaremos considerando el informe de la Comisión de Constitución y por supuesto la nueva convocatoria, además de los ajuste al reglamento con relación a los cronogramas”, explicó Gonzales.

VOTOS NULO Y BLANCO

Por otra parte, el asambleísta departamental de Sol.Bo, Fabián Yacsik propuso que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) legalice como valido el voto “nulo” y “blanco”, puesto que no existen los candidatos con las características meritorias para optar por los cargos de magistrados.

“Propuse que se legalice como valido el voto blanco y nulo, para darle una opción a la ciudadanía a elegir, si los votos blancos y nulos están por encima de los votos válidos se pueda anular esta elección por decisión de la población”, explicó el asambleísta.

Con relación a esto, Gonzales señaló que a esta altura de la preselección ya no se pueden plantear estas opciones que ya fueron subsanadas. Por el momento la prioridad es lanzar la nueva convocatoria y esperara que más postulantes se inscriban para garantizar la participación de mujeres y representantes indígenas.

FARSA NACIONAL

Por último, Yacsik indicó que el partido en Gobierno está cometiendo nuevamente los errores de las elecciones del 2011, puesto que en esa ocasión ya tenían de los postulantes y los asambleístas debieron elegirlos, afirmó que se repetirá la misma situación en la selección de los candidatos al órgano judicial.

“Es una barbaridad lo que pasa, es una preselección que es una estafa nacional, otra vez están cometiendo el error de hace seis años. Primero hablan del mérito, que se tiene que imponer sobre género y pluralidad, ahora deciden ampliar la convocatoria solo para una parte del proceso”, añadió.

Chile debe resarcir a 9 bolivianos detenidos

El Gobierno chileno deberá resarcir económicamente a los nueve bolivianos detenidos en su territorio, por los perjuicios que les causaron. Para que se cumpla ello, el Estado boliviano acudirá a instancias internacionales, anunció el presidente Evo Morales.

“La lucha jurídica internacional va a continuar, porque estamos también con justa razón para apelar, para acudir a organismos internacionales, tarde o temprano, autoridades chilenas tienen que resarcir de los daños a los nueve hermanos bolivianos detenidos ahora condenados; esta será la próxima responsabilidad del Gobierno o de los familiares”, dijo el mandatario en acto público realizado en Santa Cruz.

Para el Presidente, la detención preventiva de los connacionales es un favor que el Gobierno chileno realizó al contrabando.

OTRAS AUTORIDADES

Por su parte, el vicepresidente Álvaro García, en conferencia de prensa, señaló que no sorprende la prepotencia e ilegalidad con la cual actuó el Gobierno y la justicia chilena con respecto a los connacionales.

Asimismo, indicó que el Gobierno chileno no respetó los acuerdos internacionales, al llevar el caso de los nueve bolivianos a la justicia ordinaria, cuando el tema debió haberse resuelto por los mecanismos correspondientes bilaterales.

De su parte, el canciller Fernando Huanacuni calificó el fallo de la justicia chilena como “una agresión a Bolivia”, porque los connacionales no cometieron los delitos de robo con intimidación, contrabando ni porte de armas ilegal, como pretende imputarles el Gobierno chileno”.

DESDE CHILE

El canciller de Chile, Heraldo Muñoz, aseguró que la justicia de su país actuó de manera independiente en el proceso judicial de los nueve bolivianos detenidos.

“El Gobierno de Chile respeta los fallos de los tribunales y los cumple íntegramente, en línea con la independencia y separación de los poderes del Estado. Se cumplieron plenamente las normas del debido proceso. Ello, entre otros testimonios, por la amplia cobertura en directo que tuvieron las audiencias”, dijo Muñoz citado por el diario La Tercera, de Santiago.

La autoridad chilena insistió en que los detenidos han contado con amplia defensa y condiciones apropiadas, incluyendo la visita de representantes de la Cruz Roja Internacional y de numerosas autoridades bolivianas y familiares.

Mientras que el vicepresidente García sostuvo que el fallo del Juzgado de Garantía, de Pozo Almonte, responde a los intereses del Gobierno chileno.

SENTENCIA

La tarde del miércoles, el Juzgado de Garantía de Pozo Almonte declaró culpables de tres delitos a los nueve bolivianos detenidos y determinó su expulsión en el plazo máximo a 30 días.

Los nueve bolivianos fueron declarados culpables por el delito de robo con intimidación y violencia a una pena de tres años y un día de presidio.

FUERON DETENIDOS, JUZGADOS Y EXPULSADOS

- El 19 de marzo, dos militares y siete trabajadores de la Aduana Nacional de Bolivia fueron detenidos por carabineros chilenos.

- Según las autoridades bolivianas, los nueve bolivianos realizaban un operativo de lucha contra el contrabando.

- El 22 de marzo se definió en Chile la detención preventiva de los compatriotas por 120 días, plazo para una investigación.

- Actualmente, los nueve bolivianos continúan cumpliendo la detención preventiva.

- La Corte Suprema de Justicia de Chile fijó la audiencia cautelar de los nueve bolivianos para el 20 de junio.

- Los familiares de los connacionales se organizan para viajar a Chile para acompañarlos en la audiencia cautelar.

