La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) presentará denuncia formal ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA) en contra del Gobierno y las organizaciones afines al oficialismo, por violencia política ejercida en contra de su presidenta, Amparo Carvajal.
A nivel interno, formalizó una denuncia ante el Ministerio Público por la toma de las instalaciones a la cabeza del ejecutivo del Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb), Orlando Gutiérrez.
En contacto con Los Tiempos, la Presidenta de la Apdhb informó que se encuentra en “permanente vigilia” de la casa de los Derechos Humanos pese a la advertencia vertida en su contra e incluso dándole plazos de 48 horas y ahora hasta el viernes para que deje las instalaciones.
Explicó que la toma fue planificada y que tiene toda la intención de eliminar la independencia de esa institución con el objetivo de que no se denuncie atropellos que se cometen actualmente, toda vez que anteriormente ya fue objeto en dos oportunidades de intentos frustrados.
“He hecho la denuncia ante la Fiscalía por la toma del edificio y por discriminación en contra de mi persona, además adjuntamos una nota al Ministro de Gobierno para ponerle en antecedentes y que haremos llegar la queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de Naciones Unidas (ONU) por la violencia hacia mi persona”, dijo.
Por otra parte, Carvajal calificó de extraña y mucha coincidencia de la presencia de los sectores afines al Gobierno en el momento en que un grupo de personas del pueblo Tacana denunciaba a una empresa china que realiza estudios sísmicos en el área Nueva Esperanza sin considerar la presencia de “pueblo no contactado en el sector” y que incluso puede determinar su desaparición.
“Violentaron a mi persona y nuestros amigos tacanas tuvieron que salir casi corriendo. Es una acción política programada por gente del Gobierno, por gente de las organizaciones que se arrogan la representación del pueblo, pero que trabajan por el Gobierno. Me dieron plazo de 48 horas, ahora me dicen hasta el viernes. Que no vengan a violentar a gente sencilla que denuncia la injusticia que sufren con las empresas…”, contó la Presidenta de DDHH.
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