Los discapacitados en marcha rumbo a la ciudad de La Paz pidieron ayer un diálogo directo con el presidente Evo Morales, luego de que el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana no asistiera el pasado jueves al encuentro de Parotani (Cochabamba) para atender un pliego de tres puntos, entre ellos un bono de 500 bolivianos, reportó Erbol.
En tanto, desde La Paz, el viceministro de Igualdad de Oportunidades, Juan Antonio Pérez, reiteró a través de ABI el llamado del Gobierno a que acudan a las mesas de trabajo para atender sus demandas.
El dirigente Jorge Flores informó ayer a Erbol que esperan que el presidente Morales fije fecha, hora y lugar del diálogo para que las nueve federaciones puedan explicar sus demandas.
Mientras, la marcha continuaba ayer y se anunció que se sumarían discapacitados provenientes de los centros mineros, informó.
Una persona que pidió guardar su nombre en reserva y estaba en contacto con los parientes de los marchistas, dijo ayer a este medio que en la caravana corría el rumor de una posible intervención de la Policía. Consultada sobre si los parientes vieron policías en la zona de Llavini dijo que no, pero insistió en que “había el rumor”. Esta persona también reportó dos bajas ocurridas ayer y denunció maltrato en el hospital Viedma.
Flores explicó que los discapacitados exigen un bono de 500 bolivianos mensuales para los 67 mil afiliados; que el beneficio llegue a los cuatro grados de discapacidad (leves, moderados, graves y muy graves) y que se disponga una calificación distinta a la de años anteriores.
Pérez explicó que eso elevaría el costo de 22 millones de bolivianos, que actualmente se destina al pago del bono a las personas catalogadas con discapacidad grave y muy grave, a 368 millones, lo que representa un aumento del 500 por ciento del presupuesto.
Flores dijo que hace 10 años, el Gobierno creó un fondo de 20 millones de bolivianos para la asistencia de este sector, sin embargo, no recibieron ningún beneficio adicional al bono.
Entre otras demandas, exigen la creación de fuentes laborales en tejido, zapatería y trabajo en la administración pública, que sólo ha beneficiado a un sector que apoyó políticamente al Gobierno, producto de una división interna, provocada por el MAS.
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