La Defensoría del Pueblo presentará al Órgano Ejecutivo la propuesta de Decreto Presidencial de Indulto por Razones Humanitarias para llegar con este beneficio a más personas privadas de libertad y, además, incidir en la disminución del hacinamiento que existe en los centros penitenciarios del país y que es uno de los mayores problemas que enfrenta el sistema penitenciario.
El anuncio lo hizo ayer, la máxima autoridad de la institución defensorial, David Tezanos Pinto, a la conclusión de una reunión que sostuvo con los doce delegados de los internos del penal de San Pedro. Los delegados de los reclusos que habían invitado al Defensor para entregarle un voto resolutivo en el que solicitan la ampliación del indulto presidencial, recibieron con beneplácito esta noticia.
Tezanos Pinto, quien trabaja en este proyecto de Decreto Presidencial desde que estaba a cargo de Defensa Pública, indicó que ahora desde la Defensoría del Pueblo se asumirá el rol de poder contribuir en la generación de políticas para disminuir el hacinamiento.
"Queremos una política que pueda llegar, con criterios prudentes a más personas por ejemplo, priorizar mujeres, priorizar delitos menores, personas con discapacidad; criterios que permitan, si no el indulto total, al menos una redención o una reducción de la pena", manifestó.
Lamentó que no obstante que desde 2012 se viene trabajando en estas medidas que han beneficiado con el indulto a aproximadamente 4.500 personas, el problema del hacinamiento se ha mantenido, debido que existe una política que prioriza la aplicación de la medida de cárcel.
De acuerdo con el Defensor, se trabaja en un proyecto más ambicioso, considerando además un efecto multiplicador, toda vez que al dar a una persona una segunda oportunidad también se la da a una familia. La sociedad, dijo, debe considerar que las personas privadas de libertad están en situación de vulnerabilidad y el Estado tiene el desafío de mejorar las condiciones de vida en los centros penitenciarios.
"Se debe trabajar en el Código del Sistema Penal que está pensando en que los centros penitenciarios tengan un enfoque productivo, de estudio, de verdadera reinserción social, que haya una justicia restaurativa que piense en la víctima, es de esa manera integral que necesitamos analizar la problemática de las infracciones penales en Bolivia", manifestó.
El Defensor manifestó también que se están analizando medidas alternativas a la prisión como el trabajo, la detención domiciliaria y otras que planteen una reinserción real de las personas que están en conflicto con la ley penal.
Por otro lado, se refirió a la prevención de la tortura y la exigencia de los mandatos constituciones e instrumentos internacionales que recomiendan que Bolivia debe contar un Mecanismo de Prevención de la Tortura que investigue y tenga independencia y que ese órgano debe ser la Defensoría del Pueblo.
Justamente, acotó, se informó en la reunión con los delegados del penal de San Pedro sobre el maltrato que habría sufrido una persona que ingresó a ese recinto el pasado 11 de mayo, caso que ya instruyó sea investigado.
este proyecto tiene que promulgarse pronto y que alcance a mas gente recluida y los que están en proceso o una sentencia ejecutoriada sin haber estado en prisión como también a personas mayores de edad ya no deberían ingresar a los recintos penitenciarios.
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