Braulio Rocha, el jefe mafioso encaramado desde hace 20 años en una organización gremial de El Alto, y el viceministro de Régimen Interior Marcelo Elío que promovió la insidia de un “auto-atentado” en el incendio donde murieron seis trabajadores municipales de esa ciudad, realizaron y recibieron decenas de llamadas en sus teléfonos celulares durante aquella jornada trágica. En el registro de esas llamadas está oculta la verdad de los motivos que originaron el ataque de los infiltrados en una marcha educativa, y del porqué la Policía no acudió al desesperado llamado de los funcionarios ediles que se hallaban atrapados entre el asfixiante fuego y la turbamulta asesina organizada por la banda delictiva de Braulio Rocha…
© Wilson García Mérida | Redacción Sol de Pando
Desde las primeras horas de la mañana del miércoles 17 de febrero, los dos teléfonos celulares del viceministro de Régimen Interior Marcelo Elío (tanto el “corporativo” como su línea personal) comenzaron a sonar con una frecuencia inusual; varias de esas llamadas fueron realizadas desde los comandos de la Policía que le informaban sobre la indudable situación crítica en la Alcaldía de El Alto y que derivó poco antes del medio día en el asalto e incendio a las oficinas municipales, causando la muerte por asfixia de seis inocentes funcionarios.
Establecer ese flujo de llamadas es una tarea ineludible y prioritaria para el Ministerio Público, los fiscales y peritos policiales que investigan aquel horroroso crimen político. Obviamente, para ser sometido a tal investigación, Elío debe renunciar sin más tardanza o ser destituido en atribución que corresponde al Ministro de Gobierno, quien es eventualmente responsable oficial de lo sucedido al ser Máxima Autoridad Ejecutiva en el área de la Seguridad Pública.
Las llamadas emitidas y recibidas en los celulares del viceministro Elío son la clave para precisar una línea de tiempo en el curso de la violenta jornada. Según un video difundido por un Senador opositor, Marcelo Elío fue visto y escuchado al medio día del miércoles (tras la muerte de los seis trabajadores municipales) dando instrucciones al comandante regional de la Policía de El Alto para convocar a una conferencia de prensa bajo la siguiente consigna (textual): “descartemos lo del auto-atentado, fue una provocación”. Sin embargo, tres horas después, el mismo Viceministro que había descartado “lo del auto-atentado”, lanzó en su cuenta de Twitter este tendencioso comentario, ya tristemente célebre, volviendo a la hipótesis de que la tragedia habría sido tramada por las propias víctimas acusadas injuriosamente, por Elío, de un supuesto afán político-partidario: “Vuelven los gonistas asesinos del Alto con Unidad Nacional y Sol Bo que provocaron el incendio de la Alcaldía del Alto causando 6 muertes”.
Marcelo Elío sabía perfectamente que su “tuit” era una insidia necesaria para encubrir a los verdaderos causantes de la tragedia. ¿Quién le obligó a retomar la hipótesis del “auto-atentado” cuando él mismo lo había descartado tres horas antes cuando habló personalmente con el comandante policial de El Alto? La respuesta podría estar oculta en las llamadas que sostuvo entre esas horas desde sus dos celulares.
La vendetta de los 120 ítems fantasmas
El pasado jueves 11 de febrero, es decir una semana antes de la reciente tragedia, el periodista Miguel Rivas, corresponsal del periódico La Razón en El Alto, elaboró la noticia de que la Dirección Jurídica de la Alcaldía alteña había confirmado con plena prueba documental la existencia de 48 casos de “ítems fantasmas”, de un total de 120 casos de inclusión en planillas de sueldos a personal inexistente. Esta irregularidad cometida en la gestión del anterior Alcalde, Edgar Patana, fue denunciada por Soledad Chapetón durante la campaña electoral y por tanto era una prioridad, en la nueva gestión, esclarecer el hecho cumpliendo esa promesa a sus votantes.
