Los representantes supraestatales expusieron en cuatro foros internacionales la detención de los nueve funcionarios bolivianos en Chile y demandaron su inmediata liberación.
Las diligencias se realizaron desde fines de marzo como una de las tareas que asumió el Ejecutivo y Legislativo para que los dos militares y siete funcionarios aduaneros sean excarcelados.
“Como representantes de Bolivia, desde marzo hemos empezado a denunciar esta situación en la sesión del Parlamento Andino, Latinoamericano, Mercosur y de la Unión Interparlamentaria”, indicó la representante supraestatal Flora Aguilar.
El 19 de marzo, el capitán Álex Carvajal Huachani, el suboficial Carlos Calle Soliz, y los funcionarios de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) Diego Guzmán Vásquez, Juan José Torres Gonzales, Brian Leandro Quenallata Mendo, Karl Luis Guachalla Rada, David Cimar Quenallata Laurel, Ediberto Raúl Mamani Flores y Arsenio Choque González fueron detenidos en la frontera de Bolivia con Chile cuando realizaban un operativo contra el contrabando.
El 22 de marzo, la jueza de Garantía de Pozo Almonte, Isabel Peña, decretó la prisión preventiva de los connacionales, quienes fueron imputados por los delitos de robo con intimidación y violencia, porte y tenencia de armas prohibidas y contrabando.
La defensa boliviana presentó ante la Corte Suprema de Justicia de Chile un recurso de amparo constitucional para lograr su liberación, sin embargo el tribunal rechazó la petición.
El ministro de Justicia, Héctor Arce Zaconeta, advirtió una carga política en el proceso que inició la justicia chilena contra los nueve funcionarios bolivianos.
En tanto, Aguilar dijo que La Moneda asume represalias por la demanda marítima presentada en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y que logró superar la objeción chilena que cuestionó la competencia del tribunal.
El diputado de Unidad Demócrata (UD) Víctor Gutiérrez indicó que Chile no se despoja de su pasado dictatorial por asumir esta persecución contra ciudadanos bolivianos.
Al igual que el ministro Arce, el legislador indicó que no hay una base real para procesar a los funcionarios.
Agenda
La jueza Isabel Peña acogió la solicitud de suspensión de procedimiento de los nueve ciudadanos bolivianos y convocó a una nueva audiencia para el 25 de mayo.
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