Según la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, el Pacto Fiscal tiene como misión analizar las fuentes de recursos públicos relacionados con la asignación y el ejercicio efectivo de competencias de las entidades territoriales autónomas y el nivel central del Estado, generando una propuesta apegada a los principios, garantías, derechos y obligaciones establecidas en la Constitución Política del Estado (CPE), considerando también las necesidades económicas y sociales diferenciadas entre departamentos.
La promulgación de la nueva CPE, así como la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, ha definido un nuevo marco competencial para cada uno de los niveles de gobierno del Estado Plurinacional. Las nuevas competencias y responsabilidades asignadas no han sido acompañadas de los recursos fiscales incrementales para su plena ejecución, desconociendo el principio constitucional establecido en el Art. 305 de la Carta Magna. Este es un desequilibrio estructural que conspira contra la aplicación del modelo autonómico y contra la posibilidad de satisfacer la expectativa ciudadana cifrada en que la autonomía puede mejorar la calidad de vida de la gente. El modelo fiscal vigente corresponde al modelo de Estado centralista que ha sido abolido en la CPE, por lo que su diseño debe ser cambiado radicalmente. Como el Pacto Fiscal no es un fin en sí mismo, nos interesa alcanzar con él algunos propósitos fundamentales:
Generar un nuevo acuerdo respecto a la distribución de los recursos fiscales entre las entidades de gobierno, buscando corregir los desequilibrios horizontales y verticales que se presentan al momento de la distribución de los recursos políticos en el Estado, bajo los principios de solidaridad, subsidiariedad y vcomplementariedad.
Lograr un nuevo contrato social que establezca el soporte de recursos que permitirá la aplicación del diseño institucional del estado autonómico definido en la CPE. En otras palabras, se busca lograr un nuevo arreglo redistributivo de la renta pública para poder cubrir las necesidades y competencias institucionales de cada nivel de gobierno.
Con la redistribución fiscal se debería contribuir a un uso racional, eficiente y efectivo de los recursos públicos.
Se debe buscar garantizar la sostenibilidad del modelo fiscal, considerando que el mismo está basado en ingresos volátiles provenientes de la exportación del gas, ingresos de fuentes extractivas no renovables, que a futuro no las vamos a tener.
Lograr un ordenamiento fiscal que contribuya a transparentar el origen, uso y destino de los recursos públicos.
No es misión del Pacto Fiscal establecer un sistema de asignación de sectorial de los recursos públicos que respondan a un proceso de planificación estratégica para avanzar al logro de objetivos de desarrollo, definir los sectores en los cuales deberá incidir la inversión pública o establecer las áreas a las cuales nos dedicaremos para cumplir nuestras metas de país. Se trata de generar el marco institucional para que cada nivel de gobierno establezca el uso y destino de los recursos públicos de acuerdo a sus procesos de planificación estratégica y programación operativa. El intentar endilgarle este desafío al Pacto Fiscal Nacional sería inviabilizarlo.
El Pacto Fiscal establecerá la plataforma de financiamiento, de su administración y el sistema de relaciones fiscales, de forma tal que las entidades de gobierno sean las que ejecuten sus procesos de planificación estratégica y operativa del desarrollo y asignen los recursos correspondientes.
¿CÓMO SE ENTIENDE?
- En 1998, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) preparó el documento “El Pacto Fiscal fortalezas, debilidades y desafíos” para el vigésimo séptimo periodo de sesiones de la Comisión realizado en Oranjestad, Aruba, en el cual se intentaba instituir que:
- El Pacto Fiscal debe entenderse como el acuerdo sociopolítico básico que legitima el papel del Estado y el ámbito y el alcance de las responsabilidades gubernamentales en la esfera económica y social.
- Un aspecto central de esta definición es que el “Pacto Fiscal” es resultado del consenso de los actores y agentes políticos y económicos; otorga al Estado legitimidad para que amplíe sus responsabilidades por el bien común en los ámbitos económicos pero además sociales.
- Un Pacto Fiscal también puede entenderse como un acuerdo social, sobre el origen, destino y composición de los recursos necesarios para financiar al Estado. Puede interpretarse como la materialización de un contrato social resultante del reconocimiento mutuo de obligaciones y derechos entre el Estado y los ciudadanos (Cepal, 1998).
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