El exfutbolista Eduardo Jiguchi, amigo del presidente Evo Morales, dio Bs 10 mil para adjudicarse 50 hectáreas (Ha) de tierras fiscales en el municipio cruceño de Pailón, cuando el precio comercial bordea los Bs 2.088 por hectárea, lo que significa que pagó un precio al menos 10 veces menor. La ley indica que para personas naturales rige el pago sobre el valor de mercado.
El parágrafo III del artículo 42 de la ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, aprobada por el actual Gobierno, señala que la adjudicación debe ser a precio de mercado y el punto 2 del artículo 43 indica que se deberá dar preferencia a la dotación en favor de pueblos y comunidades indígenas antes que a la adjudicación a personas naturales o jurídicas.
Jiguchi, en entrevista con una red de televisión, afirmó la semana pasada que los terrenos se encuentran en un lugar poco accesible. “Yo estoy tratando de que me devuelvan mi dinero porque las tierras que me dieron son en un lugar donde no hay caminos, hay que hacer senda, es un bajío, o sea me la metieron”, explicó.
Ante el hermetismo en la dirección regional del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), en Santa Cruz, este medio acudió a la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo). Su presidente, Reynaldo Díaz, dijo que un terreno con características similares a las que hizo referencia Jiguchi cuesta alrededor de 2.088 bolivianos por hectárea y ese precio va incrementando hasta los 3.480 bolivianos (500 dólares) cuando está más cerca de la carretera y es más accesible.
Según el parágrafo III del artículo 42 de la Ley de Reforma Agraria 1715, se establece que: “La adjudicación será a título oneroso, a valor del mercado y en concurso público calificado”. Es decir, que Jiguchi debió pagar al INRA al precio de mercado.
Díaz explicó que en el caso de terrenos que ya fueron desmontados y están listos para cultivar los precios se disparan hasta bordear los tres mil hasta seis mil dólares por hectárea. También dijo que los precios difieren mucho en relación al uso que se les pretende dar.
En declaraciones a Erbol, Murillo anunció ayer que pedirá la reversión de los terrenos que el INRA entregó a personas individuales porque la adjudicación está reñida con la ley.
La disposición transitoria Décimo Primera de la Ley 3545 de Reconducción de la Ley de Reforma Agraria señala que: “Todas las tierras fiscales disponibles declaradas hasta la fecha y las que sean declaradas como tales a la conclusión de los procesos de saneamiento en curso, serán destinadas exclusivamente a la dotación a favor de pueblos y comunidades indígenas, campesinas y originarias sin tierra o aquellas que las posean insuficientemente”.
“Aquí ya están prohibiendo y dicen exclusivamente no puede dar tierras a otra persona y el señor del INRA tiene muy poco conocimiento, debería leer la ley, porque prácticamente dice que la ley no prohíbe entonces lo permite (...) Vamos a hacer las acciones pertinentes para la devolución de toda tierra que se hubiera dotado a nivel individual”, dijo Murillo.
El pasado 30 de marzo, el director del INRA, Jorge Gómez, admitió la adjudicación a Jiguchi por 10 mil bolivianos. Sobre Fernández y Suárez, dijo que no calificaron en el proceso administrativo.
SANEAMIENTO
La tasa de saneamiento alcanza un precio de un dólar por hectárea, según datos proporcionados por uno de los técnicos del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).
Ese costo puede ampliarse hasta los dos dólares por hectárea, dependiendo de la cantidad de propiedades que haya en un polígono a sanear. Ese costo es asumido por los dueños de las propiedades. Un polígono es una ubicación geográfica establecida por el INRA para ubicar las zonas de saneamiento de tierras.
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