Tras el fallo de la justicia chilena de enviar a la cárcel con detención preventiva a los nueve bolivianos, el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, anunció ayer que el Estado boliviano acudirá a la Corte Internacional de Derechos Humanos y la Cruz Roja.
La autoridad boliviana calificó la acción de la juez de Pozo Almonte, Isabela Peña, como un acto de “provocación” y “venganza” contra Bolivia que tiene bien consolidada una demanda marítima ante la Corte Internacional de Justicia ( CIJ) de La Haya.
“Esta agresión la vamos a denunciar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y vamos a convocar a la Cruz Roja y otros organismos para que vean la tortura de la que fueron víctimas los bolivianos en manos de contrabandistas, sino también de parte de los propios carabineros”, manifestó Ferreira.
Imágenes que circulan en las redes sociales muestran cómo los militares y funcionarios de la Aduana Nacional fueron reducidos, tres de ellos recibieron golpes en la cara y el cuerpo.
El Ministro de Defensa de Bolivia lamentó también que Chile sea un mal vecino y que recurra a este tipo de agresiones judiciales al no tener argumentos sólidos que refuten el litigio marítimo.
Expresó que la actitud de Chile ratifica su posición dictatorial pinochetista. “Esta es una agresión a nuestro pueblo, una agresión a un país y la comunidad internacional”, repudió Ferreira.
Recordó que el 28 de agosto del 2016, tres carabineros armados, chilenos, ingresaron a Bolivia tras el supuesto rastro de un narcotraficante, sin embargo, ellos fueron devueltos a su país.
El mismo año, un súbdito chileno ingresó por el lado del Silala, provincia Nor Lípez del departamento de Potosí a Bolivia y tomó fotografías del cuartel de esa región. Él también fue devuelto a Chile “ese mismo día”.
“Esa es la actitud de buenos vecinos y nos relacionamos así con Brasil, Paraguay y Perú. Pero no recibimos eso de Chile, sino agresión y provocación”, sostuvo Ferreira.
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