27 mayo 2016

“Ahora, ¿quién me va a comprar?”, relatos del perjuicio en la plaza Murillo




Luego de más de un mes de que la Policía restringiera el acceso a la plaza Murillo, Ricardo Fuentes sigue buscando clientes con su carrito heladero. Desde hace 43 años vende en el mismo lugar y explica que la medida le afecta, ya que a la plaza casi "no entra nadie”, a menos que tenga credencial. "¿Quién me va a comprar?”, se pregunta mientras el sol se va apagando en el horizonte.

Esa misma pregunta se la hacen más de 60 personas, entre dueños, empleados y cuentapropistas, que tienen algún tipo de negocio o venta en alguna de las ocho calles aledañas al kilómetro cero o en el interior de la plaza. El que menos perdió calcula que fue un 50%; sin embargo, hay quienes afirman que las ventas disminuyeron hasta en 99%.

La génesis de esta situación se dio el sábado 23 de abril. En esa fecha, anoticiados de la llegada de los discapacitados a El Alto, los efectivos policiales colocaron las habituales vallas metálicas en las calles que dan hacia la plaza Murillo. El lunes 25, los marchistas -que exigen una renta mensual de 500 bolivianos- llegaron a la sede de Gobierno provenientes de Cochabamba y otros departamentos.

La mañana del miércoles 27, los accesos al principal centro político del país amanecieron "enrejados” con estructuras metálicas que superan los dos metros de alto. "Es una plaza enjaulada; el tiempo que estamos aquí nunca se ha visto tal infraestructura de las rejas”, afirma un farmacéutico de la calle Ballivián, cuyas ventas -dice- bajaron en un 90%.

Ahí empezó todo. Hoy, las pocas personas que circulan por el lugar -según los comerciantes- están ahí porque deben hacer algún trámite o porque sus oficinas están en las calles cercanas. Los vendedores los ven pasar y esperan que alguno se detenga para comprarles "cualquier cosa”.

"Este cierre ha sido un fracaso para nosotros. Atendemos por si acaso. De milagro la gente entra y nos compra”, comenta Yolanda, dueña de una tienda de calzados.

Al entrar a la joyería de don Alberto Saavedra, sobre la Ballivián, casi llegando a la plaza, se vislumbra que las luces de sus vitrinas están apagadas, sólo el foco principal está encendido. "Es para ahorrar energía”, comenta. Con los ojos húmedos, confiesa que antes de la entrevista derramó algunas lágrimas de impotencia. Cuenta que cada día llega a su negocio con la ilusión de que será una jornada diferente. "Lastimosamente cuando no entra nadie me deprimo. Para ser honesto, por no decir 100%, la pérdida va en un 98%”, afirma.

Desde que el 27 de abril, cuando la dirigencia de la caravana instaló un puesto de vigilia en las calles Junín e Indaburo -el otro está en San Francisco-, sucedieron varios hechos de forma paralela a la "desesperación” de Alberto y de las personas que tienen negocios en la zona del cerco por un cliente.

El 29 de abril, el sector de la vigilia intentó vencer las murallas metálicas para ingresar a la plaza; la Policía respondió con baños de agua. Mientras tanto, los comerciantes "enjaulados” comenzaban a preguntarse qué harían para pagar el alquiler del mes.

"Ya van a venir a cobrar el alquiler y nosotros sin trabajar”, reclama Rómulo Talavera, desde su estudio contable en la Ballivián. "Tenemos que pagar alquiler y a quienes trabajan con nosotros”, dice Juana Torre, propietaria de una librería de la calle Bolívar. Sus ventas bajaron -afirma- en 95%.

Similar situación expresa Enrique Eduardo Fernández, quien trabaja en una farmacia de la Ingavi y cuyas ganancias -asegura- se redujeron en 87,5% por día a partir del cierre de la plaza. "Es un perjuicio”, afirma. En la cuadra paralela, la Comercio, un punto de llamadas atraviesa el mismo problema. "El alquiler es aquí muy alto”, lamenta Daniela Olguín y asegura que las pérdidas superan el 90%.

Siguiendo las noticias por la radio o en pequeños televisores, los vendedores del lugar ven sus anhelos frustrados día tras día porque no se instala el diálogo. "En un día bueno tenemos 30 clientes y en uno malo, 15. Ahora son dos a tres”, expresa Luis, fotógrafo en la plaza desde hace 50 años.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, afirma que esta situación es "lamentable” y que este tipo de movilizaciones sociales siempre provocan perjuicios a la ciudadanía. Considera que la gente perjudicada dentro de la plaza es "sacrificada” y que a pesar de que al Gobierno no le gusta hacer este tipo de restricciones, la situación le obliga.

No hay comentarios:

Publicar un comentario en la entrada