El martes 12 la Policía retiró la última reja que restringía el paso a la plaza Murillo. El principal centro político del país estuvo "cercado” durante 78 días. El 25 de abril, en sus alrededores, se apostó la caravana de personas con discapacidad que demandaba un bono mensual de 500 bolivianos. Al final, un grupo que conformaba la movilización continuaba en las cercanías del lugar, pero mañana vuelven a sus regiones.
Analistas consultados consideran que el Gobierno utilizó en éste y otros conflictos la técnica del desgaste, el desprestigio y la división de los grupos para "no ceder” ante sus pedidos.
"Esta combinación de dureza represiva e implacabilidad en el trato tiene como efecto inmediato debilitar a la movilización; esto está fuera de toda duda”, opina el investigador Roger Cortez sobre el repliegue de las personas con discapacidad a sus regiones y también sobre las movilizaciones del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), que se llevaron adelante el año pasado en La Paz.
Para el comunicador y analista Ilya Fortún, hay una estrategia de desgaste pero que en el fondo no menoscaba a los sectores que piden reivindicaciones, sino que "desgasta y horada” la legitimidad del Gobierno. "Los sectores se retiran a sus lugares de origen derrotados aparentemente, pero no es así”, sostiene.
La vigilia de las personas con discapacidad duró 83 días. En ese lapso, los alrededores de plaza Murillo se convirtieron en lugares de enfrentamientos entre este sector y la Policía, aunque también hubo represión de los uniformados; en algunos casos, incluso, utilizando chorros de agua del carro Neptuno para dispersar a los movilizados.
Las personas llegaron a la sede de Gobierno desde Cochabamba y otros puntos del país en silla de ruedas o apoyados en una muleta. Su principal demanda fue la obtención de un bono mensual de 500 bolivianos, que en varias oportunidades fue desestimado por el Gobierno por considerarlo "inviable” económicamente.
Así como este sector tiene su demanda, la dirigencia de Comcipo también arribó a La Paz el 7 de julio del año pasado con un pliego de 26 puntos, entre los cuales estaba la construcción de una fábrica de cemento, la construcción de un aeropuerto internacional y la solución de los conflictos limítrofes con Oruro.
Luego de 22 días retornaban a Potosí sin acuerdos oficiales pese a que hubo reuniones con diferentes ministros y viceministros. Cuando llegaron a la capital potosina, los dirigentes cívicos fueron recibidos como héroes en una caravana multitudinaria.
En las tres semanas que estuvieron en suelo paceño, hubo marchas por el centro de la ciudad y fueron gasificados. Durmieron en el coliseo de la Universidad Mayor de San Andrés y recibieron ayuda de los vecinos en cuanto a abrigo y comida; similar situación vivieron las personas con discapacidad que instalaron carpas en la intersección de las calles Indaburo y Junín, a una cuadra de la plaza Murillo.
Para el analista político Carlos Toranzo, el Gobierno en este tipo de situaciones trata de "ganar por cansancio”, dilatando las soluciones. Coincide con Fortún en que trata de desacreditar a quienes se movilizan por sus demandas e intenta dividirlos.
"O, en su caso, inventa organizaciones paralelas para cerrar con ellas algunos acuerdos; además, no deja de amedrentar o trata de enjuiciar a algunos de los movilizados. Todo esto apoyado por un inmenso despliegue comunicacional”, afirma Toranzo.
Sobre estos criterios, el vicepresidente de Diputados, Víctor Borda, manifiesta que el problema radica en que en ambos conflictos -el de los cívicos potosinos y el de las personas con discapacidad- las peticiones de estos sectores "eran totalmente irracionales”.
"En el tema de Comcipo agarrado de los cabellos han hecho un pliego petitorio donde pedían fábrica de vidrios, fábrica de cemento en Coroma, cuando el Gobierno está invirtiendo más de dos millones de bolivianos en la construcción de una fábrica de potasio y litio que va a generar progreso y desarrollo para nuestro departamento”, explica Borda, quien es diputado del Movimiento Al Socialismo por Potosí.
Cuando se le pregunta sobre si el Gobierno actuó con técnicas de desgaste para afrontar estos conflictos, este asambleísta responde que fueron los mismos integrantes de estos sectores quienes redujeron sus posibilidades de éxito en sus movilizaciones.
"La movilización de Comcipo irracionalmente ha durado 27 días y la de los discapacitados más de dos meses. Entonces, no hemos visto que ha habido un desgaste, sino que ellos mismos con sus acciones han menoscabado sus reivindicaciones”, agrega.
Punto de vista
Carlos Romero Ministro de Gobierno
"Cuando es político se responde igual”
Cuando una demanda es razonable, cuando está sustentada, cuando hay la intención de viabilizarla poniendo las cartas sobre la mesa y demás, como en muchas situaciones, se resuelven los conflictos, se los atiende, se dialoga. Pero en este caso no ha habido esta voluntad.
Es decir, han sido movilizaciones que han adquirido una cierta connotación política, se han entremezclado con algunos líderes de oposición, se han entremezclado con acciones de apoyo político y ese tipo de movilizaciones por sí solas se desgastan cuando se incorpora un componente político y más aún cuando no logran adhesiones de la opinión pública. Y las mayores o menores adhesiones de una movilización están asociadas a la legitimidad, a la racionalidad de sus planteamientos.
En el caso de Comcipo el Gobierno nacional viene trabajando varios proyectos importantes que históricamente nunca se había hablado en Potosí. Basta recordar que Potosí es el departamento que más inversión y más caminos ha obtenido a partir de las iniciativas del Gobierno nacional en los últimos años.
Así es que esa movilización era muy parcial, sólo comprometía el movimiento cívico. Y el movimiento cívico cometió un error gravísimo; todo este tiempo ha abanderado la consigna del federalismo. Entonces, es un movimiento cívico que detrás de las movilizaciones regionales está abrazando un proyecto político y eso es democrático, están en su derecho. Pero eso también marca límites a las posibilidades de mayor o menor legitimación de una movilización.
Cuando se plantea el escenario en términos políticos, el Gobierno responde políticamente también, es lógico.
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