11 septiembre 2016

Se viene una gestión 2017 más austera en alcaldías

La disminución de personal, proyectos significativos en espera, reajuste en la programación municipal y nuevas medidas de financiamiento, son algunos puntos que serán asumidos por los municipios del departamento de Santa Cruz, para la siguiente gestión, debido a la reducción de recursos económicos, la mayoría provenientes de la renta petrolera.

Algunas alcaldías han anunciado que la aprobación de sus POA (Programa Operativo Anual), para el 2017 se ha visto afectado con la reducción de recursos económicos, y que para la siguiente gestión podrían quedar varias tareas pendientes.

Y aunque algunas autoridades han señalado que esta situación económica provoca una dificultad en la gobernabilidad, hay otras que piensan de forma contraria y aseguran que el panorama no es tan crítico como el que se menciona.

El pasado viernes venció el plazo final para la presentación de los POA de todas las entidades autónomas del país, ante el Ministerio de Economía y Finanzas. Es por ello que surgieron críticas y observaciones a la reducción de recursos en los últimos días.

Reducción. Los municipios de San Ignacio de Velasco, San Miguel, Cotoca y Vallegrande, son los que señalaron mayor preocupación en la reducción de sus presupuestos para el 2017, resaltando que esta situación va a repercutir en los informes finales de gestión.

Óscar Hugo Dorado, alcalde de San Miguel, indicó que la reducción de ingresos en este municipio provocó presupuestar un techo de 10 millones de bolivianos, es decir dos millones menos que al del año pasado.

Mencionó que en esta región al ser pequeña con una población reducida, no se logra minimizar el déficit económico, por más que existan programas o medidas paliativas. "Somos conscientes que no podemos decir no hay plata y listo. Estamos planificando para minimizar estas dificultades, pero no tenemos una población grande para poder obtener recursos por participación tributaria u otro tipo de programas. Las recaudaciones vamos hacer, pero no vamos a lograr solucionar del todo", manifestó el burgomaestre.

En una línea similar se pronunció el secretario general de la Alcaldía de San Ignacio, Ever Gutiérrez, quien remarcó que para el 2017 ellos presupuestaron 64 millones de bolivianos, a diferencia de los 68 millones que recibieron para la gestión en curso.

Cotoca y Vallegrande también confirmaron que sufrirán una merma de sus recursos para el POA 2017, pero que de igual manera apostarán por activar políticas públicas de participación con el afán de remontar el déficit económico.

Problemas para enfrentar. San Miguel, San Ignacio y Vallegrande, señalaron que algunos proyectos significativos podrían quedar estancados, esperando el financiamiento para su ejecución.

Representantes de estas tres alcaldías, afirmaron que buscarán respaldo de instituciones u organizaciones internacionales para la ejecución de algunas obras.

Proyectos de dotación de agua a comunidades alejadas y la ejecución de pavimentación de caminos o ripiado de vías de conexión para comunidades, se dejará para una siguiente gestión.

Sin embargo, San Miguel y San Ignacio, mencionaron que para la gestión 2017, sufrirán de recorte de personal, para no provocar molestias en la cancelación de salarios de los funcionarios. "Lamentablemente un recorte de casi la mitad del personal que tenemos en la Alcaldía vamos a tener que realizar, porque no vamos a poder cumplir con la cancelación de todos y no podemos provocar perjuicios a la población", dijo Gutiérrez.

Medidas para paliar la situación. El alcalde Jorge "Chichino" Morales, de La Guardia, fue más cauto en señalar el déficit económico. Si bien confirmó que sufrirán de la reducción, remarcó que esta situación no se sentirá en este municipio por los programas de tributos que implementaron y que a decir de él, van obteniendo un buen resultado. "Si hemos tenido una reducción pero no nos va a afectar, porque tenemos políticas públicas y programas de recaudación y vamos a poder sobrellevar esta situación. Ya en este año se presentó la reducción y logramos acomodarnos y el próximo año no será difícil", precisó Morales.

Son 168 millones de bolivianos el presupuesto total en La Guardia que se destinó para la gestión actual, esta cifra no cambiará, según el alcalde, pese a la reducción, porque los recursos propios que estarían generando se duplicaron.

En esa misma línea se pronunció el concejal de Cotoca, Berman Mendoza, quien precisó que el presupuesto para el 2017 es de 108 millones, incluyendo los recursos que genera el mismo municipio.

Tranquilidad en la planificación. Una posición más contraria fue la de los alcaldes que pertenecen a la línea del Movimiento Al Socialismo (MAS), Mario Baptista, de Montero y Rodolfo Vallejos, de Cabezas, negaron que exista mayor perjuicio para la siguiente gestión.

Baptista remarcó que la planificación es clave para el buen funcionamiento de una gestión y que las autoridades municipales deben procurar acomodarse en el techo presupuestario que se tiene y buscar otras formas de ingreso.

En Montero el presupuesto para el 2017 alcanza 2013 millones de bolivianos, poco más de 30 millones menos que en este año.

"No entendemos por qué algunos alcaldes quieren decir que hay mucho perjuicio si ellos simplemente tenían que acomodarse a sus recursos. Ellos deben tomar medidas de reorganización", dijo a su turno Vallejos.

Ejecución 2016. De acuerdo a la información obtenida de los mismos municipios cruceños, el trabajo de la gestión actual se ha visto perjudicado por la reducción de sus recortes que se presentaron el año pasado.

En Vallegrande, el presidente del Concejo Municipal, Gary Rodríguez, informó que tuvieron que recurrir a la ayuda de corporaciones internacionales para el financiamiento de proyectos grandes en la región.

Mientras que en el municipio de Puerto Quijarro, se tuvo que recurrir al retiro de personal en un número significativo, dado que el presupuesto no alcanzaría para sus salarios correspondientes.

Santa Cruz
Ante el sombrío panorama insisten en el debate del Pacto Fiscal

Medidas. La exigencia para iniciar el tratamiento y debate para la aprobación del Pacto Fiscal, cobró mayor fuerza en los últimos días, debido a la reducción presupuestaria de las entidades autónomas; es decir, gobernaciones, municipios y universidades estatales.

José Luis Parada, secretario general de la Gobernación cruceña, remarcó que la reducción de recursos a la región cruceña, se estaría ejecutando de forma injusta, dado que el departamento de Santa Cruz estaría en mejores condiciones de desarrollo y producción.

Exigencia. Para el funcionario, el tratamiento inmediato del Pacto Fiscal permitirá una mejor redistribución de los recursos económicos en todas las instancias y se evitará así, una reducción y perjuicios. El alcalde de Montero, Mario Baptista, cuestionó a las autoridades departamentales el hecho que solo se exija el tratamiento del Pacto Fiscal.

Asegura que las gobernaciones tienen 9 fuentes de ingreso a diferencia de los municipios que solo cuentan con 3 para lograr mayor recaudación.

Recortes
Regiones prevén disminuir los salarios en sus planillas

Ajustes. La ciudad de La Paz aprobó su POA para el siguiente año, apostando por la reducción de salarios a sus funcionarios, con el fin de evitar problemas económicos en la próxima gestión.

En La Paz la reducción de 3% en la planilla salarial, informó el alcalde Luis Revilla, quien explicó que el presupuesto es de 1.827 millones de bolivianos, de cuyo monto 1.534 está destinado a inversión y 292 a funcionamiento.

Mientras que en la Gobernación de Chuquisaca la reducción está entre 5% y 10% para sus más de 700 funcionarios, incluyendo la primera autoridad.

En Santa Cruz, la Gobernación postergará obras para dar prioridad a educación y salud.

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