Según el informe de La Razón, la directora municipal de Asesoría Jurídica, Sonia Vallejos, aseguró que los casos fueron identificados en diferentes áreas de la administración alteña. Explicó que esas personas figuraban en planillas como personal edil, pero no trabajaban y solo cobraban su salario. “Se han identificado aproximadamente otros 50 casos, que aún se están investigando y una vez concluido este paso los remitiremos a la autoridad sumariante”, afirmó. Vallejos reveló que se identificaron casos que datan del año 2011, “en diferentes unidades en las que se supone que dicho personal trabajó, pero nunca asistió a su fuente laboral… recibían recursos económicos sin trabajar, sólo marcaban”.
El daño económico que se cometió contra el Estado y el Municipio es indudable. Entre las irregularidades detectadas, se estableció también casos de nepotismo que involucraban a los hijos de Braulio Rocha.
Por su parte la autoridad sumariante encargada de procesar el caso, que pidió al periodista Miguel Rivas no revelar su nombre, “explicó que los procesos que se indagan tienen relación con la recomendación de dirigentes de organizaciones sociales a las autoridades de la anterior gestión municipal”.
Es decir que los indicios apuntaban a una red de corrupción y nepotismo dentro la Alcaldía dirigida desde la Federación de Comerciantes Minoristas y Gremialistas por Braulio Rocha, junto a otros colaboradores estrechos de Edgar Patana como Henry Alcón y Wilmer Sarzuri Apaza, quienes fueron vistos y filmados encabezando el asalto incendiario tras ponerse a la cabeza de la marcha pacífica de los padres de familia.
El informe final de la investigación sumariante tenía que ser entregado a fines de este mes, ante un requerimiento expreso de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto. Una vez concluido el proceso sumariante, los involucrados estarían obligados a devolver todo el dinero que ganaron sin trabajar durante cinco años.
Las oficinas de la Alcaldía incendiadas el 17 de febrero, desde donde surgió el humo que mató por asfixia a los seis trabajadores municipales, eran precisamente la de la Dirección Jurídica, la del Juez Sumariante y la de la Dirección Transparencia, donde se guardaba toda la documentación probatoria de aquella corrupción bien organizada.
La vergonzosa insidia del auto-atentado
No existe nada más doloroso e indignante, en la especie humana, que el verdugo y sus cómplices o encubridores acusen a sus víctimas de ser culpables del crimen perpetrado con premeditación y alevosía. Esta es la línea oficial que sigue obstinadamente el discurso gubernamental en pos de encubrir a los responsables de la tragedia, más allá del “tuit” que hizo merecer al viceministro Elío ser declarado persona no grata en el municipio de El Alto.
Existe sin embargo una tendencia ética en el seno del propio Gobierno y del partido que lo sustenta (MAS), que rechazó sin ambages la insidia propalada por su correligionario Elío. En Cochabamba el Gobernador de este departamento, el periodista Iván Canelas, rechazó el intento de vincular los crímenes del 17 de febrero a un plan “gestado por el MNR desde la Embajada norteamericana”, admitiendo la autoría de un sector delictivo vinculado al propio MAS. “El delincuente es delincuente independientemente de su militancia política o partidaria”—dijo Canelas en una entrevista televisiva la noche del miércoles, en clara alusión a Braulio Rocha—. Y lanzó esta reflexiva metáfora: “El que un ladrón o asesino sea hincha del Wilstermann o del Aurora no significa que todos los auroristas o wilstermanistas sean ladrones o asesinos”.
Pero no todos en el régimen razonan como el Gobernador de Cochabamba. La tendencia encubridora y propaladora de insidias está desparramada en varios niveles jerárquicos del oficialismo. Veamos:
MINISTRO DE AUTONOMÍA: LA IRONÍA INDOLENTE
Luego de difundirse el “tuit” de Elío, la Agencia de Noticias Fides (ANF) dio a conocer una conversación sostenida en la red Facebook por el Ministro de Autonomías, el político cruceño Hugo Siles, quien se burló de la alcaldesa alteña Soledad Chapetón cuando esa autoridad rompió en llanto por la muerte de seis de sus colaboradores a causa del incendio. “Lágrimas de cocodrilo” escribió el ministro Siles en su comentario digital, llamando a Chapetón con despiadada ironía una “María Magdalena”.
Los hechos desmintieron al Ministro de Autonomías, al demostrarse que el ataque provino de un sector delincuencial incrustado en el seno del partido gobernante que encabeza el contrabandista y dirigente gremial Braulio Rocha, hoy preso junto a otros integrantes de su banda criminal.
