05 septiembre 2016

En 10 años hubo más de 70 fallecidos por conflictos sociales

En 10 años de gobierno del presidente Evo Morales se registraron más de 70 personas por conflictos sociales, la mayoría por disparos de arma de fuego. Hasta la fecha, ninguno de esos casos ha sido esclarecido y ninguna autoridad fue convocada a declarar, menos fue procesada.

Página Siete realizó el recuento en base a una revisión hemerográfica y publicaciones periodísticas.

Por estas muertes, abogados penalistas y legisladores de oposición apuntan como principal responsable al Mandatario y a sus ministros porque ellos instruyeron el desplazamiento de policías o militares, y los operativos.

Pero las autoridades de Gobierno afirman que nunca ordenaron el uso de armas de fuego, mientras legisladores del MAS señalan que existe corresponsabilidad porque algunas organizaciones sociales asumen acciones hostiles y algunos efectivos del orden abusan del uso de la fuerza en las protestas.

"Los que hacen protestas exclusivamente sociales siempre van a buscar el diálogo antes que la confrontación. Evidentemente en la Policía a veces hay exceso en el ejercicio de la fuerza, que generó el fallecimiento de algunas personas, por eso hay corresponsabilidad”, dijo el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, a Página Siete.

Para el abogado William Bascopé, el Gobierno tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir la Constitución, y preservar la seguridad del Estado, mantener el orden social y resolver los conflictos de manera oportuna.

En ese marco, el jurista señaló que en conflictos sociales existen responsables de carácter penal y político y "el principal responsable es el presidente Morales y el pleno de su gabinete porque han incumplido compromisos, han provocado la inseguridad”.

Su colega, el abogado penalista Arturo Yáñez explicó que la responsabilidad de Morales es similar a la del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, que en su gestión registró 67 decesos por la denominada masacre de octubre de 2003.

Yáñez afirmó que usando la teoría del autor mediato Sánchez de Lozada, sus ministros, entre ellos Carlos Sánchez Berzaín, son acusados de asesinato, pese a que ellos no mataron a las personas pero al ser máximas autoridades del Estado tienen responsabilidades.

Por eso también fueron sentenciados por la justicia los altos mandos militares.

El jefe de bancada de Unidad Demócrata (UD), Arturo Murillo, dijo que cuando se trata de conflictos sociales la responsabilidad recae en las máximas autoridades como el Presidente, el comandante que dirigió el operativo y el Ministro de Gobierno.

"¿Por qué le dicen asesino a Goni?, ¿ él salió con su arma a matar?, ¿Sánchez Berzaín salió a matar? No, ellos eran las máximas autoridades”, manifestó Murillo, quien admitió que durante los enfrentamientos puede registrarse la ruptura de la cadena de mando.

El artículo 172 de la Constitución establece que el Presidente ejerce el mando de Capitán General de las Fuerzas Armadas y dispone de ellas para la defensa del Estado, su independencia y la integridad del territorio.

En tanto que el artículo 175 de la Carta Magna indica que "las ministras y los ministros de Estado son responsables de los actos de administración adoptados en sus respectivas carteras”.

No obstante, para Borda, el presidente Morales no es responsable porque "él siempre mostró la vocación de diálogo que muchos sectores sociales no entendían porque buscaban otro tipo de reivindicaciones, eran más políticas”.

La responsabilidad se identificará -coincidieron la diputada Áñez y el abogado penalista Bascopé- en un juicio de responsabilidades y esto ocurrirá cuando existan autoridades judiciales independientes en el país.

"Eso será difícil porque el Fiscal General responde al Gobierno y en la Asamblea Legislativa el MAS tiene más de dos tercios, que se requiere para admitir o rechazar un juicio de responsabilidades”, señaló Bascopé.




Fiscalía aún no identifica a responsables de muertes en conflictos

Juristas, legisladores y líderes políticos de oposición lamentaron que el Ministerio Público no haya identificado a los autores de las muertes en conflictos sociales y denunciaron que varios casos quedaron "archivados”.

