La “novela del caso Gabriela Zapata”, denominada así por la sucesión de noticias confusas en torno al tema, en la actualidad tiene amplia repercusión no solo en el país sino en el exterior, sobrepasando incluso los límites de la morbosidad. Sin embargo, desde el ámbito de los derechos humanos, la past presidenta de la Asamblea de DDHH Yolanda Herrera cree que la violencia estatal se ha ensañado con la exgerente comercial de la CAMC.
Herrera percibe que al parecer las autoridades nacionales, desde el Fiscal General, ministros y el propio Jefe de Estado, están ejerciendo “violencia estatal” contra una mujer más por un cálculo político que por un tema económico.
“Lo que se está haciendo ahora es construir todos los elementos respaldados para que esta persona acuda a las instancias internacionales para pedir garantías que protejan su derecho a la vida, porque si se están produciendo situaciones que ya están afectando incluso su integridad física, como lo ocurrido la noche del miércoles pasado, se puede pedir rápidamente ante un organismo internacional que pida un informe al Estado del porqué no se están cumpliendo normas internacionales de protección a la mujer”, dijo.
A juicio de la defensora, esta situación en contra de la expareja de Morales puede ser un mensaje inexacto a toda la sociedad boliviana, puesto que se estaría mostrando el poder más allá de los límites que establece el Estado de derecho, por el cual se estaría vulnerando los derechos humanos, incluido el derecho a la vida.
REACCIONES POR DETENCIÓN INDEBIDA
El caso de la exgerente comercial de la CAMC, ahora con detención en la cárcel de Miraflores, desató hasta el momento una serie de reacciones desde la oposición y el Gobierno, sin embargo, la mayoría de la población cuestiona el machismo y vulneración de derechos que vinieron acompañados con el caso.
Al respecto, la directora del Centro Juana Azurdy, Martha Noya, y la representante de la Defensoría del Pueblo de Chuquisaca, Juana Maturano, en declaraciones al diario Correo del Sur, advierten una serie de irregularidades desde la “aprehensión” de la Zapata sin orden fiscal ni judicial, la exposición de sus familiares vinculados a líderes opositores hasta la exigencia de parte de una ministra y una juez de presentar a su hijo para probar que existe.
“No importa herir el sentimiento de nadie con tal de conseguir propósitos (…) de los medios de comunicación de tener mayor audiencia, de los políticos de desprestigiar al Presidente y al Movimiento Al Socialismo (MAS) para ganar posición política, del propio Gobierno de desprestigiar también a una mujer y a todos para poder salvar una situación que el contexto lo ha puesto en un jaque mate al Presidente”, afirma Noya, feminista conocida por su activismo en el área.
En su criterio, es una demostración de una deshumanización de la sociedad (…) esta vulneración de derechos. Dijo también: “El haber ridiculizado, el haberla detenido, incluso una primera detención sin orden judicial y exponer (al niño) por las redes sociales ya es un delito grave mostrar fotos de infantes en un conflicto de esta naturaleza”. Reiteró que para ella, la situación es una muestra del “grado de ética de la sociedad” en la actualidad.
UN LINCHAMIENTO "SOCIAL"
En tanto, la representante de la Defensoría del Pueblo en Chuquisaca, Juana Maturano, dijo que efectuó un análisis conjunto del caso con el defensor del Pueblo, Rolando Villena, quien hace unos días advirtió de la vulneración de derechos en el manejo del caso Zapata tanto respecto a ella como para el hijo, supuestamente vivo, de ella con Morales, luego de revelarse su identidad y exigirse o anunciarse su presentación ante medios de comunicación.
Maturano denunció que “se está haciendo una especie de linchamiento social a una persona sin que antes se determine su culpabilidad o inocencia, la presunción de inocencia y el derecho al debido proceso están siendo manipulados, además, hemos visto normas violentadas y vulneraciones a derechos de la persona, independientemente cual sea su responsabilidad o no”.
La representante de la Defensoría advierte también la carga del machismo en las opiniones sobre el caso. En esa línea, lamentó que todavía predomine incluso ese odio a la mujer que todavía practican autoridades, personalidades y personas en general, más aún cuando se trata de cuestiones políticas que en el fondo están persiguiendo otra cosa, sin embargo, a la vez están dañando la imagen de la mujer y del niño”.
En ese marco, exigió que las autoridades cumplan la ley y no la tergiversen, en referencia particular a la forma en que Zapata fue detenida aclarando que “hay situaciones irregulares que la norma no señala”.
MORBO
Incluso expertos en comunicación mencionaron que se hace escarnio de la situación, explotando el caso con morbo y “espectacularización”, en el cual una buena parte de los medios no informó adecuadamente el hecho de que si hay o no “tráfico de influencias”.
Eso fue lo que ocurrió con la carta y los chats presentados por Eduardo León, el abogado de Gabriela Zapata, que tenía como objetivo hacer pública la relación del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, en el tráfico de influencias, sin embargo, lo publicado fue un “arma de doble filo” para la acusada por el Ministerio Público por ganancias ilícitas y otros delitos, porque el contenido de las mismas sirvió para denostar su imagen, a través de los medios de comunicación, incluyendo los inclementes memes generados por internautas en las redes sociales.
APUNTES
- DDHH dice que autoridades del Gobierno, desde el Fiscal General hasta algunos ministros están ejerciendo “violencia estatal” e incluso se está atentando contra la integridad de una mujer más por un cálculo político que un tema económico.
- El accionar del Gobierno es calificado como un “mensaje inexacto” a toda la sociedad boliviana, puesto que se estaría mostrando el poder más allá de los límites que establece el Estado de derecho, por el cual se estaría vulnerando los derechos humanos, incluido el derecho a la vida.
- Incluso los medios de comunicación son parte de este accionar contra una mujer, solo por el hecho de tener mayor audiencia; los políticos detractores para desprestigiar el Gobierno y los mismos funcionarios públicos para desprestigiar a una mujer, según el centro Juana Azurduy.
- La Defensoría del Pueblo de Chuquisaca afirmó que “se está haciendo una especie de linchamiento social a una persona sin que antes se determine su culpabilidad o inocencia, la presunción de inocencia y el derecho al debido proceso están siendo manipulados”.
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