MINISTRO DE GOBIERNO: LA CAUSA FUE NO REFACCIONAR ESCUELAS
Carlos Romero, el Ministro de Gobierno —más allá de sancionar y destituir en el acto a su viceministro Elío que llevó el asunto criminal a un deleznable terreno político para justificar la inacción policial—, intenta cargar las responsabilidades de la tragedia a la misma alcaldesa Chapetón, “por no atender oportunamente las demandas de los padres de familia en su exigencia de mejorar la infraestructura escolar para el nuevo año lectivo”. Según Romero, la tragedia se habría evitado si la Alcaldesa dialogaba con aquella organización civil.
Pero es la misma dirigencia de los padres de familia que se encarga de desvirtuar las afirmaciones del Ministro de Gobierno. En una entrevista difundida anoche en la Cadena A, un dirigente de la Federación de Padres de Familia de El Alto dijo que sus movilizaciones y marchas son un método habitual para garantizar el diálogo y la aceptación de demandas, no sólo en la actual gestión de Chapetón. El dirigente reveló que al promediar las diez de la mañana del miércoles, se iba conformando una comisión mixta entre dirigentes y autoridades municipales para arribar a un acuerdo que garantice un cronograma de inversiones destinadas a refaccionar y equipar unidades educativas que se hallan abandonadas desde la gestión del alcalde Edgar Patana. “Cuando nos disponíamos a iniciar el diálogo, apareció un grupo de jóvenes con un banner de la COR (Central Obrera Regional, pro-gubernamental, nr) que se puso delante de la marcha de los padres de familia, y fueron quienes comenzaron el ataque a las oficinas de la Alcaldía pateando puertas y rompiendo chapas…, nosotros no los hemos convocado a ellos, no tenemos nada que ver con la COR”, dijo el padre de familia.
Este testimonio desmiente al ministro Romero y demuestra que la tensión entre la Alcaldesa y los Padres de Familia exigiendo mejores escuelas para sus hijos es parte de la vida democrática en El Alto, y de ninguna manera causó el incendio con seis muertos, provocado, sí, por vándalos infiltrados para generar inestabilidad y muerte en nombre del MAS. Lo grave para el Ministro de Gobierno es que esos conocidos vándalos no fueron frenados a tiempo por la Policía, lo cual les permitió consumar el crimen.
“Nosotros siempre hemos salido en marchas exigiendo que se mejoren las escuelas para nuestros hijos ya desde que el Alcalde era Edgar Patana, y en esas ocasiones la Policía venía a gasificarnos y dispersarnos para impedir que lleguemos a las puertas de la Alcaldía, pero ahora ni aparecieron…”, declaró una ama de casa a la misma Cadena A.
Además, según informó Oscar Huanca, Presidente del Consejo Municipal de El Alto, respondiendo a la demanda de los padres de familia la gestión de Chapetón redujo los gastos de representación de la burocracia edil generando un ahorro de casi un millón de bolivianos agregados al presupuesto incrementado para infraestructura educativa. También informó que los concejales por unanimidad disminuyeron el monto mensual de sus dietas para aportar recursos al ítem de mobiliarios escolares.
Y por si fuera poco, el lunes 15 de febrero, 48 horas antes de la tragedia, el Concejo Municipal de El Alto promulgó una ley municipal de emergencia para intervenir en las unidades educativas con más necesidades, destinando dos millones de bolivianos para resolver urgencias pendientes desde la anterior gestión.
No fue pues, entonces, la falta de atención a la demanda educativa de la ciudadanía causante de la tragedia como insinúa el ministro Carlos Romero. La causa de la tragedia fue la premeditada acción criminal de los vándalos infiltrados en esa marcha ciudadana, y la ineficacia de la Policía —al mando del viceministro Marcelo Elío— para prevenir y evitar esa acción vandálica promovida y aplaudida desde el lado más oscuro del partido gobernante.
