Casi la mitad de los postulantes a la Contraloría General del Estado son funcionarios públicos; 21 de 50 aspirantes ocupan actualmente algún cargo –la mayoría- en esferas gubernamentales.
La Agencia de Noticias Fides (ANF) hizo una revisión en la página Web de la Contraloría General del Estado, donde pudo encontrar las declaraciones juradas de 21 de los aspirantes a la Contraloría General del Estado que presentaron sus postulaciones a la Comisión Mixta de Planificación de la Asamblea Legislativa.
ANF sostiene que la mayoría de los servidores públicos trabajan en esferas gubernamentales y al menos 5 provienen de la misma Contraloría General del Estado.
Análisis técnico enmarcado en la CPE. Por su parte, el presidente de la Comisión de Planificación, el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), René Joaquino, el análisis que se hace es técnico y enmarcado en lo que manda la Constitución Política del Estado.
Aclaró que ningún funcionario público que no haya sido electo está inhabilitado y cualquier otra posición es pura especulación al respecto. Además que por eso se estableció el periodo de impugnaciones a terceros a los habilitados al cargo de Contralor General del Estado, que se cerró ayer.
Impugnaciones. El legislador masista remarcó que de los 50 aspirantes habilitados, se recepcionó 43 impugnaciones de terceros, quedando 7 sin ninguna observación al respecto.
Asimismo, de los otros 27 inhabilitados, cinco presentaron sus impugnaciones a la Comisión de Planificación de la ALP.
"Mañana (hoy) la Comisión vamos a valorar, deliberar y finalmente resolver ya sea rechazando o aceptando las impugnaciones", afirmó el senador Joaquino.
La Contraloría, según la CPE se encarga de la función de control de la administración de las entidades públicas y de aquellas en las que el Estado tenga participación o interés económico y se constituye en el máximo responsable de la supervisión y del control externo posterior. Según la Constitución, la Contraloría tiene autonomía funcional, financiera, administrativa y organizativa; y es la entidad que identifica responsabilidad civil, penal y administrativa en las instituciones estatales.
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