La Procuraduría General del Estado cuestionó ayer al expresidente Carlos Mesa porque en su gestión el entonces canciller, Juan Ignacio Siles del Valle, suscribió un acuerdo por el cual la exalcaldesa de La Paz Lupe Andrade se benefició con 50.000 dólares de fondos de los denominados gastos reservados.
El procurador Héctor Arce compareció ante el Tribunal de la Corte Internacional de Derechos Humanos (CIDH) en una audiencia que se celebró en San Juan de Costa Rica, donde debió asumir defensa del Estado ante la denuncia de violación de los derechos humanos planteada por Lupe Andrade, en los procesos penales instaurados en su contra por la Alcaldía de La Paz.
En la audiencia, Arce afirmó que en el gobierno de Mesa "se realizaron compromisos irresponsables, comprometiendo en un acuerdo a jueces bolivianos para favorecer a Lupe Andrade, quien fue procesada por varias denuncias de corrupción, suscitadas durante su paso por el gobierno municipal de la ciudad de La Paz”, señala un comunicado de la Procuraduría.
"Lamentablemente, este acuerdo suscrito de manera inconsulta por el gobierno de Carlos Mesa Gisbert, sin que existiera ley, decreto, resolución o norma mínima que lo autorice, desconoce las bases fundamentales sobre las cuales se asienta el Estado democrático y la institucionalidad republicana en relación con la independencia judicial”, expresó Arce.
El equipo jurídico boliviano demostró que Andrade, dentro de los procesos penales, tuvo acceso a procedimientos de tutela efectiva de derechos, rápidos y expeditos, así como a otro tipo de medidas acordes a estándares interamericanos que le permitieron evitar en la mayoría de los casos la detención preventiva.
El Procurador también denunció que en Bolivia muchas personas culpables de hechos delictivos desarrollan estrategias para burlar la acción de la justicia, al dilatar los procedimientos con el fin de evadir las condenas. "Muchas veces bajo la inconcebible estrategia de lograr que se extingan por el paso del tiempo y de esta manera evadir una responsabilidad penal, que saben muy bien los procesados la tienen”, sostuvo.
Asimismo, Arce ratificó la política de cero tolerancia a la corrupción que aplica el Estado boliviano y dijo que "Bolivia es un Estado que ahora se protege y se defiende, principalmente de aquellos males que causaron su atraso y su subdesarrollo. Bolivia, por mandato constitucional, tiene cero tolerancia a la corrupción y ha endurecido su sistema penal contra este flagelo mediante una ley especial de lucha contra la corrupción, aprobada el año 2010”.
Andrade, quien dijo haber sido encarcelada arbitrariamente, pidió a la Corte que su caso sirva para la lucha contra la corrupción e impulse la denuncia ciudadana.
La demanda de la exalcaldesa de La Paz
En febrero pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció que el Estado de Bolivia violó los derechos a la libertad personal, a la propiedad privada y a la libre circulación de la exalcaldesa de la ciudad de La Paz Lupe Andrade, por lo que remitió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Las violaciones fueron identificadas en tres de seis procesos seguidos contra la exautoridad.
La denuncia da cuenta que el Estado vulneró los derechos de la exautoridad al ejecutarse un hábeas corpus tras cinco meses de haberse resuelto. Además del arraigo que impidió a Andrade salir de Bolivia desde hace más de 10 años.
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