GRINGO GONZÁLES: REDUCIDO A UNOS SUBTÍTULOS
Tras conocerse el audiovisual que muestra al viceministro Elío impartiendo instrucciones al comandante policial de El Alto, el presidente del Senado José “Gringo” Gonzales convocó a una conferencia de prensa, junto a la presidente de Diputados Gabriela Montaño, para defender al cuestionado Viceministro afirmando con desparpajo, impropio de un periodista, que el video (exhibido por un senador opositor con desesperado afán de protagonismo sin duda, haciendo campaña política a favor de un indolente empresario que aspira a la Presidencia) no muestra lo que se oye y se ve debido a que los subtítulos editados sobre el original “no coinciden con la voz”.
Sin embargo, escuchando sólo el audio con abstracción de imagen y subtítulos, se oye la inconfundible voz de Marcelo Elío diciéndole al coronel José Peña: “descartemos lo del auto-atentado, fue una provocación”. Finalmente, es el mismo comandante policial de El Alto, ahora destituido cual chivo expiatorio, quien deberá confirmar o desmentir qué es lo que exactamente le dijo Elío a esa hora del mediodía después del asesinato a seis inocentes alteños.
El senador Gonzales, además, apuntala otros argumentos que propala esta corriente encubridora a partir del “auto-atentado”, acusando a la gendarmería municipal por no resguardar el edificio municipal y a la misma Chapetón por “dejar encerrados a la fuerza” a las víctimas que murieron.
GABRIELA MONTAÑO: LA CULPA ES DE LAS VÍCTIMAS
En la misma conferencia de prensa, la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, volvió a descargar las responsabilidades del crimen político en la gestión opositora de la alcaldesa Soledad Chapetón, acusando a la Gendarmería Municipal por no haber resguardado el edificio de la Alcaldía del ataque incendiario. Para Montaño, más culpable de las muertes es la Gendarmería Municipal y no la Policía Nacional. Insinúa que la ausencia de los gendarmes ediles en las puertas de la Alcaldía al momento del ataque fue “muy sospechosa”. Resulta insólito que una legisladora con la experiencia de Montaño desconozca que en los estatutos municipales y los manuales de funciones en todas las alcaldías del país, las gendarmerías o policías municipales son unidades totalmente desarmadas, dependientes de las intendencias, que hacen cumplir ordenanzas y otras normativas domésticas en los mercados, sitios y vías públicas específicamente. El resguardo de los edificios y reparticiones municipales, como bienes del Estado, es atribución específica de la Policía Nacional, dependiente del Ministerio de Gobierno, según la Constitución.
Otra insidia en la que Gabriela Montaño pone énfasis —lo mismo que Elío, Siles y Gonzales— es en el hecho que de que los funcionarios de la Alcaldía que murieron fueron “encerrados a la fuerza” dentro el edificio por una supuesta decisión criminal del entorno ejecutivo de la alcaldesa Chapetón, con lo cual se pretende imponer el guión de un “auto-atentado” fabricado con premeditación siguiendo instrucciones que Carlos Sánchez Berzaín le habría impartido a la alcaldesa Chapetón desde Washington.
Según responde la Alcaldesa ante esa versión oficial que la incrimina como responsable de las muertes, efectivamente la rutina ante las manifestaciones ciudadanas en puertas de la Alcaldía, siempre con los violentos infiltrados en la cresta de la ola, implicaba cerrar todas las salidas del edificio para impedir la invasión de los pandilleros enviados por Braulio Rocha. “En una ocasión todos los funcionarios y algunos ciudadanos que hacían sus trámites, tuvimos que quedarnos encerrados dentro el edificio hasta las once de la noche, todo el tiempo asechados por la gente de Braulio Rocha que nos esperaba en las puertas para agredirnos, sin considerar que habían mujeres embarazadas o con niños en brazos”, reveló Chapetón en una entrevista con la periodista María Renee Duchen en el programa Todo a Pulmón de Cadena A.
Los seis fallecidos eran parte de un grupo de funcionarios que huían del edificio en llamas desde la ventana de un baño. Era tan intenso el humo tóxico que no alcanzaron a salir a tiempo. Aquí el punto no es por qué se encerraron los funcionarios municipales dentro su edificio, incluyendo los gendarmes, sino quiénes y porqué irrumpieron en las oficinas de la Alcaldía para prender fuego y matar.
No hay comentarios:
Publicar un comentario