En 10 años, en 5 de 6 comisiones se avaló la versión del masismo

En 2009, el Gobierno rechazó el informe de la comisión especial del Senado que investigó un caso de corrupción en YPFB, por el cual Santos Ramírez, expresidente de la estatal petrolera, hoy está preso. Esa fue la única situación en la que no se dio la razón a los argumentos del oficialismo en las comisiones legislativas que indagaron "casos emblemáticos”.

Desde la conformación de esa instancia legislativa -marzo del 2009- se crearon al menos cinco comisiones adicionales para investigar los casos indicados. Esas comisiones indagaron sobre denuncias de corrupción, vulneración a derechos humanos y terrorismo.

Como resultado de dichos procesos, terminaron por imponerse los criterios del partido gobernante. Sólo en una de las comisiones consignadas se sindicó a un "hombre fuerte” del Movimiento Al Socialismo.

"Por principio han utilizado la función de fiscalización del parlamento con base en un interés estrictamente político de garantizar los intereses del proyecto de poder”, sostiene la diputada opositora Jimena Costa. En cambio, el vicepresidente de Diputados, Víctor Borda, afirma que dichas comisiones se conformaron para establecer la verdad histórica de los hechos más allá de los cuestionamientos de la derecha. "Un hecho fundamental de la conformación de comisiones es que se ha investigado”, afirma.

Entre los casos investigados está el de los "33 camiones”; el referido al proceso de privatización en los años 90; el de la "masacre del Porvenir”; el llamado caso "Terrorismo”; el de corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), conocido como caso "Catler-Uniservice”; y el del juicio a los exmagistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

En la actualidad, una comisión especial multipartidaria investiga los contratos de la empresa china CAMC y el Estado, luego de que, mediante informes periodísticos, se denunciara tráfico de influencias, ya que la expareja del presidente Evo Morales, Gabriela Zapata, fungió hasta hace poco como gerente comercial de esa firma.

De estas seis comisiones, a la única autoridad del MAS a la cual se la señaló como responsable de ilícitos fue a Santos Ramírez, en una comisión conformada por tres opositores y dos oficialistas. En más de una ocasión el presidente Evo Morales colocó como ejemplo de lucha contra la corrupción en su Gobierno el caso de Ramírez.

En otra investigación, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, fue absuelto del caso de los 33 camiones en Pando. En contrapartida, en una de las comisiones se recomedó un juicio al exprefecto de Pando Leopoldo Fernández -quien estuvo en la cárcel y ahora cumple detención domiciliaria- por el caso Porvenir.

Catler Uniservice – YPFB

En poco tiempo, Santos Ramírez pasó de ser cabeza del Senado y presidente interino -quinto en esa condición entre 2006 y 2009- de la estatal petrolera a ser estigmatizado como corrupto. El otrora "hombre fuerte” del masismo enfrentó su peor momento el 27 de enero del 2009, cuando el asesinato de un empresario tarijeño -el cual, según las investigaciones, llevaba 450 mil dólares para Ramírez- terminó por revelar una red de corrupción.

Seis días después se conformó una comisión del Senado para determinar las irregularidades entre un contrato de YPFB y la asociación accidental Catler Uniservice. Integraban ese equipo los oficialistas Antonio Peredo y Ricardo Díaz; Wálter Guiteras, de Podemos; Fernando Romero, del MNR ,y José Villavicencio, de Unidad Nacional.

Entre los supuestos responsables identificados por la comisión estaba Ramírez, por presunto "incumplimiento de deberes y conducta antieconómica”, según el informe de la comisión. Al final, Ramírez fue a la cárcel.
Caso "Terrorismo”

La comisión que investigó el "Terrorismo separatista en Bolivia” en 2009 tuvo como objetivo investigar tres hechos: dos atentados, uno en el domicilio del cardenal Julio Terrazas y otro en la casa del entonces viceministro de Autonomías Saúl Ávalos; y también indagó sobre la muerte de Eduardo Rósza -sindicado como líder de la célula terrorista-, Michael Dwyer y Arpád Magyarosi en el hotel Las Américas de Santa Cruz en una intervención policial.

Sobre estos sucesos, la comisión legislativa presidida por el ahora ministro de Minería, César Navarro, concluyó que en el caso del domicilio de Ávalos no hubo relación con el grupo identificado como de separatismo liderado por Eduardo Rósza Flores; caso contrario se sentenció en el caso del Cardenal.

Además, se estableció que la presencia de súbditos croatas, húngaros y rumanos en el departamento de Santa Cruz respondía a la conformación de un ejército irregular cuyo objetivo era "fragmentar” Bolivia.

"Las acciones de este ejército irregular contemplan el desarrollo de una guerra civil, con miles de muertos, escenarios de conflictividad que provoque el derrocamiento del Gobierno constitucional del presidente Evo Morales”, se lee en parte del documento. Además se recomedó investigar a Rubén Costas y Germán Antelo, entre otros.

El informe de la comisión especial que estudió el caso de 33 camiones que pasaron con contrabando un puesto de control aduanero en 2008 generó más de una reacción en la oposición. Ello debido a que se liberó de toda culpa al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.

