Un proyecto de ley que fue aprobado en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados establece que el Defensor del Pueblo podrá ser sometido a juicio de responsabilidades como ocurre con otras altas autoridades del Estado, y que sus resoluciones serán vinculantes.
El diputado opositor Wilson Santamaría calificó el proyecto como "enriquecido" e informó que fue aprobado por unanimidad.
"Se ha decidido incorporar este procedimiento asimilando al Defensor al procedimiento de Ley de Responsabilidades para el juicio de altas autoridades, entendiendo que no es una autoridad intocable ni que no tenga que ser removida del cargo", informó a ANF el diputado Santamaría.
Se aplicará la misma figura que para las altas autoridades del Estado y, en caso de encontrarlo culpable, podrá ser destituido.
También señaló que las resoluciones del Defensor, que hasta ahora sólo tenían un valor ético, serán vinculantes, es decir, serán de cumplimiento obligatorio, caso contrario se aplicarán sanciones contra los funcionarios públicos observados.
"Se ha establecido un poco de rigidez en los criterios que tienen que ver con los documentos que aprueba el Defensor del Pueblo, si el Defensor conoce un tema puede pronunciarse con una resolución, con una censura a la autoridad, con una recomendación, y se ha establecido que esos documentos son vinculantes", indicó el legislador.
De hecho, no solamente podrá emitir recomendaciones, sino también censuras que, si fuera el caso, tendrían que derivar en el cambio de una política pública o, de lo contrario, en la destitución del funcionario señalado. "Si las autoridades censuradas no implementan generan responsabilidad y pueden ser objeto incluso de destitución", señaló Santamaría.
También se han establecido plazos para la entrega de información pública al Defensor, que es de 10 días en situaciones normales y cinco en casos de urgencia.
El opositor expresó su satisfacción porque todas las observaciones realizadas por la oposición fueron incorporadas en el proyecto de ley que debe pasar por la Cámara de Diputados en pleno y por el Senado antes de su promulgación.
El proyecto aumenta las competencias del Defensor del Pueblo. Incluso, se lo reconoce como un mediador de conflictos y tiene la atribución de alerta temprana para prevenir conflictos.
"Estamos dando, además de las atribuciones y prerrogativas, los mecanismos con los cuales el Defensor del Pueblo va a intervenir. Como ustedes conocen la entidad fue creada en Bolivia en 1997 con una Constitución distinta y un modelo de Estado distinto; la nueva ley de la Defensoría del Pueblo está en función a la nueva Constitución", dijo la presidenta de la Comisión, Susana Rivero.
Por otro lado, se incorpora el concepto de la oralidad, lo que significa que los ciudadanos no necesitarán sentar una denuncia escrita cuando sus derechos sean vulnerados, a sola presentación de la denuncia oral, el Defensor deberá actuar.
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