Un grupo de 56 intelectuales y profesionales de diversas áreas del país rechazaron la Ley General de la Coca, en una carta abierta, que será promulgada por el Órgano Ejecutivo y advierten que beneficiará a un sector delincuencial que está en crecimiento y que pondrá al país en la esfera internacional como tolerante al fortalecimiento del narcotráfico.
El gobierno del presidente Evo Morales cedió a la presión e incrementó a 22.000 hectáreas (h) de cultivos de coca en dos departamentos de La Paz y Cochabamba, no obstante había anunciado que solo se incrementaría en 20.000 hectáreas, así está establecido en la Ley General de Coca sancionado por el Senado y que está pendiente de ser promulgada.
“Desde el momento en que el poder ejecutivo promulgue esta norma para su entrada en vigencia, es de esperar que Bolivia quede identificada en la esfera internacional como un país cuya laxitud y tolerancia estarían fortaleciendo al narcotráfico, con todo lo que esto implica: tráfico de armas, trata y tráfico de seres humanos (cada vez de menores estratos de edad) con fines de explotación sexual, además del contrabando, el apoyo al terrorismo y la desestabilización de países”, señala el documento al que accedió ANF.
Asimismo, señalan que la norma solo “beneficiará a una pequeña proporción de los productores agrícolas de Bolivia, quienes ni siquiera aportan al erario nacional, así como también a un sector delincuencial que viene creciendo a la sombra y cuya actividad coloca a toda la población boliviana en situación de alto riesgo, con consecuencias impredecibles”. Como sucede en Colombia y México, donde el narcotráfico ha quedado fuera de todo control estatal.
El Gobierno y el MAS han justificado el incremento, explicaron que hicieron cálculos internos sobre producción y consumo tradicional. El ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico, dijo que la demanda interna de coca es de 18.000 ha y que las restantes 4.000 se destinarán para la industrialización.
Sin embargo, según el Estudio Integral de la Hoja de Coca financiado por la Unión Europea y por el Tesoro General de la Nación, presentado en 2013 establecía que se requerían 14.705 hectáreas de coca para el consumo legal, con un rendimiento de hasta 20.690 toneladas. No obstante las autoridades advirtieron en ese tiempo que el dato serviría como base para modificar la Ley 1008 que fijaba 12.000 hectáreas de cultivos de coca.
Incluso Bolivia presentó dicho informe en el Quincuagésimo Quinto Período Ordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (Cicad), en Washington, 2014, donde refiere que son suficientes 14.000 hectáreas de cultivos del arbusto para el consumo tradicional, precisa el documento.
“Esta norma estaría poniendo a disposición del narcotráfico más de once mil toneladas métricas anuales de hoja de coca, que resultan del rendimiento promedio de las ocho mil hectáreas excedentes que otorga la ley a los productores”. (ANF)
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