A pesar de una serie de normativas que garantizan el acceso a la información pública para los cientistas políticos y la oposición, estas son todavía insuficientes.
Consideran que hay incumplimiento por los funcionarios cuando un ciudadano solicita datos de interés colectivo, por ello, sugieren mayor transparencia para garantizar una buena gestión de servicio público.
Aunque observan que las trabas no solamente se dan en el nivel central, sino también en las gobernaciones y los municipios del territorio nacional, con el fin de evitar fiscalización de la gestión. Un representante del MAS considera que en la administración gubernamental está garantizado el acceso a la información y no sucede eso en niveles subnacionales de la oposición.
Hay retroceso. El experto Diego Ayo lamentó que con el actual gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) hubo un retroceso en cuestión de transparencia de la administración pública.
"Un Estado sólido es la trasparencia en el acceso libre a la información, por ello se aprobó la Ley Safco que actualmente está truncada", afirmó Ayo.
Apuntó que también se suprimió la norma de Procedimiento Administrativa y quedó en buenas intenciones la generación de la Ley del Servicio Civil.
El experto considera que por lo menos en el nivel central del Estado, el acceso eficiente a los datos públicos será con el cambio de un nuevo gobierno en el país.
Inclusión, pero falta eficiencia. El analista político Carlos Cordero comentó que si bien hay mayor inclusión en la gestión del actual Gobierno del MAS, aún falta eficiencia en acceso a la información pública.
Indicó que en el servicio público las buenas intenciones no bastan, tienen que estar acompañadas de buenas decisiones y honradez y es lo que carece en la actual gestión gubernamental. Explicó que la carencia de idoneidad para la función en el manejo de la cosa pública es lo que ha generado los problemas de corrupción, porque faltó mecanismos adecuados para fiscalizar proyectos y hacer una rendición de cuentas.
Dijo que la población está con el derecho a la información, por ello, el Estado tiene la obligación de facilitar lo solicitado, porque es la manera de hacer gestión transparente y permitir el control ciudadano.
Información obligatoria es discursiva. Según el analista político Jimmy Frías, el hecho de que la respuesta en la otorgación de una información eficaz obligatoria, es solamente discursiva.
Frías manifestó que lo ideal sería que con el requisito de identidad del ciudadano se pueda acceder con su requerimiento de una manera ágil y oportuna, pero la realidad es distinta en Bolivia.
Cuestionó las trabas generadas en la administración pública cuando alguna persona requiere información, siendo obligación del funcionario proporcionarla, bajo pena por incumplimiento de deberes, según manda la norma.
Por ello, comentó que si bien hay rendición anual de cuentas públicas, lo aconsejable es que sean bimestrales o semestrales y la atención rápida a una solicitud específica de información.
Invertir en la difusión. El politólogo Edgar Omar Méndez aclaró que falta en las instituciones, de los diferentes niveles de gobierno, invertir en la difusión de la información pública.
"Por ejemplo, en algunas de las instituciones se puede advertir la desactualización de sus páginas web y en otras se trata de esconder el requerimiento de la población", resaltó el profesional.
Méndez dijo que el acceso a los datos públicos, los peticionantes pueden realizar control social sobre el presupuesto de los proyectos productivos y exploraciones petroleras, entre otras.
Por lo tanto, considera que si bien no hay recetas rígidas, ve como esencial la inversión en el área de comunicación, con el fin de hacer conocer no solo las obras de los niveles de gobierno, sino también la ejecución de los proyectos presupuestados.
Leyes de adorno. El diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC) Samuel Cruz aseveró que hay leyes extraordinarias de fiscalización, pero están de adornos, porque no se las respeta.
Indicó que incluso un ciudadano solicita datos sobre algún asunto específico y el funcionario le entrega otro tipo de informe.
Referente al tema tecnológico, Cruz dijo que muchas de las páginas web no cuentan con el informe requerido. Además acceder a la internet se vuelve imposible por la lentitud del sistema, a pesar de la presencia del satélite Tupac Katari en el espacio. Comentó que lo único que hace falta para un adecuado acceso a la información pública, es la voluntad política, pero no les conviene hacerlo.
Garantiza transparencia. Por su parte, el diputado supraestatal del MAS, Edgar Romero, dijo que el gobierno de Evo Morales garantiza la transparencia y el acceso a los datos públicos. "La garantía está plasmada en la CPE y los mecanismos que se tienen que dar a la ciudadanía a través de los dirigentes de las organizaciones sociales", explicó Romero. Aclaró que a diferencia de otros gobiernos, se difunden informes de gestión de los entes estatales y la información está actualizada en el ciberespacio. "Excepto los secretos de Estado", acotó el oficialista.
DS 27329
Decreto de Mesa fomenta datos públicos
D.S. 27329. Artículo 3°. (Acceso a la información). En el marco de transparencia de la gestión pública que está impulsando el Gobierno Nacional, se establece que todas las instituciones del Poder Ejecutivo tanto a nivel central como descentralizado, autárquico y desconcentrado, deberán hacer públicos, a través de las respectivas páginas electrónicas y/o por cualquier otro medio alternativo de cada ministerio, prefectura y entidad desconcentrada, las siguientes características e indicadores:
Presupuesto aprobado por el Tesoro General de la Nación (TGN), el número de funcionarios y personal eventual pagados por el TGN, así como por otras fuentes de financiamiento. Confiados también de la forma y resultado de su aplicación.
Términos de Referencia del Personal Contratado.
Objetivos y metas planteados en los respectivos Programas Operativos Anuales.
Reportes de ejecución presupuestaria, de manera anual.
Planes Anuales de Contratación de Bienes y Servicios enviado al Sistema de Información de Contrataciones del Estado (Sicoes).
Punto de vista
Antonio Vargas
Expresidente de la APLP
"No hay fomento a la política de transparencia"
"El acceso a la información pública en Bolivia no tiene el marco jurídico adecuado, porque no tenemos un instrumento de alta jerarquía, es decir una ley.
Hay un Decreto Supremo que es completamente limitante en el ejercicio del derecho ciudadano, es en ese sentido que no se fomenta la política de transparencia de los actos gubernamentales para que acceda la ciudadanía.
Uno de los principales males que causó a la política de transparencia es lo que pasó con el Fondo Indígena.
La ciudadanía se enteró del mencionado escándalo de corrupción por una investigación de un medio impreso y no la rendición de cuentas que debían tener mecanismos de control como la Contraloría o la misma Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
Además hay que lamentar de no tener los datos definitivos del Censo de Población y Viviendas del 2012. Al igual que un ciudadano no pueda acceder al Padrón Biométrico, cuando en febrero vamos a un referéndum para aprobar o rechazar la aspiración del presidente Evo Morales de poder reelegirse.
Es así, que el acceso a la información pública no es solamente para los periodistas, sino para la ciudadanía en general, porque cuando es fomentando por la administración pública, hay mayor control de lo que hacen sus gobernantes".
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