30 junio 2016

Informe de Human Rights Watch Bolivia denunciada por recurso arbitrario de prisión preventiva

Bolivia, al igual que Chile, Ecuador y México, es observada por Human Rights Watch (HRW) sobre derechos humanos. La organización internacional denunció al país por “la impunidad por delitos violentos y violaciones de derechos humanos”, el “uso extendido y arbitrario de la prisión preventiva”, así como “amenazas a la independencia judicial”.

Sin embargo, la periodista de la www.dw.com/es, Rosa Muñoz Lima, señala que las organizaciones internacionales consultadas por DW no cuentan con historiales documentados en el caso de Bolivia y otros países de la región.

El reportaje de DW se centra en la pregunta: ¿Cuántos presos políticos tiene América Latina?. Y la nota muestra un panorama general de lo que sucede con activistas a favor de la naturaleza, con personas que denuncian atropellos a los derechos humanos, y señala que hay un desamparo, ya que hasta a los defensores se los intimida; y algunos gobiernos llegan al punto de crear “falsos delitos”.

Al respecto, la asesora jurídica de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz, Claudia Lecoña, dijo que la aseveración de la HRW es correcta, y señaló que de acuerdo a datos de Régimen Penitenciario, el 88 por ciento tiene detención preventiva, ya que hay una inclinación al uso indebido de la medida.

Por una parte, obedecería a que los jueces y las autoridades judiciales no hacen un análisis detallado de la situación de los acusados; por lo tanto, no se respetan los plazos procesales. En el país no hay el tiempo que debe estar una persona con esta medida.

Dijo que por lo general, en tres años ya debería dictarse una sentencia, y el proceso de investigación concluir en un período de 6 meses, pero la situación es todo lo contrario, ya que hay personas detenidas por más de 3 a cuatro años, sin sentencia.

REPORTAJE

El informe de la DW señala que la Amnistía Internacional (AI) o Human Rights Watch (HRW) evitan usar el término “presos políticos” (con interpretaciones diversas en la región) o elaborar listas (con cifras en constante cambio).

AI, por ejemplo, documenta casos de “presos de conciencia” y alude, específicamente, a “personas encarceladas por sus opiniones políticas, creencias religiosas u otras convicciones profundas, o debido a su origen étnico, sexo, color, lengua, origen nacional o social, situación económica, nacimiento, orientación sexual u otra condición”.

Además, AI solo reconoce como tales a “personas que no han usado la violencia ni propugnado su uso”. Para HRW, se trata también de quienes no recurren a delitos comunes como método de lucha, delitos que un estado de derecho con separación de poderes debería garantizar que no les sean “fabricados”, aclara José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas.

PAÍSES

En México, AI llamó en junio a una “acción urgente” para apoyar la liberación del “preso de conciencia” Idelfonso Zamora, detenido hace más de seis meses por hacer “campaña para proteger los bosques ancestrales de su comunidad” de San Juan Atzingo.

“Los defensores y defensoras de los derechos humanos en México se enfrentan a frecuentes represalias, que incluyen amenazas, intimidación y detenciones arbitrarias sobre la base de cargos falsos”, se lee en el comunicado, enviado a DW por Sergio Ortiz, portavoz de AI México.

“Otro caso donde es posible que existan prisioneros arbitrariamente detenidos es Ecuador. Hay personas allí procesadas, algunos detenidos por acusaciones de supuestos delitos de terrorismo, muchos de ellos indígenas, dirigentes de organizaciones de base”, agrega Vivanco de HRW. Pero la organización no ofrece nombres ni cifras porque aún “no se han investigado adecuadamente” esos posibles “abusos”, según reconoce el Informe Mundial der HRW en 2016.

Algo similar ocurre con Bolivia, señala el reporte de DW, donde HRW denunció “la impunidad por delitos violentos y violaciones de derechos humanos” y “un clima hostil para los defensores de derechos humanos”. Pero las organizaciones internacionales consultadas por DW tampoco cuentan con casos documentados.

El director de HRW para las Américas también señala que “puede haber casos controversiales de dirigentes y miembros de organizaciones mapuches en Chile, porque los detenían y procesaban por la ley antiterrorista”.

CUBA Y VENEZUELA

Pese a haber documentado decenas de casos de opositores al Gobierno, “desde políticos de oposición hasta ciudadanos de a pie”, arbitrariamente detenidos o penalmente procesados “por criticar públicamente al Gobierno” en diferentes países, HRW solo usa el término “presos políticos” para Cuba, donde “las leyes y prácticas prohíben abiertamente actividades perfectamente legítimas en cualquier otro lugar del mundo democrático”, explica Vivanco.

La Sociedad Internacional para los Derechos Humanos (IGFM) documenta, además, la situación en Venezuela, donde registraron en marzo pasado hasta 60 “presos de conciencia” a los que el Gobierno se niega a reconocer como “presos políticos”, porque los considera “políticos presos”.

En Argentina, AI llamó en enero pasado a una “acción urgente” para pedir la liberación de la dirigente social Milagro Sala y rechazar la “criminalización de la protesta social”.

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