30 junio 2016

Cochabamba Multa de Bs 50 mil a exalcalde por viaducto mal construido

La justicia determinó que el exalcalde de Cochabamba, Edwin Castellanos, deba pagar una multa de Bs 50 mil, además de arraigo, y presentarse cada lunes para firmar el libro de asistencia ante el Ministerio Público.

Según publicó Los Tiempos digital, también exfuncionarios del municipio de Cercado, implicados en el colapso del paso a desnivel de la avenida 6 de Agosto e Independencia, recibieron ayer medidas sustitutivas tras la conclusión de su audiencia de medidas cautelares en el Juzgado Anticorrupción del Tribunal Departamental de Justicia.

Nelson Vega, quien se encargó del diseño y la supervisión del puente, deberá asumir una detención domiciliaria, arraigo y cancelar una fianza de 70 mil bolivianos.

Víctor Hugo Álvarez, gerente de la empresa ejecutora de la obra, deberá presentarse cada lunes al Ministerio Público ya que se determinó arraigo para su persona y una fianza de 50 mil bolivianos.

Entretanto, el exoficial de Infraestructura, Sergio Rodríguez y Osvaldo Delgadillo, exoficial Financiero, deberán apersonarse al Ministerio Público cada lunes y asumir una fianza de 50 mil bolivianos cada uno.

ALCALDÍA DISCONFORME

El asesor legal de la Alcaldía, Sergio Coca, manifestó su disconformidad con la decisión asegurando que “no se está responsabilizando a los exfuncionarios conforme a Ley”.

“Por un daño de 14 millones de bolivianos dictan prácticamente libertad para los implicados. La juez nos ha dejado con sabor a poco. No tenemos responsables por este puente colgante, se les ha impuesto unas medidas sustitutivas que no tienen ninguna relación con lo que hemos fundamentado y lo único que nos queda es apelar”, expresó Coca a Los Tiempos.

“Voy a demostrar que en otras situaciones los mismos fiscales piden incluso con garrote la detención, pero ahora, pese a que hay un puente colgando, sólo piden sustitutivas”, agregó.

Por su parte, el abogado de la empresa constructora, Jorge Iriarte, aseguró que la juez “no realizó las valoraciones adecuadas” al haber dictado medidas sustitutivas para todos los implicados. A su parecer los responsables son los exfuncionarios y no la ejecutora de la obra.

“El ingeniero Álvarez tiene derecho a gozar de libertad irrestricta, evidentemente está en libertad pero en laguna medida se restringen sus derechos constitucionales estando bajo la aplicación de medidas cautelares y eso restringe la libertad (…) esta situación va a ser objeto de apelación”, informó Iriarte.

Finalmente, Rodríguez aseguró que su situación jurídica es delicada y que analizará la apelación ya que a su parecer no se estaría realizando una investigación adecuada para encontrar a los “verdaderos” responsables del hundimiento de la obra.

Señaló que la Alcaldía encubre a quienes trabajan actualmente pese a haber sido parte del proyecto del puente.

La estructura colapsó el pasado 22 de octubre de 2015 y desde entonces ha estado cerrada perjudicando la circulación de motorizados y peatones, lo que generó constantes protestas de vecinos y transportistas que hasta el día de hoy persisten.

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