La denuncia era que esta autoridad supuestamente había autorizado su paso, lo cual fue sostenido por una minoría legislativa que no tuvo peso; desde el Ejecutivo se respaldó al Ministro.

Proceso de privatización

Para investigar la privatización en el país se conformaron dos comisiones. Fruto de los trabajos de la Comisión Especial Mixta de Investigación de la Privatización y Capitalización 1989 – 2000, la segunda, se decidió la madrugada del 16 de enero del 2015 el enjuiciamiento del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y del exministro de Planeamiento Samuel Doria Medina por la capitalización de la Empresa Nacional de Ferrocarriles y el caso del Proyecto Formación de Capital en Áreas Secundarias.

Masacre del Porvenir

El 11 de septiembre de 2008 se produjo la matanza de al menos 13 campesinos donde, además, se registró 59 heridos. Por ello, una comisión especial determinó un proceso para el entonces prefecto pandino Leopoldo Fernández. "Se recomendó el enjuiciamiento a Leopoldo Fernández y a una lista de responsables de la Masacre de Pando”, comenta Jorge Silva, entonces miembro de esa comisión.

Juicio a magistrados del TCP

Luego de un juicio en una comisión especial del Senado, Ligia Velásquez optó por renunciar como magistrada del TCP el 6 de enero del año pasado. A Soraida Chánez la destituyeron dos días después. Gualberto Cusi está suspendido. El juicio fue por supuestas faltas durante su gestión.

Oposición: la mayoría respondió a intereses políticos

Para la oposición, la mayoría de las comisiones especiales de investigación -de los casos más destacados o de mayor repercusión mediática- que se conformaron en la última década, respondió a los intereses políticos del partido gobernante. En contrapartida, desde el Movimiento Al Socialismo se justifica las acciones y resoluciones de dichas instancias legislativas indicando que se actuó en el marco de la búsqueda de la verdad.

"Por principio han utilizado la función de fiscalización del parlamento con base en un interés estrictamente político de garantizar los intereses del proyecto de poder (...). Las comisiones de investigación de un parlamento deberían ser absolutamente objetivas y desideologizadas”, opina la diputada opositora Jimena Costa.

Entre los casos investigados está el de los "33 camiones”, el del proceso de privatización en los años 90, el de la "masacre del Porvenir”, el caso "Terrorismo”, el de corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), conocido como caso "Catler-Uniservice” y el del juicio a los exmagistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional.

En la actualidad, una comisión especial multipartidaria investiga los contratos de la empresa china CAMC y el Estado luego de que, mediante la denuncia del periodista Carlos Valverde, se denunciara tráfico de influencias, ya que la expareja del presidente Evo Morales, Gabriela Zapata, fungió hasta hace poco como gerente comercial de esa firma.

"Un hecho fundamental de la conformación de comisiones es que se ha investigado. Estas comisiones fundamentalmente tienen una inclinación por establecer la verdad histórica de los hechos más allá de los cuestionamientos de la derecha”, explica el vicepresidente de Diputados, el oficialista Víctor Borda. En criterio de la diputada Lourdes Millares, el problema de la constitución de comisiones especiales en la Asamblea Legislativa Plurinacional fue la mayoría oficialista. "Entonces, si el tema a investigar toca esferas gubernamentales, esa presencia mayoritaria oficialista, como el caso de los 33 camiones, la comisión termina por no encontrar responsabilidad contra Juan Ramón Quintana”, afirma la legisladora.

Para Costa, la constitución de comisiones especiales de investigación no es casual así como tampoco es casual el momento en el que se creó cada una, sino que se lo hizo cuando respondía a un interés estrictamente político.

"El caso actual el objetivo de la comisión ha sido sacar a Evo Morales de la denuncia del tráfico de influencias”, sostiene la diputada.

Afirma que el hecho de que no existan comisiones sobre el caso del bebé Alexander o del Fondo Indígena, responde a que no es de interés político del Gobierno.

Entretanto, Borda afirma que todas las acciones de la Asamblea y de los asambleístas están en el marco de lo reglamentario. Cita que en el caso de El Porvenir se estableció responsabilidad contra Leopoldo Fernández y otras personas, ya que la existencia de muertos fue un indicador clave para arribar a esa conclusión.

Las comisiones en el Legislativo

Caso YPFB Uno de los escándalos en el Movimiento Al Socialismo se dio a través del caso Catler Uniservice - YPFB, por el cual el expresidente de la estatal petrolera está preso. En su momento se conformó una comisión legislativa para investigar este caso.
Corrupción De las seis comisiones "emblemáticas” conformadas en una década del Legislativo, tres corresponden a casos de corrupción, una al caso denominado de "terrorismo separatista”, otra sobre el caso de la masacre del Provenir en Pando y otra sobre el juicio a los exmagistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional.
33 camiones La comisión que investigó el caso de 33 camiones de contrabando en Pando en 2008 deslindó de responsabilidades al ministro Juan Ramón Quintana. Una minoría legislativa dijo lo contrario pero el Ejecutivo le dio respaldo a su ministro.
CAMC En la actualidad una comisión mixta multipartidaria, conformada por siete oficialistas y cuatro opositores, investiga el supuesto tráfico de influencias entre el Estado y la empresa china CAMC.