Sin embargo, Concepción Ortiz, diputada del partido gobernante MAS, asegura que los casos están en manos de la justicia y que el Órgano Ejecutivo y el Legislativo no pueden inmiscuirse.

En los 10 años de gobierno del presidente Evo Morales se registraron más de un centenar de conflictos, pero en al menos 30 movilizaciones hubo un saldo de 71 personas muertas, entre civiles y efectivos policiales.

La Fiscalía inició los procesos, pero a la fecha no hay sentenciados. Es el caso Caranavi de 2010, fallecieron dos estudiantes y tras seis años no hay un detenido. Similar situación ocurre con el caso la Calancha, en el que registraron tres fallecidos y a la fecha no se identificó a los autores.

"Fallecen compatriotas y nadie investiga empezando por los fallecidos en Huanuni en octubre de 2006 y hasta el momento no hay ningún acusado, eso demuestra que vivimos en un Estado de impunidad”, reclamó el analista Julio Alvarado, quien señaló que tras 11 días de la muerte de cooperativistas la Fiscalía aún no informa el calibre del arma que segó la vida de cuatro cooperativistas.




"Ni un muerto”

Compromiso "Nos han masacrado, nos han humillado, eso no va, en este nuevo gobierno de los movimientos sociales no somos vengativos, no vamos a vengarnos con nadie. Sí vamos a enseñar cómo se gobierna a quienes nos masacraron, nos asesinaron. Esas personas que violaron los derechos humanos tienen la obligación de estar en la cárcel, de esta manera nunca más haya masacres en nuestro país, nunca más haya violación de los derechos humanos, será y va ser un gobierno sin muertos”, afirmó el presidente Evo Morales en enero de 2006 en un acto en la plaza San Francisco.
Omisión El presidente del Comité Cívico Potosinista, Jhonny Llalli, dijo que el presidente Evo Morales "tiene más muertos en su gestión que otros gobiernos neoliberales. ¿matar para gobernar será correcto? para los bolivianos” y lamentó que el Mandatario haya incumplido su promesa de que no habrá ni un muerto durante su gobierno y que gobernará el país obedeciendo al pueblo.
Responsabilidad La pasada semana se registró el enfrentamiento entre mineros y Policía en el que fallecieron cuatro mineros y el viceministro Rodolfo Illanes. Las críticas arreciaron contra el Gobierno porque no hizo mucho esfuerzo por evitar las muertes.
Demanda En 2009, la oposición presentó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, en Estados Unidos, una demanda contra el presidente Evo Morales por la muerte de ciudadanos y violación de Derechos Humanos.






Punto de vista
Arturo yáñez cortés Abogado penalista

Alguien dio la orden y hay responsables

Por la muerte de personas en conflictos sociales, de manera abstracta, existe responsabilidad del Presidente de Estado, ministros, porque alguien dio la orden para intervenir la movilización, alguien dio la orden para que vayan al lugar efectivos policiales.

Hay personas que fallecen por impacto de armas de fuego, y claro, sale la historia de que el Gobierno nunca dio la orden.

Ahora, digo abstracta, porque para establecer quién es responsable del hecho tiene que existir un juicio, un proceso penal. Para iniciar un proceso se tendría que demostrar que el Mandatario dio la orden de reprimir las marchas y en qué términos dio la orden.

En materia penal hay responsabilidad directa, de quien ejecuta el hecho y está la responsabilidad indirecta, el autor intelectual. En ese caso habría que demostrar que había una relación de dependencia directa entre el que ordenó y el que ejecutó el hecho. También se tiene que evaluar si no hubo un exceso de parte del ejecutor, es un tema complejo.

En la actualidad, iniciar un proceso al Mandatario es dudoso porque no existe la separación de poderes. La Fiscalía depende de manera vergonzosa del partido político y tengo duda que pueda establecer algún tipo de responsabilidad.

La responsabilidad del Mandatario se asemeja al caso de octubre de 2003. Gonzalo Sánchez de Lozada no fue proceso por estar en el país, pero militares fueron condenados usando la teoría del autor mediato, ellos no han ejecutado las acciones pero sí dirigían las entidades.

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