- El 21 de junio, la Juez de Garantía de Pozo Almonte, Isabel Peña, decretó la expulsión de los nueve funcionarios bolivianos (dos militares y siete trabajadores de la Aduana Nacional).

- Los detenidos fueron condenados por el delito de robo con intimidación y violencia a una pena de tres años y un día de presidio.

- Asimismo, fueron sentenciados por el delito de contrabando con una multa que asciende a 32 millones 176 mil 272 pesos chilenos.

22 junio 2017

Gallardo pide disculpas por ver video en plena sesión


El diputado de Unidad Demócrata (UD), Andrés Gallardo, pidió disculpas públicas después de que fue descubierto en plena sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) viendo un video de mujeres voluptuosas.

“Quien esté libre de culpa que tire la primera piedra, (pero) mil disculpas y voy a asumir la responsabilidad y la sanción que el caso pueda ameritar”, dijo el legislador opositor, en una entrevista concedida a Unitel.

Asimismo, el diputado consideró que es víctima de ataques por la decisión que asumió de buscar hablar con el presidente Evo Morales para conseguir la ejecución de una obra de alcantarillado en la Villa Primero de Mayo de Santa Cruz.

En los últimos días, Gallardo fue objeto de una serie de críticas, principalmente en las redes sociales, porque en una sesión de la Asamblea, que debatía el futuro de las elecciones judiciales, se dedicó a mirar fijamente su celular para observar un grupo de mujeres voluptuosas.


Decálogo e ideales relanza a Evo en una cumbre con poca gente


La cumbre de los pueblos organizada por el Gobierno concluyó ayer con la aprobación de un decálogo que será difundido por gobernantes y asistentes. Así llegó a su fin un evento que no tuvo el realce de otras oportunidades y con un discurso presidencial que se centró en el ataque contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; mientras, los asistentes admitieron que se trató de un primer paso y que no se verán resultados inmediatos.

Acceso a servicios básicos, la no injerencia de organismos multilaterales, armonía con la madre tierra, acceso equitativo a la riqueza, creación de la defensoría mundial de los pueblos y creación de la ciudadanía regional son algunos de los puntos que figuran en el documento final del evento.

Mientras que el presidente Evo Morales pidió a los asistentes acciones en sus respectivos países y les recordó que si no se tiene poder de decisión será imposible plasmar las demandas y relató el camino que recorrió y cómo llegó a la Presidencia del Estado.

También se refirió duramente al presidente de Estados Unidos: “El presidente Trump, por tramposo debe ser”, lanzó y fue celebrado por los presentes; más adelante dijo que la embajada de EEUU instiga a sus opositores políticos.

Asimismo, vinculó a los dirigentes de la COB con las “prebendas del imperio” y dijo que todos los obreros deben ser antiimperialistas. El máximo dirigente de la COB, Guido Mitma no estuvo en el acto de clausura, pero sí una comisión.

Menos gente

Pese a que ayer hubo mayor número de asistentes que el martes, no llenó las expectativas de los pobladores de Tiquipaya, quienes se organizaron para recibir a un mayor número de personas, incluso habilitaron servicios que improvisaban en otros eventos que gestionaba el Gobierno.

Jesús Lenz, que administra la única empresa de radiotaxi en el pueblo, dijo que se organizaron porque en los eventos faltaba transporte desde y hacia la ciudad, y por tanto crearon esta empresa, pero en estos dos días tuvieron que mandar sus móviles a otros lados porque no había la clientela esperada.

Susana Rojas, que vendía alimentos al ingreso de la universidad Del Valle, el centro del evento, explicó que siempre que hay este tipo de actos aparecen comerciantes de todos los pueblos cercanos y más aún cuando llegan extranjeros, pero que en esta oportunidad la falta de visitantes foráneos fue evidente porque la venta de dos días puso en evidencia su temor y recordó que incluso los domicilios particulares habilitaban espacios para los negocios de comida, que es el fuerte de esta región.

Las proximidades del campus de la universidad fue el único lugar que concentró la actividad económica y hasta sus puertas llegaron los comerciantes, mientras que el resto del pueblo seguía con sus actividades cotidianas y los visitantes permanecían dentro de este campo estudiantil.

Gasto insulso

Los partidos políticos de oposición no desaprovecharon la oportunidad para censurar este evento, que tuvo un costo de 4,5 millones de bolivianos y que no tendrá una repercusión tangible de las conclusiones.

El diputado Amílcar Barral dijo que el Gobierno debe explicar las constantes organizaciones de eventos supuestamente internacionales y que no tienen ningún beneficio para el país porque es dinero del Estado que costea toda la organización y permanencia de los visitantes por decisión del MAS.

Para el ministro de Gobierno, Carlos Romero, que fue el moderador inicial, las conclusiones tendrán su peso en determinado momento porque deben ser presentadas en los distintos foros donde asistirán las autoridades y también será trabajo de los embajadores difundir el contenido del decálogo que aprobaron.

Asimismo, explicó que varias de las propuestas que realizaron las organizaciones por sugerencia del Gobierno boliviano fueron acogidas en foros internacionales y llegaron incluso a las NNUU.

El representante de Ecuador, Alfredo Tulio, admitió que el evento es el primer paso y que se alcanzarán resultados a largo plazo, pero que era necesa