El Tribunal Federal de apelación del onceavo circuito de Estados Unidos rechazó el intento de frustrar la demanda contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su exministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín por la masacre de 2003 y posibilita continuar con el juicio.
De acuerdo con la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Harvard, la determinación se asumió después de más de 12 años de la denominada ‘masacre de octubre’, por la muerte de 58 civiles desarmados y centenares de heridos en octubre de 2003. La Corte de Apelaciones devolvió el caso al Tribunal de Distrito con un mandato para proceder a la fase de exhibición de pruebas.
En el caso Mamani versus Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín, las familias de ocho bolivianos muertos en la masacre interpusieron la demanda contra los ahora prófugos de la justicia boliviana alegando que habían ordenado ejecuciones extrajudiciales.
El argumento señala que meses antes de esos hechos violentos, los demandados elaboraron un plan para reprimir la protesta social con uso de fuerza letal que preveía la muerte de miles de civiles desarmados.
También que los demandados utilizaron intencionadamente la fuerza letal para reprimir protestas políticas, en un esfuerzo por sofocar la oposición. Además de las muertes, más de 400 civiles fueron heridos cuando las fuerzas de seguridad del Estado dispararon contra los desarmados.
En su fallo del 16 de junio, el tribunal de apelaciones sostuvo por unanimidad que un estatuto federal, la Ley de Protección de las Víctimas de Tortura (TVPA, por su nombre en inglés), permite que las familias de las víctimas presenten sus demandas por ejecución extrajudicial en tribunales de Estados Unidos después de haber agotado los recursos disponibles en su país de origen.
El tribunal rechazó los argumentos de los demandados, quienes le pedían desestimar el caso porque los demandantes recibieron algo de compensación y asistencia humanitaria en Bolivia. La decisión sienta un precedente legal importante porque ninguna Corte de apelaciones federal había considerado previamente los argumentos de los demandados sobre el agotamiento de recursos en el extranjero.
VÍCTIMAS
Rogelio Mayta, abogado de las víctimas en Bolivia, recibió con cautela la determinación y no duda que los acusados acudan a otros recursos para demorar el juicio, aunque dijo que no prosperará porque el fallo del tribunal de apelación es contundente.
“En caso de que busquen otros recursos, tenemos la seguridad de que el fallo sería contrario a ellos porque la determinación que ha emitido es muy clara y contundente. Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín argumentaron que Bolivia había dado ayuda humanitaria a las víctimas, y lo que dice el fallo es que los autores tienen que reparar los daños a la violación de derechos humanos”, precisó.
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