Un grupo de personas pertenecientes a un Colectivo Ciudadano pidió la renuncia del actual defensor del Pueblo, David Tezanos, porque mantiene un “silencio cómplice” en el caso de Eduardo León, informó la asambleísta departamental Claudia Bravo.
Asimismo, la hija de Leopoldo Fernández, Pamela Fernández, quien también forma parte del Colectivo, criticó que en días anteriores el Defensor del Pueblo haya dado dinero a las personas con discapacidad.
La mañana de ayer este grupo llegó hasta la plaza Murillo, fueron varias personas que sostenían en sus manos la fotografía del abogado Eduardo León como forma de protesta por los abusos que cometen con el profesional. Aseguraron que es un perseguido político.
Solicitaron la renuncia de actual defensor del Pueblo, David Tezanos, porque consideran que no actuó como corresponde frente a los atropellos de los derechos del abogado León.
“Hay ciudadanos, amas de casa, jóvenes y gente de todo tipo en el grupo que estamos creando un grupo de protesta y reclamo, porque creo que de verdad estamos así de tanto abuso y de que nos quedemos tranquilo y sin reaccionar ante este Gobierno”, declaró.
La segunda acción a la que se refirió Fernández fue a la protesta que realizaron, la noche de ayer, en puertas de la Defensoría del Pueblo, lugar donde exigieron la renuncia del Defensor porque no está cumpliendo con sus deberes, por no pronunciarse no solamente en el caso del abogado León, sino también en los “abusos que se les hizo a los discapacitados que fueron gasificados”.
Por su parte, la asambleísta departamental, Claudia Bravo, afirmó: “El Defensor del Pueblo ha visto que no hay proceso para quienes reclaman justicia en determinados casos que al Gobierno le incomodan, no ha llevado acciones concretas. Creemos que es un Defensor del Gobierno y no del pueblo entonces no debería estar recibiendo dinero para un trabajo que no está realizando”.
En las pasadas horas, el defensor Tezanos emitió un informe tras evaluar los pasos procesales seguidos en la detención de Eduardo León (procesado por el presunto delito de trata y tráfico de personas), en la cual señala que “identificó que se vulneró su derecho al debido proceso al haber sido detenido por más tiempo del establecido por la normativa vigente, por tanto, los jueces que conocían el caso incurrieron en violaciones a la ley”.
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