“Se encuentran en posiciones intransigentes, la intención no es el diálogo, hay una intención muy manifiesta de querer generar una imagen del Gobierno que no lo es”, dijo Campero en una entrevista con el canal televisivo “El Pueblo es Noticia”.
Campero señaló que el sector movilizado solo se centra en la exigencia de un bono de 500 bolivianos mensuales para avanzar en el diálogo, y no muestra un mínimo interés en otros aspectos como salud, educación o el laboral.
“Todos estos factores nos hacen pensar que hay un matiz político en la movilización, nos hace pensar en la intencionalidad de desestabilizar y generar una imagen de que somos insensibles y que no accedemos al bono”, sostuvo la ministra.
El Gobierno dialogó con el sector movilizado en dos ocasiones sin llegar a ningún acuerdo. Sin embargo, informó que ya se lograron siete actas de acuerdo en las mesas de diálogo, solo faltarían Pando y Beni para lograr consenso a nivel nacional.
Las federaciones, asociaciones y confederaciones de personas con discapacidad de La Paz, Tarija, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí y Oruro aprobaron en las mesas departamentales la formación de la mesa técnica.
En el último intento de diálogo, Campero aseguró que el sector movilizado rompió el mismo y a voz en cuello sostuvieron: “renta o muerte”. En criterio de Campero, las medidas son “intransigentes y radicales” y que con esa posición será imposible llegar a un acuerdo.
BUSCAN ALTERNATIVAS
Por su parte, el viceministro de Tesoro y Contabilidad Fiscal, Jaime Durán, informó que solo el sector movilizado rechazó instituir la mesa técnica para buscar alternativas de cómo mejorar la renta solidaria.
“El grupo que se moviliza es el único que se niega en dialogar con el Gobierno para formar una mesa técnica de análisis, cuyo objetivo es buscar alternativas de solución a su principal demanda”, dijo.
Durán recordó que en la primera reunión de Parotani surgieron iniciativas como la intención del grupo movilizado de establecer algunas fuentes alternativas de financiamiento. Entre esos, mencionó que hablaron de los recursos de los bienes incautados al narcotráfico.
Sin embargo, el viernes en Caracollo este grupo se negó hablar, por ejemplo, de esa posibilidad, de destinar recursos provenientes de los delitos de narcotráfico.
Recordó que la renta solidaria de 1.000 bolivianos se paga con los recursos que antes se financiaba a los partidos políticos y que suma 40.000.000 bolivianos y crea el Fondo Nacional de Solidaridad y de Equidad.
Estos recursos, agregó, se dividen en dos partes, el 50% para la política asistencialista (pago de la renta) y el resto destinado a los proyectos que beneficie a las personas con diferente discapacidad.
La demanda asciende el pago del bono de 22.1 millones de bolivianos a 368 millones, cifra que está por encima del presupuesto que se asigna a las gobernaciones.
DATOS
- En dos ocasiones el Gobierno intentó dialogar con los desacatados, la primera fue en Parotani, Cochabamba, y la segunda en Caracacollo (carretera Oruro - La Paz), aspecto que fracasó porque niegan otorgar un bono de Bs 500.
- El 20 de marzo, los discapacitados iniciaron una marcha rumbo a La Paz, con la finalidad de conseguir el bono de 500 bolivianos, mejoras en el acceso a salud, educación, y ser contemplados en programas inclusión laboral.
- También, en la vigilia de discapacitados que se sostiene en la plaza San Francisco paralelamente a la marcha que viene desde Cochabamba, murió un hombre de 53 años, por presunta falta de atención médica.
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