En tanto no se resuelva el pedido de refugio a Perú que hicieron los exabogados Walter Zuleta y Williams Sánchez, quienes defendieron a Gabriela Zapata, exnovia del presidente Evo Morales, estos cuentan con la protección del Gobierno del vecino país, informó ayer su embajador en Bolivia, Benjamín Chimoy.
Es así que el diplomático peruano confirmó que los juristas bolivianos solicitaron refugio en el vecino país. “Efectivamente, como solicitantes de refugio tienen preliminarmente una suerte de protección”, mientras la Comisión de Refugiados de ese país resuelva su condición.
En relación al pedido del fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, en sentido que Perú debiera actuar como Bolivia cuando colocó al empresario Martín Belaunde en frontera, Chimoy aclaró que de acuerdo al derecho humanitario “no se los podría poner en frontera en este momento”,.
Explicó que cada caso es distinto, por lo que este tema se resolverá en la Comisión de Refugiados que existe en su país, al igual que en Bolivia. “Cada caso de solicitud de refugio es examinado por una comisión, tal como sucede en Bolivia. Ahí se examinarán los elementos sobre si es viable o no la concesión del refugio. Cada caso es diferente”, precisó.
A principios de junio, el Gobierno anunció que los abogados Zuleta y Sánchez huyeron del país, mientras el abogado Eduardo León era aprehendido por la Fiscalía y posteriormente detenido de forma preventiva en la cárcel de San Pedro, acusado de trata y tráfico de personas, asociación delictuosa entre otros presuntos delitos.
Las mismas acusaciones pesan sobre Sánchez y Zuleta ya que según el Ministerio Público conocían de la existencia de un niño que se exhibió ante una jueza como hijo del Presidente, el mismo que se confirmó después que no era tal. Sánchez incluso dijo en los medios de comunicación que lo vio y conoció al menor.
Ese abogado, además, es investigado por asociación delictuosa y enriquecimiento ilícito y la comisión de fiscales presentó el miércoles la acusación formal; el fiscal Guerrero dijo que sería procesado en rebeldía, porque se activaron los mecanismos legales.
Los dos abogados solicitaron refugio en Perú, pese a que a Fiscalía boliviana asegura que no son “perseguidos políticos” sino culpables de haber cometido delitos de carácter penal.
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